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Comparecencia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (IV)

Comparecencia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ante las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Investigación de Contratos de Pemex, realizada el miércoles 24 de septiembre de 2014.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.
El procurador Jesús Murillo Karam: Todas las preguntas que me hace que tengo que recurrir a archivos sí les voy a contestar, si no tienen inconveniente se las contesto por escrito.
Me llama mucho la atención su último planteamiento, con el que también estoy de acuerdo. Es decir, si estamos cambiando el sistema es precisamente porque sabemos que está mal, porque sabemos que no funciona, por lo menos no funciona como debiera funcionar y usted lo señala bien.
¿Hasta cuándo? Hasta que este sistema empiece a funcionar. Y el sistema no va a empezar a funcionar simplemente con aplicar la ley, eso sería engañarnos, también es importante que tienen que aplicarla quienes estén también preparados para el sistema. Por eso le digo que se va a tardar, porque tenemos que preparar.
Hace un rato me hicieron la pregunta y ahorita recuerdo la importancia de ella, no la contesté. Me preguntaban del reclutamiento y me decían que el reclutamiento era un problema. Es un problema. Cuando se abren las convocatorias para convocar a ministerios públicos o policías, pues desgraciadamente es tan mala la imagen, que quien se acerca en lo general busca otra cosa.

En consecuencia, hemos cambiado el sistema de reclutamiento. Hoy nosotros vamos a las universidades, escogemos a los egresados de esas universidades y los ingresamos al Centro de Formación Profesional de la Procuraduría, de ahí mismo se van autodepurando los que no les gusta o los que no les da.
Déjeme decirle que la primera generación que metimos, que inició con 56, se quedaron 45 de la Universidad de Nuevo León, hoy son de los mejores agentes que tenemos investigadores en la Agencia de Inteligencia. Este será el camino.
Evidentemente si la quiero calmar o convencer diciéndole: no se preocupe, la semana que entra. La estaría engañando. Es todo un cambio para que sea real. No es cambiar estructura solamente, es cambiar mentalidades, es crear vocaciones, es generar compromisos. Es bastante amplio. Eso es lo que queremos hacer en ese centro.
Invitaría a los señores diputados que quieran hacerlo de estas comisiones que lo visiten, no sólo para que pueda decirles miren, qué bonito vamos, sino para que me digan qué no funciona, o qué puede funcionar mejor, o qué se puede componer. Ojalá lo hagan cuando tengamos clases para que puedan entrar, ver a los alumnos y preguntarles y ver la realidad, ver si vamos por buen camino o no, o aportarnos soluciones.
Solamente le contestaría otra cosa, porque me dice usted, ¿por qué no han actuado en el asunto de ABC? Sí, sí hemos actuado. Mire usted, hemos hecho seis, a partir de que llegué se han hecho cinco, seis en total peritajes sobre si fue incendio provocado. De esos uno dice que pudo haber sido y cinco que no.
Me han presentado testigos que cuando, por ejemplo, uno de ellos dice que vio desde una gasolinera cuando a dos días después del incendio sacaban unos papeles, a la hora de la reconstrucción de hechos, pues desde esa gasolinera no se ve el edificio. Así de fácil.
Se presentó otra testigo, que es la más valiosa o pareciese es la más valiosa, pero resulta que estuvo como en cinco lugares y en los cinco oyó hablar de la conspiración para incendiar. Es decir, yo no puedo inventar una averiguación ni puedo inventar culpables. Me encantaría encontrar culpables, se los digo de veras, con toda la honestidad del mundo, me encantaría encontrar culpables, pero no los puedo inventar, los tengo que encontrar y tampoco es un asunto de agarrar una varita mágica y decirle que me los dé.
Entiendo su molestia, creo que usted tiene toda la razón en tenerla. Entiendo la molestia de las madres que perdieron a sus hijos, yo estaría peor que ellas, estaría en peores condiciones, pero tengo que hacer sólo lo que puedo hacer, no tengo otra manera de hacerlo, más que en las posibilidades reales. Lo demás se lo contesto por escrito, si usted no tiene inconveniente.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para comentarios hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Señor procurador, el caso de Oceanografía se convirtió en el parto de los montes. Cuando este caso apareció por la prensa extranjera por un asunto de Citigroup, parecía que el gobierno tenía voluntad política y legal para actuar, pero vemos hoy que todo se está diluyendo y usted lo confirma.
Decirle que la función de la Procuraduría y del Ministerio Público es investigar y perseguir los delitos, usted no es secretario de Trabajo ni secretario de Economía para preocuparse más por las fuentes de trabajo, en todo caso se tomaron medidas precautorias, intervino el SAE para efecto de tener relación con los acreedores, los 11 mil trabajadores, creo que ésa fue una medida adecuada, pero su función, la suya, es perseguir los delitos. No se puede cambiar fuentes de trabajo por impunidad.
Me parece que la razón fundamental es, o hay incapacidad del Ministerio Público o hay complicidad, o hay un pacto de impunidad para fijar un delito mejor que alcance fianza y que el señor se siga pavoneando después de que ha hecho negocios con el gobierno, y además hay complicidades y usted lo sabe, aquí lo dijo Emilio Lozoya, en marzo pasado.
El señor Mario Ávila firmó adendum cuando ya no era funcionario. Hubo colusión con funcionarios. Todos los convenios modificatorios y los incumplimientos fueron avalados por el jurídico de Pemex y por el Órgano Interno de Control, evidentemente esto implicaría también responsabilizar a servidores públicos.
Además, en todo este trance Amado Yáñez ha tenido privilegios. Fue arraigado en Acapulco, Martín Díaz no está tampoco sujeto a proceso, no se sabe nada de Mario Ávila, de Carlos Morales, de Sergio Aceves, o sea, la verdad, es que están diluyendo el tema, aunque usted se moleste, la realidad es que este tema es un caso de impunidad. Es un caso de impunidad.
Y hablando de Mexicana, ¿dónde está Gastón Azcárraga? O sea, por eso son temas que nosotros sí queremos señalar, porque en todo el trámite de Amado Yáñez hubo complicidades dentro de Pemex y no vemos detenido a ningún funcionario o ex funcionario de Pemex, gente del jurídico, gente del Órgano Interno de Control, Mario Ávila, Sergio Aceves, Carlos Morales, es decir, y decir que se puso un delito menor para conservar fuentes de trabajo, pues me parece que no es el papel del titular del Ministerio Público, para decir que no pasara lo de Mexicana, cuando lo que nosotros dijimos es: ¿por qué al momento de consignar al Ministerio Público, acreditó para un delito menor que alcanzó caución y por eso Amado Yáñez hoy vive en el hotel Aqua, hoy sigue participando en negociaciones con el SAE. Y además, yo no lo dije, lo dijo Luis Videgaray el 10 de septiembre, dijo, sí reconozco que hubo una reunión entre el SAE y la PGR y estuvo Amado Yáñez porque fue invitado por un proveedor.
Y ahí están las versiones estenográficas, está el Diario de los Debates. Yo lo único que le estoy preguntando como titular de la Procuraduría General de la República es, qué sabe usted de la reunión.
¿O sea es práctica común que un individuo que está sujeto a un proceso, que está libre bajo caución participe en reuniones para renegociar con los acreedores, con el SAE? Es lo único que yo le pregunté y ahí está, en el Diario de los Debates la declaración del secretario de Hacienda, que confirma lo que yo señalé.
Hubo una reunión y Amado Yáñez fue presentado para ayudar en la renegociación de los pasivos. ¿Y esto qué implica? Que hay, evidentemente una facilitación para que este tema se vaya resolviendo, se vaya diluyendo y finalmente sea impunidad o delitos menores que no impliquen pena corporal ni tampoco se sancione a sus cómplices que tuvo desde el gobierno. Es cuanto.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Mejía. Yo sé que es su deseo contestar a cada uno de los cuestionamientos que hacen los diputados, pero el formato no lo permite y la Junta de Coordinación Política y la asamblea así aprobó este formato, señor procurador. Una disculpa.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra, diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Espero que no me lo hayan dejado enojado, señor procurador. Pero para que usted pueda dar respuesta a todos los cuestionamientos que ha hecho el diputado Mejía, porque además soy una interesada en el tema, me uno a los cuestionamientos que le acaban de hacer para que usted pueda contestarnos en los minutos que tendrá para hacer uso de la palabra después de mis cuestionamientos.
Yo trataré de ser breve, le digo trataré porque me cuesta mucho trabajo. Pero a ver. Yo he dicho en mi intervención que este lío en el que nos metió Felipe Calderón, lo voy a decir hasta el cansancio, de seguridad, donde viene a darle patadas al avispero con el pretexto de hacer frente al crimen organizado en lo que parecía más una negociación que un verdadero ataque al crimen, no ha cambiado en la entrada de esta administración porque insisto que pareciera que lo único que ha cambiado es simplemente el manejo de la información.
Y yo de manera muy general le voy a reiterar la pregunta que le hice en mi posicionamiento. Es, ¿cuál es la estrategia contra el crimen organizado de este gobierno, en términos prácticos?
Es decir, sé que no me la podrá dar toda, pero en términos generales sí nos interesa a los mexicanos saber cuál es el cambio en la estrategia para enfrentar al crimen organizado. Porque usted hablaba aquí del mal manejo de números y yo coincido con el diputado Trinidad Morales en el hecho de que a qué estamos jugando con las cifras.
En efecto, también en lo que se refiere a la percepción de inseguridad que ha crecido entre los ciudadanos. Mire, yo soy de Chihuahua, conozco el tema de Ciudad Juárez, viví en Ciudad Juárez algún tiempo. Conocemos el tema de los feminicidios.
Evidentemente, Chihuahua ha cambiado pero yo sostengo que los focos de criminalidad simplemente se están moviendo. Es este tema de, ¿qué le dicen ustedes? El fenómeno de las cucarachas, que tapas una coladera y salen por otro lado.
Es decir, no está solucionado el problema del crimen organizado sino que simplemente se está migrando.
Y yo, aquí, en un tema, entiendo lo que usted ha dicho sobre el arraigo y los testigos, colaboradores. Pero señor procurador, si usted no cree, entiendo que usted dice que es necesario pero ¿es necesario violentar derechos para procurar justicia? ¿Por qué mantener el arraigo?
