38ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Viernes
21 de agosto de 2015..
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Con su autorización, señor Presidente.
Muy
buenas tardes, señores Consejeros; invitados ciudadanos e invitados especiales;
representantes de los medios de comunicación.
Señoras
y señores.
De
conformidad con el registro de asistentes, se encuentra presente la mayoría de
los integrantes del Consejo.
En
virtud de lo anterior y con fundamento en el Artículo 15 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe el quórum requerido para celebrar
la Trigésima Octava Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
A
continuación, me permito someter a la consideración de los señores Consejeros
el orden del día para su aprobación, el cual se hizo de su conocimiento con
anticipación y se encuentra presente en sus carpetas de trabajo.
Quienes
estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Gracias,
señores Consejeros. El orden del día ha sido aprobado.
En
el mismo sentido, me permito poner a la consideración de los integrantes del
Consejo el Acta de la Trigésima Séptima Sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, celebrada el 19 de diciembre de 2014, misma que se hizo de
su conocimiento con anticipación.
Solicito
a los integrantes del Consejo que estén a favor de la aprobación del Acta, lo
manifiesten levantando la mano.
Gracias,
señores miembros del Consejo. El acuerdo queda de la siguiente forma:
Acuerdo.
El
Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba en sus términos el Acta de la
Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública,
celebrada el 19 de diciembre de 2014.
El
siguiente punto del orden del día:
Se
comunica a los integrantes de este Consejo Nacional que el Secretario Ejecutivo
ha recibido los informes de las Conferencias Nacionales, Comisiones Permanentes
y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dichos
informes se encuentran anexos a sus carpetas, por lo que se somete a su
consideración el siguiente acuerdo.
Acuerdo.
El
Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presentados los informes de las
Conferencias Nacionales, Comisiones Permanentes y del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los
miembros del Consejo que estén a favor de la propuesta sírvanse a expresarlo
levantando la mano.
Gracias,
señores miembros del Consejo. El acuerdo ha sido aprobado.
En
términos del orden del día, el quinto punto se refiere al uso de la palabra del
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
-SECRETARIO
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Con su autorización, señor Presidente de la
República, licenciado Enrique Peña Nieto.
Saludo
al señor Presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Ministro
Luis María Aguilar.
Al
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al Vicepresidente de
la Comisión Permanente del Senado de la República.
Jefe
de Gobierno; Gobernadores; Gobernadora y Gobernadores electos.
Consejeros
ciudadanos que el día de hoy se integran a este Consejo. Sean ustedes
bienvenidos.
Quisiera
antes de iniciar la sesión pedir una disculpa por la demora. Pero como ustedes
vieron se integraron hace apenas unos momentos los gobernadores, el Jefe de
Gobierno, ya que la reunión previa tuvo una duración un poco más del tiempo de
lo que se había considerado.
Una
disculpa a todas y a todos ustedes.
Bienvenidos
a esta sesión.
Hoy,
el Consejo Nacional de Seguridad Pública está reunido nuevamente en pleno para
seguir avanzando en los objetivos planteados desde un inicio por el Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto.
El
primero. Revertir la tendencia, reducir los delitos que por años lastimaron a
la sociedad y afectaron la tranquilidad de diversas regiones del país.
Y,
el segundo, hacer frente a las causas estructurales de la violencia y la
delincuencia.
Para
lograr lo anterior, la prioridad ha sido fortalecer las instituciones de
seguridad a nivel nacional. Pusimos en marcha una estrategia centrada en la
articulación de capacidades y en la coordinación de acciones entre fuerzas
federales y locales.
Acudimos
en apoyo de autoridades estatales y municipales ahí, donde el crimen se había
arraigado y, en algunos casos, infiltrado en las corporaciones policiacas.
Porque
construir una seguridad duradera no es una labor sencilla, implica que el
Estado camine como uno sólo, que ningún esfuerzo sea aislado y ninguna carencia
sea desatendida.
Para
lograr este fin superior, hemos puesto la política al servicio de la seguridad.
Trascendiendo los dilemas de cooperación, para pasar a esquemas de trabajo
permanente y de corresponsabilidad.
Hemos
estado ahí, donde se ha requerido, más allá de competencias para dar respuesta
a las situaciones que demandaban acciones inmediatas.
Y
lo hemos hecho en todo momento, con pleno respeto a los derechos humanos y de
la mano de la sociedad.
Pero,
sobre todo, nos hemos dado a la tarea de concretar una profunda transformación
de las instituciones de seguridad y justicia del país.
Todo
ello ha requerido un intenso trabajo político y este trabajo está dando
resultados.
De
acuerdo con los datos publicados hace unas semanas por el INEGI, la tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes ha venido disminuyendo de manera
significativa, al pasar de 22 en 2012, a 19 en 2013 y a 16 en 2014.
Se
trata de la tasa de homicidios más baja en los últimos seis años y es similar a
la que se presentaba a principios de los años 90, así lo confirma el INEGI, así
lo ha dado a conocer.
Ello
significa que durante los primeros dos años de esta Administración, el
homicidio se ha logrado reducir en prácticamente 27 por ciento.
Estos
datos que, sin duda, son alentadores nos obligan a seguir adelante y a redoblar
esfuerzos, porque el objetivo es, por supuesto, disminuir todos y cada uno de
los delitos.
Y
precisamente para seguir avanzando en esa ruta, el día de hoy el Consejo
Nacional habrá de deliberar y arribar a acuerdos de la mayor trascendencia para
la seguridad de México.
Particularmente
me refiero a tres temas. En primer lugar, como lo ha señalado el Presidente de
la República, estamos en un momento decisivo para concretar el nuevo Sistema de
Justicia Penal.
En
este marco, uno de los temas que exige redoblar esfuerzos es la capacitación de
policías, para que su actuación se apegue al nuevo paradigma del modelo de
justicia acusatorio; para que actúen con absoluto apego a la legalidad y el
respeto a las garantías de los ciudadanos.
Por
ello, el día de hoy se pondrá a su consideración un plan estratégico de
capacitación para elementos estatales y municipales en materia de justicia
penal y competencias básicas.
