/ Acuerdo de derechos humanos
Las sentencias de la CoIDH contra México deben propiciar un diálogo nacional/ Fabián Sánchez Matus, Director ejecutivo de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Enfoque de Reforma, 27 de diciembre de 2009;
Contrastando con los discursos oficiales y oficialistas que promulgan el triunfo de los derechos humanos en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha condenado al Estado mexicano dos veces en una semana por violaciones graves en la materia.
La primera sentencia, "Campo Algodonero", que se refiere a los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, ha puesto al descubierto la incapacidad gubernamental para frenar la violencia de género y salvaguardar la integridad de mujeres y niñas chihuahuenses, apuntando al gran problema estructural que significa la discriminación en el acceso a la justicia para este sector vulnerable.
En un segundo pronunciamiento, la CoIDH ha reconocido la responsabilidad internacional de México por la desaparición forzada, a manos del Ejército, de Rosendo Radilla Pacheco, líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974. Los crímenes del pasado siguen siendo una "herida abierta de la guerra sucia" en México.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) aplicado a México por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a principios de este año, las organizaciones de la sociedad civil subrayaron la distancia entre el buen prestigio internacional de que goza nuestro país al respecto y la precaria situación vivida en el ámbito interno.
Militarización, fueros de excepción, criminalización de los movimientos sociales, agresiones a defensores y periodistas, impunidad y la falta de un auténtico Estado democrático de derecho han sido los señalamientos más serios. Lo anterior se sustenta en los informes presentados por diversos organismos y organizaciones internacionales, y organismos públicos de derechos humanos, dando cuenta de un patrón de violaciones en México y la continuidad de estructuras viciadas que permiten la violación crónica de los mismos.
La falta de una verdadera política de Estado con este enfoque, el desinterés de la clase gobernante por la situación y el desdén del Poder Judicial por resolver casos conforme a los estándares internacionales, ha favorecido el uso del sistema regional de derechos humanos como una alternativa disponible.
Por ello resulta de suma relevancia que el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, a través de la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, se ocupe de las víctimas y desmienta, con base en evidencia y apego al marco normativo internacional, la falacia de un Estado que respeta los derechos humanos.
La sentencia sobre el "Campo Algodonero" representa un parteaguas en la jurisprudencia emitida por la CoIDH dado que apunta a una transformación del sistema de justicia mexicano que dote a la política pública de una perspectiva de género, de manera especial en lo que se refiere a las investigaciones de la violencia contra la mujer.
En cuanto a la sentencia del caso Radilla, destaca la impunidad crónica en ciertas estructuras del Estado, como el Ejército, y la falta de voluntad política para aclarar los crímenes del pasado. En este sentido, debemos subrayar el resolutivo que propone el remedio a la situación: la exigencia de modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar por contravenir la Convención Americana. Finalmente, trasciende que la CoIDH prevenga al Estado mexicano de seguir incurriendo en una posición contraria a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, mediante la reserva interpretativa interpuesta (referente a la jurisdicción militar) y que la CoIDH ha invalidado.
Las sentencias promulgadas por la CoIDH deben impulsar las modificaciones pendientes en materia de derechos humanos en México. Falta armonizar la legislación nacional con el marco internacional, hacer justicia transicional, retirar las reservas a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado y dotar a las víctimas de recursos adecuados y efectivos para acceder a la justicia. Ello debe ir acompañado de un amplio diálogo con los diversos sectores de la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada para proponer y aprobar con legitimidad social las reformas estructurales y legales necesarias, así como la aplicación de políticas públicas que, en conjunto, garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos en México.
Por todo lo anterior, i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. hace un llamado a construir un Acuerdo Nacional por los Derechos Humanos que privilegie el diálogo entre gobierno y sociedad como medio para alcanzar un verdadero Estado democrático de derecho. Frente a la evidencia que hoy nos pone delante la Corte Interamericana, este llamado deber ser urgentemente recogido por todos los actores sociales.
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