Los juicios del fracaso

Los juicios del fracaso/Patricia Dávila, reportera 
Proceso # 1780, 20 de febrero de 2011;
Pese a la urgencia del presidente Felipe Calderón por instrumentar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, basado en los juicios orales, activistas sociales, familiares de los agraviados y aun ministros de la Suprema Corte consideran que este procedimiento es inoperante, sobre todo por la falta de competencia de los jueces. Los ejemplos son múltiples en las ocho entidades donde ya se practica este sistema de justicia expedita, pero es en Chihuahua –en particular en el caso del asesino confeso de Rubí Frayre– donde las pifias quedaron al desnudo.
El fallo de tres jueces del Tribunal Oral de Ciudad Juárez para absolver a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, autor confeso del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, hija de la activista Marisela Escobedo, no sólo puso en entredicho el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP); también mostró la incapacidad de las instancias operativas, desde los agentes de investigación hasta los jueces. El resultado: con cada falla, un asesino regresa a las calles.

Es el caso de homicidas como Barraza Bocanegra, que hoy están libres de toda culpa como consecuencia de esas pifias y la falta de rigor en la impartición de justicia.
Así, el asesinato de Rubí Frayre es uno entre muchos, pero emblemático, de los escandalosos casos de injusticia e impunidad que han marcado a la ciudadanía en los últimos meses, cuanto más porque la madre de esta jovencita había aportado a los jueces pruebas suficientes contra el inculpado, y porque ella misma fue ejecutada el pasado 16 de diciembre a raíz de su exigencia de justicia.
Desde el año pasado, el presidente Felipe Calderón comenzó a presionar a los gobernadores con la finalidad de que aceleraran los procedimientos en los tribunales para aplicar los juicios orales. El primer exhorto lo hizo el 23 de mayo. Y el 11 de agosto, durante la reunión sobre el Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, debatió sobre el tema con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia:
–¿Por qué si en Chihuahua es donde se presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal, es hoy la entidad con mayor violencia y pocos sentenciados, en comparación con el número de detenidos? –preguntó Calderón.
Ortiz Mayagoitia fue claro al poner el acento en la falta de capacidad de los operadores:
–Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora, que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos, como estaba pasando en un caso emblemático del estado de Chihuahua, que por el error en la forma de recabar una prueba estaba por decretarse la libertad –y la verdad ya no sé qué paso al final– de una persona por un delito muy grave. Entonces, si la reforma penal no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generarse un riesgo de aumento de criminalidad.
En ese mismo foro, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, habló también sobre las “fallas” del NSJP: “Hay entidades donde la implementación no sólo no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es adversa…”.
Desde entonces, de acuerdo con el procurador, con ayuda de las ocho entidades donde ya opera el nuevo sistema: Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Baja California y Durango, se puso en marcha un estudio para determinar “si las fallas fueron orgánicas o funcionales”. 
Cinco meses después, lejos de resolverse, las quejas por las irregularidades del NSJP se han elevado.
Casos concretos 
Con el apoyo del Congreso de la Unión, Felipe Calderón impulsó el NSJP a lo largo del país en 2008. Y aun cuando sabía que desde 2004 las autoridades de Nuevo León se basaban ya en los juicios orales para la impartición de justicia pese a los errores procedimentales, no tomó en cuenta ese antecedente.
Un ejemplo: El 1 de abril de 2007 a las 9:30 horas, Rubén Rodríguez Mijares conducía su tráiler cargado de tubos de acero cuando su vehículo se quedó sin frenos y arrolló a nueve personas, además de causar estropicios a varias casas y vehículos. Los daños materiales se estimaron en 2 millones 593 mil pesos.
La juez María del Rosario Garza Alejandro, del Juzgado Primero Oral Penal, condenó al trailero a dos años y tres meses de prisión, y desestimó la imputación de delito grave que le quiso fincar el Ministerio Público al considerar que Rodríguez Mijares conducía intoxicado.
Garza determinó que el delito era homicidio culposo y arguyó que “el representante social” había presentado “pruebas toxicológicas deficientes”. El 1 de julio de 2009, Rodríguez quedó en libertad, aunque se le exigió reparar los daños.
