Comparecencia del procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, ante las Comisiones de Justicia, de Seguridad
Pública y de Investigación de Contratos de Pemex, realizada el miércoles 24 de
septiembre de 2014.
El
presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra ahora la diputada Lilia Aguilar
Gil, del PT.
La
diputada Lilia Aguilar Gil: Muy buenas tardes y sea usted bienvenido, señor procurador. Me hubiese
gustado darle la bienvenida desde este pódium, pero consideraron que nosotros
éramos demasiado peligro y nos dejaron acá abajo. Entonces, no están las
fuerzas políticas representadas en el presídium, pero desde aquí le damos la
bienvenida.
Señor
procurador, hace ocho años el gobierno de Felipe Calderón –y lo he sostenido
así– nos metió en el peor problema de seguridad en la historia del país. A
pesar de que el gobierno de Calderón presume haber atrapado 25 de los 37
criminales más buscados no se puede negar que la evidente escala de violencia y
muerte no se detuvo en ningún momento en aquella administración y, como ya se
ha dicho reiteradamente en este espacio, pareciera que tampoco en este sexenio.
Ahora
con este actual gobierno el presidente Peña Nieto ha prometido que esto va a
cambiar, pero nosotros sostenemos que a dos años de gobierno el cambio no es
perceptible por no decir que no ha cambiado nada. Los problemas de fondo, señor
procurador, nosotros creemos que no se reducen, sino que se diversifican. Y el
problema de la inseguridad solamente cambió en la estrategia mediática y en la
estrategia en la que se dan a conocer las cifras y en la que no se habla con
claridad de los asuntos.
El
saldo político de estos dos años es de una preocupación doble, la falta de
certeza en la aplicación de justicia y un halo de autoritarismo e impunidad. El
caso claro es el que se suscitó en la comunidad de San Pedro Limón del
municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, donde
elementos del Ejército mexicano ejecutaron –y lo digo con todas sus letras– a
21 presuntos delincuentes.
Usted
y yo sabemos que el objetivo del Estado, señor procurador, no es el de castigar
a las personas y tampoco ése es el objetivo de la procuración y la impartición
de justicia. Creo que tampoco, y mucho menos, el de ejecutarlos.
Aunque
el presidente de la República dijo que la PGR ahondará en la investigación el
hecho no solamente es preocupante, y por eso lo mencionamos, sino que pareciera
el augurio de viejos tiempos de impunidad, de abusos y de violaciones de
derechos humanos. Y aunque no hay resultados los indicios de la ejecución
estarán como un fantasma de esta administración.
Y
por eso considero pertinente preguntarle, señor procurador, cuánto tiempo cree
usted que tendrá los elementos suficientes para dar respuesta a la ejecución de
21 personas cuando en otros casos en 88 días se le ha dado resultado a
persecuciones que parecieran más importantes.
No
hablaría de justicia selectiva, por no utilizar un término ya usado en este
espacio, sino diría investigaciones, unas más rápidas y otras menos
importantes.
Lo
pregunto, porque en lo que va de esta administración –y este dato usted lo
tiene– Human Rights Watch denunció que en lo que va de esta administración 628
civiles han muerto en enfrentamientos con militares.
Permítame
abordar otro tema que nosotros consideramos que es no solamente estructural,
sino icónico de lo que está sucediendo en este país. El lamentable deceso de
nuestro compañero Gabriel Gómez Michel, que desapareció y fue desgraciadamente
encontrado muerto apenas el día de ayer.
Estoy
convencida de que quien ataca a un diputado ataca a la institución. Con eso
dicho, le pregunto, ¿qué es lo que nos dice esta desaparición y qué es lo que
nos dice este hecho? ¿Qué certeza hay, no solamente sobre el ejercicio público,
sino sobre la vida de las personas?
Aunque
la Fiscalía de Jalisco ha declarado que no existen líneas de investigación
claras, el asesinato de ningún mexicano puede quedar impune. Me uno a la
exigencia de que tengamos una pronta resolución de este problema.
Otro
caso icónico es el tema de Michoacán. El tema de Michoacán, que es el ejemplo
claro de un Estado superado por el crimen, para no utilizar las palabras que
utilizó Condoleezza Rice, para describir al gobierno de Calderón, al que llamó
un Estado fallido. Donde el cambio de gobierno, señor procurador, no ha sido
suficiente –y lo digo con mucho respeto– Pareciera que la Tuta y sus
grabaciones dominan al Estado.
La
pregunta concreta en este tema es, ¿por qué no se ha logrado la pacificación de
Michoacán? ¿Por qué no se ha reinstalado el Estado de derecho? ¿Y por qué la
aplicación de justicia más rápida y más lenta, específicamente en la detención
del doctor Mireles y su cerco mediático? ¿Por qué no se ha detenido a la Tuta?
Que
nos diera usted su diagnóstico de los otros michoacanes que ahora están
surgiendo, como es el caso del estado de México y el estado de Morelos.
Señor
procurador, el uso del poder para chantajear, intimidar, amenazar pareciera que
se está reinstalando con una característica intrínseca al régimen autoritario,
con figuras jurídicas que están listas para ser despertadas, como la del
arraigo. Pero sobre todo en el propio cambio y diseño de lo que ustedes hicieron
de la administración pública, por ejemplo, al pasar la Secretaría de Seguridad
Pública a la Secretaría de Gobernación. La impunidad y la corrupción pareciera
que regresan con fuerza.
En
lo que va de su gestión la procuración de justicia pareciera que sigue siendo
precaria. Porque solamente –y este dato usted lo conoce– 2.8 de cada 10
averiguaciones previas se concluyen en esta administración. Las cifras muestran
que la PGR de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 165 mil 518
averiguaciones previas, pero solamente 28 por ciento terminan en una
consignación.
Derivado
de estas cifras le preguntaría si usted realmente considera que están siendo
eficaces y eficientes en la procuración de justicia. Pero sobre todo viendo al
futuro y debido a su intervención inicial, le pregunto, ¿qué ha hecho la PGR,
más allá de los números para eficientar la procuración de justicia, frente al
nuevo sistema de justicia penal? Del que, por cierto, no tenemos claridad en su
aplicación y, sobre todo, se lo pregunto con todas sus letras, ¿qué garantías
de independencia y eficiencia habrá de esta nueva fiscalía, que tanto se ha
hablado en esta comparecencia, si no podemos ver los vestigios de la autonomía
en la propia PGR?
Según
el gobierno federal en la actual gestión se busca disminuir la impunidad con la
sustitución de viejas prácticas y métodos, pero le confieso que la autonomía de
dicha fiscalía adquiere un carácter sui géneris en el momento en que el titular
del Ejecutivo podrá remover a quien será el fiscal de la nación.
Y
hablando de impunidad y de corrupción -y con esto cierro-, con los dos casos
icónicos de impunidad y la corrupción en este país. Oceanografía, primero, y el
reciente caso de Grupo México.
En
el caso de Oceanografía, yo repetiré las preguntas que ya alguna vez le
hicieron, ¿qué es y cuántos detenidos hay en el caso de Oceanografía? Y por qué
este proceso, a modo que ya ha explicado el diputado Mejía en esta
comparecencia, ¿por qué no acusar a Amado Yáñez por el total del desfalco, que
sí lo hicieron con tres empleados del banco y que sí lo hicieron con su socio,
que hoy ya tienen órdenes de aprehensión?
El
caso del Grupo México -y con esto concluyo, señor presidente-, yo simplemente
diría, este abuso ecológico que ha causado Grupo México y que es evidente para
todos nosotros, pareciera que no va a ser castigado, no solamente por las
autoridades administrativas, sino por la PGR.
Ya
hay una denuncia presentada por la Profepa y a mí me gustaría saber cuándo y
hasta cuándo vamos a tener resultados sobre esto, uno de los delitos ecocidas
más grandes que ha existido en este país y evidentemente el más importante en
la historia de la minería de México. Muchas gracias, señor procurador.
