Wikileaks

WikiLeaks sobre México: Duras confirmaciones J. Jesús Esquivel
Proceso 1779, 5 de diciembre de 2010;

Los cables diplomáticos, clasificados como “secretos”, entre la embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado –que dio a conocer el medio electrónico WikiLeaks– no revelan hechos nuevos, pero sí confirman, con detalles y desde las entrañas del gobierno estadunidense, lo que fuentes diplomáticas y oficiales habían informado a Proceso: la preocupación del gobierno de Barack Obama por la descoordinación de autoridades en México, la incondicional apertura del gobierno calderonista a las actividades de las agencias de espionaje y la inseguridad que cunde en el propio gobierno. 

WASHINGTON.- En la reciente revelación del contenido de ocho despachos diplomáticos de Estados Unidos sobre México clasificados como “secretos”, el gobierno de Barack Obama cataloga al de Felipe Calderón como inseguro, dependiente de Washington, plagado de sospechas y problemas de corrupción. En cuanto al mando militar en la lucha contra el narcotráfico, lo califica como reacio a tomar riesgos e interesado en suspender las garantías individuales de los mexicanos para actuar con mayor impunidad en materia de derechos humanos.

Los despachos diplomáticos sobre México –seis de los cuales fueron emitidos por la embajada estadunidense– confirman en gran parte información ya publicada por varios medios nacionales de comunicación, entre ellos Proceso, sobre la influencia y autoridad que ejerce el gobierno estadunidense en la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico.

El medio electrónico WikiLeaks, que consiguió sin autorización del Departamento de Estado más de 250 mil documentos clasificados sobre la actuación de la diplomacia estadunidense en varias naciones, entregó ese material a cinco publicaciones internacionales. Una de éstas es el diario español El País, que el viernes 3 publicó seis de un paquete de ocho despachos sobre México que se difundió inicialmente, los cuales muestran a Calderón acusando ante Washington al presidente venezolano Hugo Chávez por supuestas intromisiones en la política nacional y latinoamericana.

El documento número 246329, fechado el 29 de enero de este año y clasificado como “secreto”, consta de 11 páginas que envió al Departamento de Estado John Feeley, el funcionario número dos en la embajada de Estados Unidos en México:

“La incapacidad del gobierno de México para detener el creciente número de homicidios relacionados con el narcotráfico en lugares como Ciudad Juárez y otros puntos (del país), que a nivel nacional alcanzaron la cifra de 7 mil 700 en 2009, se convirtió en la principal debilidad política de Calderón, cuando el público mexicano está más preocupado por la seguridad ciudadana”, sostiene Feeley en el reporte que mandó a Washington en vísperas de la reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en materia de Defensa (DBWG, por sus siglas en inglés).

El despacho pone énfasis en las fallas que observa en la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico: 

“Las instituciones mexicanas de seguridad están frecuentemente atoradas en una competencia que las lleva a un callejón sin salida, en la cual el éxito de una agencia es visto como el fracaso de otra. La información está celosamente resguardada y es raro escuchar sobre la realización de operaciones conjuntas. La corrupción oficial está muy extendida, lo que provoca la creación de un cerco compartimentado entre líderes y subalternos limpios (de corrupción) en las agencias gubernamentales.” 

Esta conclusión coincide con las opiniones de expertos que recogió Proceso en su edición 1655, del 20 de julio de 2008.

El contenido en los primeros despachos que se dieron a conocer como parte de un archivo de más de 2 mil 600 documentos sobre México de los que se apoderó WikiLeaks ilustran la visión que tiene Washington de la participación del Ejército Mexicano en la guerra contra el crimen organizado. 

Por ejemplo, se habla de la “tensión considerable” entre las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar):

“Aparte de la percepción de su fracaso en Ciudad Juárez, a la Sedena se le percibe como una institución lenta y reticente al riesgo, aun cuando debería tener éxito en la captura de jefes del narcotráfico. El riesgo que existe es que entre más criticada sea la Sedena, ésta será más adversa a asumir riesgos. El reto que enfrentan ustedes en el DBWG es convencerlos de que la modernización, y no el retiro, es la clave para seguir avanzando, y que la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para la modernización”, remata el punto siete del cable de Feeley, que por cierto corrobora el contenido del reportaje titulado Estrategia fallida, publicado en este semanario en su edición 1693, del 12 de abril de 2009. 

Otro documento “secreto” que envió la embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado el 28 de febrero de 2009 (el 231890) revela la desesperación del general Guillermo Galván Galván ante las críticas y las propias fallas del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada:

“Galván, el secretario de la Defensa, abordó recientemente la posibilidad de invocar al artículo 29 de la Constitución para declarar estado de excepción en ciertas áreas del país, con el objetivo de proveer bases legales más sólidas para el papel de los militares en la lucha antinarcóticos”, se informa en ese despacho, elaborado también por Feeley. 