En
segundo lugar, otro asunto de gran importancia para nuestro país, es la
atención al deterioro que por décadas ha debilitado al sistema penitenciario.
En
respuesta a esta realidad, se pondrá a consideración de este Consejo un acuerdo
para desarrollar una política nacional de fortalecimiento al sistema
penitenciario. Ello con el objetivo de perfeccionar y homologar los protocolos
de actuación y operación, así como adoptar mecanismos de certificación de los
centros penitenciarios bajo los más altos estándares.
Finalmente,
en tercer lugar, en esta sesión se propone una actualización de los programas
con prioridad nacional que guían la política de seguridad.
El
objetivo es ajustarlos para que éstos respondan con mayor precisión a la
realidad y a los retos que hoy enfrenta el país.
Con
esta propuesta se podrán focalizar esfuerzos ahí, donde se deben impulsar las
transformaciones más profundas; se podrán eficientar recursos y garantizar
mayores controles, a efecto de medir avances y rendir mejores cuentas a los
ciudadanos.
De
este modo, los 17 programas previamente establecidos se consolidan en torno a
11 objetivos. Con este ajuste se podrán atender agendas prioritarias, entre las
que destacan: la profesionalización de las corporaciones, la ampliación de
capacidades locales para la prevención de la violencia, la modernización de los
centros penitenciarios, el Sistema Nacional de Atención de llamadas de
emergencia y el fortalecimiento de mecanismos para la búsqueda de personas.
De
ser aprobada la propuesta, a partir del 2016 estos programas serán el parámetro
para el ejercicio de los recursos, que en materia de seguridad se otorgan a
entidades y municipios.
En
este Consejo, las instituciones del estado refrendan su compromiso con la
seguridad de las familias mexicanas.
Se
trata de un compromiso que no habrá de cumplirse con soluciones fáciles. Se
trata de una tarea, que sin duda, pasa por reducir la violencia, pero que
además, tiene sus fundamentos en un propósito de largo plazo, que es fortalecer
nuestras instituciones.
Solamente
así podremos hablar de una seguridad duradera; solamente así podremos resolver
de raíz un reto que no nació ni en este sexenio, ni siquiera en esta década.
Señor
Presidente:
Esa
es la instrucción que usted nos ha dado, la de lograr una transformación a
fondo de la seguridad y la justicia.
Pues
un México seguro no se construye a partir de coyunturas, sino con acciones de
largo aliento y con visión de estado; una visión que usted definió hace tres
años y ha guiado la política de seguridad, bajo esquemas de colaboración y
corresponsabilidad.
Por
eso, nuestra obligación, de cara a la ciudadanía, es seguir sumando
capacidades; es seguir trabajando juntos y ofrecer respuestas compartidas; es
asumir donde hay que reconducir estrategias para atender los retos pendientes,
pero es también reconocer aquello que representa un avance para preservarlo e
incrementarlo.
Ninguna
estrategia de seguridad se mide en momentos de éxito o de desafío, sino a
partir de tendencias sostenidas. Pues ni todo avance es un éxito inamovible, ni
toda falla es irremontable.
No
es momento de bajar la guardia, sino de seguir construyendo juntos.
Los
mexicanos deben tener la certeza de que la unidad y la fortaleza de nuestras
instituciones son más grandes que cualquier desafío, y que ningún objetivo es
inalcanzable para el estado mexicano.
Las
instituciones del Estado fortalecidas y reorganizadas bajo su visión
estratégica, continuarán trabajando de manera permanente en favor de un México
seguro.
Si
lo permite, señor Presidente, continuamos con la sesión.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, señor Secretario.
Con
base en lo expuesto, se pone a consideración el siguiente acuerdo:
Acuerdo.
El
Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los ejes estratégicos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y su estructura, así como los programas con
prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio del fondo o
subsidios y demás recursos de carácter Federal que se otorguen a las entidades
federativas, el Distrito Federal y los municipios en materia de seguridad
pública.
Se
instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles emita los lineamientos bajo los
cuales se desarrollará la implementación de los programas con prioridad
nacional.
Del
mismo modo, este Consejo Nacional instruye al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se elaboren y publiquen los
criterios generales para la administración y el ejercicio de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal, que serán aplicables para el Ejercicio Fiscal 2016 y subsecuentes, así
como aquellos que sean necesarios para los subsidios correspondientes.
Se
instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
para que los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su
estructura y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, se
publiquen en el Diario Oficial de la Federación como anexo del presente
acuerdo.
Consulto
a los integrantes de este Consejo, quienes estén a favor de la propuesta,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Gracias,
señores miembros del Consejo. El acuerdo ha sido aprobado.
A
continuación, para atender el sexto punto de la Orden del Día, cedo la palabra
al licenciado Luis Wertman, Presidente del Consejo Ciudadano del Distrito
Federal e invitado ciudadano al Consejo.
-LIC.
LUIS WERTMAN ZASLAV: Gracias al pleno del Consejo.
Señor
Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; Ministro Luis María
Aguilar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia; a los Presidentes de las
Mesas Directivas del Legislativo; al Secretario de Gobernación, licenciado
Miguel Ángel Osorio Chong; al Secretario de la Defensa Nacional, General
Salvador Cienfuegos Zepeda; al Secretario de la Marina, Almirante Vidal
Francisco Soberón Sanz.
A
la Procuradora General de la República, maestra Arely Gómez González; al
Comisionado Nacional de Seguridad Pública, licenciado Monte Alejandro Rubido
García.
Señores
Gobernadores; señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México:
Ante
todo, reconozco la labor y el compromiso de las y los ciudadanos que nos
preceden en este Consejo Nacional de Seguridad, demostrando que somos una sola
sociedad.
Confianza
y tiempo, hoy son recursos escasos en nuestro país.
Hoy
entendemos que en México existen diferentes realidades y de que el tiempo de
los qués se nos ha terminado.
Éste
es el momento de enfocarnos en el cómo. De pasar de la protesta a la propuesta
y a la acción, y de mostrar voluntad y compromiso.