El
presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Vamos a escuchar el último posicionamiento, que es
el de la diputada Sonia Rincón Chanona.
La
diputada Sonia Rincón Chanona: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Diputados presidentes de
las Comisiones Unidas a esta comparecencia. Señor procurador general de la
República, licenciado Jesús Murillo Karam, sea usted bienvenido.
En
la construcción del Estado de derecho democrático, el acceso a la justicia se
convierte en un factor fundamental, debido a que un Estado no puede decirse
democrático si no es justo. Las reformas estructurales que hemos aprobado en
esta legislatura, esperando impulsar el desarrollo económico, político y social
de nuestro país, resultarán ineficaces si no atendemos los aspectos que impiden
un acceso a la justicia pronta y expedita.
El
anhelo de justicia es un tema que a todos nos concierne y, sobre todo, nos
preocupa. Pareciera que la impunidad es la normalidad en esta materia, estamos
acostumbrados a no denunciar los delitos, porque partimos de la idea de que no
habrá consecuencias jurídicas. No podemos ser insensibles a uno de los más
sentidos clamores de la sociedad.
De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la
Seguridad Pública de 2013, publicada por el Inegi, el nivel de delitos no
denunciados o que no derivaron en averiguación previa en nuestro país, durante
ese año, fue de 92.1 por ciento, lo que se conoce como cifra negra. Esto quiere
decir, que de 100 delitos cometidos, excluyendo delincuencia organizada,
narcotráfico, tráfico de indocumentados, más de 92 no se denuncian.
Ahora
bien, según la misma encuesta, los motivos que llevan a la población víctima de
un delito a no denunciar, son circunstancias atribuibles a la autoridad, como
considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en las
autoridades con un 61 punto 9 por ciento de los encuestados.
Las
cifras que he mencionado son síntomas de un sistema que muestra poca
efectividad en materia de justicia. Según su propio programa nacional, la
percepción de la procuración de justicia por parte de la sociedad es
disfuncional, ineficiente y poco confiable, lo que origina el bajo interés por
parte de la ciudadanía para acercarse a las instituciones de procuración de
justicia.
Debemos
señalar que un sector importante de la ciudadanía lo considera poco útil por la
desconfianza en las autoridades, por los altos costos que implica o por
resultar contraproducente para las víctimas.
Esta
última afirmación nos llama poderosamente la atención porque la víctima del
delito se siente doblemente afectada si es que llega a denunciar.
Con
esto no estoy afirmando que el Poder Ejecutivo será inconsecuente con esta
preocupación. Por el contrario, en el informe existen elementos que muestran
los esfuerzos que han emprendido la dependencia a su cargo para implementar el
nuevo sistema penal acusatorio que ha sido una labor compartida con el Poder
Legislativo.
En
este sentido los procuradores hemos cumplido, al aprobar el marco normativo que
sustenta el nuevo sistema penal acusatorio, tanto con la reforma a la fracción
XXI del artículo 73 constitucional como al aprobar el nuevo Código Nacional de
Procedimientos Penales. Mismo que fue publicado el pasado 5 de marzo.
La
meta es, para el 18 de junio de 2016 entra en vigor en todo el país. Sin
embargo, como nos lo hace saber el informe, aún se encuentra en construcción lo
que será la norma sustantiva en materia penal. Consideramos que esta iniciativa
debe presentarse con toda celeridad a fin de estudiarla a profundidad y contar
con un sistema penal integral de forma simultánea.
Otro
factor que contribuye a la impunidad es que cuando se presenta la denuncia la
capacidad de acción de la autoridad deja mucho qué desear. Las cifras no son
alentadoras, ya que las tasas de efectividad de los ministerios públicos son
sumamente bajas. Esta realidad usted la conoce bien. No necesito enfatizarla
pero es imperativo que además de los esfuerzos que señala en su informe se haga
una vinculación con lo que ocurre a nivel local, y que el sistema de justicia
que se ha formado empiece a dar resultados.
Es
imperativo, además de fomentar la cultura de la denuncia, fortalecer los
mecanismos de protección de los derechos humanos de las víctimas. Resulta
inadmisible que por negligencia de los ministerios públicos al momento de
integrar la averiguación previa, o incluso por la corrupción que aún está
presente en estas instancias, los presuntos delincuentes no sean sentenciados
para que paguen o reparen el daño social que han provocado.
Para
ello es indispensable la coordinación plena entre las corporaciones de
seguridad pública y los ministerios públicos, a fin de que los jueces tengan
los elementos suficientes y apegados al debido proceso para emitir las
sanciones establecidas en la ley.
Resulta
alarmante que el 68 por ciento de las denuncias, según cifras de su
institución, llegan a averiguación previa y, de éstas, sólo el 35 por ciento
deriva en una consignación. Es decir, el crimen queda sin castigo en la mayoría
de los casos.
Finalmente
en lo que respecta a la transformación de la Procuraduría General de la
República en una Fiscalía General como organismo público autónomo, aún surgen
muchas interrogantes.
Si
bien como señala en su informe ya existe un acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación por el que se crea la Fiscalía Especial en materia de
delitos relacionados con hechos de corrupción –le pido presidente, que me
permita, porque todos mis compañeros y compañeras que me han antecedido en el
uso de la palabra, han sido tolerantes. Por favor, presidente-, es necesario
ser más claros con la población a fin de que estas reformas no sean las más
cercanas y con acciones contundentes. Sólo de esa forma se podrá empezar a
cambiar la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a las autoridades.
En
el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos el firme compromiso de
acompañar y enriquecer las iniciativas que conduzcan a una mejor forma de
ejercer la justicia para los ciudadanos. Que la ciudadanía tenga la seguridad
que haremos lo posible para coadyuvar a integrar un sistema más eficaz de
procuración de justicia cercano a las víctimas y que contribuya a disminuir los
índices de delincuencia, que son el factor primordial limitante del desarrollo
del pueblo mexicano. Es cuanto, diputado presidente.
El
presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchísimas gracias, diputada. Compañeras y
compañeros legisladores. El desahogo de los posicionamientos de cada uno de los
partidos políticos que hemos escuchado, indudablemente que no sólo ha sido eso,
un posicionamiento. En muchos de los casos ha habido cuestionamientos al
procurador general de la República. En este espacio de posicionamientos
naturalmente que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no permite un
espacio de respuesta a estas preguntas que muchos de ustedes han hecho.
Sé
que el procurador general de la República tiene un respeto absoluto por el
Poder Legislativo del que forma parte. En ese sentido quiero dejar aclarada
esta circunstancia, además de señalar que creo mi responsabilidad poner en
conocimiento de la propia Junta de Coordinación Política que esta primera ronda
de posicionamientos ha provocado algunos cuestionamientos que en consideración
a la división de poderes debiésemos permitir que se convirtiera también en una
ronda de preguntas y respuestas, y no solamente en una ronda de
posicionamientos. Lo dejo así establecido.
El
presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Decretaremos un receso de tres minutos para
regresar luego a la primera ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
(Receso)
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Compañeros, reanudamos la reunión de trabajo, la
comparecencia. Voy a dar los nombres de quienes van a intervenir en la primera
ronda de preguntas, que tendrán hasta cinco minutos para realizar las
preguntas, y les pido de la manera más atenta a quienes lo vayan a hacer, que
seamos muy puntuales en nuestro tiempo. Ahora mismo que tuvimos los
posicionamientos, cada una de las intervenciones además de los siete minutos
que teníamos por el Reglamento, se pasaron dos minutos cada uno de los
oradores. Les solicito que seamos muy puntuales en nuestras intervenciones, que
en primer término será la diputada Miriam Cárdenas Cantú, inmediatamente el
diputado Jorge Sotomayor Chávez, después la diputada Alfa González Magallanes,
el diputado Felipe Camarena, la diputada Zuleyma Huidobro González, la diputada
Lilia Aguilar, y la diputada Lucila Garfias. Tiene la palabra hasta por cinco
minutos la diputada Miriam Cárdenas Cantú.