Le haré también una pregunta –porque se me acaba el tiempo– en lo que tiene que ver con la eficiencia de la procuración de justicia actual. Yo di aquí cifras sobre la eficiencia en el manejo y en la consignación. Yo no creo, soy una creyente del nuevo sistema de justicia y no creo que el consignar todo signifique eficiencia. En eso tiene usted razón.  La pregunta en concreto es que tampoco necesariamente el no consignar todo significa deficiencia.
Yo le pregunto, en su percepción, ¿cuál es la eficiencia de la procuración de justicia actual, primero, pero sobre todo viendo al futuro, qué está haciendo la procuraduría más allá de la infraestructura y los números –tomando su dicho–, para enfrentar no solamente el nuevo sistema de justicia del que, insisto, los diputado no sabemos de su implementación absolutamente nada, y sobre todo en términos reales qué está haciendo la PGR para garantizar una autonomía frente a esta ley –el cambio constitucional ya estaba hace tiempo– para que nosotros, actores políticos, no digamos que simplemente es un cambio de siglas, sino que tengamos la certeza de que va a haber autonomía? Porque yo le insisto. No parecieran, los resultados de la procuración de justicia, que van hacia ese camino.
En el tema de Michoacán yo no le voy a preguntar por qué no han detenido a la Tuta, porque me va a decir que porque están en investigaciones, pero le voy a preguntar por qué no hemos podido llevar a Michoacán a un estado de derecho y sobre todo –se lo digo con mucha honestidad- por qué la persecución de Mireles. ¿Qué acaba el Estado mexicano actual metiendo a un hombre como Mireles a la Cárcel, qué es lo que le representa esta persecución? Insisto, lo que nosotros percibimos cómo el cerco mediático alrededor.
En el tema de nuestro compañero, se lo vuelvo a preguntar. ¿Qué signos nos manda no solamente el caso Tlatlaya, del que usted ya habló, sino el caso del lamentable deceso de nuestro compañero diputado? Es decir, ¿estamos enfrentando realmente un Estado que no puede, que está siendo superado frente a los problemas de seguridad en México? Ésa es la pregunta en concreto.
Yo terminaré con las preguntas que le hacía yo sobre el Grupo México. Usted tiene una denuncia por parte de la Profepa en el caso del Grupo México y yo le voy a decir mi diagnóstico –evidentemente que usted no debe de compartir- que es que pareciera que en este caso ya se negoció, porque ya se apagó el tema y ahora resulta que el último derrame ya no es ni contaminante, dijo el secretario del Trabajo. Yo le pregunto qué avance lleva el tema de Grupo México y si está negociado y si realmente vamos a ver gente responsable por el tema de este ecocidio.
Y en el tema de Oceanografía, adicionar a lo que dijo el diputado Mejía, simplemente ¿por qué en el caso de Amado Yáñez, a diferencia de los tres empleados de Banamex y a diferencia de su socio, no se le fincó responsabilidades por el total del monto del fraude? Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, diputada Lilia Aguilar.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene usted la palabra, señor procurador.
El procurador Jesús Murillo Karam: Primero déjeme darle las gracias a la diputada que me da la oportunidad de contestar lo anterior. Le agradezco la oportunidad, diputada. Yo creo que es conveniente dejar claro qué pasó en Oceanografía. Lo he dicho muchas veces, pero como aparentemente no he sido claro, es muy importante decir que pasó.
Una empresa que tenía contratos con Pemex –y que los cumplía- solicita créditos a un banco y como garantía de esos créditos le enseña los avances del contrato. El banco le da los créditos y sin consulta con Pemex, para poderle dar esos créditos muy altos –mucho dinero-, lo mete en la línea de crédito de Pemex -el banco- sin que Pemex lo supiera. Y empieza la salida de recursos mediante este tipo de estimaciones –les llaman-, pero ni siquiera en eso porque no estaban autorizados, y metía las estimaciones para ponerle su nombre y el banco le prestaba sobre esto.
De repente Pemex se da cuenta que algunas fianzas que tienen no han sido sustentadas y reclama el pago de las fianzas. Cuando Pemex reclama el pago de las fianzas, el banco brinca y le quiere cortar los créditos a Oceanografía y nos damos cuenta de que hay un problema y hay una denuncia.
¿En qué consiste la denuncia? ¿A quién se defraudó? Primero, fraude no hay, porque estaban de acuerdo ambas partes. Lo que hay es un movimiento delictivo en el que se usa el dinero de un crédito para otra cosa, que eso es exactamente lo que se hacía. Ese está tipificado en el artículo con el que se consignó a Amado Yáñez, y no es grave.
Ah, pero en el caso del socio, Martín Díaz, que planificó y envolvió otro tipo de acciones en razón de otras empresas mucho más delicadas como la Caja Libertad, y por eso le digo que no me puedo olvidar de eso.
Usted me pide que yo haga justicia a ciegas, como en la Edad Media, de ninguna manera; afecto a millones de gentes. No me pida eso, me extraña, me extraña que me lo pida.
En el caso de Martín Díaz, el delito es grave porque implica ya un daño posible a una mayor cantidad de gente y entra en otra fracción del mismo artículo. ¿Qué significa? Desde luego, en consecuencia ¿qué significa? El proyecto en justicia en términos de la ley, se le consignó por lo que se le tenía que consignar. El delito es entre particulares y una buena parte de responsabilidad tuvo el banco, una muy buena parte de responsabilidad.
No sé por qué habría que verlo de otra manera. No sé si estuvo o no en una reunión del SAE, pero no lo dudaría por una razón simple. Él entregó todo lo que eran las acciones de Oceanografía, entregó bienes, entregó un equipo de futbol y seguramente tendría que firmar alguna cosa o tendría que entregarla, no sé. Esto es especulación pura, pero no me sorprende. Lo único que le digo no es que sepa yo si estaba o no, es que no me sorprende. Espero que sea tan claro como lo planteé y ahora sí se haya podido entender.
¿Qué pasa con Azcárraga? Me preguntaba usted. Bueno, pues resulta que nosotros solicitamos la extradición de este señor y él solicito asilo, y está en un juicio de asilo político. ¿Qué puedo hacer?
La eficiencia de la procuraduría, diputada, no es buena; yo le diría que es mala, yo le diría que nuestra capacidad de resolución es muy lenta, muy complicada, muy burocrática, pero a mí ya no se me daba cambiar lo que tenemos, porque ya venía la modificación desde el 2008, para que esto se trasladara al nuevo sistema.
Entonces lo que hemos invertido es en el nuevo sistema, es en cómo nos preparamos para el nuevo sistema, y no voy a componer lo que no tiene, podría tenerlo pero nos costaría mucho trabajo y lo que buscamos con el nuevo sistema es precisamente eliminar esas ineficiencias.
Y entonces concédame el mérito, con todas esas ineficiencias he podido navegar dos años, con todas esas.
Luego me habla usted del Estado de derecho y tiene toda la razón. Si usted observa, nuestro verdadero problema es ese, la implementación plena del Estado de derecho.
¿Qué era lo que pasaba en Michoacán? Estaba de alguna manera roto el Estado de derecho. ¿Quién mandaba? Un señor que todavía manda videos; no había autoridad. Hoy hay un gobernador que ya medio funciona, y no por culpa de él, sino por las circunstancias que tiene.
Hoy hay presidentes municipales, unos en la cárcel y otros trabajando. Se habla de la acción del Estado. Ya hay un Estado funcionando, ya se está aplicando el Estado de derecho. Naturalmente, nos falta. Tenemos que desenraizar todo lo que en años se clavó y se metió. Naturalmente que nos falta, es indudable. Nunca hemos dicho que ya ganamos. Hemos dicho que los índices nos son optimistas, nos dan optimismo de que se puede, porque esto nos deriva en su última pregunta que ¿cuál es la estrategia?
Creo que el dolor es pensar en una estrategia nacional. No tiene nada que ver el problema de Michoacán con el de Chihuahua; son completamente distintos. Y aplicar una misma estrategia para dos problemas distintos, es un error. En consecuencia lo que hemos hecho es una estrategia por estado. Por ejemplo a Tamaulipas nos metimos hasta que pudimos descifrar lo que nosotros consideramos eran los nudos que había que deshacer para poder empezar a dar seguridad en Tamaulipas, muy distintos.
Si usted observa con cuidado verá que tiene que ver el nivel poblacional, las aduanas, los puertos, la comunicación, la capacidad de la propia autoridad local, la capacidad de la autoridad federal en el territorio, todo eso forma parte de lo que tuvo que analizarse, conducirse para poder empezar a resolver el problema.
Una estrategia no implica una solución inmediata o de un día, implica una perseverancia y permanencia en el ataque a un problema, y en eso estamos. Por eso cuando vemos esos índices, que son reales de baja en la criminalidad, que no se pueden negar y usted misma lo acaba de decir, en Chihuahua está distinto también es mérito de este gobierno.
Qué significa. Que vamos despacio, sí, tiene usted toda la razón, pero vamos, y eso es muy importante. Gracias.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para comentarios, hasta por tres minutos, la diputada Loretta Ortiz.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Buenas tardes procurador, buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Agradezco la franqueza del procurador que haya reconocido que el arraigo es violatorio de los derechos humanos, pero la verdad es que me preocupa muchísimo, sobre todo si tomamos en cuenta el artículo 1o constitucional que establece el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que está precisamente contenido en esos tratados internacionales el respeto no solamente a la presunción de inocencia, sino también a lo que es el derecho a la libertad.
Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el arraigo es violatorio de los derechos humanos. Nosotros somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y también somos parte del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Siento disentir de usted, procurador, porque conocí bien el proceso. La copia, literalmente copia de lo que es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el que se va a aplicar no sabemos cuándo pero cuando estén capacitados todos para aplicarlo, es una copia que sospecho que se ha hecho desde Estados Unidos y que es con punto y coma y que se aplica en Colombia, en Paraguay, en Argentina, en distintos países de América Latina.