La
confianza es indispensable para que nos podamos reconciliar y avanzar en un
crecimiento que no depende sólo de indicadores económicos.
Es
darles seguridad y oportunidades a nuestros niños, a nuestros jóvenes, mujeres,
hombres y adultos mayores, para mejorar nuestra calidad de vida.
Esto
no se logra solamente con policías, patrullas y pistolas que, claro, son un
factor muy importante. Pero lo que los ciudadanos necesitamos y merecemos, son
mejores policías.
Sin
embargo, los buenos policías merecen mucho más de lo que les hemos dado. Como
sociedad debemos reconocer que tenemos una deuda con todos y cada uno de ellos.
La
corresponsabilidad es un elemento determinante para lograr el éxito en contra
del crimen, de la corrupción y de la impunidad.
Nadie
puede sólo. Hagamos gobiernos inteligentes con sociedades inteligentes.
No
hay reto que no se supere, ni problema sin solución cuando sociedad y autoridad
tienen confianza uno en el otro y trabajan hombro con hombro, siempre enfocados
con programas medibles, cuantificables, reproducibles y escalables.
Aquí
el llamado es a todos, al nivel federal, al estatal, al municipal, a los
legisladores y a los tribunales de justicia, siempre acompañados por la
sociedad, cumpliendo cada quien con sus deberes y responsabilidades.
La
denuncia es, con todas sus imperfecciones, la herramienta más poderosa con la
que contamos como sociedad, pero ésta debe de ser rápida, sencilla, efectiva y
confidencial cuando es necesario.
Y
en esto la sociedad civil organizada puede ser un gran puente para lograrlo.
Como
ha ocurrido en los últimos meses, podemos observar la disminución en el
promedio de homicidios dolosos, aunque también debemos aprender a distinguir
las causas y razones por las que se tienen avances y retrocesos en éste o en
cualquier otro delito.
Cada
delito tiene un origen y una explicación. Son causas y consecuencias que si no
las compartimos con la gente, estaremos ciegos ante una realidad lacerante.
Tenemos
que escuchar más a los ciudadanos y tenemos que comunicarnos mejor y de manera
mucho más abierta. Siempre con la verdad, tan dura y difícil como ésta sea.
Tenemos
casos de éxito y de buenas prácticas, que han surgido de la sociedad civil, junto
con buenas autoridades y buenas instituciones.
Señoras
y señores:
Reitero.
Estos son los elementos indispensables: generar confianza, credibilidad,
comunicación, compromiso, voluntad, participación, corresponsabilidad y
propuestas. Siempre entendiendo que lo que no se mide no se mejora y
transmitiendo resultados con transparencia es como cambiaremos, para el bien de
todos, esta realidad.
Muchísimas
gracias.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, licenciado Wertman.
En
el siguiente punto del orden del día, la doctora María de los Ángeles Fromow
Rangel, Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia, presentará la propuesta de acuerdo para
implementar un plan estratégico de capacitación para elementos estatales y
municipales en materia de justicia penal y capacidades policiales básicas.
-DRA.
MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW: Con su venia señor Presidente de la República,
licenciado Enrique Peña Nieto.
Saludo
cordialmente a todos los integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad
Pública, invitados y agradezco la oportunidad de estar hoy aquí, con todos y
todas ustedes.
La
consolidación del Estado de Derecho en nuestro país es una responsabilidad que
a todos nos involucra.
Se
trata de una condición necesaria para el desarrollo de nuestro sistema de vida
democrático; esto significa, en esencia, que cada persona tenga acceso a la
justicia de manera pronta y expedita con base al debido proceso.
Ésta
es una tarea que vamos avanzando de manera sistemática y acelerada, con base en
el diálogo y en la coordinación.
Autoridades
de los tres órdenes de Gobierno trabajamos para garantizar a todos los
ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a una justicia
ágil, imparcial, transparente, que sirva a la sociedad.
Falta
muy poco para concluir el plazo constitucional que establece un nuevo
compromiso ante la sociedad, una nueva justicia que protege a las víctimas, que
combate a la impunidad, a la corrupción; que responde a los retos de seguridad
que enfrenta nuestro país y que contribuye a recuperar la tranquilidad de las
familias mexicanas.
Señoras
y señores.
El
trabajo de la policía es fundamental, ya que es la autoridad que tiene el
primer contacto con el hecho delictivo y con los ciudadanos lastimados por la
delincuencia.
Por
tanto, es sustantivo capacitar y profesionalizar a los cuerpos de policía para
garantizar que cumplan con el debido proceso y el respeto a los derechos
humanos de las personas involucradas, tanto lo establece así nuestra
Constitución, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
Código General de Procedimientos Penales y los ordenamientos locales.
Todas
las autoridades e instancias aquí representadas han realizado esfuerzos comunes
para capacitar a los cuerpos policiales.
La
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, así
como las instituciones estatales de procuración de justicia y seguridad de las
entidades federativas, se han focalizado en programar de forma estratégica
recursos para la capacitación, así como en emitir programas específicos hacia
el interior de sus instituciones con base al Programa Rector de
Profesionalización, aprobado en agosto del 2014 por este Consejo.
Sin
embargo, faltan por capacitar a miles de policías en el Sistema Penal
Acusatorio y en las siete competencias básicas de la función policial, lo que
representa un reto de gran envergadura que exige acciones contundentes para
hacerle frente de manera inmediata.
Ante
ello, el Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong,
como Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, convocó a trabajar en la elaboración y puesta en
marcha de un plan estratégico de capacitación en materia de justicia penal y
competencias policiales básicas, para cubrir la totalidad del estado de fuerza
del país antes del 18 de junio del 2016.
Y
enfatizó que el objetivo clave es que cada elemento adquiera los conocimientos
y las habilidades para actuar de forma eficaz y común en el marco del Sistema
Penal Acusatorio.
Este
programa de capacitación es el que hoy se somete a consideración de este
Consejo. Y en lo que respecta a la justicia penal, tiene un esquema de tres
etapas:
En
la primera, la Policía Federal formará 90 instructores nacional.