La
diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Señor procurador, voy a ser
muy breve, no voy a hacer uso de mis cinco minutos. Voy a hacer específicamente
dos preguntas señor procurador.
Lo
primero que voy a decir es lo siguiente: la migración de niñas, niños y
adolescentes no acompañados, es uno de los temas que a las y a los legisladores
del grupo al que pertenezco, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, nos preocupa y ocupa, por eso hemos realizado algunas acciones
legislativas para poder coadyuvar en la solución de esta problemática que
consideramos es de gravedad.
Sabemos
también que se trata de un asunto al que el gobierno de la república ha dado
especial atención, por lo que en este tema yo quisiera, señor procurador, que
usted nos ampliara la información y concretamente le pregunto:
¿Cuáles
son las acciones que la Procuraduría General de la República ha impulsado,
realizado, a favor de abatir los crímenes de que son víctima las niñas, niños y
adolescentes migrantes no acompañados que transitan por nuestro país o bien que
son deportados a su lugar de origen desde tierra estadounidense?
Y
si me lo permite, señor procurador, quisiera aprovechar para hacer una segunda
pregunta, que es un tema que ocupa a la Comisión de Derechos Humanos, la cual
presido, y en lo personal me interesa, que es el de las personas desaparecidas,
y específicamente la pregunta es: Qué se tiene pensado para poder desasociar la
información y poder distinguir a aquellas personas desaparecidas por
desaparición forzada, de aquella que se conoce en la comunidad internacional
como desaparición involuntaria, que es muy distinta y tiene características si
bien comunes en cuanto a la sustracción de una persona, a la privación de su
libertad en forma ilegal y el ocultamiento de su paradero, es muy diferente
quien la realiza. En un caso la desaparición forzada se realiza por agentes del
Estado, pero en la desaparición involuntaria, que no es un término que a mí me
parezca muy apropiado, es una persona distinta a una organización delictiva
distinta la que realiza la desaparición de las personas y me parece
importantísimo poder distinguir la información y tenerla clara. Es cuanto,
muchas gracias.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra, señor procurador, hasta por
cinco minutos.
El
procurador Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Ésta es la comparecencia de los señores diputados ante el
procurador. Bueno, era al revés, pero realmente es la primera vez que entro a
la tribuna, o sea que comparecieron ante mí; les agradezco muchísimo.
Me
hubiera gustado contestar muchos de los planteamientos que se hicieron en los
posicionamientos, pero casi estoy seguro de que me los van a repetir y entonces
iré contestándolos conforme se vayan dando.
En
el caso de la pregunta de usted respecto de los desaparecidos, totalmente
comparto con usted el planteamiento. El término correcto es no localizados y en
los no localizados puede haber desaparición forzada, puede haber desaparición y
puede haber otro tipo de cuestiones.
Dar
cifras de algo que tiene un enorme movimiento como éste conduce a que surjan
las confusiones. La cifra que se dio originalmente es la cifra que se tenía en
la procuraduría que habían reportado las procuradurías locales de cuántas
denuncias tenían de no localizados, para decirlo en el término correcto.
Esta
cifra nunca se depuró, nunca. Cuando salió la primera cifra apareció una cifra
muy grande, nos dimos cuenta del problema, empezamos a trabajar, se creó una
comisión de desaparecidos, indebidamente y después la cambiamos, pero realmente
mantenemos un grupo para los que sí sabemos que son desaparecidos y desde luego
toda la función de la procuraduría está enfocada a lo que serían las
desapariciones forzadas, que por fortuna son muy pocas, muy pocas.
Qué
significa esto. Significa que con el simple hecho de depurar las informaciones
de procuradurías por las mismas procuradurías la cifra disminuyó enormemente
porque entre las personas que se había denunciado que no aparecían se hizo a
veces la simple pregunta de cómo iba y dicen: ya llegó, ya lo encontramos, ya
apareció, se fue de migrante. Y disminuyó la cifra.
Pero
las denuncias de nuevos no aparecidos, no localizados generan que se
incremente. Si usted me pregunta la cifra al día y como protesté decir la verdad
prefiero no decirla porque si me equivoco con uno ya dije una mentira y ya
falle a la protesta. En consecuencia, no me voy a meter en problemas, pero las
cifras están ya en una página de la procuraduría en donde pueden ustedes
consultarlas.
El
grupo de desaparecidos es un grupo de quienes sí sabemos que no pueden ser
únicamente una cuestión de no localizados por los antecedentes o los
precedentes que hay. Para eso se instauró una comisión que recibe prácticamente
todos los días, atiende prácticamente todos los días y el procurador se reúne
con ellos por lo menos cada mes para ir analizando caso por caso y para ir
viendo qué se puede hacer y qué avances se dan. Por lo menos cada mes. Esta es,
en consecuencia, la situación clarísima que usted bien señala.
En
cuanto a la migración de niños, más que qué ha hecho la procuraduría porque es
muy poco lo que puede hacer, es lo que ha hecho el Estado. Estamos regulando el
ingreso de migrantes, simplemente saber quiénes son.
La
posición nuestra es muy clara. Se la planteamos. Ustedes recordarán que hace
muy poco tiempo nos reunimos aquí en México con el procurador de los Estados
Unidos, el fiscal de Guatemala, el fiscal de El Salvador y el fiscal de
Honduras.
El
planteamiento nuestro, el de México, fue muy claro. Primero, para nosotros los
migrantes no son criminales, menos que nadie puede decirlo un nieto de
migrantes a cuyos abuelos acogieron en este país con todas las posibilidades,
con todos los medios y menos podría decir o criminalizar a un migrante. Primer
punto, fundamental, no penalizar a los migrantes.
El
segundo punto y fue acuerdo de los procuradores, de los cinco, del de
Estados Unidos, el de Guatemala, el de Honduras, el de El Salvador y su
servidor, que en este problema por lo menos lo que había que atender, y esto me
parece que fue muy importante porque fue acuerdo generalizado, era el no
dividir a las familias.
Es
decir, que estos menores que estuvieran separados de sus padres, tuvieran un
trato distinto de los demás. Y el siguiente punto fue la protección total y
absoluta de los derechos humanos de estos niños. Esto es en cuanto a la
migración.
¿Qué
es lo que está sucediendo? En este momento me dice usted, para mejorar esta
situación. Primero, volvemos al problema de replantear ante los funcionarios
del gobierno las funciones. Si entendemos la migración como un fenómeno natural
en el mundo, yo diría incluso, hasta enriquecedor para los países, podemos
entender que el trato que tenemos que darle al migrante tiene que ser un trato
no sólo humano, no sólo digno, sino también la igualdad de oportunidades que la
Constitución prevé para los mexicanos y para quien pise suelo. Esa es nuestra
posición.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador, y gracias a la diputada Miriam
Cárdenas por la puntualidad en el uso del tiempo y respeto a los demás. De
nueva cuenta tiene la palabra la diputa Miriam Cárdenas, por tres minutos.
La
diputada Miriam Cárdenas Cantú (desde curul): Declino.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Perfecto. Gracias, diputada.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge
Sotomayor Chávez, por cinco minutos.
El
diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, diputados presidentes. Compañeros
legisladores, procurador Jesús Murillo Karam, sea usted bienvenido.
Durante
la administración anterior, hay que reconocerlo, en materia de impartición de
justicia y combate a la corrupción, se cometieron errores y abusos. Su servidor
reconoce la buena intención de la actual administración. Desafortunadamente con
discursos y con el cambio de nombre a las instituciones, no se resolverán los
problemas de México.