La preocupación de los norteamericanos es más que nada en materia de extradiciones y a su servidora, cuando estaba como directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, me llamó mucho la atención porqué tenían esa preocupación por la materia penal.
Luego caí en cuenta que era precisamente el poder aplicar un código penal como el que nos está rigiendo actualmente. Es poder tener un control desde Estados Unidos de Norteamérica en materia del crimen organizado y no tanto su preocupación por los derechos humanos.
En Estados respetuosos de los derechos humanos como estos que he mencionado, tanto Colombia, la misma España, etcétera, hay sentencias de su tribunal constitucional –es el caso de España– del arraigo. Es un Estado moderno, que se precia de moderno y respetuoso de los derechos humanos, las autoridades que detienen a una persona, dígase Ministerio Público o fiscal, tienen que tener la cuasi certeza antes de detener a una persona.
Ellos tienen que hacer la investigación y que la presunción de inocencia para detener a una persona o arraigarla la carga de la prueba recae sobre las autoridades. Si no, se deja en estado de indefensión, y es una denegación del derecho de acceso a la justicia para los procesados.
Aunado a esta situación que me preocupa y creo que me va a continuar preocupando está la de los migrantes.
Las personas que carecen de recursos, que no pueden tener asistencia jurídica gratuita, que no pueden acceder como en otros países porque se garantiza el acceso a la justicia garantizando el acceso a un abogado, porque el hecho de que estén los tribunales abierto, no garantiza el acceso a la justicia, hay que pagar un abogado para poder tener, precisamente, acceso a este derecho, es como el derecho a la salud, desgraciadamente en nuestro país difícilmente vamos a ver garantizado este derecho, y no solamente para las causas penales, sino debería de ser en todos los órdenes, administrativo, civil, etcétera.
En el caso de los migrantes, pues es una situación alarmante, por el simple hecho de ser indocumentado se les criminaliza, y así está el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, que lleva cinco años y que el asunto está para conclusiones en la Procuraduría General de la República, siendo inocente, que precisamente fue objeto de un secuestro por parte del crimen organizado, fue detenido y encarcelado sin que obraran pruebas suficientes de su culpabilidad, el gobierno de Honduras ha participado ejerciendo la protección diplomática que le corresponde. Entonces, estamos a la puerta y no será el único caso de una reclamación internacional por parte del gobierno de Honduras.
Y así son un sinnúmero de casos de indocumentados que no por el hecho de ser, porque son personas como nosotros, que conforme al artículo 1o constitucional y a los tratados internacionales, merecen el respeto de sus derechos humanos, y es el caso y el momento actual que a los migrantes indocumentados se les criminaliza y no se les respeta estos derechos.
Espero que en el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, se le haga justicia prontamente. Muchas gracias.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputada Loretta.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra para concluir con esta primera ronda de preguntas, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, hasta por cinco minutos.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Señores presidentes de las comisiones, señor procurador de la República, licenciado Jesús Murillo Karam. Buenas noches a todas, a todos, compañeros y funcionarios.
La justicia representa uno de los ejes centrales en el que se sustenta la construcción de un sistema democrático, ya que determina el tipo de relación entre gobernantes y gobernados. Su aplicación imparcial y apegada a la legalidad, genera certeza y seguridad jurídica, de lo contrario atenta contra el pacto social y deslegitima cualquier gobierno que pretenda ser democrático.
Por esta razón, nosotros estamos convencidos de la importancia que tiene para el futuro del país construir un sistema de justicia imparcial, equitativo e, inclusivo. Sabemos que es tarea de todos, gobierno federal, estatales, Poder Judicial y por supuesto del Congreso de la Unión.
La coordinación efectiva entre las instituciones de procuración de justicia debe ser una constante si queremos lograr que la estrategia de seguridad obtenga lo resultados que esperamos.
Al final de cuentas lo que buscamos es que la sociedad mexicana viva en un clima de paz y armonía, con la certeza de que su seguridad física y patrimonial estará garantizada por el Estado.
En este sentido consideramos que la reforma constitucional que crea la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, es una decisión acertada y con la visión de Estado ampliamente solicitada por la sociedad.
Destacamos que en la redacción del texto constitucional se pondera la capacitación de servidores públicos y el desarrollo de la carrera profesional en su interior, así como la obligación para que el fiscal rinda cuentas cada año ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Si bien, nos encontramos en la etapa de modernización con la propuesta de creación de la Fiscalía General de la República que contempla la estructuración interna y procesos administrativos de operación, consideramos que existen temas que deben ser incorporados de manera prioritaria a su estructura organizativa, me refiero particularmente a las instancias que deben perseguir los delitos que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.
Es necesario cuidar que la fiscalía atienda prioritariamente el aumento de los delitos de abuso sexual, trata y explotación perpetrados contra las niñas y niños migrantes acompañados y no acompañados que transitan por nuestro país, el aumento de los delitos de violencia contra las mujeres, los feminicidios, la tragedia ocurrida en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y el caso del albergue La Gran Familia, Mamá Rosa. Esos últimos con expedientes abiertos y que demandan una investigación puntual y la presentación de los responsables para que respondan ante los tribunales y ante la sociedad.
Por tal motivo y en este cambio hacia la modernización e integración de la Fiscalía General de la República consideramos de suma importancia continuar con la especialización de los Ministerios Públicos en tema como la perspectiva de género, el interés superior de la niñez, los derechos humanos, la migración y los asuntos indígenas.
Ante tal escenario, señor procurador, y reconociendo cuan indispensable es la profesionalización y capacitación del personal responsable de la procuración de justicia para fortalecer la confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos en estas instituciones, podría informarnos cuál es el porcentaje del personal ministerial, policial y pericial que se ha profesionalizado y capacitado durante este periodo para desempeñarse bajo este nuevo modelo de impartición de justicia y reestructuración organizacional.
Así como cuáles son los criterios de selección de los candidatos a agentes de investigación que se consideran ahora indispensables para poder asegurar que en el ejercicio de sus funciones cumplan con los principios de certeza, legalidad y objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.
Y por qué en el Segundo Informe de Gobierno, con la reciente creación de la Agencia de Investigación Criminal, la formación, actualización, especialización y desarrollo de los agentes de la policía ministerial, se visualiza la baja respecto del número de personal capacitado.
Por otra parte preguntar: Qué acciones se implementan en la reestructuración de la Procuraduría General de la República para que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia combata eficientemente la corrupción en el sector público o, en su caso, cuáles son los mecanismos de coordinación contemplados entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República para reducir los delitos en esta materia. Agradezco su atención y respuestas, señor procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchísimas gracias, diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene usted la palabra, señor procurador.
El procurador Jesús Murillo Karam: Gracias. Diputada, todas son preguntas de fondo que requieren una amplísima información. ¿Usted tendría inconveniente si se las contesto la mayoría por escrito?
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (desde la curul): Por supuesto que no, señor procurador. Gracias.
El procurador Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Nada más le comento lo esencial de la pregunta de cuántos están en capacitación. Miren, la verdad es que en capacitación están desde hace muchos años, pero la pregunta es muy concreta de su parte. En capacitación ya para la implementación prácticamente le diría que estamos empezando.
Se capacita personal – A ver, en el ámbito de investigación estamos formando formadores, es decir, apenas estamos creando los cuerpos que saldrán, que cada policía municipal o estatal formen a los policías. En lo que se refiere a la implementación ya concreta en territorio estamos capacitando las delegaciones de Puebla y Durango, que son los dos primeros estados en donde vamos a entrar ya con el proceso nuevo.
Iniciaremos del 6 al 14 de octubre. Perdón, en octubre iniciaremos la capacitación para las delegaciones Yucatán y Zacatecas, y luego entraría Querétaro. En los siguientes meses todos, ya con la experiencia de –tenemos que medir cómo estamos capacitando y sus resultados para no cometer errores.
En todo lo demás, el reclutamiento me volvió a preguntar y le vuelvo a insistir: todos los alumnos que tenemos hoy en el centro de profesionalización son licenciado, o en psicología o en derecho o en antropología, son gente que nos puede servir para peritos o que nos pueden servir para investigadores o que nos puede servir para Ministerios Públicos, por ejemplo.
Ahorita en este momento tenemos a 500 reclutando a 500 para agentes investigadores y a 120 para agentes del Ministerio Público de la federación, con el procedimiento de reclutamiento que le señalé hace un momento, nosotros vamos por ellos, no hacemos convocatoria.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias por su respuesta, señor procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Comenzaríamos ahora la segunda ronda de preguntas y respuestas. Quisiera, compañeras y compañeros, hacer un breve comentario en torno a esta comparecencia que estamos desarrollando y que tiene que ver nuevamente con cuestión del formato.
Evidentemente bien lo precisó el diputado Trinidad Morales Vargas, ahora estamos ante la posibilidad de una pregunta o varias, inicialmente los grupos parlamentarios que lo van a desarrollar, luego de una respuesta del procurador general de la República y después de un comentario, que en estricto sentido entiendo el respeto que nos debemos como legisladores para pronunciarnos o realizar cualquier expresión durante este comentario, pero es evidente que se trata de un comentario sobre la pregunta que se haya realizado al procurador general de la República y no un nuevo cuestionamiento, porque generaríamos esta disparidad de la que hemos hablado.
Lo digo en una perspectiva –insisto– de equilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, representado ahora por el procurador general de la República y sólo en ese son. Así es que comenzaríamos la segunda ronda dando la palabra a la diputada Sonia Rincón Chanona, por favor.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Gracias, diputado presidente. Señor procurador, en la integración de las averiguaciones previas las autoridades no sólo son lentas, sino que cometen violaciones a los derechos humanos, que pueden dar origen a la liberación de delincuentes, a quienes no se les respetó su derecho a un debido proceso, o en casos igual de lastimosos se llega a condenar a personas inocentes, en la integración de la averiguación previa.
En este sentido, señor procurador, con el informe que usted nos ha dado comprendemos que la Procuraduría ya se encuentra en la fase que ustedes le llaman pre-implementación de lo que posteriormente va a ser la Fiscalía. Así que la creación de dos nuevas unidades, la de Atención Inmediata y la de Investigación y Procesos cuya función es la investigación de los delitos por parte del Ministerio Público federal.