Hoy, en los estados donde los tribunales adoptaron este nuevo sistema de impartición de justicia las fallas son múltiples y exacerban los ánimos de los agraviados.
En Durango, de acuerdo con información de Apro, el gobernador Jorge Herrera Caldera admitió que el NSJP puesto en marcha en 2009 contiene fallas. Algunos ilícitos se incrementaron incluso, dijo, debido a “inconsistencias en los procedimientos penales iniciados a personas por el delito de robo, en donde el nuevo sistema (de juicios orales) permite que haya liberación automática en el caso de los primodelincuentes”.
La declaración se dio en vísperas de una audiencia judicial en la que el exsubsecretario de Desarrollo Económico de su gobierno, Óscar David Ramírez Tuero, quien obtuvo libertad condicional bajo fianza, podría obtener su libertad definitiva. Ramírez cometió homicidio imprudencial en octubre pasado al conducir su camioneta “en segundo grado de ebriedad”.
En Baja California, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, José Antonio Orenday Ramírez, declaró en octubre de 2010 al semanario Z:
“El NSJP está entrando con muchas deficiencias. Los ejecutores no están suficientemente preparados. Incluso, el sentir de los agentes policiacos es que no recibieron los cursos prácticos que necesitaban. Estamos recibiendo muchas quejas de ofendidos porque los roban un día, y al siguiente ven a la persona libre; esto está dando margen a mucha impunidad.”
Orenday se refirió a los secretarios de Acuerdos que pasaron en automático a ser jueces del sistema tradicional: “Tenemos a un juez Quinto de lo Penal que es prepotente y déspota, ya que nunca se lanzó una convocatoria (…); fue capricho de la licenciada (María Esther) Rentería Ibarra, magistrado presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, pero nunca analizaron si las personas que se quedaron están capacitadas. El Juzgado Primero y Tercero tienen mucho rezago. ¡Cómo es posible que a esos jueces los premien mandándolos al NSJP!; y digo premiar porque los mandan a no hacer nada”.
El tiempo le dio la razón. El martes 1, el primer juicio oral que marcaba el inicio del NSJP en este estado se canceló. ¿La causa?: el imputado, Rigoberto Acevedo Rivera, no se presentó a la audiencia judicial. La inasistencia se debió a que el MP había solicitado su presentación periódica como medida cautelar –pese a sus antecedentes penales–, en lugar de pedirla como medida preventiva. Los jueces del Tribunal de Garantía son Salvador Morones Pichardo, Luciano Angulo Espinoza y Gerardo Aceves.
En Oaxaca, el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo asevera que el NSJP no implica ningún cambio, pues, afirma, los plazos constitucionales no se cumplen, como tampoco se abate el rezago, además de que las resoluciones son muy cuestionadas. Y advierte que en una entidad como esa, con características singulares por la amplia gama de etnias que ahí se concentran, es necesario “reinstaurar los jurados populares”.
Estas instancias, explica, “serían una versión distinta a los jueces”: los jurados serían nombrados por el pueblo y a ellos les correspondería condenar o absolver; “serían copartícipes de la administración de justicia en la que –arguye – ya no se cree”.
 Inconsistencias en varios estados
 En Chihuahua, donde se avanza en la implementación del NSJP, la fiscalía estatal emitió un comunicado el 6 de enero último en el que denuncia a los jueces Aram Delgado García, Carlos Martínez García y Juan Javier Cornejo Páez por exonerar a tres sicarios confesos de haber ejecutado a Luis Herrera Aguirre y a Gaspar Sariñana Morales el 6 de septiembre de 2009.
Ninguno de los tres aceptó como prueba las declaraciones videograbadas en presencia de su defensor, en las cuales los acusados narraron su participación en el doble homicidio. “La prueba fue rotundamente rechazada por iniciativa del Tribunal Oral, sin que la defensa de los imputados la cuestionara previamente”, según el documento.
Meses antes, el 19 de febrero de 2010, el juez de Garantía Lorenzo Villar Chavarría puso en libertad a un agente de la policía municipal, Carlos Benjamín Jurado Cordero, y a su primo, Carlos Omar Rodríguez, empleado de la tienda Del Río Superette, acusados de robo. El impartidor de justicia argumentó que no se reunieron elementos de prueba suficientes para procesarlos.