Todos
conocemos las deficiencias en la PGR y las procuradurías estatales, así como el
del Distrito Federal. Esto no es nada nuevo. Señor procurador, en la historia
de la PGR hay 551 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y la
Secretaría de la Función Pública. Es decir, 310 de la primera y 241 de la
segunda.
De
este universo, la procuraduría a su cargo reconoció solamente la existencia de
cuatro denuncias con seis funcionarios sentenciados. Lo anterior nos da como
resultado que las denuncias por actos de corrupción presentadas por
empresarios, ciudadanos, e inclusive legisladores contra funcionarios, sólo se
estimula la investigación de la PGR, terminando todas en impunidad. Lo anterior
suponiendo que todas fuesen atendidas.
La
pregunta que le hago es: ¿qué hará usted para que realmente se investiguen y se
atiendan todas las denuncias, sin distinción alguna, para combatir la
corrupción?
En
materia de transparencia la PGR es una de las dependencias con mayor opacidad y
de las que se niega a cumplir con las resoluciones que emite el IFAI, por lo
que los diputados de esta honorable Cámara de Diputados respetuosamente le
preguntamos: ¿qué acciones está realizando para cambiar esta situación?
La
PGR combate la delincuencia organizada tratándose de los templarios o los
narcotraficantes. Sin embargo, cuando en las dependencias los oficiales mayores
con los funcionarios encargados de compras operan licitaciones dirigidas a los
amigos del titular, obviamente con sobreprecios, para la PGR estos no son
delincuentes organizados, todo lo contrario, gozan de impunidad.
Lo
anterior a pesar de que se generan operaciones de lavado de dinero
multimillonario para cobrar obviamente la mordida, es decir, el cohecho. ¿Qué
instrucciones dará al respecto, para que esto deje de suceder?
En
otro tema, Pemex reporta miles de millones de pesos en robo de combustible al
año, con la pérdida que obviamente esto representa para el erario, le pregunto:
¿Cuántos dueños de gasolineras están hoy en la cárcel?
Lo
más lamentable es que los errores en la PGR se siguen dando y son tan graves
como la investigación actual contra la reportera de la revista Proceso,
Anabel Hernández, a quien se le investiga por realizar un reportaje en el que
exhibe un acta de nacimiento y una de matrimonio que demuestran la fabricación
de pruebas falsas de ADN por la PGR.
El
secretario Luis Videgaray declaró hace algunos días que la PGR irá contra los
evasores fiscales. Esperamos que esta historia no se repita sólo con
detenciones de artistas o empresarios deudores, sino que se aplique sin
distinción tanto a funcionarios corruptos y además delincuentes.
Señor
procurador, los diputados del PAN le solicitamos nos informe detalladamente
sobre las denuncias presentadas y el estatus que tiene cada una de éstas
respecto a la captura de Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, toda vez
que el gobierno de los Estados Unidos lo capturó e incautó millones de dólares.
Y él confesó que estos son ilícitos, por lo que al respecto le pido que nos
informe por qué la Procuraduría no ha hecho nada al respecto.
Y
díganos si están colaborando con el gobierno de los Estados Unidos en la
captura del ciudadano Jorge Torres, gobernador interino en el periodo de
Moreira, y si existe alguna averiguación previa o investigación del propio ex
gobernador Humberto Moreira Valdés. En caso de no tener acciones concretas le
pido que nos explique por qué estas tareas las tiene que realizar un gobierno
extranjero y no directamente la PGR que usted encabeza.
Por
último, me gustaría comentarle que hace algunos días su servidor ha presentado
denuncias ante la PGR por un fraude muy grande, la línea 12 del Metro, en la
que se erogaron 14 mil 500 millones de recursos federales. Sabemos que son 500
mil usuarios afectados diariamente, que hay más de 350 familias con viviendas
afectadas y predios no indemnizados; y que el ex secretario de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado, hoy senador, nos endeudó por 22
mil millones de pesos al rentar trenes que son incompatibles de la marca CAF,
que además demuestran un evidente sobreprecio de mil millones de dólares. Lo
anterior a través de una asignación directa derivada de un estudio de mercado
con información falsa para que ganara la empresa española.
El
de la voz, como le indico, ya ha hecho lo propio. Señor procurador, aquí
estamos los diputados para que juntos podamos trabajar y cambiar la situación
de este país. Por sus respuestas muchas gracias.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra. Si quiere usted hacerlo
desde aquí mismo tiene la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.
El
procurador Jesús Murillo Karam: Lo primero que quisiera dejar claro, porque cada vez que manejamos las
estadísticas en la forma en la que las manejamos me preocupan, en la mayor
parte de los países del mundo –si ustedes lo revisan– van a encontrar
porcentajes bajísimos entre la denuncia, la consignación y la sentencia, por
una razón simple, no todo lo que se denuncia es delito. Decir que se metieron
100 denuncias y solamente se atendieron 10 y que eso significa el 90 por
ciento, sería suponer que las 100 denuncias que se interpusieron eran delito,
lo cual no es cierto. Es más, déjenme decirles, la mayor parte de las denuncias
que se interponen no constituyen delito, la mayor parte.
Sin
embargo, lo cierto es que mucho de lo que se ha dicho aquí, en cuanto a los
resultados del CEM es cierto, funciona muy mal. Y funciona muy mal, porque
funciona mal desde su esencia. Precisamente por eso quienes éramos legisladores
en el anterior periodo modificamos la ley y planteamos ocho años para empezar
un nuevo procedimiento, que es el que estamos implementando.
Con
toda la franqueza del mundo, tengo que decirlo, cinco años después, cuando me
toca llegar a la Procuraduría la implementación iba muy lenta, estaban mucho
más adelantados los estados que la federación, y en este periodo de dos años
hemos venido haciendo todo lo que tenía que hacerse para implementar el nuevo
sistema en la mayor parte de los estados, apenas vamos a empezar con dos, a
aprender de esos dos y de inmediato irnos de lleno sobre los demás. Por eso
hablaba al principio de la necesidad de crear ese instituto de formación
profesional, que es el que nos va a permitir actuar más rápido y funcionar más
rápido para hacerlo.
La
confianza, la esperanza –diría yo– es que con este nuevo sistema se resuelvan
muchas de las cosas de las que ustedes aquí han planteado y que tienen razón.
Tan tienen razón que lo dije en la Cámara cuando estábamos replanteando el
sistema. Tan tienen razón que, bueno, nosotros estamos actuando prácticamente
en los mismos términos y con la misma Procuraduría que había, porque estamos
esperando implementar la nueva.
Si
ustedes ven la estructura de la Procuraduría verán que hay huecos, porque se me
hace que sería absurdo llenarlos para un mes o dos meses lo que ustedes se
vayan a tardar en aprobar la Ley Orgánica, que será la que nos modifique el
estatus de Procuraduría a Fiscalía, pero no creo que se tarden mucho –espero–
y, en consecuencia, estoy mejor esperando para no hacer un cambio y luego hacer
otro dentro de dos meses.
Implementar
el nuevo sistema implica algo que en algunas de las cuestiones –de las muchas,
porque hicieron muchas cuestiones antes de que pudiera hablar– señalaban entre
otras, por ejemplo, dicen: ¿por qué no consignan a todos? Porque lo peor de un
sistema penal es consignar a todos. Es exactamente lo que no se debe hacer.
Un
buen sistema penal es aquel que castiga al que merece una pena corporal y que
se reduce a la situación que los propios códigos señalan cuando debe darse. Ese
es un sistema humanista y ese es el que estamos buscando.
Plantear
mete a la cárcel a todos se llama autoritarismo; entonces, porque aquí me está
acusando de autoritarismo, pues resultan más autoritarios cuando plantean una
cosa de esta naturaleza. Nosotros somos humanistas en ese sentido y estamos
buscando un sistema humanista.
