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Caso Tlatlaya, al fuero civil/Medellín

Caso Tlatlaya, al fuero civil/JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN 
La Silla Rota, | 2014-09-26 00:00:00
El enfrentamiento de militares con 22 civiles y su supuesta ejecución tras haberse rendido, ocurrió el 30 de junio, exactamente un mes después de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Manual para el Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.
El caso Tlatlaya se convertirá, en cuestión de horas, en la primera investigación penal con la que se estrenarán las reformas al Código de Justicia Militar (CJM), aprobadas apenas en junio de este año y que fueron diseñadas para acotar el Fuero de Guerra que prevaleció en México durante décadas.
Tras ser llevados al Juzgado 6° del Campo Militar Número 1-A en calidad de presentados, los ocho miembros del Ejército Mexicano que participaron en el enfrentamiento del 30 de junio en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, no sólo enfrentarán cargos en el fuero castrense, sino que además serán acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de otros delitos de corte federal.
“El Juez Militar que lleva la causa, ante quien fueron presentados, está recabando todos los elementos necesarios para procesarlos pero no por la muerte de las 22 personas en la bodega de Tlatlaya, sino por las faltas cometidas al Código de Justicia Militar”, explica el abogado Cesar Gutiérrez Priego, litigante especializado en Derecho Militar.
Por las faltas al Código, y de ser encontrados responsables, los militares alcanzarían penas de uno a tres años de prisión “como máximo”, dice Gutiérrez, hijo del fallecido General Jesús Gutiérrez Rebollo.

