Caso
Tlatlaya, al fuero civil/
La Silla Rota, | 2014-09-26 00:00:00
El
enfrentamiento de militares con 22 civiles y su supuesta ejecución tras haberse
rendido, ocurrió el 30 de junio, exactamente un mes después de la publicación,
en el Diario Oficial de la Federación, del Manual para el Uso de la Fuerza, de
Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.
El
caso Tlatlaya se convertirá, en cuestión de horas, en la primera investigación
penal con la que se estrenarán las reformas al Código de Justicia Militar
(CJM), aprobadas apenas en junio de este año y que fueron diseñadas para acotar
el Fuero de Guerra que prevaleció en México durante décadas.
Tras
ser llevados al Juzgado 6° del Campo Militar Número 1-A en calidad de
presentados, los ocho miembros del Ejército Mexicano que participaron en el
enfrentamiento del 30 de junio en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, no
sólo enfrentarán cargos en el fuero castrense, sino que además serán acusados
por la Procuraduría General de la República (PGR) de otros delitos de corte
federal.
“El
Juez Militar que lleva la causa, ante quien fueron presentados, está recabando
todos los elementos necesarios para procesarlos pero no por la muerte de las 22
personas en la bodega de Tlatlaya, sino por las faltas cometidas al Código de
Justicia Militar”, explica el abogado Cesar Gutiérrez Priego, litigante
especializado en Derecho Militar.
Por
las faltas al Código, y de ser encontrados responsables, los militares
alcanzarían penas de uno a tres años de prisión “como máximo”, dice Gutiérrez,
hijo del fallecido General Jesús Gutiérrez Rebollo.
Con
este caso se estrenarían las reformas al Código de Justicia Militar, ya que se
comenzarían a aplicar los cambios aprobados por el Congreso y publicados el 13
de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en especial el Articulo
57, en su Fracción II, que establece que serán juzgados los delitos “a).- Que
fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con
motivo de actos del mismo”.
Bajo
Presión
La
detención de los ocho militares (un oficial y siete de tropa) ocurre casi tres
meses después de los hechos en los que un pelotón del 25 Batallón de Infantería
perteneciente a la 22 Zona Militar, se enfrentó en horas dela madrugada a un
grupo de personas armadas que custodiaban una bodega en un tramo carretero
cercano a la comunidad de Tlatlaya, en el Estado de México.
La
versión de la Sedena sobre lo sucedido indica que “al percatarse de la
presencia de las tropas, los sospechosos abrieron fuego, por lo que el personal
militar repelió la agresión”.
En
el enfrentamiento murieron 22 personas (una mujer y 21 hombres), y se
aseguraron 38 armas (25 largas, consistentes en 16 fusiles AK-47 calibre
7.62x39 milímetros; seis fusiles AR-15 calibre 0.223; un fusil marca Calico y
dos escopetas calibres 12 y 0.22; así como 13 cortas; cuatro calibre 9
milímetros; tres calibre 0.45; cuatro calibre 0.38 súper; una de calibre 0.22,
y un revólver calibre 0.38 especial).
En
la acción fueron liberadas tres mujeres que aparentemente habían sido
secuestradas por el grupo de jóvenes que resguardaban la bodega. Las tres
fueron presentadas ante las autoridades civiles para determinar su situación
jurídica. Dos quedaron detenidas, acusadas por la PGR de delincuencia
organizada y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
La
tercera mujer fue liberada y localizada semanas más tarde por un reportero de
la revista Esquire versión México, a quien le relató haber sido testigo de cómo
los militares mataron a su hija de 15 años que estaba herida, tirada en el piso
de la bodega.
“Julia”,
como la nombró el reportero para proteger su identidad, dijo que los militares
dispararon primero y que los jóvenes respondieron la agresión. Solo uno de los
muchachos falleció en el enfrentamiento.
Los
demás fueron ejecutados, dijo “Julia”. Los paraban, los formaban en hilera y
les disparaban, relató.
Un
mes antes del reportaje de Esquire, la agencia norteamericana de noticias AP se
ocupó del caso. Uno de sus reporteros viajó a la zona, revisó el sitio y
con las evidencias halladas concluyó que
más que un enfrentamiento, aquello parecía un fusilamiento.