Durante
la segunda fase, estos instructores replicarán sus conocimientos en el Sistema
Penal Acusatorio a 714 instructores estatales.
Y,
finalmente, en la tercera fase, los instructores estatales capacitarán al total
de la fuerza estatal y municipal de cada entidad federativa.
Esta
capacitación policial será práctica y se estructurará conforme a los protocolos
y guías que serán diseñados, y están siendo diseñados para el trabajo de los
servidores públicos del Sistema de Justicia Penal.
Gracias
al esfuerzo sin precedente de las instituciones del Estado mexicano de
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, con el impulso y el
liderazgo de la Procuraduría General de la República, se logró construir el
Protocolo Nacional del Primer Respondiente, instrumento que incluye como anexos
el formato del informe policial homologado, elaborado por el Sistema Nacional
de Seguridad Pública, la cartilla de derechos y un mapa de procedimientos, así
como el protocolo de seguridad de salas.
Este
protocolo fue elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Ambos
instrumentos serán la base de un plan de capacitación y van a guiar la
actuación de los policías en su trabajo cotidiano.
Destacamos
el trabajo comprometido de la Procuraduría General de la República, de la
Comisión Nacional de Seguridad, de las Conferencias Nacionales de Procuración
de Justicia y Seguridad, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
y del Poder Judicial de la Federación para tener estos instrumentos.
Asimismo,
debe resaltarse que gracias a la colaboración de las instituciones mencionadas,
estamos en el camino de que en breve se emitan los protocolos de traslado, de
cadena de custodia y de capacidades para procesar el lugar de los hechos.
Por
ello, se convocará a una sesión conjunta de las conferencias de seguridad y
procuración de justicia antes del 15 de septiembre.
Estos
instrumentos, sumados a los anteriores, serán la clave para la formación y el
desempeño de los operadores.
Estos
documentos son el conjunto de procedimientos homologados, diseñados, para la
ejecución de procesos transversales y sustantivos que reducen la
discrecionalidad, brindan la certeza del actuar de los policías a la ciudadanía
y garantizan la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Ahora
bien, el éxito de este Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia
Penal y Competencias Policiales Básicas, requiere el compromiso de los
Gobernadores, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de todos los
presidentes municipales del país para establecer como una prioridad nacional la
capacitación de los cuerpos policiales e incentivar su profesionalización.
De
igual forma, se tendrán que destinar los recursos humanos, económicos y
materiales que aseguren que todos los elementos reciban esta capacitación, lo
que finalmente va a redundar en un servicio eficaz y de calidad para cada
entidad.
Se
requiere además poner en práctica en cada una de las entidades federativas un
programa de implementación que concrete de forma puntual los alcances de este
plan con cada uno de los elementos que conforman la fuerza policial.
Sin
este compromiso, sin duda, no se cumplirá este esquema. Por ello estamos
ciertos que este acuerdo es fundamental.
Este
plan de capacitación será financiado con los recursos de los distintos fondos y
subsidios federales, destinados al fortalecimiento de las instituciones de
seguridad pública y a la implementación del sistema de justicia penal.
Distinguidos
integrantes del Consejo de Seguridad Pública.
Señor
Presidente:
La
implementación del Sistema Penal Acusatorio y el fortalecimiento de nuestras
instituciones de Seguridad y Justicia es, como usted lo ha dicho, una prioridad
nacional de su Gobierno.
Asimismo,
durante el Foro Nacional de Seguridad y Justicia, que se celebró en mayo
pasado, usted instruyó a fortalecer la colaboración interinstitucional con la
finalidad de agilizar y ampliar los procesos de capacitación de policías,
ministerios públicos, defensores de oficio, peritos y otros servidores
públicos.
Hoy,
tenemos la oportunidad como funcionarios y ciudadanía de avanzar al aprobar
este Plan de Capacitación Policial, y con ello también atendemos la
preocupación del Congreso de la Unión, de impulsar el desarrollo integral de
los cuerpos policiales del país, que les permita funcionar con mayor
transparencia y mejor oportunidad en el desempeño del nuevo Sistema de Justica
Penal Acusatorio.
No
sólo se trata de cumplir con la implementación del Sistema Penal en el plazo
Constitucional, así lo ha instruido a esta Secretaría el Secretario de
Gobernación; se trata de garantizar que su operación se perfeccione de manera
constante, y para lo cual el servicio que debemos brindar a la ciudadanía debe
de ser efectivo y de calidad.
Por
ello, permítanme reconocer y agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de
ustedes, porque juntos estamos logrando transformar a las diversas
instituciones de procuración e impartición de justicia.
Como
generación, y bajo el liderazgo del Presidente de la República, estamos
construyendo con el esfuerzo de los tres Poderes de la Unión, de los tres
órdenes de Gobierno, de la sociedad civil organizada, y de las instituciones de
educación superior, la justicia del Siglo XXI.
De
esa magnitud es el reto que tenemos, hoy el privilegio de asumir ante la ciudadanía
y estamos ciertos que lo vamos a lograr.
Muchas
gracias.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, doctora María de los Ángeles Fromow.
Con
base en lo expuesto, se ponen a consideración de los miembros de este Consejo,
los siguientes acuerdos.
Primero.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública ratifica el acuerdo CNPJ/33/11 del
2015, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, mediante
el cual se aprueban: el protocolo de primer respondiente, con los anexos del
informe policial homologado, cartilla de derechos y mapa del procedimiento, así
como el protocolo de seguridad en salas, como instrumentos de actuación en el
marco de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Se
instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
para que el protocolo de primer respondiente con sus anexos y el protocolo de
seguridad en salas, sean publicados en el Diario Oficial de la Federación como
anexo del presente acuerdo.
Se
solicita al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, que por conducto de la Secretaría Técnica, distribuya a los
gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y alcaldes, los protocolos aprobados.