El texto destaca que, contrario a la posición del titular de la Sedena, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclaró a los diplomáticos estadunidenses que se correrían riesgos políticos al implantar el estado de excepción, aun en áreas como Ciudad Juárez. Según el documento, Gómez Mont reconoció que el tema se discutió en el gabinete.

Tal como Proceso ha mostrado en su amplia cobertura sobre los problemas que genera el uso de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico durante este sexenio (edición 1728, del 13 de diciembre de 2009), el citado despacho identifica la intención que Galván Galván persigue con su iniciativa de aplicar el estado de excepción y suspender las garantías individuales:

“Los puntos de vista de Galván son un reflejo de los deseos militares de contar con protección legal en materia de derechos humanos y otros asuntos, más que cualquier inminente reto legal o político al actual papel del Ejército en la lucha antinarcóticos. Claramente Calderón busca nuevas herramientas con las cuales responder a los crecientes niveles de violencia en lugares como Ciudad Juárez; pero cualquier beneficio que obtenga con el uso del artículo 29 y la declaración del estado de excepción sería socavado por los altos costos políticos de dicha acción”, subraya Feeley en su misiva a sus jefes en Washington.

Invitados a espiar

En esos documentos secretos del gobierno estadunidense es recurrente la percepción de que la inseguridad en México es síntoma de un Estado fallido, en el cual los cárteles del narcotráfico controlan partes del territorio. 

A finales de marzo de 2009, Dennis Blair –en ese momento el director nacional de Inteligencia de Obama y a quien, según los documentos revelados, Galván le confió su deseo de aplicar el estado de excepción– declaró en el Capitolio que México era un Estado fallido. 

Esta caracterización provocó la furia del gobierno de Calderón, que se quejó y logró que el coordinador de las agencias del espionaje estadunidense se desdijera. No obstante, el cable 228419, clasificado como “confidencial” y fechado el 5 de octubre de 2009, muestra cómo hasta en el seno del gobierno mexicano se percibe que los capos de la droga son amos y señores de algunas regiones del país. Aspecto que también ha sido ampliamente fundamentado por Proceso desde las ediciones 1686, del 22 de febrero de 2009, a la 1773, del 24 de octubre del presente año.

Este despacho diplomático resume las conversaciones entre funcionarios mexicanos y estadunidenses la noche anterior (4 de octubre) durante la cena que ofreció la Procuraduría General de la República (PGR) en honor de funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Destacan los comentarios del entonces subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez Fernández, quien planteó la necesidad de acelerar la entrega de equipo militar y tecnológico estadunidense a las Fuerzas Armadas mexicanas dentro de la Iniciativa Mérida: 

“Él (Gutiérrez Fernández) lamentó el debilitante temor que cunde en gran parte de la sociedad mexicana actual, donde hasta la gente de Yucatán, ‘con niveles de seguridad europeos’, temen a la inestabilidad que hay en ciudades poco distantes. Expresó una preocupación genuina de ‘perder’ ciertas regiones. Esto daña a la reputación internacional de México, afecta las inversiones extranjeras y provoca una sensación de impotencia gubernamental, dijo Gutiérrez.”

La fluida comunicación secreta entre la embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado, obtenida por WikiLeaks, confirma que, como consecuencia de las incapacidades y limitaciones de la estrategia calderonista contra el narcotráfico, se le abrió la puerta al espionaje estadunidense (sobre todo del Pentágono), que ahora opera con plena libertad desde la capital mexicana. 

Por mencionar sólo ediciones recientes, en Proceso 1738, 1742 y 1776 (todas de 2010) se da cuenta de cómo las Fuerzas Armadas, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), bajo la tutela del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), reciben órdenes de los sistemas de inteligencia que Washington en la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), o como la llama con diplomacia la Secretaría de Relaciones Exteriores: Oficina Binacional de Seguimiento (OBS), localizada en Paseo de la Reforma 265, Distrito Federal.

El Ejército, reacio

En el despacho secreto 246329, la embajada estadunidense insiste en la presencia de los sistemas de inteligencia de su país en México como parte de la estrategia bilateral contra el narcotráfico, y destaca el caso de las oficinas satélite que tiene la OBI (u OBS) en Ciudad Juárez y Tijuana, cuya existencia fue reportada en la edición 1776 de este semanario, el 14 de noviembre pasado, pero que la Secretaría de Relaciones Exteriores intentó negar en una carta (Proceso 1777).

“Las misiones conjuntas de evaluación (de información de inteligencia), una a Tijuana y San Diego, y otra a Ciudad Juárez y El Paso, fueron designadas para que guiaran y ampliaran nuestros esfuerzos bilaterales por abordar una debilidad potencial: el disfuncional y bajo nivel de colaboración entre el Ejército Mexicano y las autoridades civiles a lo largo de la frontera”, dice el documento.

