Encuestas

Las encuestas y sus usos/Jorge Alcocer V.
Reforma, 15 Jun. 10
La semana pasada la Sala Superior del TEPJF determinó la inaplicación de las normas contenidas en el artículo 146 de la Ley Electoral de Quintana Roo que prohíben el levantamiento y difusión de encuestas sobre preferencias de voto antes del inicio de las campañas locales, y de encuestas de salida y conteos rápidos realizados el día de la jornada comicial hasta transcurridas cuatro horas del cierre oficial de las casillas; en el juicio SUP-AG-026/2010, promovido por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, los magistrados determinaron que tales prohibiciones son violatorias del artículo 6º de la Constitución federal.
La sentencia establece un precedente importante para combatir, por la misma vía, normas semejantes que varios congresos estatales introdujeron en sus respectivos códigos electorales, a contrapelo de la determinación tomada en diciembre de 2007 por el Congreso de la Unión al expedir el nuevo Cofipe, en el que la prohibición para difundir ese tipo de encuestas se limita a los tres días previos al de la jornada electoral y hasta el cierre oficial de las casillas.


Las trabas que legisladores locales, de todos los partidos, decidieron imponer a los encuestadores tienen en común la pretensión de impedir que las encuestas electorales sean utilizadas como instrumentos de propaganda, así como proteger los programas de resultados electorales preliminares que los institutos electorales instrumentan el día de la jornada electoral, que en la mayoría de los casos son contratados a empresas privadas mediante asignaciones directas. La difusión de las encuestas de salida y conteos rápidos puede provocar conflictos en la credibilidad de los referidos sistemas informáticos, como ya se comprobó en experiencias anteriores (Guerrero) y estuvo a punto de ocurrir en la reciente elección en Mérida, donde la empresa arriba mencionada anticipó una ventaja de más de 14 puntos a favor de la candidata del PRI, que en el PREP se redujo a menos de 4 puntos.


En la experiencia que está en curso en los estados que tendrán jornada electoral el domingo 4 de julio, de los cuales en 12 se renovará el Ejecutivo estatal, las encuestas están siendo utilizadas con fines de propaganda, a través de inserciones pagadas en diarios locales y de circulación nacional; no es la primera vez que esto ocurre, y seguramente, pese a las restricciones legales, no será la última. Se antoja imposible evitar que partidos y candidatos recurran a esas tácticas para evidenciar su pretendida fuerza, o la debilidad, real o supuesta, de sus adversarios.


No existe evidencia de que este tipo de prácticas incidan en las preferencias de los electores y aunque existen casos de contradicción entre los resultados de encuestas de salida con los arrojados por el PREP (el más sonado ocurrió en la elección presidencial de 2006) la práctica, establecida desde 1994, por la que varias empresas levantan y difunden de manera simultánea los resultados de sus encuestas, ha permitido minimizar los riesgos de que la ciudadanía reciba información errónea. Además, como quedó establecido en el juicio de nulidad de la elección para gobernador en Sonora, el TEPJF no concede valor probatorio alguno a las encuestas.


El problema no está en la difusión de encuestas, no al menos cuando se trata de empresas con reconocida experiencia, o de las que levantan y difunden, desde hace años, medios de comunicación, como es el caso de Reforma, sino en la manipulación de los resultados; el caso de Oaxaca ilustra lo anterior, pues, contra lo afirmado en desplegados de una y otra parte, lo cierto es que, al considerar el margen de error, todas las encuestas dignas de consideración mostraban un "empate" entre los dos candidatos; si esa situación ha cambiado lo veremos en los próximos días.


Sin embargo, en otros casos, como en Puebla, han sido difundidas encuestas con resultados contradictorios, pese a haber sido realizadas en los mismos días. En este tipo de casos sólo queda apelar al buen juicio de los lectores y esperar la decisión de los electores que habrán de definir cuál de las encuestas era errónea.


Lo que está en juego es el prestigio de los encuestadores, y eso sólo a ellos corresponde proteger.