En este contexto, señor procurador, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las acciones que está realizando la Procuraduría a su cargo para evitar que por una mala integración de las averiguaciones previas los presuntos culpables evadan la acción de la justicia?
Otra pregunta, ¿qué estrategia está implementando la Procuraduría para que las y los indígenas que enfrentan procesos de carácter federal sean juzgados con base en el debido proceso y apegado a sus derechos humanos?
En ese mismo sentido, me gustaría saber –esto que le voy a preguntar si lo tiene en mente me lo responde y si no, también si es tan amable nos lo podría enviar– ¿en qué etapa del proceso se encuentra el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que condenó a la Procuraduría General de la República a indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí, de Jacinta Marcial, quien usted recuerda había sido sentenciada a 21 años de prisión y luego estuvo tres y por ahí hubo alguna situación para ella, a ver en qué situación se encuentra. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el señor procurador general de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: En cuanto a qué estamos haciendo para evitar que alguien que sea culpable salga, todo lo posible, y eso es mucho. Mire usted, primero es la capacitación, segundo es la vigilancia, el control, los tramos de control son larguísimos, la subprocuraduría tiene que ver con lo regional.
Tiene 32 delegados, entonces prácticamente el control no existía, estamos generando medios de control intermedios regionales. Hicimos cinco regiones en el país para tener un acercamiento mayor al control y poder controlar un poco más.
La capacitación es crucial, hemos hecho ya capacitación, ya tenemos ministerios públicos que le diría yo son punta. Sí, tenemos que empezar con poquito e ir crecimiento poco a poco. Y que están mejorando las averiguaciones.
El sistema, con todas las modificaciones que hicimos, y digo hicimos porque era yo legislador y fui partícipe, incluso, algunas fueron iniciativa mía, generamos un Estado de derecho distinto, que evidentemente embona con el próximo procedimiento pero no mucho con el actual y esto nos genera una especie de espacio, de fuga, en el que principios de salvaguarda de los derechos humanos chocan a veces con el procedimiento.
Le pongo un caso muy claro. A nosotros nos dejan un detenido para consignarse, nos lo dejan cualquiera de las policías, municipal, estatal o federal, y no tenemos más que 48 horas cuando mucho para poder integrar, porque la flagrancia per se, bien lo decía hace un rato el diputado Mejía, hay que tener mucho cuidado, a veces es más pretexto que realidad. Entonces, tenemos que cuidar que realmente se integre y esto es un problema real.
En consecuencia, cuando les digo que todo lo posible, estoy diciendo realmente que cuanta medida hay, que podamos tomar mientras implementamos el juicio nuevo, que supongo que no nos dará este problema, porque será tal como lo decía la diputada que me antecedió a la palabra, es diferente. Se presenta ante un juez el caso, el juez cita a juicio y sólo se aplica –y es en lo que no estoy de acuerdo con la diputada, ya no la veo- en el caso en que hay que defender un bien mayor en todo el mundo.
No ha habido país que encuentre una forma de resolver el problema en la prisión preventiva, ese problema se da en todo el mundo, pero con el nuevo proceso nos permite ya preparar los casos, nos da tiempo, nos señala muy bien los estándares de prueba y podríamos tener mucho más facilidades para realmente integrar mucho mejor una averiguación.
Y tiene otra ventaja. El fiscal que la empiece la tiene que terminar. Es decir, tendrá que continuar con el procedimiento y será el propio proceso el espacio en donde se tengan que aportar las pruebas. Quiere decir que tendremos que tener un fiscal trabajando permanentemente en el asunto.
Es decir, yo tengo mucha fe en que en el próximo procedimiento podamos mejorar, sobre todo porque creo y ojalá así sea, en los estados que lo están aplicando bien, ha sucedido, disminuye enormemente los casos que tienen que llegar a juicio.
Hay medidas de mediación, hay medidas en que la conciliación o algún otro tipo de procedimientos se puede aplicar, reducen enormemente la cantidad de individuos que van a un juicio y hace que el juicio sea mucho más elaborado y cuidado por la menor cantidad. Ése es el procedimiento oral. Realmente el juicio oral es el final de un procedimiento. Ojalá y lo apliquemos bien.
Ah, me preguntó más cosas, perdón. Me preguntó, qué estamos haciendo con la resolución. Me preguntó sobre la resolución y lo tengo que decir con toda claridad, porque verdaderamente me sorprendió, la resolución dice que en razón de que el juez interpretó mal algo, la Procuraduría pague. Así dice, bueno, está bien, pero es una resolución del juez y yo las acato. Y la acatamos ya.
Se utilizaron los procedimientos que la ley nos da para poder resolver el conflicto. Porque la Procuraduría puede consignar con la presunción, es una validez constitucional que tiene la Procuraduría.
Si en todos los casos tuviéramos que pagar porque la presunción no culminó, pues no le alcanzaría el dinero al país para pagar indemnizaciones. La presunción es constitucional.
Pero en este caso cumplimos con la orden judicial. ¿Creo que era todo, verdad?
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Escuchar su versión sobre quién manda en Michoacán me dejó helado. Y no solo en los videos. Manda en la realidad el que un niño de tres años puede informarle, la Tuta.
Pero yo no voy a discursar sobre... voy a discursar sobre su informe que nos ha presentado, donde los enfoques a las acciones de investigación y combate a la delincuencia a futuras acciones derivadas de reformas legales y de una larga paciencia. Casi me recuerda el discurso de aquel que dijo que la corrupción es un problema cultural. Hay que tener paciencia.
Y a dos años de haber asumido el control de la PGJ no se justifica dicho discurso ante las víctimas y sus familiares que no encuentran, ya no solución a sus tragedias personales sino atención con dignidad y respeto a su situación personal.
La justificación de acciones que no medran la capacidad de la delincuencia organizada y la corrupción abundan en el segundo informe de la Procuraduría que presentaron ante la Cámara de Diputados.
La Ley General de Víctimas ordena la integración del Reporte Nacional de Personas Desaparecidas, cifras inconexas y dispersas que proporciona la Secretaría de Gobernación y la PGR.
Generan incertidumbre en el trabajo de esta última. La respuesta general que presentan no justifica la falta de coordinación y verificación de la información de las procuradurías de justicia de las entidades federativas.
Ante los senadores, el 22 de mayo de este año el Secretario de Gobernación señaló, cito, del 2006 al 12 tenemos más de 27 mil reportes de personas desaparecidas, y hoy con este dato que les doy tenemos 13 mil reportes de desaparecidos pero los datos siguen. Del 2012 al 14 otra vez hay 16 mil que se han reportado nuevamente como no localizados y quiero decirles que se han encontrado 8 mil vivos y 385 muertos. Entonces, tenemos hoy, no localizados de esta nueva cuenta, 8 mil nada más.
La organización de Amnistía Internacional aseguró que el gobierno de México no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en el país, y que además resulta preocupante no saber cuántas son víctimas de desaparición forzada.
Informaron que al 21 de agosto del 14 la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 322.
Yo le pregunto, ¿puede indicarnos con certeza y objetividad el número de personas desaparecidas que la PGR investiga en forma real?
¿Cuántas personas, familiares desaparecidos se encuentran asistidas por la Procuraduría General de la República en el marco de la Ley General de Víctimas?
Yo, por otro lado, le quiero decir qu3e en su segundo informe, en el combate a la delincuencia organizada se informa que del 1 de septiembre, del 13 al 31 de julio del 14, el aseguramiento de armas consistió en 493 armas largas, 283 cortas, 111 mil 286 cartuchos, mil 682 cargadores, 6 punto 8 granadas y 970 diversos.
Y también informa que en el combate al narcotráfico aseguraron 108 armas largas, 79 cortas, 14 mil 115 cartuchos, 42 granadas –está en la página 60.
Y si revisamos el informe en el tema de armas de la Secretaría de Defensa Nacional –en la página 106-, como resultado de las operaciones para reducir los índices de violencia del primero de septiembre del 13 al 31 de agosto del 14, reporta recibir seis mil 894 armas de fuego, 733 granadas y un millón 88 mil 280 cartuchos. Y puedo seguir un glosario que por abreviar en el tiempo se lo voy a mandar por escrito a usted.
Pero ¿por qué señalo los datos sobre aseguramientos de armas de otra dependencia? Por la incertidumbre en la información que se genera al analizar los datos de aseguramiento de armas que se registren en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, unidad que depende de la SEIDO, lo que señala que el aseguramiento y sujeto a investigación al 31 de julio de 2014 es un total de ocho mil 540.
¿Qué representa esta dispersión de información sobre aseguramiento de armas? ¿Acaso la PGR no integra en sus investigaciones las armas aseguradas por la Sedena y la Semar en operaciones contra el narcotráfico –entiéndase delincuencia organizada?
¿En la investigación de tráfico de armas no existe un registro común de las entidades que integran el Sistema de Seguridad Nacional? ¿Cuáles son los resultados de la investigación de las armas del programa Rápido y Furioso? ¿Cuántas de las armas registradas por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas se han detectado como parte del programa Rápido y Furioso?
Quiero culminar diciéndole que en el informe del Ejecutivo federal y en particular de la PGR, se percibe la ausencia al combate a la corrupción y la impunidad, eje sobre los que gira la inseguridad en el país y la consolidación de la delincuencia organizada en el mismo.
Señor procurador, alguien no está haciendo bien su trabajo. En este desorden del Sistema Nacional de Seguridad es el que permite la ilegalidad y la impunidad de acciones que se denuncia a través de la prensa internacional, como es el caso Tlatlaya, y según todos los que se han cuestionado y seguimos estar el día de hoy sin encontrar respuestas satisfactorias. Espero que usted, las que yo le he realizado, nos las pueda contestar con precisión.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el señor procurador General de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: Como protesté que no iba a decir mentiras, tengo que darle los datos por escrito. No me equivoque yo con un número y me acusen de haber violado la protesta. En consecuencia le voy a contestar por escrito.