Los
gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales,
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y por conducto de las instancias
competentes, se comprometen a impulsar a la brevedad la adopción e
implementación de los protocolos a que se refiere el presente acuerdo y, en
caso de ser necesario, impulsar la adecuación normativa correspondiente.
Asimismo,
se instruye a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y a la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública someter a la
consideración de sus integrantes los protocolos en materia de traslado, de
cadena de custodia y de capacidades para procesar el lugar de los hechos, y
realizar las acciones pertinentes.
Para
que, a más tardar el 15 de septiembre de 2015, se aprueben en el marco de una
sesión conjunta de las conferencias de secretarios de seguridad pública y de
procuración de justicia.
Segundo.
En el marco del Acuerdo 06/36/14, mediante el cual el Consejo Nacional de
Seguridad Pública ratificó la aprobación del programa rector de profesionalización,
se aprueba la puesta en marcha del plan estratégico de capacitación en materia
de justicia penal y competencias policiales básicas, mismo que tiene por objeto
dotar a todos los elementos policiales, estatales y municipales de la formación
necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el marco del Nuevo Sistema
de Justicia Penal.
Para
tal efecto, se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, a que conjuntamente conduzcan y
den seguimiento a la estrategia que permita el cumplimiento en tiempo y forma
de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico que hoy se aprueba.
Para
garantizar la implementación eficaz del referido plan, los Gobernadores, Jefe
de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales, asumen el
compromiso de destinar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios
en el proceso de concertación de recursos federales en materia de seguridad
2016.
Asimismo,
se comprometen a diseñar e implementar un calendario que garantice la rotación
del total de los elementos policiales, estatales y municipales a efecto de que
éstos dispongan del tiempo necesario para recibir la capacitación, sin que ello
comprometa el cumplimiento de la función de seguridad pública en la entidad y/o
en el municipio.
Con
el objetivo de diseñar el Programa de Implementación Estatal, que incluya a sus
municipios y evaluar su cumplimiento, cada entidad federativa deberá integrar
un grupo de trabajo, liderado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, en el cual participará el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Los
Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales,
también se comprometen a comisionar al personal policial que reúna el perfil
requerido y que sea aprobado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a efecto de que el mismo sea
formado como capacitador y para que participe en tal carácter durante el tiempo
que tome la implementación del Plan Estratégico de Capacitación.
Consulto
a los miembros de este Consejo si están a favor de la propuesta, se sirvan
expresarlo levantando la mano.
Gracias,
señores miembros del Consejo.
El
acuerdo ha sido aprobado.
A
continuación, para atender el octavo punto del orden del día, el Gobernador del
Estado de Morelos, licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu, hará uso de la
palabra.
-GOBERNADOR
GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU: Señor Presidente de la República.
Señora
Procuradora y Secretarios integrantes del Gabinete de Seguridad: Presidentes de
los Poderes de la República; Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
Saludo
a los Consejeros Ciudadanos y también, por su conducto, a los que fueron en el
periodo anterior representantes en este Consejo; a mis colegas Gobernadores y
Jefe de Gobierno, y a los Gobernadores electos y; a los representantes de
ayuntamientos del país.
El
Plan estratégico que hemos aprobado, el Plan Estratégico de Capacitación es
fundamental. Estamos en un esfuerzo, comprometidos todos, de lograr la
implementación del sistema de Justicia, de ese nuevo Sistema Penal Acusatorio,
y en las entidades que ya hemos avanzado en ese sistema y, en las que lo están
por implementar, tenemos que cuidar la parte fundamental que es sustantiva en
este proceso.
Si
el Sistema es fundamentalmente garantista, como lo es, y lo queremos para una
justicia expedita en nuestro país, requerimos la formación en las policía y en
los servicios de policía ministerial, partiendo de la base que para el nuevo
sistema de justicia los viejos conceptos de policía estatal o municipal, o
policías ministeriales, no son los que corresponden al nuevo Sistema de
Justicia.
Tenemos
que capacitarlos, porque depende de los policías estatales, en tanto no
resolvemos el problema de la iniciativa presentada por usted, Presidente, para
las policías estatales en el país, hacer el esfuerzo por el Mando Único con
policías municipales y estatales, para ser eficientes en una capacitación, en
virtud de que las policías estatales hoy día, bajo la lógica del Sistema de
Justicia, nuevo, que estamos construyendo, son fundamentales en la presencia de
la flagrancia; son fundamentales en la preservación de la escena; o las
evidencias para los servicios periciales, para construir la prueba
criminológica que dé certeza al juzgador, de las evidencias que empiezan en la
cadena de custodia.
Y
también en formarlos en el debido proceso, porque si fallare esta policía, que
tiene contacto primigenio en el proceso, se nos cae cualquier proceso, porque
no hemos cumplido con la cadena de custodia y, el respeto a los derechos
humanos y a la presunción de inocencia.
Esto
implica capacitar, entonces, como se ha planteado a estos nuevos elementos de
la policía, y decirle también señor Presidente, que es pertinente que en esta
perspectiva de este acuerdo, hay que hacer una revisión en el Secretariado, y
oportunamente con el Secretario de Hacienda también, partiendo de la base de
revisar las normas de operación de ciertos programas que tenemos, o fondos.
Uno
de ellos, llamo la atención, el de la Policía Acreditable, que es la parte
cualitativa de las policías que tenemos. Este concepto de acreditable que es el
policía mejor calificado. Y en esto tenemos que tener reglas más flexibles,
como lo hicimos con SETEC, para el SETEC con los fondos FASE.
Y
terminar diciéndole, haciendo mía una expresión de un colega; hay que invertir
en seguridad, el no hacerlo es más caro para la sociedad.
Hagamos
el esfuerzo por construir el sistema de justicia, pero la parte acusatoria es
fundamental para una cadena de custodia y para que haya justicia en el país.
Muchas
gracias.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, señor Gobernador.
Para
el siguiente tema a tratar en el orden del día, cedo el uso de la palabra al
doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México y Presidente de
la CONAGO.
-GOBERNADOR
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS: Muy buenas tardes.