Me
ponen el ejemplo de Oceanografía. De veras, me da la impresión de que nunca me
oyeron. Primer punto claro, lo dije la vez pasada, lo he repetido y se lo
repito, señor diputado: es un asunto entre particulares, por eso no es grave.
Es un asunto en el que el daño se pagó.
No
sé si este señor estuvo o no en el SAE, no tengo la menor idea. No tengo la
menor idea, no soy el SAE. Lo que sí sé es que no es dueño de Oceanografía, porque
lo primero que se hizo fue quitársela para evitar de que pasara lo de Mexicana,
para evitar que 11 mil trabajadores y sus familias se quedaran en la calle,
para evitar que me contaminara la Caja Libertad, de la cual era socio, en donde
hay un millón 200 mil ahorradores de pocos recursos.
Si
simplemente hubiera actuado como usted me lo plantea, si simplemente en un
arrebato de disque justicia, simplemente lo meto a la cárcel por delitos
graves, ahorita tendría impugnaciones, estaría amparado, no hubiéramos podido
arrebatar Oceanografía, se hubiera amparado Pemex, 11 mil familias no tendrían
trabajo y un millón 200 mil ahorradores tendrían un problema muy serio. Eso es
justicia, esa sí es justicia, no demagogia.
Luego,
me decía usted del robo de combustible. No, no voy a meter a cualquier
gasolinero a la cárcel, tengo que meter a los que roban la gasolina y después
los obligan a comprársela, que eso es lo que está sucediendo y eso es lo que
estamos combatiendo. En los últimos dos meses hemos detenido una cantidad
enorme, enorme en comparación, porque también es muy baja en cuanto al número
de gentes que están en ese tema de robo de combustible. Y no tengo ninguna
denuncia contra la señora Anabel Hernández, por el contrario, estamos
colaborando con el Distrito Federal, de su seguridad.
Denuncia
sobre la captura de Villarreal. Es un asunto en el que hasta este momento no se
ha detectado que estén incluidos bienes federales, son del Estado, lo tiene la
Procuraduría del Estado, y es el mismo caso en la línea 12, cuando en el
momento que el Distrito Federal nos diga que tiene detectado que se usó dinero
federal, en ese momento intervendremos.
Yo
entiendo a la Procuraduría de una manera distinta. La Procuraduría tiene la
obligación de buscar justicia, no es una ejecutora de sanciones penales, a como
ven, a como vengan, a como sucedan.
Yo
creo que el procurador tiene la obligación de ver las consecuencias de sus
actos. Si yo hubiera actuado arrebatadamente, hubiera hecho mucho más daño que
el que hubiera resuelto, y para mí es esencial la justicia. No sé si con esto
le di respuesta a todas sus preguntas.
El
presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, procurador.
El
presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra por tres minutos el diputado
Ramón Sampayo.
El
diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz: Muy buenas tardes, señor procurador, muchísimas gracias
por asistir a esta comparecencia. Señores integrantes del presídium, muchísimas
gracias.
El
gobierno de la república reconoce de manera expresa que desde el inicio de la
actual administración México ha enfrentado graves problemas de seguridad
pública, caracterizados por una generalizada manifestación de violencia y
delincuencia, que generan altos costos económicos y sociales.
Pero
dos años de gestión de este gobierno pretende convencernos por medio de un
cúmulo de spot y cuentas alegres que ha cumplido en materia de seguridad.
Cifras oficiales y estudios de opinión pública, indican que el fenómeno
delincuencial se ha desbordado en los últimos meses y que las acciones
gubernamentales para combatirlo han sido ineficientes.
Un
compromiso incumplido por el señor presidente, quien en campaña aseguró que el
problema de seguridad pública se resolvía con tan sólo cambiar las estrategias
en materia, criticando y señalando la anterior administración del presidente
Calderón.
Escenas
de ejecuciones, hallazgos de cadáveres, intimidaciones públicas de grupos
criminales, extorsiones policiacas y balaceras, son hechos que solían
vincularse exclusivamente con la realidad de diversos puntos en el norte del
país, pero ahora se han replicado en el estado de México y continúan en el
norte del país.
Señor
procurador, a nombre del Congreso de la Unión, le manifiesto que no ha cumplido
la Procuraduría en la atención a proposiciones con punto de acuerdo, entre
otros, el aprobado por la Comisión Permanente el 31 de julio de 2013, mediante
el cual se le exhortó a usted y al secretario de Hacienda y Crédito Público a
realizar las acciones preventivas y, en su caso, las investigaciones
correspondientes a las operaciones financieras y económicas de los líderes
sindicales de nuestro país.
Tampoco
se cumplió con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del 7 de
agosto de 2013, mediante el cual se le exhortó a usted y a los titulares de las
procuradurías de justicia de las entidades federativas a reforzar las acciones
realizadas, derivadas de las denuncias, y llevar a cabo las investigaciones
pertinentes para que sean consignados los responsables de la empresa Chamba
México Agencia de Empleos, o Chamba México, Sociedad Anónima, por la presunta
comisión de delito de fraude y demás delitos que se terminan afectando a miles
de personas en el país. ¿Cuál es la razón de la omisión de estos puntos de
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente?
Asimismo,
en junio y julio del año pasado, el Grupo Parlamentario del PAN le solicitó a
usted, nos informara de la situación respecto a los policías federales
ministeriales, que de manera sistemática emprendían acciones de revisiones
arbitrarias, en donde sin ningún respeto a los protocolos internacionales,
numerosas personas eran obligadas a descender de los autobuses en los que
viajaban, para ser cateados por las presuntas madrinas de la misma policía,
quienes les robaban sus bienes a esas personas y los amenazaban para no
presentar las denuncias correspondientes.
Estos
hechos se presentaron principalmente en los estados de Nuevo León,
Aguascalientes y Morelos, por lo que le pedimos respetuosamente nos explique
qué es lo que se hizo o se está haciendo al respecto.
Le
pedimos también, señor procurador, nos informe que la PGR ha estado llevando a
cabo con respecto a la reciente matanza en Tlatlaya, estado de México. Queremos
saber si dicho enfrentamiento fue una ejecución premeditada o equivocación o un
enfrentamiento derivado de acciones de investigación.
Y
por último, señor procurador, ayer nos enteramos del cobarde asesinato de dos
ciudadanos, un empleado y el otro, compañero diputado federal. Ha habido varios
casos que han sido atraídos por la Procuraduría General de la República por ser
escándalos mediáticos y que desafortunadamente terminan en el olvido.
Le
pedimos a nombre de todos los diputados de esta honorable Cámara de Diputados
que este caso no sea más de los archivados. Muchísimas gracias, señor
procurador.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Sampayo.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra la diputada Alfa González
Magallanes. Dónde está, diputada. Adelante, no te había visto.
La
diputada Alfa Eliana González Magallanes: Muy buenas tardes. Bienvenido, señor procurador.
Lamentablemente y como todos sabemos, la violencia ha sido una constante
característica tanto del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, quien en su
declaración de guerra contra el narcotráfico dejó enlutados a más de 100 mil
hogares.
Como
del actual gobierno emanado del PRI, que a pesar de sus líneas discursivas de
los últimos meses, en el sentido de que la violencia ha sido combatida de forma
eficaz, no ha logrado que la realidad en las ciudades ligadas con el crimen
organizado y con los delitos de alto impacto cambie.
Como
parte de este discurso, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto
declaró en el Foro de Davos, en enero del año pasado que, y cito textual: “ha
habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en
nuestro país. Una disminución de prácticamente 30 por ciento de homicidios
vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”. Fin de la
cita.
Sin
embargo, hace tres semanas el diario Zeta documentó de forma amplia que
en los primeros veinte meses de este gobierno la cifra de homicidios dolosos es
superior al mismo periodo del sexenio anterior.