Hasta
antes de la publicación de los reportajes de AP y de la revista Esquire, el
gobierno de México, la PGR, la Sedena y
las autoridades del Estado de México, manejaron lo ocurrido en un perfil muy
bajo, sin tocar el tema otra vez.
Sin
embargo, lo difundido por la revista Esquire potenció reacciones en el gobierno
de los Estados Unidos. El 19 de septiembre, el mandatario estadunidense Barack
Obama le recomendó al presidente mexicano Enrique Peña Nieto que instancias
civiles iniciaran una investigación seria y profunda sobre los hechos de
Tlatlaya, a fin de aclarar las cosas y deslindar responsabilidades.
Sólo
así reaccionaron el presidente y sus asesores en seguridad. Tras el
pronunciamiento de Obama, los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos, y de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se apresuraron a señalar que
la PGR ya tenía un expediente abierto desde día de los hechos y que, en todo
caso, eran los más interesados en que se aclarara lo ocurrido.
Prisas
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encabezada aún por Raúl Plascencia, intentó sostener su postura
inicial en la que consideraba, sin pruebas y sin investigaciones concluidas,
que todo apuntaba a un enfrentamiento, no a un fusilamiento.
El
pronunciamiento del presidente Obama y las reacciones inmediatas de Peña Nieto
y de sus secretarios de la Defensa y de Gobernación, así como del titular de la
PGR, Jesús Murillo Karam, hicieron que la CNDH cambiara su discurso y se
comprometiera a entregar resultados en tres semanas.
En
los hechos, la primera en reaccionar fue la Sedena al ordenar la presentación
de los militares involucrados directamente en los hechos. Otras versiones
surgidas durante la tarde del jueves indicaban que eran 24 los militares
detenidos por la Policía Judicial Militar para ser llevados ante el Juez 6°
Militar.
Los
ocho militares presentados pertenecen al 25 Batallón de Infantería que está
bajo el mando del Coronel Arturo Cano Reyes, en la 22 Zona Militar. Cano
ascendió a Coronel el 20 de noviembre de 2011. Antes de llegar a la 22 Zona
Militar fue comandante de la 17° Compañía de Infantería No Encuadrada
(C.I.N.E), con sede en Sonoyta, Sonora.
La
22 Zona forma parte de la I Región Militar, la cual comprende también a la 1ª
Zona Militar, a la 18 Zona Militar, a la 24 Zona Militar y a la 37 Zona
Militar. La I Región Militar es comandada por el General de División Jaime Godínez Ruiz.
La
I Región Militar es la división territorial militar que reúne más tropas en
todo el país. En esta región se encuentran 266 Generales, 3,186 Jefes, 13,106
Oficiales y 64, 750 elementos de Tropa.
El
abogado César Gutiérrez considera que es muy probable que se les dicte la
formal prisión a los militares presentados y que sigan su proceso en reclusión
castrense.
Lo
que estamos viendo, dice, es el cumplimiento de un procedimiento regular en el
que, de acuerdo con las reformas al Código de Justicia Militar, los presuntos
responsables son presentados ante un juez castrense.
La
Justicia Militar los acusa de al menos tres faltas al Código de Justicia
Militar. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) emitido anoche en torno al caso, al oficial y a los siete soldados
involucrados se les señala por “la comisión de los delitos en contra de la
disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del
oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.
En
el mismo comunicado se establece que el personal castrense deberá responder
ante la justicia militar por las faltas señaladas, “independientemente de las
investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su
competencia en el referido acontecimiento”.
Esto
significa que los militares quedarán a disposición del Juzgado 6°, en el Campo
Militar 1-A, mientras su titular analiza los elementos presentados por el
Ministerio Público Militar y por los abogados de los soldados para determinar
su situación jurídica.
No
creo que el juez militar les conceda la libertad bajo fianza, a la cual tienen
derecho. Me parece más probable que les apliquen las modificaciones al Artículo
57y los envíen a una prisión militar mientras la PGR investiga y busca pruebas
para llevar adelante las acusaciones por el presunto fusilamiento, señala
Gutiérrez.
-¿No
opera para los militares el principio de Presunción de Inocencia?
-No,
por desgracia cuando se echa a andar un proceso como este, es casi un hecho que
los señalados sean consignados y sigan en prisión, en donde podrán hacer uso de
otros instrumentos jurídicos para presentar su caso.
@JorgeMedellin95
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