Sin embargo, el caso emblemático que pone al desnudo la inoperancia del NSJP es el de Rubí Frayre Escobedo, la joven de 16 años asesinada en agosto de 2008 por su pareja, Sergio Barraza Bocanegra. Alma Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Luz Castro, abogada cuadyuvante de Marisela Escobedo, enumeran las fallas.
Y relatan las peripecias de la activista ante las autoridades para exigir justicia, aun cuando aportó varias pruebas incriminatorias contra el asesino de su hija:
El 5 de enero de 2009 presentó su denuncia en la Unidad Especializada de Investigación de Personas Ausentes y Extraviadas (UEIPAE), pero el agente del Ministerio Público Ricardo Esparza se negó a atenderla. Le dijo que le faltaba el acta de nacimiento y la fotografía de Rubí.
Dos días después –continúan–, Marisela regresó a esa dependencia, ya con los documentos que le solicitaron, pero la agente ministerial que la atendió, Carla de la Vega, le dio “una cátedra para padres” y se negó a recibir la denuncia; sólo levantó un reporte y le puso el folio 07/09.
Ante la falta de apoyo, Marisela recurrió a Víctor Valencia de los Santos, representante del entonces gobernador, José Reyes Baeza, en Ciudad Juárez. El funcionario le entregó una tarjeta y le dijo que buscara al subprocurador y le expusiera su caso. El 27 de enero de 2009, por instrucciones de la subprocuraduría, el Ministerio Público (MP) admitió la denuncia.
A partir de entonces comenzaron las irregularidades. Dice Alma Gómez que al integrar el expediente la MP escribió que Rubí tenía 38 años, en lugar de 16. Con ello, añade Luz Castro, “impidió que se activara el Protocolo Alba, que se implementa cuando una adolescente desaparece”.
El 8 de febrero siguiente, la UEIPAE realizó un operativo en el centro de Ciudad Juárez para poner carteles con las fotos de muchachas desaparecidas. Marisela y su familia se unieron y pegaron fotos de Rubí. Jessica, hermana mayor de Rubí, fue abordada por Pascual o Lorenzo Frías, suegro de Andy Barraza Bocanegra, hermano de Sergio, pareja de la adolescente desaparecida.
Pascual le dijo a Jessica que Sergio fue quien mató a Rubí. La joven le pidió a su interlocutor que no se moviera del lugar mientras ella iba por un policía ministerial. Y aun cuando Pascual le dio al agente pormenores del crimen cometido por Sergio, ese pasaje fue omitido en el expediente.
“El desempeño del MP fue deficiente. Durante la investigación hubo seis MP diferentes, lo que limitó el seguimiento del caso. Cuando los testigos declaraban –Marisela fue quien los encontró y los llevó ante las autoridades–, los MP nunca aplicaron técnicas para obtener más información”, expone Alma Gómez.
Las pruebas
Marisela comenzó a recorrer las colonias donde vivía Sergio Rafael. En cada lugar que visitó pegó carteles con la fotografía de Rubí en los que solicitaba información. Un menor llamado Ángel reconoció a la desaparecida y acudió con Marisela, quien lo llevó a declarar a la procuraduría estatal.
El 30 de enero de 2009, Ángel relató que Sergio Rafael le comentó a él y a otros batos la forma en que había asesinado a Rubí; también les dijo que arrojó su cuerpo “en unas marraneras”. Y aun cuando Ángel proporcionó los nombres de los otros batos, el MP nunca los buscó para interrogarlos.
Días después, la procuraduría obtuvo un reporte de la policía municipal de Juárez, según el cual el 30 de agosto de 2008 –un día después de la desaparición de Rubí–, Rafael Gómez, padrastro de Sergio Rafael, acudió a esa corporación a informar que su hijastro le confesó que había asesinado a Rubí.
Los agentes Juan Manuel Arguijo y Gabriel Atayde fueron en busca de Sergio y lo detuvieron. Durante el interrogatorio, él relató que dio muerte a su pareja porque la había encontrado con otro hombre. Sin embargo, como en el domicilio donde ambos vivieron juntos no se detectaron señales de violencia, las autoridades desestimaron la declaración. Al final, sólo le impusieron un arresto de 36 horas y una multa de 2 mil 600 pesos.