Déjeme decirle que sí, hay muchos alguienes que no están haciendo bien su trabajo. Tantos como muchos alguienes que quisieran que no lo hiciéramos bien. Y tantos como muchos alguienes que les beneficiaría que no lo hiciéramos bien. Aquí por lo menos estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo lo mejor que podamos, eso se lo puedo asegurar. Le contesto por escrito todo lo demás.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene para realizar un comentario el propio diputado Manuel Huerta el uso de la palabra.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Me temía esta respuesta y yo lo que le quiero decir es que la falta de certeza en la información que proporciona la PGR, se señala en el diagnóstico que se presenta en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-18, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año en curso. Esto es hace poco más de cuatro meses.
En la publicación oficial se precisa lo siguiente: En cuanto a otros delitos de alto impacto social México está catalogada como país de origen, tránsito y destino para la explotación sexual, comercial y el trabajo forzado, denominado como trata de personas. Sin embargo México carece de un sistema de información para describir con precisión las dimensiones de este delito.
Otra información relevante para el contexto de inseguridad, es el número de armas que podrían estar ingresando al país por cruces ilegales.
En el 2011 se aseguraron 23 mil 586 y de enero a julio del 2012 se aseguraron 15 mil 835, para que lo incorpore a las respuestas que debe enviar.
¿Cuál es la certeza en la investigación de delitos cuando no existe coordinación ni control fidedigno de la información de las autoridades responsables en el ámbito federal y estatal? ¿Se confirma la tesis del Estado fallido que no se puede recuperar como se acredita con la ineficacia e ineficiencia de políticas públicas que se soportan en la impunidad y la corrupción? La muestra es Michoacán y Tlatlaya.
Quisiera culminar porque obviamente uno quisiera que a este país le fuera mejor; por desgracia se está imponiendo un modelo que nos lleva al despeñadero, y no es por el apellido, sino por la realidad.
En esta serie de comparecencias de los titulares de la secretaría del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, en el que todo cambia para seguir igual, o más bien, para estar peor que cuando inició el gobierno de Peña Nieto.
Las declaraciones que ha manifestado usted, procurador, me trae a la mente el habitual barroquismo irónico del novelista cubano Alejo Carpinteiro, en su clásica novela El Recurso del Método, en el cual inicia el capítulo primero con un epígrafe de René Descartes, del Discurso del Método. Cito: “Mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar acertadamente su razón, sino solamente el demostrar de qué manera he tratado de guiar la mía”.
¿Cómo aceptar en forma razonable el discurso que en materia de investigación y persecución de los delitos presenta el día de hoy la PGR?
Mire, culmino. Es de verdad, califíquenlo, si con Calderón andábamos mal, hoy, y a mí me da mucha pena decirlo, la opinión pública dice “que Peña Nieto está peor”. Ya digo, para llegar a esos niveles de pensar que Peña Nieto está peor que Calderón, que está juzgado en La Haya por delitos de genocidio, pues nos habla de que algo grave está ocurriendo en este país. Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Está claro que no vamos a coincidir en el tema de Oceanografía, señor procurador, me parece, insisto, que hubo un tratamiento inadecuado, pero al margen de eso omitió responder sobre la situación jurídica de Mario Ávila Lizárraga, sobre el ex director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales, que tuvo que ver mucho en contratos, en convenios modificatorios de Amado Yáñez, Carlos Morales, porque no solamente fue el ilícito bancario o la simulación o fraude que hubo con la complicidad también de gente dentro de Pemex, sino también todos los convenios modificatorios que se hicieron para justificar los incumplimientos, para modificar contratos que ganaba con otros más bajos que sus competidores y que luego le corregían por la vía de convenios donde cobraba finalmente cantidades mayores. Entones me gustaría que eso nos lo pudiera comentar.
Y pasando a otros temas, en lo relativo a la tortura, cuántas denuncias penales por tortura ha recibido la PGR en lo que va de la presente administración, cuántos exámenes realizaron peritos de la PGR bajo las directrices del Protocolo de Estambul el año pasado en casos de posible tortura y cuántos salieron positivos. Cuántas averiguaciones previas por tortura ha abierto la PGR en lo que va del año 2014. En cuántos casos ha logrado una sentencia condenatoria por tortura en lo que va del actual sexenio y cuántas de éstas quedaron firmes.
Qué porcentaje de personas detenidas por delitos federales son detenidas en flagrancia y no por orden de aprehensión. De las denuncias de tortura recibidas por la procuraduría en el presente sexenio cuántas incluyen víctimas mujeres.
Por otro lado, en el caso de Ángel Amílcar Colón, migrante hondureño, que ha sido nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional por considerar que su detención se basa en discriminación racial, cuál es la postura de la Procuraduría General de la República en este caso. Debido a que Ángel Amílcar denunció haber sido torturado por policías federales y elementos militares y una prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul disponible en el expediente así lo confirma, qué acciones concretas ha emprendido la procuraduría para investigar la denuncia de tortura. Cuál es la respuesta y el tratamiento que la procuraduría ha dado a la representación diplomática de Honduras con relación a este caso.
Por otro lado, señor procurador, advertimos en el caso de Michoacán que los tratamientos jurídicos son atendiendo las características de a quien persiguen. Por ejemplo, cómo se explica que Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, haya recibido el auto de formal prisión sólo por el cargo de encubrimiento, mientras que el doctor José Manuel Mireles enfrenta una larga serie de imputaciones, entre ellas el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud, por los que ya recibió formal prisión, a pesar de que se ha insistido por diferentes organizaciones, por diferentes defensores acerca de la siembra de armas y droga para imputar al señor Mireles, que no estuvo de acuerdo en el dispositivo que se echó a andar por parte del señor Alfredo Castillo.
Por otra parte, que precisara las circunstancias de La Tuta, porque se mueve con total impunidad, es toda una productora de videos y sin embargo todos lo encuentran menos el gobierno. En el caso de El Chapo Guzmán, cuando el gobierno quiso lo detuvo, pero hubo muchos años que no quiso detenerlo, no necesariamente de esta administración, pero sí quisiéramos también que pudiera respondernos sobre eso.
Concluiría diciendo, respecto a lo que decía la diputada Zuleyma Huidobro sobre el caso de la Guardería ABC que se engañó durante la campaña presidencial del hoy presidente Enrique Peña Nieto que dijo que no iba a haber impunidad y sin embargo, como decía la diputada Huidobro, los padres y madres de estos niños dicen que no van a alcanzar justicia porque los peritajes no arrojan pruebas concluyentes.
Pero me gustaría que profundizara sobre lo que ha dicho Índigo con relación a la bodega que estaba a un lado  y que atribuyen a que personajes del gobierno del exgobernador de Sonora, Bours, mandó quemar papelería financiera que podía comprometer a su administración.
Nos gustaría que pudiera profundizar sobre ese caso porque no queremos que ABC sea un caso más de impunidad en este país. Es cuanto.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el licenciado Jesús Murillo Karam, procurador General de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: Voy a empezar por lo último. En el caso de La Tuta nosotros tampoco quisiéramos que hubiera impunidad, ni en el caso del ABC. Le aseguro que ojalá y pudiéramos, espero que sea pronto, no voy a decir cuándo. No sé, ni idea tengo, pero ojalá pudiéramos detenerlo, tampoco queremos que tenga impunidad.
En lo que se refiere al asunto de Mario Ávila, no tengo ninguna averiguación en su contra. En lo que se refiere al asunto de Rodrigo Vallejo, es muy sencillo. ¿Qué es lo que aparece en el video? Él, sentado junto con La Tuta y es una fiesta, no hay ningún diálogo que sea incriminatorio.
¿De qué lo acusamos? De encubrimiento, porque ése sí lo hay. Por lo que usted dijo hace un rato se liga, el problema es que nadie nos informa. Si nosotros vamos, La Tuta se esconde con tranquilidad porque le da miedo a la gente decir la denuncia.
Esto mismo que hicimos con la tortura, permítame decirle qué hemos hecho para eliminar los casos de tortura. Se les pidió a todos los jueces que en cuanto se mencionara un caso de tortura se diera vista de forma obligatoria a la Procuraduría de la República.
De tal modo que el año pasado tuvimos 183, y este año gracias a esa decisión, ya tenemos mil quinientos –déjenme porque no veo; digo una mentira de estas y me van a hacer levantar la protesta– mil 395, hasta el 30 de abril, no vaya a ser que haya ahí otro, hasta el 30, perdón, no de abril... –de qué fecha es el corto– de agosto, perdón, ya dije una mentira, pero la compuse luego, luego, para no tener problema.
Entonces son mil 395. ¿Qué significa? Que tenemos más campo de investigación. Si tenemos un espacio enorme. La única forma de evitarla es castigando a quien la haga, y la única forma de castigar a quien la haga es teniendo el conocimiento. Esto nos está permitiendo tener conocimiento de los casos de tortura, y estamos empezando a aplicarlo, ya tenemos consignaciones, no le quiero dar el dato exacto, no le voy a dar ni un número exacto, no me quiero equivocar, se los voy a mandar por escrito. No quiero equivocarme, quiero darle un dato preciso y ya después me lo reclama.
Me preguntó también de Carlos Morales, ¿en qué casos?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde curul): (Fuera de micrófono).
El procurador Jesús Murillo Karam: Qué, perdón. Mire, no puedo adelantarle, porque no debo hablar de cuestiones que todavía no son, no se preocupe, punto. ¿Cuál otro?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde curul): (Fuera de micrófono).
El procurador Jesús Murillo Karam: Ése no sé quién sea.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde curul): (Fuera de micrófono).
El procurador Jesús Murillo Karam: Y de qué está acusado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde curul): (Fuera de micrófono).
El procurador Jesús Murillo Karam: Ah, bueno, eso dice usted. No tengo tampoco averiguación de eso. ¿Qué me falta de contestarle? Me lo pasa y se lo contesto, y tiene más chance, se lo contesto por escrito, tiene más modo de exhibirme después. Gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene derecho conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el pleno, a hacer un comentario el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Sí vamos a esperar las respuestas por escrito, señor procurador. Incluso también la diputada Tapia y su servidor vamos a presentarle otras preguntas más, adicionales a estos casos, pero me parece muy grave que usted diga que no hay ninguna averiguación previa en contra de Mario Ávila Lizárraga, que fue subdirector de, precisamente de Pemex Exploración y Producción y que tuvo que ver con contratos de Oceanografía, contratos y addendums, que incluso firmó cuando ya no era funcionario.