Con este caso se estrenarían las reformas al Código de Justicia Militar, ya que se comenzarían a aplicar los cambios aprobados por el Congreso y publicados el 13 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en especial el Articulo 57, en su Fracción II, que establece que serán juzgados los delitos “a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”.
Bajo Presión
La detención de los ocho militares (un oficial y siete de tropa) ocurre casi tres meses después de los hechos en los que un pelotón del 25 Batallón de Infantería perteneciente a la 22 Zona Militar, se enfrentó en horas dela madrugada a un grupo de personas armadas que custodiaban una bodega en un tramo carretero cercano a la comunidad de Tlatlaya, en el Estado de México.
La versión de la Sedena sobre lo sucedido indica que “al percatarse de la presencia de las tropas, los sospechosos abrieron fuego, por lo que el personal militar repelió la agresión”.
En el enfrentamiento murieron 22 personas (una mujer y 21 hombres), y se aseguraron 38 armas (25 largas, consistentes en 16 fusiles AK-47 calibre 7.62x39 milímetros; seis fusiles AR-15 calibre 0.223; un fusil marca Calico y dos escopetas calibres 12 y 0.22; así como 13 cortas; cuatro calibre 9 milímetros; tres calibre 0.45; cuatro calibre 0.38 súper; una de calibre 0.22, y un revólver calibre 0.38 especial).
En la acción fueron liberadas tres mujeres que aparentemente habían sido secuestradas por el grupo de jóvenes que resguardaban la bodega. Las tres fueron presentadas ante las autoridades civiles para determinar su situación jurídica. Dos quedaron detenidas, acusadas por la PGR de delincuencia organizada y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
La tercera mujer fue liberada y localizada semanas más tarde por un reportero de la revista Esquire versión México, a quien le relató haber sido testigo de cómo los militares mataron a su hija de 15 años que estaba herida, tirada en el piso de la bodega.
“Julia”, como la nombró el reportero para proteger su identidad, dijo que los militares dispararon primero y que los jóvenes respondieron la agresión. Solo uno de los muchachos falleció en el enfrentamiento.
Los demás fueron ejecutados, dijo “Julia”. Los paraban, los formaban en hilera y les disparaban, relató.
Un mes antes del reportaje de Esquire, la agencia norteamericana de noticias AP se ocupó del caso. Uno de sus reporteros viajó a la zona, revisó el sitio y con  las evidencias halladas concluyó que más que un enfrentamiento, aquello parecía un fusilamiento.
Hasta antes de la publicación de los reportajes de AP y de la revista Esquire, el gobierno de México, la PGR, la Sedena  y las autoridades del Estado de México, manejaron lo ocurrido en un perfil muy bajo, sin tocar el tema otra vez.
Sin embargo, lo difundido por la revista Esquire potenció reacciones en el gobierno de los Estados Unidos. El 19 de septiembre, el mandatario estadunidense Barack Obama le recomendó al presidente mexicano Enrique Peña Nieto que instancias civiles iniciaran una investigación seria y profunda sobre los hechos de Tlatlaya, a fin de aclarar las cosas y deslindar responsabilidades.
Sólo así reaccionaron el presidente y sus asesores en seguridad. Tras el pronunciamiento de Obama, los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se apresuraron a señalar que la PGR ya tenía un expediente abierto desde día de los hechos y que, en todo caso, eran los más interesados en que se aclarara lo ocurrido.
Prisas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encabezada aún por  Raúl Plascencia, intentó sostener su postura inicial en la que consideraba, sin pruebas y sin investigaciones concluidas, que todo apuntaba a un enfrentamiento, no a un fusilamiento.
El pronunciamiento del presidente Obama y las reacciones inmediatas de Peña Nieto y de sus secretarios de la Defensa y de Gobernación, así como del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, hicieron que la CNDH cambiara su discurso y se comprometiera a entregar resultados en tres semanas.
En los hechos, la primera en reaccionar fue la Sedena al ordenar la presentación de los militares involucrados directamente en los hechos. Otras versiones surgidas durante la tarde del jueves indicaban que eran 24 los militares detenidos por la Policía Judicial Militar para ser llevados ante el Juez 6° Militar.
Los ocho militares presentados pertenecen al 25 Batallón de Infantería que está bajo el mando del Coronel Arturo Cano Reyes, en la 22 Zona Militar. Cano ascendió a Coronel el 20 de noviembre de 2011. Antes de llegar a la 22 Zona Militar fue comandante de la 17° Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E), con sede en Sonoyta, Sonora.
La 22 Zona forma parte de la I Región Militar, la cual comprende también a la 1ª Zona Militar, a la 18 Zona Militar, a la 24 Zona Militar y a la 37 Zona Militar. La I Región Militar es comandada por el General de División  Jaime Godínez Ruiz.
La I Región Militar es la división territorial militar que reúne más tropas en todo el país. En esta región se encuentran 266 Generales, 3,186 Jefes, 13,106 Oficiales y 64, 750 elementos de Tropa.
El abogado César Gutiérrez considera que es muy probable que se les dicte la formal prisión a los militares presentados y que sigan su proceso en reclusión castrense.
Lo que estamos viendo, dice, es el cumplimiento de un procedimiento regular en el que, de acuerdo con las reformas al Código de Justicia Militar, los presuntos responsables son presentados ante un juez castrense.
La Justicia Militar los acusa de al menos tres faltas al Código de Justicia Militar. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitido anoche en torno al caso, al oficial y a los siete soldados involucrados se les señala por “la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.
En el mismo comunicado se establece que el personal castrense deberá responder ante la justicia militar por las faltas señaladas, “independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”.
Esto significa que los militares quedarán a disposición del Juzgado 6°, en el Campo Militar 1-A, mientras su titular analiza los elementos presentados por el Ministerio Público Militar y por los abogados de los soldados para determinar su situación jurídica.
No creo que el juez militar les conceda la libertad bajo fianza, a la cual tienen derecho. Me parece más probable que les apliquen las modificaciones al Artículo 57y los envíen a una prisión militar mientras la PGR investiga y busca pruebas para llevar adelante las acusaciones por el presunto fusilamiento, señala Gutiérrez.
-¿No opera para los militares el principio de Presunción de Inocencia?
-No, por desgracia cuando se echa a andar un proceso como este, es casi un hecho que los señalados sean consignados y sigan en prisión, en donde podrán hacer uso de otros instrumentos jurídicos para presentar su caso.

@JorgeMedellin95

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