La evidencia más clara de la intervención de los sistemas de inteligencia en el gobierno de Calderón está en el documento “secreto” 240473, enviado a Washington el 17 de diciembre de 2009.

“Las fuerzas de la Marina mexicana, respondiendo a información proporcionada por Estados Unidos, mataron a Arturo Beltrán Leyva en una operación realizada el 16 de diciembre, la eliminación de mayor nivel de una figura de los cárteles bajo la administración de Calderón”, indica el cable.

Como informó este semanario en dos reportajes (en sus ediciones 1729, del 20 de diciembre de 2009, y 1730, del día 27), la cacería de Beltrán Leyva se logró después de que agencias del espionaje estadunidense ubicaran al capo y la Sedena se mantuvo al margen por motivos desconocidos, lo que llevó a la Semar a tomar el papel protagónico en la operación. 

Esto también es corroborado en el citado cable: “Oficiales de varias agencias en la embajada (estadunidense) dicen que la operación del arresto contra Arturo Beltrán Leyva comenzó una semana antes de su muerte, cuando la embajada proporcionó a la Semar información detallada sobre su ubicación”.

Después viene la observación: “La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado tener capacidad de responder con rapidez a la información de inteligencia. Su éxito coloca a la Sedena en una situación difícil para explicar por qué ha sido reticente a actuar sobre la buena información de inteligencia y a llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel”. 

Sigue el documento: “El sistema interagencial de Estados Unidos originalmente le proporcionó la información (sobre la ubicación de Beltrán Leyva) a la Sedena, cuya negativa a actuar con celeridad refleja una aversión a tomar riesgos que le cuestan a la institución una victoria importante en la lucha antinarcóticos”.

Nuevo nivel de violencia

El despacho 238295, del 4 de diciembre de 2009 y clasificado como “secreto y para no ser compartido con los gobiernos de otros países”, fue enviado desde Washington a su embajada en México. En él, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, les pide a sus diplomáticos que hagan un perfil de Calderón para conocer los efectos que le han causado la situación de inseguridad, las constantes críticas y los desaciertos de su lucha contra el narcotráfico:

“Estamos interesados en revisar nuestra evaluación sobre el presidente Calderón para informar mejor a nuestros legisladores sobre su estilo de liderazgo. Algunas referencias han indicado que Calderón y miembros de su gobierno están bajo un gran nivel de estrés debido a la guerra contra las drogas, el colapso económico y la derrota de su partido en las elecciones intermedias. 

“Este estrés está afectando su personalidad y estilo de conducción, y queremos saber cómo ese estilo afecta el funcionamiento del gobierno; especialmente a luz de los cambios recientes en su gabinete”, escribió Clinton en su cable para la embajada estadunidense, que debía responder nueve preguntas.

Los últimos dos cables –del primer paquete de ocho que hasta el cierre de esta edición se habían dado a conocer sobre la visión secreta de Estados Unidos sobre la situación de México– abordan temas multilaterales. El número 231175, clasificado como secreto y remitido de la embajada a Washington, da cuenta de la reunión que Calderón sostuvo con Blair el 19 de octubre del año pasado. 

Según este despacho, fechado el 23 de octubre, Blair le preguntó a Calderón su opinión sobre acontecimientos políticos en Latinoamérica. Entonces, “Calderón enfatizó que el presidente venezolano Hugo Chávez está activo en todos lados, incluyendo a México. Calderón se extendió en sus respuestas y subrayó que él cree que Chávez financió a la oposición del PRD durante la campaña presidencial de hace cuatro años”.

El séptimo despacho secreto difundido por WikiLeaks (el 0571923, del 26 de febrero de 2010) describe el fracaso del gobierno de Calderón como anfitrión y presidente del Grupo de Río, que acababa de celebrar una reunión cumbre en Cancún, el 22 y 23 de febrero: “Fracasó dramáticamente el ambicioso plan de México de utilizar su última presidencia del Grupo de Río en la Cumbre de Cancún para crear un foro nuevo y más funcional sobre la cooperación regional”, considera el autor del despacho.

El viernes 3, WikiLeaks difundió en su sitio en internet otro cable clasificado sobre la narcoviolencia en México, asimismo clasificado como “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”. El documento (con la clave 09MEXICO193) describe un nuevo nivel de violencia relacionada con el tráfico de estupefacientes:

“Mientras que el número de muertes llegó ya a niveles perturbadores y no hay señales de que disminuirá pronto, nosotros continuamos evaluando información o evidencia que sugiera que los cárteles han decidido llevar a cabo ataques masivos de civiles, o sistemáticamente ataques a funcionarios o instituciones del gobierno de México o de Estados Unidos”, indica el cable diplomático, fechado el 23 de enero de 2009 y elaborado por Charles V. Barclay, ministro de Asuntos Políticos de la embajada estadunidense.