Y aquí usted estaba en marzo cuando Emilio Lozoya dijo que ellos habían presentado una denuncia, y usted dice que no hay ninguna averiguación previa. Yo creo que a lo mejor usted está confundido, lo digo respetuosamente, porque sería gravísimo que por quizá el caso más cuadrado de un delito de un servidor público de Pemex, en el caso Oceanografía, pues ni siquiera en este caso actuara el Ministerio Público federal, sería ya la impunidad total.
Y Carlos Morales no era cualquier funcionario. Digo, se me hace extraño que usted no sepa quién sea él, porque él fue director de Pemex Exploración y Producción varios años, y fue el encargado de entregarle varios contratos a Amado Yáñez. Y sospechosamente nunca se aclaró.
Cuando surge el caso de Oceanografía, tanto el caso de Citigroup como el caso de las fianzas, sale entre comillas por razones personales Carlos Mortales. Es un altísimo funcionario de Pemex, sólo abajo del director general, es de una de las filiales de Pemex Exploración y Producción por varios años. Entonces, me parece que no puede –lo digo con respeto– manejarse con ligereza el tema de esta magnitud.
El procurador Jesús Murillo Karam: Le corrijo. El problema es la forma en que me lo preguntó, no tiene que ver con Oceanografía. Es otro delito, está en otra Subprocuraduría. Lo buscaron en Oceanografía y por eso me dijeron que no tenía nada.
Voy a decirle algo que no acostumbro, voy a decirle que sí hay averiguación previa. Es un error, no debería decirlo...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: ¿Sí hay averiguación previa entonces?
El procurador Jesús Murillo Karam: Sí.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Bueno, pues agradecemos que...
El procurador Jesús Murillo Karam: Y está en otra Subprocuraduría, no tiene que ver con Oceanografía, pero sí hay averiguación previa.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Pero son por hechos que finalmente se generaron por Oceanografía, no creo que sea por otro...
El procurador Jesús Murillo Karam: No generados por Oceanografía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Bueno, entonces concluiríamos diciendo entonces que nosotros queremos que se profundice en este caso, señor procurador, porque con la reforma energética vendrán más contratos, más licencias, más operaciones, y si en este caso de Oceanografía, que no tiene el peso de compañías como las extrajeras, Chevron, Exxon, y todas las demás que usted conoce, Shell desde luego, hay estos casos pues qué podemos esperar si en el caso de Oceanografía hay impunidad.
También quisiera, en otro turno, sé que el formato no lo permite, pero usted tiene tiempo en otras intervenciones, saber qué vinculación hay con la Comisión de Intercambio de Valores de Estados Unidos, la SEC, en casos de empresas que están ligadas a sobornos y corrupción.
Quisiera que nos diera en que se ha avanzado en el caso de Hewlett Packard, que es otro caso de corrupción y de cohecho, que nos dijera qué ha pasado con el caso de Evia y si han estado investigando, porque muchas de las empresas que estarán vinculadas al tema energético en sus países de origen están acusadas de prácticas ilícitas, de corrupción, de soborno, y queremos ver qué hace la PGR para detectar estos posibles casos anticipándose preventivamente a los hechos. Es cuanto.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, diputado Mejía.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Como le he señalado al inicio de esta ronda, hay aquí en el acuerdo la posibilidad de que los diputados y las diputadas hagamos un comentario con respecto a la cuestión que el señor procurador haya respondido y en el caso evidentemente teniendo información que –como él lo ha mencionado– la hará llegar por escrito a los diputados correspondientes, no tendría la oportunidad de responder a un nuevo cuestionamiento en el turno del comentario, así es que tiene ahora la palabra el diputado Carlos Castellanos Mijares.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Buenas noches a todos. Con la venia de la Presidencia. Señor procurador, buenas noches. Señor procurador, al inicio de este año, para ser exactos el 10 de febrero pasado, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual se dio a conocer, el modo formal, las nuevas facultades concedidas por el Congreso de la Unión a la Procuraduría General de la República. Se le asignó a la todavía hoy Procuraduría General de la República el carácter de órgano autónomo constitucional, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Lo anterior en su puesto le brinda un carácter libre de ataduras para mejorar el proceder en tareas como la implementación del sistema penal acusatorio, la persecución e investigación de hechos presuntamente delictivos, entre otras tareas. Esto lo deja a usted en la posibilidad de ser el primer fiscal general de la República.
En ese contexto, sabemos bien que la implementación de esta reforma constitucional depende en gran medida del Congreso, de que lo aprobemos aquí, pero al momento queremos conocer, ¿cómo se prepara la Procuraduría para asumir esas nuevas competencias? Es decir, si su coordinación de planeación, desarrollo e innovación institucional ya le reportó algún parámetro de dónde deba fortalecerse más a la institución.
¿Cómo se fortalecerán áreas tan exigidas por la sociedad, como los derechos humanos, la atención de los delitos contra la libertad de expresión, que tantos dolores provocan a los reporteros y periodistas, la violencia contra las mujeres y la prevención de los delitos, en general? Por sus respuestas, señor procurador, muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el señor procurador general de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: Mire usted, sería una pregunta que tiene dos vertientes, es cómo nos preparamos en todos los frentes para esto, no únicamente nos señala que requieren una preparación de orden general. Y luego, cómo nos preparamos específicamente para lo que usted me plantea, que requiere ya una especialización, sin duda alguna. Es justamente lo que va a ser el Instituto de Formación Profesional, es exactamente lo que estamos generando en ese lugar.
Déjeme decirle, repetirle que tenemos 500 espacios en donde pueden dormir, comer y permanecer una buena temporada, porque el lugar tiene formas de reflexión, módulos deportivos, de manera tal que sea constante la capacitación para que tenga efecto. Las capacitaciones que son de cada semana son mucho más complicadas. El propósito es ir especializando. Por eso también –insisto– no será tan pronto, tendremos ya unidades especializadas claras y permanentes.
El problema central de la Procuraduría radica en que si hoy se le asigna a un personal, Ministerio Público e investigador, una investigación, a los tres días vienen otras dos que por ese día son más urgentes y hay que cambiar al investigador; entonces, lo que estamos tratando de darles es permanencia a los investigadores. Hoy estamos tratando de no moverlos y de que el caso que les toca lo tienen que presentar hasta el final.
Les repito, estamos tratando, porque todavía no podemos en todos los casos, estamos apenas armando el esquema, hay todavía estados en los que no podemos implementar esta cuestión. Entonces, la idea es esa, especializar investigadores y especializar fiscales.
El problema del procedimiento que viene va a radicar también en mucho en la capacidad del fiscal de exponer, de plantear su caso, de demostrar lo que tiene que demostrar, que hay hechos constitutivos de una conducta que está tipificada y una responsabilidad de a quien se les adjudican estos hechos ilícitos.
Es que tiene que haber una habilidad de convencer al juez, de convencer a quien le oye para poder ganar su asunto. Esto es lo que más trabajo nos va a costar, porque hasta hoy nuestros fiscales se quedan en la averiguación previa.
Ya hay un intento de adentrarse en procesos y hay algunos fiscales que lo hacen, pero todavía no es la mayoría, todavía no es lo común. Eso será fundamental y la especialización, desde luego.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene derecho el diputado Catalino Duarte... Perdón, Carlos Castellanos Mijares de realizar su comentario, en un momento seguido.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Ya me está cambiando de personalidad, señor presidente. No, no, con todo respeto también.
Gracias, procurador, pues tienen un reto importante, la consolidación de la fiscalía será una tarea titánica, no por lo que implica administrativamente hablando, sino por las expectativas que generan a la sociedad y en beneficio de la sociedad.
Aunque utópico, la sociedad se dispone a vivir en un clima social, donde las conductas ilícitas no se actualicen, exista seguridad pública, la gente no delinca o no pueda delinquir, los sistemas de justicia acusatorios sean eficaces y dé los resultados que de ellos se esperan.
La Procuraduría tuvo, antes de este gobierno, años duros donde la exhibición de los indiciados alteró el procedimientos penal correspondiente, o simplemente se integraron mal los expedientes, donde se dejaron las bases para colocar a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
En este sentido, consideramos que debe de luchar para estructurar las nueva fiscalía con grandes resultados, de modo tal que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no reporte ninguna averiguación previa por estar viviéndose en México un clima de respeto y de libertad a las profesiones de los periodistas.
De igual manera, donde las mujeres no sean objeto de violencia de ninguna índole, donde las estrategias de inteligencia sean transversales para asegurar, en general, en beneficio y seguridad de todos los mexicanos, cumpliendo a cabalidad las recomendaciones de los organismos internacionales.
Por todo lo anterior, deseamos éxito y acudimos a su responsabilidad para llevar a buen puerto las tareas que tiene asignadas. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Ahora sí, compañeras y compañeros, tiene el uso de la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, del PRD.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Voy a obviar apoyarme en unos documentos que preparé, porque nuestro procurador ha reconocido que en este país la justicia es lenta y a lo mejor si yo estuviera en su lugar diría lo mismo.
El problema de la justicia en este país es de estructura, es de origen. Valdría la pena, señor procurador, saber, ¿por qué ha crecido tanto la impunidad en este país? ¿Quiénes son los culpables? ¿El Congreso de la Unión? ¿Las instituciones? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo le podemos exigir a un Ministerio Público que sea eficaz, si en mucho de los casos, usted lo sabe, no tienen ni papel para levantar una averiguación previa?
Tenemos estados donde no cuentan con edificio propio ni siquiera teléfono de oficina, no cuentan también con lugares para practicar las necropsias o autopsias. ¿Cómo trabajar en cuidar el círculo de los indicios en donde se comete un delito?
El problema aquí no es consignar averiguaciones previas. No. El problema es otro. Tenemos que atacar la descomposición social, lo dijo usted bien. Tenemos que generar mejores condiciones de vida, ¿y cómo lo vamos a hacer? Cambiando la política que impulsa este gobierno, atendiendo la educación, el desempleo.