Señor
Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; señores titulares de
los Poderes de la Unión; Procuradora; señores Secretarios del Gobierno Federal.
Señor
Jefe de Gobierno; compañeros Gobernadores en funciones y electos; saludo a las
Consejeras y Consejeros que van concluyendo su función, que fue muy importante
y enriquecedora para este Consejo Nacional de Seguridad.
De
igual forma, damos la bienvenida, saludamos a la nueva y nuevos Consejeros
Ciudadanos. Estamos ciertos que, también, seguirán contribuyendo a fortalecer
los trabajos de este Consejo Nacional de Seguridad.
Mi
intervención, señor Presidente; compañeras, compañeros consejeros, es en dos
sentidos:
Primeramente.
En relación a la designación de los titulares de las Secretarías de Seguridad
Pública Estatal y Municipal.
Y
otro en relación a las Fuerzas Armadas de nuestro país
Primeramente.
Queremos reconocerle, señor Presidente, los Gobernadores del país, el Jefe de
Gobierno, que sus instrucciones se han cumplido con puntualidad a través del
señor Secretario de Gobernación, por delinear, conducir la política de
seguridad nacional, que nos permite coordinarnos mejor, aún mejor con los tres
órdenes de Gobierno, para combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad,
que son los delincuentes.
Le
agradecemos al Secretario Osorio Chong todo el apoyo que nos ha brindado.
La
coordinación institucional ha sido clave para alcanzar acuerdos y atender
desafíos en materia de seguridad. Los resultados ya están a la vista y se
reflejan en la reducción de la incidencia delictiva. Pero no podemos bajar la
guardia, hay que reconocer que todavía falta mucho por hacer.
De
ahí que sometemos a consideración y lo tratamos en la reunión privada hace unos
minutos, es el hecho de que podamos homologar, llevar a cabo los trabajos para
homologar los perfiles, aptitudes, habilidades, para la designación de
titulares de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales a
efecto de que quienes ocupen esta responsabilidad sean personas confiables y
que tengan el perfil que requiere esta alta responsabilidad.
Debo
reconocer que los señores gobernadores, presidentes municipales han hecho su
parte en la materia, pero es importante llevar a cabo esta homologación.
Y
también llevar a cabo un procedimiento de profesionalización para los nuevos
titulares. Están por iniciar nuevos gobiernos estatales, gobiernos municipales
y vendría muy bien el hecho de que se pudiese certificar a quienes van a entrar
en estas funciones y también a los que están hoy día sirviendo en las
respectivas entidades.
Se
podrían capacitar y profesionalizar en temas del sistema penan acusatorio,
derechos humanos, perspectiva de género, cultura de la legalidad, entre otros.
Así
es que está a consideración esta primera propuesta, adicionando la que hacia el
Gobernador de Veracruz, en el sentido de que a la par de los titulares de los
ejecutivos locales, podamos promover reformas en nuestros congresos locales, en
el ámbito estatal para homologar la legislación correspondiente, señor
Gobernador de Veracruz.
Por
otra parte, quiero referirme al agradecimiento que la sociedad, los titulares
de los ejecutivos locales tenemos para con nuestras Fuerzas Federales, para el
Ejército Mexicano, para la Marina Armada de México, para la Fuerza Aérea, para
la Policía Federal.
Estamos
conscientes que las Fuerzas Federales han llegado a suplir, a apoyar, a
auxiliar a las autoridades, a municipios que hemos tenido en ocasiones
dificultades para combatir a los enemigos de la sociedad.
Considero
que las Fuerzas Federales, el Ejército, la Marina, le han dado mucho más a la
sociedad, que lo que la sociedad le hemos dado a las Fuerzas Federales.
Si
bien reconocemos que los señores gobernadores, Jefe de Gobierno, hemos llevado
a cabo programas de beneficio para Fuerzas Federales, para sus miembros,
estímulos económicos, entre otros, consideramos que todavía falta por hacer.
Por
ello, la idea es reconocerles permanentemente con acciones concretas,
respetuosos de las circunstancias presupuestales de los estados para que,
primero, y hacemos la gestión, señor Presidente de la República, señor
Secretario de Hacienda, para que en la medida de lo posible se pueda emitir una
edición especial de billetes y monedas en favor y reconociendo a las Fuerzas Federales.
También,
si bien ha habido avances en la materia hemos propuesto que calles, que
avenidas de nuestros estados y municipios puedan llevan el nombre de Fuerzas
Federales.
Pero
además, la idea es que podamos conocer los casos de éxito de diferentes
entidades federativas, a efecto de que podamos implementar programas para
militares, para marinos retirados, promoverles programas de autoempleo;
capacitaciones de trabajo; becas para sus hijos; especialmente apoyar con mayor
decisión todavía a quienes lamentablemente perdieron a su ser querido en
ejercicio de sus funciones, es decir, de las familias de personal caído en
funciones; y una serie de acciones que podemos llevar a cabo en favor de los
que integran las Fuerzas Federales.
Las
Fuerzas Federales, merecen el mayor de los reconocimientos, gratitud en los
hechos por parte de la sociedad y en ese caso los gobiernos locales estaremos
haciendo lo propio, como también lo ha hecho el señor Presidente de la
República y, el Gobierno Federal.
Muchas
gracias señor Presidente.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias señor Gobernador.
En
virtud de que se encuentran los acuerdos en sus carpetas anexas y en este
momento se agrega el Acuerdo para Diseñar en cada entidad Federativa en
Programa de Apoyo a los elementos de las Fuerzas Federales y sus familias, con
el objetivo de reconocer las tareas de seguridad que desempeñan, pongo a la
consideración de los miembros de este Consejo, los acuerdos respectivos.
Quienes
estén a favor de las propuestas sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Gracias,
señores miembros del Consejo. Acuerdos aprobados.
Para
la siguiente meta a tratar en el orden del día, solicito al licenciado Monte
Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, nos exponga la
propuesta de acuerdo sobre un Programa Nacional de Fortalecimiento del Sistema
Penitenciario.
LIC.
MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA: Con su permiso, señor Presidente, señoras y
señores integrantes del Consejo. Buenas tardes a todos.
Las
propuestas que se someten a consideración de este Pleno, tienen como objetivo
el fortalecimiento de la política Nacional Penitenciaria por conducto de una de
las cuatro Conferencias Nacionales que derivan de este Consejo, es decir la del
Sistema Penitenciario.
Esta
Conferencia es la instancia para el análisis y discusión de los temas que
abonan al cumplimiento de la misión constitucional, de la reinserción social,
así como a la homologación operativa que marca la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Por
lo tanto, permítanme poner a su consideración dos propuestas de acuerdo. La
primera se refiere al fortalecimiento de la Política Nacional Penitenciaria. En
este sentido se plantea que, por conducto de la Conferencia, se lleven al cabo
cinco acciones.
Primera.
Consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria. El Registro
Nacional de Información Penitenciaria es la base que, dentro de Plataforma
México, contiene y administra los datos de la población penitenciaria de la
Federación, de las entidades federativas.
Cuenta,
con aproximadamente un millón y medio de registros históricos de procesados,
sentenciados y excarcelados, que incluyen a los 255 mil internos que existen
actualmente en el país.
En
el último año se ha avanzado de manera significativa en el acopio de la
información. Sin embargo, se requiere que la misma esté uniformada, ya que el
objetivo de esta acción, es optimizar la calidad y oportunidad de la
información de los internos y de su situación jurídica.
Para
ello, es imperativo que cada uno de los integrantes de la Conferencia cumpla en
los plazos establecidos con la actualización de sus registros. Por lo anterior,
se propone instruir a la Conferencia para que establezca, junto con Plataforma
México, los mecanismos de comunicación y de coordinación para que el registro
nacional se constituya como una mejor herramienta para la gestión penitenciaria
y la toma de decisiones en la materia a nivel nacional.
La
segunda acción es, estandarizar la operación bajo protocolos homologados.
Actualmente,
existen en México 392 instalaciones penitenciarias, de las cuales 22 son
federales, 297 estatales y del Distrito Federal, y 74 municipales.
Los
mecanismos de administración, operación y gestión de los centros penitenciarios
varían de manera tal que dificultan implementar acciones uniformes y eficaces,
necesarias para el buen funcionamiento del sistema penitenciario.
Es
por ello que para unificar la administración y ejecución de los procedimientos
en los centros, se propone que la Conferencia Nacional a través de su Comité de
Normatividad desarrolle y discuta protocolos de actuación, métodos y
procedimientos de operación homologados para su aprobación en el pleno de la
propia Conferencia.
La
tercera acción es, crear un sistema de desarrollo profesional penitenciario.
El
personal que labora dentro del Sistema Penitenciario Nacional no cuenta con un
servicio profesional de carrera, lo que implica una mayor rotación, reglas
menos claras para la promoción y permanencia, así como para los estímulos por
el desempeño de su labor.
Lo
que se busca es promover la dignificación de la carrera penitenciaria mediante
el desarrollo personal, basado en el mérito y en la igualdad.
Por
ello se propone que al interior del Comité de Servicio de Carrera y
Profesionalización de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se
desarrolle y discuta a la brevedad, un modelo que contenga el esquema de
profesionalización para establecer la carrera penitenciaria aquí bosquejada.
Cuarta
acción. Diseñar e implementar un modelo para la certificación de Penales, tanto
federales, como estatales.
Los
centros penitenciarios presentan áreas de oportunidad diferenciadas en torno a
la operación, protección, orden, servicios administrativos y gestión.
Por
ello se propone impulsar una estrategia que permita generar mecanismos de
certificación para los centros federales, estatales y municipales, con el
objetivo de lograr un adecuado nivel de operación y proveer un entorno seguro
para el personal que ahí labora como para la población interna.
La
certificación debe cumplir, por lo menos, con seis vertientes básicas:
seguridad y protección; orden y disciplina; atención médica; programas y
actividades recreativas; justicia y derechos humanos; y administración y
gestión.
La
Conferencia se debe encargar del desarrollo y diseño marco, de la elaboración
de los estándares básicos en la materia.
Asimismo,
se invitará a una institución académica o de investigación para que se encargue
de desarrollar propiamente la metodología para la certificación, con base en la
guía o en los requerimientos planteados por la Conferencia.
La
quinta y última acción es, elaborar un programa integral para la reinserción
social.
Se
propone que este programa, conforme a lo que establece el Artículo 18
Constitucional, tenga un mecanismo interinstitucional que impulse la
vinculación entre las instituciones públicas y los sectores de la sociedad.
Se
plantea que por conducto del Comité de Reinserción Social, la Conferencia
diseñe una ruta crítica, general, de dicho programa.
Finalmente,
señores Consejeros, la segunda propuesta que se presenta es la constitución de
un Comité Evaluador del Sistema Penitenciario; un comité evaluador en el que
participen, tanto el órgano administrativo desconcentrado, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y representantes de la Sociedad Civil y Académicos.
Es
cuanto, señor Presidente.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, señor Comisionado.
En
virtud que los puntos de acuerdo propuestos se encuentran en las carpetas
anexas, consulto a los miembros del consejo, quienes estén a favor de la
propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Gracias.
El
acuerdo ha sido aprobado.
A
continuación el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado
César Duarte Jáquez, tiene el uso de la palabra.
-LICENCIADO
CÉSAR DUARTE JÁQUEZ: Muchas gracias.
Saludo
con afecto al jefe de las instituciones de la República, señor licenciado Enrique
Peña Nieto.
Me
da mucho gusto estar aquí.
Al
Presidente del Poder Judicial de la Federación; del Senado de la República; de
la Cámara de Diputados.
Señor
Secretario de Gobernación; señor Secretario de la Defensa; señor Secretario de
Marina; señor Secretario de Hacienda; señor Secretario de Relaciones
Exteriores.
Señora
Procuradora General de la República; señor Presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos; Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
A
los representantes de la sociedad civil; a mis colegas gobernadores.