Las
cifras apuntan un escenario distinto a lo señalado por el presidente de la
República. Por ejemplo, de acuerdo con el sistema nacional de seguridad
pública, durante los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1
de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 se registraron 57 mil 899
averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo.
Mientras
que en contraparte en el mismo periodo del sexenio del panista Felipe Calderón
la suma fue de 43 mil 694.
La
diferencia entre ambas cifras arroja que el actual gobierno registró 14 mil 205
homicidios más.
El
secretariado ejecutivo de ese sistema desglosa que en ese periodo 29 mil 417
averiguaciones previas corresponden a homicidios dolosos. Mientras que en el
periodo en mención de Calderón el número fue de 18 mil 451.
Las
cifras de las procuradurías locales y de los consejos de seguridad distan de
las presentadas por el Inegi. Por ejemplo, en el 2013, en Jalisco las
autoridades de la Procuraduría estatal reportaron mil 584 homicidios dolosos y
en esa entidad el Inegi solo reportó mil 485.
En
Baja California, en ese mismo año el Consejo Estatal de Seguridad Pública
reportó 865 homicidios dolosos, mientras que ese organismo federal reportó solo
770.
En
Michoacán la cifra es más distante, ya que mientras la Procuraduría local
reportó mil 415, el Inegi solo 916.
Las
cifras anteriores reflejan que el discurso repetido en los últimos meses, de
que la violencia ha ido a la baja y los homicidios han disminuido en el país
gracias a las políticas, a las estrategias y a operativos realizados por el
gobierno del cual usted es parte, están entredicho.
Es
evidente que existe una falta de coordinación entre la dependencia a su cargo,
el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las procuradurías o fiscalías
locales, ya que el INEGI, que debiera ser el más confiable, maneja cifras que
no coinciden con la información de este sistema federal.
En
este sentido mi pregunta es ¿qué medidas ha adoptado la procuraduría respecto a
esta coordinación que mencioné? Asimismo, solicito nos informe cuántas de las
citadas averiguaciones previas corresponden a homicidios dolosos relacionados
con el fuero federal y cuántos de los presuntos responsables han sido
aprehendidos por agentes de la Policía Federal y Ministerial.
De
su respuesta en una de las intervenciones, me queda la duda si lo que nos
quiere decir respecto a Oceanografía es que la procuraduría aplica la ley según
la conveniencia social y política del asunto.
Finalmente,
señor procurador, esperamos que la nueva fiscalía no sea solamente un cambio de
nombre y que todo lo demás permanezca igual. Muchas gracias.
El
presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, diputada Alfa González Magallanes.
El
presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el procurador hasta por cinco
minutos.
El
procurador Jesús Murillo Karam: Entenderé contestar la anterior también, ¿no?, y ahí se complican las dos
preguntas. ¿Ha disminuido o no ha disminuido la delincuencia? Mires ustedes,
por desgracia todavía tenemos una enorme delincuencia en el país.
Pero
si la pregunta es si ha disminuido, la manera fácil es caminar en el territorio
del país. Ustedes pueden caminar tranquilamente por Nuevo León, donde no se
podía. Hoy ya pueden caminar en Tamaulipas. Nada más les pregunto a los
michoacanos que están aquí, si es lo mismo hoy que hace un año. Les pregunto si
en La Laguna hay diferencia o no la hay.
Ahora
estoy hablando de la realidad. Tan realidad como lo social y lo penal. En lo
penal naturalmente que es social, pero naturalmente que es social. El derecho
es social, es la conducta humana lo que regula el derecho y esa conducta humana
y las consecuencias son las que da el derecho. Naturalmente que tiene que ver
lo social, naturalmente que quien imparte justicia tiene que tener un sentido
claro de que su decisión en lugar de ser mucho más dañina, beneficie o no
afecte a tantos. Naturalmente. No tengo ninguna duda en responderlo.
Por
lo que se refiere a las revisiones de la policía –que fue desde la primera
pregunta que el señor diputado me planteó– me dice qué se ha hecho. Se prohibió
estrictamente que participen en retenes o en ese tipo de cuestiones. Tenemos
detenidos, hemos detenido –tenía aquí una tarjeta de las muchas que me pasan-
cerca de 56 que fueron descubiertos en esa circunstancia y hoy, si alguno de ustedes
sabe que hay un retén de Policía Ministerial que no esté acompañado de otra
policía, por favor denúncienmelo para que de inmediato lo paremos. No tienen
facultades porque no son ya policías, son investigadores. No tienen que hacer
la función de policía. Ésa es otra de las modificaciones en la procuraduría.
Tlatlaya.
El asunto de Tlatlaya lo tenemos ya nosotros, lo atrajimos. Es un asunto
bastante complejo en el que nuestra obligación es encontrar la verdad sea cual
sea. Me puedo comprometer con ustedes que eso haré, buscar la verdad sea cual
sea. Me tienen que dar el tiempo que necesito para poder hacer peritajes –aquí
tenía yo cuántos–, que es todo lo que tengo que hacer para hacer una idea de
por qué tenemos que tomar tiempo.
Necesito
una ampliación del dictamen de criminalística, un dictamen de trayectorias de
impactos y de vehículos, una ampliación de necropsias para el establecimiento
de tiempo y modo de muerte, posición víctima-victimario para determinar
trayectorias, reconstrucción de hechos, ampliar y recabar muestra hemática para
confrontación de ADN, mecánica de lesiones y una cantidad mayor de
investigaciones para determinar con precisión cuál es la verdad.
Es
clarísimo que no puedo pronunciarme porque ha sido una cosa o haya sido la
otra. Sería un gravísimo error que sin tener todos los elementos yo planteara
una definición. El papel fundamental de una autoridad de este tipo es ser
seria. En el momento en que la tenga, eso sí me comprometo, será la verdad la
que salga.
¿Tenía
yo algún otro punto? Sí, claro, el del diputado. Ya también solicité la
atracción, aquí sí no porque se me antoje, es un asunto claramente federal en
razón de que hay hechos delictivos en dos entidades y además se trata de un
diputado federal. Es indudablemente que es un asunto verdaderamente doloroso;
los antecedentes que tengo del diputado es que era una gente intachable, y es
no sólo doloroso, sino que realmente aquí sí nos vuelve a impactar fuertemente
porque es un hecho que no puede repetirse. Estoy totalmente de acuerdo y es
responsabilidad nuestra aclararlo; tengo la responsabilidad, ojalá y tenga la
capacidad para resolverlo.
Las
encuestas de INEGI, compararlas con las de la coordinación de policías y
procuraduría, no se puede, son diferentes medidas.
Los
homicidios que cuenta INEGI, tienen que ver y quiero decirle que son más
fuertes nuestras cifras a veces que las de INEGI. Lo que cuenta INEGI a veces
son una mezcla de dolosos con culposos, se me atoró, y las nuestras son
exclusivamente homicidios dolosos; entonces por eso son diferentes, no pueden
ser las mismas cifras.
Pero
yo francamente le digo, las cifras sirven mucho para poder hacer planes y para
poder hacer estrategias. Pero será la paz, la sensación de paz, la
tranquilidad, la que nos diga que ya salimos adelante.
Nunca
el presidente dijo que el problema se resolvería fácilmente. El presidente dijo
que es un problema muy complejo y que requiere no sólo de la perspectiva
policial o de procuración de justicia para resolverse, sino fundamentalmente de
un crecimiento equitativo y oportunidades en el país.
Señaló
claramente que lo primero que tenemos que hacer es generar mejores condiciones
de vida en el país, y eso de manera muy natural empezará a batir la
delincuencia, además de que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer
desde las perspectivas policiacas. Creo que son todas las preguntas.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para hacer comentarios al respecto,
por tres minutos, el diputado Trinidad Morales Vargas.