¿Por qué muchos de los jóvenes después de que salen de las universidades se van a formar parte de los grupos de la delincuencia organizada? En algunos casos porque no hay oportunidad.
Y no coincido con usted cuando dice, que se respira paz en Michoacán, yo soy vecino de Michoacán, lo invito, vayamos usted y yo a Michoacán sin seguridad, sin carros blindados y diga, aquí viene el diputado federal Catalino Duarte y el procurador general de la República.
Tenemos que reconocer que en Michoacán, efectivamente han afectado al grupo delictivo de la Tuta pero han fortalecido otro.
La pregunta aquí es, si tenemos instituciones importantes como la Marina, el Ejército, que cuentan con una estructura importante, que saben, por supuesto que saben y el procurador sabe cómo están constituidas esas células delictivas, dónde están y por qué no actúan.
Termino. Me voy a centrar en el tema de Tlatlaya. Con mucho respeto se lo digo, es una irresponsabilidad de su parte decir que va a esperar los dictámenes. Usted es un hombre profesional, es inteligente, tiene experiencia, lleva dos meses el asunto en la PGR.
Si usted ya tiene el dictamen en materia de criminalística. Si usted ya tiene la inspección ocular, tiene fe de lesiones, fe de cadáver, fe de media filiación, tiene el dictamen en materia de balística forense, tiene la autopsia o necropsia, la verdad, son indicios importantes para poder establecer cómo fue, cuál era más o menos la ubicación víctima, victimario.
Fue una venganza, señor. Usted sabe que anteriormente a ese hecho, en Apaxtla de Castrejón privaron de la vida a un alto mando de la Marina. Un grupo que se dedica a cometer ilícitos.
Después, en el municipio de Arcelia el Ejército privó de la vida a cinco o seis ciudadanos sin justificación alguna. En respuesta a eso los pobladores del lugar por mutuo propio se organizaron, detuvieron a los militares y los pusieron a disposición del Ministerio Público.
Termino. En respuesta a eso el Ejército contestó en los términos que contestó.
Si usted y yo vamos al lugar de los hechos, al pueblo, todos le van a decir que formaron, el Ejército formó a los señores y los asesinó. Si gusta, vayamos al lugar. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Sí, señor. Adelante, señor procurador general de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: Qué bueno que es usted diputado y no juez. Sería terrible condenar de esa manera sin elementos. Y le aseguro una cosa, voy a llegar a la verdad y entonces me juzga, antes no.
Nunca dije que se respiraba paz en Michoacán. Dije que había mucho mejores condiciones que las que había y hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Sí es muy importante dejarlo claro.
He ido muchas veces a Michoacán, diputado. Y no voy con escolta, no me gustan las escoltas porque llamo la atención. Tampoco sea que son tan...
De ir al asunto de Tlatlaya ya hice mi compromiso. Dice que tengo desde hace dos meses el asunto, no es cierto. El asunto lo tengo desde hace menos. Primero lo vio la Procuraduría del estado de México y después me lo turnaron a mí y yo tengo que hacer mis propios peritajes.
Incluso, en algunos casos de los que tengo, tengo que rectificarlos, ya leí la lista de todo lo que tengo qué hacer.
Me pregunta usted quiénes somos culpables de esto. Todos. No tengo la menor duda, todos somos culpables. Es un problema realmente en el que todos tenemos que poner una parte para resolverlo. Indudablemente hay quienes tienen mucho más responsabilidad para hacerlo, que somos el gobierno, sin duda alguna, indudablemente, pero todos tenemos algo que hacer. Es algo que no podemos eludir la responsabilidad. Yo no eludo la mía. Estoy en ella, incluso aquí estoy señalándole lo que puedo, porque mire, déjeme decirle algo que es muy importante.
La averiguación previa es una cuestión delicada. Sé que usted fue ministerio público, ¿o me equivoco? ¿Sí fue? ¿No? Sí fue. Sabe perfectamente que en una averiguación previa se analizan varias opciones y que puede haber incluido en una averiguación previa mucha gente que por alguna razón esté en una línea de investigación, pero que no necesariamente es culpable. Hacerlo público implica afectar prestigios. La gente después ya no distingue si se dijo estaba en una averiguación previa o si se sentenció o se le culpó.
Por eso es que la averiguación previa está protegida por la ley para que no se haga pública. Ahorita, hace un rato cometí un error. Tuve que aclarar que sí tengo una averiguación previa contra un individuo porque cometí el error de que pensé que la pregunta era en relación a Oceanografía. Ya lo tuve que aclarar, pero es un error. Es un error porque involucro a gente que todavía ni siquiera el juez ha dicho que amerita una orden de aprehensión.
Yo creo que la averiguación previa debe abrirse cuando se hace el juicio, y sobre todo en el nuevo sistema en donde prácticamente el juicio es totalmente abierto. Pero no antes para no afectar derechos y datos de particulares.
Por lo demás, le repito en el caso de Tlatlaya, verá usted que con suficiente contundencia –no podrá ser de otra manera en un caso que está tan polarizado- tendrá que salir la verdad.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: ¿Diputado, hará uso de su derecho al comentario? Adelante.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Nosotros coincidimos que debemos trabajar para fortalecer las instituciones. Va a ser muy importante la investigación que usted realice, el resultado, porque eso va a fortalecer a nuestro Ejército mexicano, a la Marina. Eso va a ser fundamental. Creo que va a ser un buen precedente porque usted lo sabe, con esta reforma hay cambios importantes en el tema de procuración de justicia y valdría la pena.
Termino, señor procurador, diciendo que no se va a resolver el problema de la inseguridad, de la justicia mandando a la cárcel a cualquiera que cometa un delito. Se tiene que tener una visión distinta de cómo reestructurar, cómo fortalecer, cómo reorientar, cómo recomponer el tejido social.
Podemos tener el mejor procurador, la mejor mujer en la procuraduría, la mejor estructura, pero hay que atacar el origen, las causas por qué se cometen los delitos. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional.
El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Muy buenas noches. Saludo al señor procurador, saludo también a los integrantes del presídium, a la diputada integrante también de este presídium.
Hemos escuchado con atención, señor procurador, lo que usted ha venido comentando desde su participación inicial y a lo largo de esta comparecencia, del tema de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que la verdad podemos escuchar o hemos escuchado algunos rasgos precisamente de ese proceso, pero quisiéramos escuchar aún más, información más puntual, más detallada de cómo se está generando ese proceso de implementación sobre todo porque tenemos una fecha fatal precisamente para junio del 2016 y que realmente eso también es preocupación de nosotros los legisladores, saber cómo vamos, qué va a pasar con ese proceso de implementación y que realmente podamos ubicar el contexto adecuado de lo que está haciendo la Procuraduría General de la República dentro de su ámbito de competencia.
Y sabemos también que está el proceso de implementación en las entidades federativas. Por ejemplo el caso de Baja California, de donde soy originario, hay una experiencia también importante en el proceso de implementación; pero bueno, es un proceso que se tendrá que dar para arribar precisamente a esa fecha y en el afán, digo, no solamente el planteamiento, en este tema es para hacer reiterativo, sino simplemente porque realmente esa verdadera preocupación y a nosotros nos toca si hay que hacer ajustes y si no están las condiciones en algún momento, para efecto de que se pueda llegar a buen puerto en la fecha definida hacer las adecuaciones y prórrogas correspondientes.
Por otra parte también comentar, aquí se hizo una expresión en alguna de las participaciones iniciales que el diseño y la implementación del nuevo sistema de justicia penal arrancó prácticamente en diciembre del 2012, y yo quisiera referir y aclarar que la realidad del diseño y la implementación del nuevo sistema viene de junio del 2008, precisamente a partir de la reforma constitucional que le da origen a este proceso de implementación y que viene precisamente del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Voy a referirme entonces, señor procurador, precisamente al tema del proceso de implementación y al final también poderle hacer alguna pregunta que tiene que ver con el tema de la geolocalización derivada de la reforma en telecomunicaciones.
El 17 de abril de 2012 la Procuraduría General de la República creó la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, a efecto de emprender diversas acciones en materia de normatividad, reorganización institucional, personal y administración del cambio, infraestructura y equipamiento y coordinación intra e interinstitucional, con la finalidad de acelerar el proceso de implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia penal del año 2008.
No obstante lo anterior, durante la presente administración la Procuraduría General de la República ha quedado a deber al pueblo de México en la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio que ordenó la referida reforma constitucional.
Es de destacar que la Procuraduría General de la República debe ser faro que guíe a las demás instituciones de procuración de justicia del país, es decir, debe ser referente para ellas mismas. Sin embargo a la fecha eso al menos desde lo que podamos atisbar  no ocurre.
Señor procurador, para cumplir el objetivo de garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, la Procuraduría General de la República se impuso como estrategias, el abatir la impunidad y lograr una procuración de justicia efectiva.
Lo que los mexicanos queremos ver es una Procuraduría General de la República más proactiva en el ámbito que le corresponde para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
Señor procurador, esperamos que la Procuraduría a su cargo no utilice como escudo para postergar la transición  al sistema acusatorio la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales ni, en su momento, de la Ley de la Fiscalía General de la República, cuya iniciativa se acaba de presentar por el Ejecutivo federal.
Sabemos que la Procuraduría General de la República es uno de los actores y no es el responsable exclusivo del proceso de implementación. Sin embargo, a nuestro parecer resultan insuficientes las acciones emprendidas y los esfuerzos realizados por ustedes en dicho tema.
Por ejemplo, ¿no le parece demasiado tiempo, a veces más de un año, para concluir el documento que servirá de guía para la implementación del sistema acusatorio?