En junio de 2009, Sergio Rafael fue detenido en Zacatecas por el delito de sustracción de menores: se había llevado a Heidi, la niña que procreó con Rubí. El MP Raúl Arreola admitió que el detenido confesó que él era “el único responsable de lo que le pasó a Rubí”, y dijo que incluso lo llevó a “las marraneras” donde dejó el cuerpo de Rubí. Los peritos encontraron osamentas humanas revueltas con huesos de puerco. Una prueba de ADN determinó que éstas correspondían a Rubí.
El defensor de Sergio Rafael, Joel Meneses, promovió ante el MP un juicio abreviado, en el que aceptaba la responsabilidad de su cliente para, arguyó, obtener una condena equivalente a una tercera parte de la pena mínima. Marisela se opuso. Dijo que no estaba dispuesta a negociar con el asesino de su hija, por lo que decidió llevar el caso a juicio oral. Estaba segura de que tenía todas las pruebas a su favor.
El MP presentó a los testigos ante el Tribunal Oral, integrado por los jueces Rafael Boudib Jurado, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Catalina Ochoa Contreras. Familiares y amigas de Rubí hablaron de la violencia ejercida por Sergio Rafael contra su pareja; lo mismo hicieron el menor Ángel, el padrastro del detenido y los policías municipales.
A su vez, arqueólogos, antropólogos, médicos legistas y genetistas explicaron al Tribunal Oral las circunstancias en que ocurrió el asesinato. Sergio Rafael incluso le pidió perdón a Marisela. Pero el Tribunal Oral no les dio valor probatorio a estos argumentos. Los tres jueces concluyeron que “ninguno de los testigos presenció el ataque homicida”, por lo que declararon “la inexistencia del homicidio”.
“¿Por qué negaron el valor probatorio y absolvieron a Sergio Rafael?”, cuestionan Alma Gómez y Luz Castro, la abogada cuadyuvante de Marisela Escobedo. Castro comenta que los jueces mostraron su incapacidad desde el principio, y enumera algunas de las fallas del proceso:
“Existe un procedimiento de protección a menores que declaran como testigos. Se les aísla en una sala para proteger su identidad. En el caso de  Ángel no fue así, pues tuvo que compartir una sala con el padrastro de Sergio Rafael. Y aun cuando en su declaración dijo que Sergio lo amenazó de muerte, nunca le dieron protección; además, durante el interrogatorio, la juez Ochoa le preguntó tres veces: ‘¿Cómo se llama?’… ¡Todo mundo escuchó su nombre!”.
Otra anomalía: el juez Zúñiga le hizo una sola pregunta en la que incluyó siete aspectos, cuando el procedimiento establece que las preguntas deben formularse de una en una y de manera clara.
Una irregularidad más, prosigue Castro, es que había dos expedientes sobre el caso Rubí; uno lo tenía el defensor del acusado e incluía 67 documentos que no estaban en el legajo de la denunciante, que incluía 105 escritos, algunos de los cuales no aparecían en el del abogado de Sergio Rafael. Los dos carecían de folio.
Alma Gómez y Luz Castro consideran que las fallas no están propiamente en el NSJP, sino en la falta de capacitación y calidad en el proceso de selección de los operadores de ese sistema de justicia. En 2006, el periódico El Heraldo de Chihuahua informó que los tres jueces que integraron el Tribunal Oral habían reprobado los exámenes para concursar por la plaza en el NSJP, en el Distrito Morelos. Pese a ello, el Supremo Tribunal de Justicia los contrató en Ciudad Juárez.
–Los jueces se defienden y afirman que su decisión no mató a Marisela –les comenta la reportera.
–Mataron la esperanza de madres que siguen buscando a sus hijas. No comprenden el daño psicosocial que causaron. Si hicieran un examen de autocrítica, comprenderían que si el 29 de abril de 2010 los tres jueces no hubieran absuelto a Sergio Rafael Barraza, Marisela no hubiera salido a las calles a exigir justicia para su hija”… (Con información de Luciano Campos y Pedro Matías.)