El
diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañero presidente. De manera inicial
nos habíamos inscrito para hacer una serie de preguntas. Evidentemente
resaltaba el hecho tan notorio, tan fuerte como es de Tlatlaya. Sin embargo
dado la respuesta y dado lo recurrente de la pregunta, le planteamos y también
en el carácter de la réplica, planteamos que nos pudiéramos referir a una
situación que hace semanas, meses ya, nos tocó como Comisión de Seguridad,
cuando fuimos a la ciudad de Morelia.
En
aquel entonces la Comisión de Seguridad Pública presidida por nuestro compañero
Guillermo Anaya, nos reunimos con el comisionado especial, y nos decía que era
cuestión de horas la detención de la “Tuta”, que tenían todo un dispositivo,
una herradura y que era cuestión de que de inmediato se iba a lograr su
captura.
No
me preocupa que se haya logrado o no porque nos dan cifras y nos dan números,
nos dicen “tantas cabezas de la delincuencia han caído”, que bueno, como logros
policiacos, vamos, pueden ser plausibles.
Lo
que me preocupa es de por qué realmente cuando se les pregunta o cuando incluso
en los discursos coincidimos que lo que hay que atacar más fuerte son las
causas, éstas en los hechos quedan muy minimizadas.
No
pudo el comisionado Castillo en esa ocasión decirnos efectivamente qué causas
estaba atacando en Michoacán, y fueron preguntas expresas. Aquí la ausencia
también debida a las causas aunque todos sabemos que si esas no se atienden
podrá caer una cabeza criminal, pero son como las hidras, surgen dos.
Ha
habido declaraciones de los propios delincuentes que, en la búsqueda de ellos,
ya está el sustituto. No vamos a lograr mucho solamente con eso, aunque logros
policiales de todas maneras son muy plausibles, son resultado de una
investigación, de una eficiencia y de un esfuerzo de la procuraduría, no se
niega. Pero las causas, procurador, cómo se están atendiendo éstas.
Usted
puede decirnos que la percepción social que hoy se tiene en el país, en La
Laguna, en Michoacán es diferente. Pero si va con la sociedad civil y platica
con ellos lo que le dicen es que evidentemente hay una mejoría, pero no la
atribuyen a la eficiencia nuestra, la atribuyen a que los medios ya no la
publican, a que ya están ahí las cosas muy sordas, pero siguen pasando.
Más
que preocuparme por preguntas y también de querer ver de un solo lado y atacar
las causas, quiero decirle que este compromiso para con la sociedad mexicana
sigue siendo muy mínimo, y nos incluimos nosotros en ello, no queremos dejarla
de un solo lado.
Pero
la conminación sería entonces, si coincidimos en que aquí está la razón y
coincidimos además en que ésta es la cuestión de fondo que propicia lo de
Tlatlaya, que propicia lo de Michoacán, la gran corrupción y cobijo que hay a
veces de ella de tantos delitos, por qué no se nos informa cómo se está
atacando esto a fondo. Muchas gracias.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Trinidad Morales Vargas.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe
Camarena García, hasta por cinco minutos.
El
diputado Felipe Arturo Camarena García: Gracias, presidente. Muy buenas tardes tenga el
procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam.
Me
enfocaré exclusivamente, señor procurador, en dos preguntas que cuando usted
asumió esta institución dio una gran esperanza para evitar la violación a los
derechos humanos, y es la figura del arraigo.
Estoy
plenamente convencido de que es una violación y a través del arraigo,
independientemente de que esta Cámara, quienes no estuvimos de acuerdo, pudo
sacar adelante el disminuir la misma figura en cuanto al tiempo, sigo
convencido de que es una violación flagrante a los derechos humanos.
Quisiera
preguntarle, derivado de esa disminución que hubo de acuerdo a la reforma que
se hizo en esta Cámara, cuántos arraigos ha habido por parte de la Procuraduría
General de la República y de esos arraigos cuántos ejercicios de acción penal
se han derivado y cuántos han culminado en sentencia condenatoria.
No
es fácil porque por el arraigo en un mes o algo se obtiene esa sentencia
condenatoria, pero de donde se ha ejercitado y ha habido la impartición de
justicia pronta y expedita si se tiene conocimiento de cuántos han sido
sentenciados.
La
otra figura y que estamos convencidos también que en el pasado se utilizó como
presión política también y en donde no estamos de acuerdo en ningún momento con
el término que se les da son los testigos colaboradores.
Porque
una cosa es ser testigo de la comisión de un delito y otra cosa es ser
copartícipe o autor material o autor intelectual de la comisión de un delito,
cosa que un testigo colaborador no tiene porque lo que está haciendo es
confesar su participación dentro de un delito. Y qué pasaba, pues que quedaba
impune y no solamente no se le consignaba, sino que hasta se le premiaba y se
le daba dinero al señor por atestiguar. Cuántos asuntos de la Procuraduría
General de la República se cayeron por haber comprado testimonio de
delincuentes bajo estas circunstancias.
Estoy
convencido, al igual que con la figura del arraigo, que debe desaparecer el
término de testigos colaboradores. Son delincuentes en donde están ellos
señalando claramente la participación que pudieron tener en la comisión de un
delito, y no por eso hay que premiarlos, hay que atenuar desde luego por el
hecho de apoyar a la autoridad de procuración de justicia en la investigación y
llegar hasta las últimas consecuencias en una averiguación.
Es
por esa razón que yo quisiera conocer también, señor procurador, ¿qué opina
usted de que podamos atenuar, ése es beneficio y que jamás se les otorgue
cantidad alguna a quienes han cometido un delito y no son testigos, que son
delincuentes? Muchísimas gracias, por su respuesta, señor procurador.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Camarena.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra, señor procurador, hasta
por cinco minutos.
El
procurador Jesús Murillo Karam: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Totalmente no, totalmente no. Mire
usted, el arraigo es una medida precautoria, debiera ser una medida
precautoria. ¿Por qué se usan las medidas precautorias en el mundo? Es el mismo
caso de la prisión preventiva.
La
prisión preventiva también es violatoria de derechos humanos, viola la
presunción de inocencia, y sin embargo, en todo el mundo se utiliza la figura
de la prisión preventiva. ¿Por qué se utiliza, porque no he encontrado a nadie,
una figura que pueda sustituirla? Porque es una sobreposición de valores.
Es
decir, el arraigo afecta derechos. Yo no tengo la menor duda, me oyó usted
decirlo muchas veces, tanto en la Cámara como en la Procuraduría, lo digo hoy
todavía, afecta la presunción de inocencia. Pero cuando la afectación de la
presunción de inocencia evita afectar derechos fundamentales como la vida o la
libertad, es preferible recurrir a una medida precautoria como lo son todas las
medidas precautorias que son invasivas de derechos.
Y,
el problema de cómo se legisló el arraigo es, que fue de 80 días que me
pronuncié en contra, y no hemos tenido prácticamente, excepto cuando ha
sido para otros efectos, es decir, como resolver determinadas cosas antes de la
conciliación para que ésta sea efectiva, creo que son dos casos.
Pero
le puedo dar los números y verá usted que no hablo en balde. Mientras que en el
2011 hubo 2 mil 385 arraigos; en el 2012 mil 641; en el 2003 ya sólo hubo 626,
porque me agarraron descuidado, pero ya en el 2014 vamos con 218. El día hoy
sólo hay 19 arraigos, y el menor número que he tenido es de 7. En casi ningún
caso terminan el arraigo, o consignamos o liberamos, pero casi en ningún caso
terminan el arraigo.
En
cuanto a los testigos o protegidos o colaboradores, porque son varios tipos de
testigos, hay alguno que sí es válido, el testigo al que tenemos que cuidar o
esconder porque pudiera ser lastimado por su testimonio. Ése es válido, ése
incluso hay que pagarle, no confundamos.