Ahora bien, concluyeron dicho documento en enero de 2014 y ocho meses después no hubo resultado alguno del cual pudiera rendir cuentas a la nación. Usted sabe, señor procurador, que el 18 de junio del 2016 está a la vuelta de la esquina, como lo comentaba al inicio. Dada la titánica labor a realizar por qué no se han realizado reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Gobernación y el Poder Judicial de la federación para que estén en condiciones de pedir al Congreso de la Unión las declaratorias de entrada en vigor gradual respectivas lo antes posible, que están contenidas en un transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Señor procurador, qué estrategias llevará a cabo para participar de manera más significativa y efectiva en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
Finalmente preguntarle sobre el tema de la geolocalización porque es un tema pendiente que tenemos por aquí y que incluye precisamente la participación de la Procuraduría General de la República. Le preguntaría –y disculpe la expresión– cuándo dará el visto bueno el Grupo Parlamentario del PRI para que conjuntamente podamos generar el proyecto que tiene que ver con la geolocalización, tal y como se expresa en la exposición de motivos de la reforma en telecomunicaciones que nos permita conocer los alcances y límites de esta herramienta tecnológica, pues nos preocupa mucho que no haya responsables que determinen el acceso a esta herramienta y que eso detone o genere discrecionalidad o excesos de la propia autoridad al momento de aplicar este tipo de medidas. Es cuanto.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Adelante, señor procurador.
El procurador Jesús Murillo Karam: Por lo que se refiere a la última pregunta pregúnteselo al grupo del PRI; yo no tengo la menor idea. Por lo que se refiere a la primera, qué bueno que usted aclaró porque primero me dejó con la duda. Me dice usted que desde 2008 se empezó a implementar y luego resulta que lo único que no está implementado es lo federal, o sea que no es cierto. Está usted dejando conmigo que no hay ninguna implementación.
Le voy a explicar por qué se cometió un error. Se ubicó una unidad de implementación que se dedicó a la planeación y finalmente pudo salir el código; no es pretexto. Sobre qué capacito para implementar federalmente el nuevo procedimiento. Cómo lo aplico si no lo conozco, cuánto hace que aprobaron el código. A partir de ahí estamos capacitando. Así de sencillo. Como usted podrá ver, tenía yo razón, no usted. Gracias, diputado.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Muy buenas noches. Señor procurador, el gobierno del presidente Peña Nieto se comprometió a lograr un México en paz, a garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente y a abatir la impunidad.
Yo acepto la respuesta que nos dio y estoy de acuerdo en que todas las denuncias no se concretan en delitos y no todas se concretan en consignaciones. Sin embargo, usted sabe que no son esos casos los que generan la impunidad que tenemos en la procuración de justicia, sino aquéllas que sí son delitos y aquéllas que sí deben ser consignadas y que desafortunadamente no tienen un procedimiento legal expedito por parte de los ministerios públicos en donde que, ya sea por ineficiencia o por corrupción, se guardan las averiguaciones previas por años y años y no se resuelven.
Eso es lo que genera la impunidad y eso es lo que genera los precarios resultados que tenemos en la aplicación de la justicia. Usted nos comentó que las cifras no sirven definitivamente para hablar de la percepción y del daño, pero que sí sirven para planear.
Sin embargo hay cifras que son importantísimas que sean precisas por el daño y por la importancia que tiene el problema ante la sociedad. Y yo quiero tomar uno preciso. Me parece muy grave la diferencia que existe entre los datos que da el gobierno federal y los datos que están manejando las organizaciones civiles que le están dando seguimiento a los secuestros, y por eso le quiero preguntar de manera muy precisa, señor procurador, ¿cuánto es el número de casos que se han atendido de secuestros por estados y cuánto es el número de casos que se han atendido de secuestros por la Procuraduría General? Porque no coinciden en lo absoluto con el seguimiento que están dando las organizaciones civiles, y sí es importante dar respuestas precisas a ese tipo de problemas.
Hay otro problema sumamente delicado y al que usted y el presidente Peña Nieto no le han dado ninguna importancia, es el relativo a las acciones y compromisos que ante la nación y ante el electorado asume la Procuraduría General de la República dentro del ámbito de su competencia para garantizar que durante el desarrollo del proceso electoral que está próximo a iniciar, se respetarán y protegerán los derechos fundamentales políticos-electorales de los ciudadanos y los principios constitucionales y legales a que deben sujetarse entre otros obligados.
En las últimas elecciones todos los mexicanos fuimos testigos de múltiples violaciones a la Ley Electoral y muchos de ellos fueron por integrantes de autoridades del partido político al que usted pertenece, señor procurador. Eso lo hace a usted doblemente responsable y a la institución que usted pertenece para que sea esa institución la garante, ante todos los mexicanos, de que se respete el Estado de derecho, se respete la ley y se respete el derecho que tienen todos los mexicanos de escoger libremente a sus gobernantes.
Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Ha realizado la diputada Elizabeth Yáñez Robles el comentario al cuestionamiento del diputado Andrés de la Rosa Anaya.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En consecuencia, tiene ahora la palabra el diputado Pedro Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Buenas noches, diputadas, diputados. Buenas noches señor procurador general. Quisiera iniciar la pregunta con una serie de reflexiones. Ha habido expresiones en esta sala que me hacen pensar que muchos de ustedes creen que la violencia, que la inseguridad inició en 2012, o me hacen pensar que no existe una intención manifiesta en los hechos de resolver estos graves problemas que en el país se viven.
Señor procurador, ha hecho cosas interesantes, yo coincido particularmente en una de ellas. Hay un notable avance en la cuestión de la tranquilidad con la que ahora podemos vivir en algunas zonas altamente conflictivas del país.
Soy originario de Chihuahua, de la capital del estado, y hemos visto cómo ha cambiado nuestra calidad de vida, cómo recuperado los espacios públicos. No digo que no haya problemas, no digo que no haya incidentes delictivos, pero que ha habido un cambio drástico que va más allá de las cifras y los índices sí lo hay y no lo puede negar nadie. Y lo constato, porque tengo un contacto permanente con los habitantes de mi distrito.
Creo que no se puede acusar de inacción al gobierno del presidente Enrique peña Nieto ni al procurador general de la República. El dejar de tener como letra muerta esta reforma constitucional de 2008 y dar pasos decisivos para constituir este ente autónomo de persecución del delito creo que es un paso que necesitaba el país para poder abatir esta circunstancia de inseguridad que no solamente se limita a los hechos de delincuencia organizada, también hay que pensar en delitos de otra naturaleza.
Por ello, señor procurador, le pregunto: Esta reforma, esta ley que acaba de llegar, este cambio de paradigma en la procuración e impartición de justicia en base al sistema acusatorio que sustituye al inquisitorio necesita un elemento fundamental, que es la coordinación entre las diversas etapas para hacer justicia entre la prevención, entre la procuración que le corresponde a usted y la impartición de justicia que corresponde al Poder Judicial.
De qué forma podemos los mexicanos esperar que se dé este proceso de coordinación, sin el cual creo respetuosamente que no podemos pensar en resultados positivos. Por su atención muchísimas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene el uso de la palabra el señor procurador general de la República para responder el cuestionamiento del diputado Pedro Domínguez, y así mismo hacer algunos comentarios generales para concluir esta segunda ronda de preguntas y respuestas.
El procurador Jesús Murillo Karam: Primero le digo, diputado, que usted tiene la razón. Si no me equivoco es en octubre. Y aquí no puedo inventar, porque... ¿Qué fecha de octubre empezamos con la Corte?... Perdón, noviembre. De entrada ya estaba mal.
El 24 de noviembre iniciamos, según el acuerdo que tuvimos con el presidente de la Corte, ejercicios comunes, defensores, Ministerios Públicos y jueces, ya con la clara visión de lo que es el nuevo Código Procesal y en el Centro de Formación Profesional que le señalo tenemos incluso cuatro salas, que simulan las salas de juicio oral, para llevar desde las –lo que va a ser más difícil eh– medidas alternas hasta el posible juicio oral.
Sí tenemos el tiempo muy escaso, no podemos perder tiempo. La realidad es que nos queda muy poco tiempo. Espero –según el calendario que tenemos– que podamos cumplirlo en el territorio nacional.
Tenemos una enorme ventaja, algo que ha pasado en este país muchas veces, no es la primera vez, es que se nos adelantaron los estados. Hay estados que adelantaron la reforma, la implementaron y la hicieron muy bien. Y esto, pues que debería de darnos un poco de pena en el gobierno federal, a mí francamente le digo que me da gusto porque estamos aprendiendo enormemente de lo que ellos hicieron, en donde se cometieron errores y corrigieron, en donde se hizo bien, en donde funciona una cosa, en donde funciona otra. Y esto nos está permitiendo que la federal vaya ya sobre hombros de gentes que ya lo experimentaron.
O sea, la verdad es que dentro de lo malo, porque bien decían hace rato, debimos haber sido faro, pero –bueno– pues qué bueno que vayamos a la cola, pero sí, pero aprendiendo. Y qué bueno que podamos todavía tener el tiempo suficiente para implementarla adecuadamente. Es una esperanza, alguien lo dijo también y también lo creo. Es una esperanza que prácticamente está en nuestras manos sacar adelante.
Creo que debates como este, porque la verdad es que no es una presentación, es un debate, en el que me dejaron en franca desventaja, me limitaron para contestar, pero es un debate que nos enriquece, que nos da una perspectiva.
Es decir, mientras más agresiva es la pregunta, más obligado estoy a pensar qué tanta razón tiene. Y es la forma en que podemos realmente mejorar las cosas. Si nos fuéramos en la unanimidad, no encontraríamos nunca un camino con luz, como decían hace un momento. Entonces, qué bueno que haya debate, qué bueno que el debate sea franco, abierto. Qué bueno que sea educado, como lo fue hoy. Qué bueno que no sea mediante ofensas o ironías que insultan.
Francamente les digo: hoy me llevo muy buenas cosas de preocupación, por lo que aquí me han planteado –que ojalá y haya apuntado bien todas las que me pusieron– para poder empezar a encontrar respuestas mejores que las que hoy tenemos para este tipo de cosas. Les agradezco mucho la oportunidad y les prometo que no vuelvo a decir una palabra, porque son cerca de las 10 de la noche. Muchas gracias, son muy amables.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias a usted, señor procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Hemos desahogado, compañeras y compañeros, la comparecencia que teníamos planteada para esta tarde, ya noche. Agradecerles su presencia y su tolerancia. Asimismo agradecer al procurador que haya tenido la disposición, que ha tenido para con nosotros y pedirle que siga con esa misma disposición para con la Cámara de Diputados y estas comisiones en específico. Muchísimas gracias por su atención. Se levanta la sesión.

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