Pero
el testigo que puedo decirle, hay unas 60 o 70 averiguaciones en que el mismo
testigo es testigo de todo, estuvo como en 2 mil lados al mismo tiempo, y
bueno, pues evidentemente nosotros ya lo descalificamos como tales, e incluso,
cuando no los usan en averiguaciones en el exterior, inmediatamente las
descalificamos, no consideramos válido el testimonio de alguien que estuvo en
60 lugares al mismo tiempo. Y desde luego no hemos pagado a ningún nuevo
testigo que no haya adquirido derechos previamente.
Estoy
totalmente de acuerdo con su planteamiento, excepto en que las medidas
precautorias deben ser excepcionales y siempre para proteger un valor superior.
Quiero
decirle que en el arraigo hay protección judicial. Si el arraigo tiene que
darse con control judicial, igualito que la prisión preventiva, eso lo atenúa,
pero no deja de ser lo que usted bien dice, es una violación de derechos
humanos.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para comentarios, el mismo
diputado Felipe Camarena, hasta por tres minutos.
El
diputado Felipe Arturo Camarena García: Muchas gracias, procurador, por sus respuestas.
Quisiera comentar, sobre todo hacer una reflexión importante que usted ya
hacía. A mí me preocupa mucho que muchos de los compañeros diputados,
confundimos los términos y, sobre todo, la función que el Ministerio Público
tiene.
Si
realmente la Constitución señala que el Ministerio Público, su obligación es
investigar y perseguir delitos y delincuentes, en su caso, por qué siempre le
atribuyen al Ministerio Público que por la actuación del Ministerio Público
sigue la impunidad, y sigue además la comisión de muchos delitos, cuando hay
otra institución totalmente distinta a quien investiga y persigue, como en este
caso a nivel federal, es la Secretaría de Gobernación a través de la misma
comisión que hay para prevenir todos los delitos en el país, son cosas
totalmente distintas y usted lo señalaba.
Pero
también me preocupa que se hable de impartición de justicia y se le atribuya
también al Ministerio Público.
Pero
claramente usted ha señalado –y me quedo muy tranquilo y creo que cada día más
convencido– que los mexicanos tenemos un excelente procurador general de la
República. ¿Por qué razón? Porque ha usado los términos y ha puesto los puntos
muy claro y preciso. Y creo que eso nos conviene y sabemos perfectamente del
trabajo que usted viene haciendo. No es fácil, la institución del Ministerio
Público es de las que ha sido señalada más corrupta y más deshonesta.
Pero
no todo cabe en ello, porque las instituciones son de buena fe. Y pregunto:
¿Qué la Cámara de Diputados no es de buena fe? ¿Y todos los que estamos
realmente somos de buena fe? Por eso es importante que no se le cargue al
Ministerio Público que todo lo que pasa en el país es por esa institución. Y
creo que ha señalado claramente usted los puntos.
Le
pediría nada más que ojalá puedan desaparecer en el Ministerio Público las
actas circunstanciadas. Hay que denunciar a través de una averiguación previa e
iniciar. Y usted claramente lo señaló: no toda denuncia que se hace en una
averiguación tiene que terminar en la consignación porque no todos los hechos
que son denunciados son motivo de un delito, y qué bueno que lo ha precisado.
Pero
también creo que se ha señalado que la autonomía del Ministerio Público va a
ser por el simple hecho del cambio de nombre, así de dijo cuando se hizo o se
persiguió buscar que el Ministerios Publico con el hecho de que ya no fuera
designado directamente por el presidente de la República, sino a propuesta de
él aprobado por el Congreso a través de la Cámara de Senadores. Creo que es
algo parecido con una autonomía, pero no solamente en esta fiscalía que
esperamos pronto poder aprobar con la Ley Orgánica y con toda la iniciativa que
se manda por el presidente, es realmente darle esa autonomía que el Ministerio
Público federal tiene.
Y
creo que compartimos que no solamente es por el cambio de nombre, sino
realmente por es profesionalización a la que usted se ha referido, de la que es
y necesita el Ministerio Público, sobre todo en el aspecto científico para
poder dar los resultados que el Ministerio Público debe darle a los mexicanos.
Muchísimas gracias, señor procurador.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Camarena.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma
Huidobro por cinco minutos.
La
diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Buenas tardes a todos. Los formatos de las
comparecencias muchas veces, y lo hemos comentado, atropellan la inteligencia,
pues saturan a los servidores públicos y no permiten bien el desarrollo de
ideas y de respuestas. Si el tiempo no se lo permitiera, señor procurador, le
pido me conteste por escrito a todos los cuestionamientos que voy a presentarle
porque son preocupaciones legítimas en materia de justicia y de derechos
humanos, dos temas que se vienen devaluando en la actual administración.
Claro
que consideramos que derivado del procedimiento para la implementación del
nuevo sistema acusatorio penal muchos servidores públicos están trabajando en
su actualización o capacitación, me refiero a los jueces, a los Ministerios
Públicos, investigadores, los propios abogados, porque tienen que continuar y
aprobar las nuevas reglas.
Y
lo que produce a nuestro punto de vista es un rezago en la investigación y
persecución de los delitos, por lo que le preguntaría: ¿Cuál es el rezago
actual en materia de investigación y consignación para la ejecución de
sanciones penales por parte de la Procuraduría a su cargo?
¿Qué
nos debe la Procuraduría antes del 2016?
Y
en lo personal tengo un tema muy claro, un caso, y por eso le pregunto a nombre
de las madres y padres de los niños fallecidos y lastimados en la guardería ABC
de Hermosillo, Sonora, por qué razón no se ha resuelto el caso, por qué a pesar
de haber transcurrido más de cinco años de esta tragedia y a casi dos años de
que asumió usted la responsabilidad en la Procuraduría General de la república
todavía no se resuelve nada en relación a los funcionarios de diversos niveles
de gobierno que se encuentran como indiciados por la falta de cumplimiento a
sus respectivos deberes de atención y cuidado a los menores.
¿Qué
ha motivado la falta de avances en las investigaciones sobre la hipótesis de
que el incendio en que murieron los niños fue provocado? ¿Cuándo habrá justicia
para esas 25 niñas y 24 niños? ¿Por qué la Procuraduría a su cargo no ha dado
respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en junio pasado,
para que informara a esta soberanía, a la brevedad, el estado actual de las
investigaciones del caso de Guardería ABC, a fin de determinar las
responsabilidades a los involucrados.
En
otro tema, por qué en el Presupuesto de 2015 se presenta un decremento de 60
por ciento en el presupuesto de la Procuraduría, que aún dista mucho de haber
cumplido con los mínimos para los que fue creada, por ejemplo, la base de datos
de personas desaparecidas y que puede operar en territorio nacional en
coordinación con las autoridades estatales y federales.
¿Qué
número de mujeres asesinadas cada día necesita la justicia federal para
comprender el fenómeno de casos de feminicidio? De verdad, investigarlo como un
cáncer social que es necesario erradicar, castigar y prevenir.
¿Cuándo
se dejará de dar carpetazos a estos casos con la salida fácil del móvil
pasional, como coartada de la ineptitud de funcionarios y ministerios públicos?
¿Por qué los ministerios públicos no atendieron las denuncias que madres y
padres de familia realizaron de manera puntual en contra de los policías
federales que realizaron la infame revisión a niñas y niños que asistieron al
zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre, violando evidentemente los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes?
El
gobierno –y lo digo con todo respeto– está en la oportunidad de iniciar una
ruta para que se atiendan las causes del desastre en materia de procuración de
justicia y que apelen a la paciencia de un pueblo indignado y terminen con la
corrupción e impunidad. Por ello resulta de vital importancia abandonar la
simulación y la demagogia. Por sus respuestas, señor procurador, muchas
gracias.
El
presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, diputada Zuleyma.
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