Este
tema que hace unos segundos aprobamos, es un tema central para lograr la
verdadera seguridad pública permanente y la tranquilidad, y armonía, en la
Nación.
Una
estrategia única e integral para el sistema penitenciario nacional es un eje
que permita con ello la verdadera reinserción social, pero también un manejo
adecuado de los Penales en nuestro país.
Como
aquí se ha dicho, tenemos cerca de 400 centros penitenciarios en la República.
Tenemos 255 mil internos y la capacidad de éstos son de cerca de 200 mil
apenas.
Nosotros
planteamos, en los esfuerzos que hemos hecho en la propia Comisión de Seguridad
y Justicia de la CONAGO, una estrategia que permita fortalecer y atender los
rezagos históricos que esta materia ha dejado.
Me
compromete y además me estimula el acuerdo que acabamos de votar, pero creemos
que estrategias centrales fundamentales que permitan con ello consolidar una
estrategia en esta materia, la eliminación de los autogobiernos y
despresurización de los propios Penales.
La
readecuación y acondicionamiento con el mejoramiento de su infraestructura. No
son inversiones tan altas las que se requieren en los penales locales, y sí es
en un modelo único el que nos permita verdaderamente ser eficaces.
El
fortalecimiento de estructuras tecnológicas como los inhibidores, que hemos
visto una gran eficacia, en donde se han instalado los inhibidores de señal y
que esto impacta de manera directa.
La
estandarización de procesos y procedimientos, así como la capacitación y
fortalecimiento de capital humano, que aquí se ha planteado de manera muy
amplia, con plena observancia en los derechos humanos, y las oportunidades para
la reinserción social.
Nosotros
podemos acreditar que eliminando el autogobierno y teniendo un control adecuado
en los centros penitenciarios de la República, el impacto directo a los delitos
de alto impacto en las calles se reducen hasta en un 30 por ciento.
Es
fundamental que las acciones integrales, además en esta dinámica que ha tomado
esta Conferencia, nos permita a este Consejo Nacional de Seguridad Pública nos
permita consolidar en los tres niveles de Gobierno, estrategias que nos lleven
a impactos directos en la recuperación de la paz y la seguridad.
Es
cuanto.
Muchas
gracias.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, Gobernador.
A
continuación tiene el uso de la palabra la doctora Elena Azaola Garrido,
investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social e invitada ciudadana del Consejo.
-DRA.
ELENA AZAOLA GARRIDO: Muchas gracias.
Buenas
tardes.
Agradezco
mucho la oportunidad que se me brinda de poder expresar unas breves palabras
ante este importante foro.
Quiero
destacar, también, la importancia que tiene incluir en este espacio la voz de
los ciudadanos.
Para
poder acometer con mayor eficacia los grandes desafíos que enfrenta el país en
materia de seguridad, se requiere tender puentes, acortar las distancias,
reducir la desconfianza entre gobernantes y ciudadanos, y auspiciar la
participación de estos últimos, en la búsqueda de las soluciones que con
urgencia demanda el país.
Ello
no sólo puede ocurrir si todos nos abrimos a un diálogo franco y nos escuchamos
con cuidado y sin prejuicios.
De
nuestra parte venimos con el mejor ánimo de aportar nuestras ideas y
conocimientos, como lo han hecho y muy bien hecho, los compañeros que nos
precedieron en esta función, para colaborar crítica y propositivamente en la
elaboración de las políticas que se requieren en materia de seguridad.
En
cuanto a los temas que hoy han sido materia de este Consejo quisiera destacar
la importancia que reviste hacer un lugar en la agenda para incorporar el tema
penitenciario como uno de los temas relevantes en materia de seguridad que
tradicionalmente ha sido relegado, no obstante que resolver sus deficiencias es
imprescindible para poder alcanzar mejores resultados en materia de seguridad.
Me
atrevería, incluso a decir que mientras no atendamos debidamente el tema
penitenciario difícilmente vamos a poder avanzar en obtener mejores resultados
para reducir la inseguridad.
Bienvenidas
sean, entonces, las propuestas que hoy se han hecho en relación con el sistema
penitenciario, como un inicio de lo mucho que hay que hacer en este campo y de
la importancia que reviste para la seguridad.
Entre
los asuntos pendientes en materia penitenciaria cabe destacar brevemente los
siguientes.
Primero.
La necesidad de diseñar las políticas penitenciarias que permitan cumplir con
los objetivos prioritarios de la pena privativa de libertad de acuerdo con los principios
que establece nuestra Constitución.
Ello,
entre otras cuestiones, demanda reducir el uso de excesivo y en ocasiones
desproporcionado de la pena de prisión y diseñar los sistemas de sanciones,
alternativas a la prisión, así como reducir el abuso de la prisión preventiva
que mantiene sobrepobladas a nuestras cárceles y propicia que quienes ingresan
por delitos menores terminan arraigándose en una carrera delictiva.
En
segundo lugar, y de manera urgente, hace falta dignificar y mejorar la calidad
de vida de los internos, así como darle un rumbo claro y mejorar
sustantivamente las condiciones de trabajo del personal penitenciario.
Para
ello, hace falta revisar cuidadosamente la manera como se invierten los
recursos públicos en el ámbito penitenciario, estableciendo metas y
prioridades, sujetas al control y a la evaluación de resultados.
En
síntesis, colocar este tema en la mesa de este importante Consejo, constituye
un sustantivo primer paso para diseñar un verdadero sistema penitenciario, con
normas, procedimientos, estándares, protocolos y programas de atención
homogéneos para todo el país, se trata en suma de un primer paso.
Pero
de uno muy importante para poder iniciar una revisión y una transformación a
fondo de nuestro sistema penitenciario que sea también y vaya de la mano de
repensar las prioridades en nuestras políticas de seguridad.
Muchas
gracias.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, doctora.
A
continuación tiene la palabra la procuradora General de la República, maestra
Arely Gómez González.
-PROCURADORA
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Con su permiso señor Presidente, Enrique Peña Nieto,
señoras y señores integrantes, invitadas e invitados a este Consejo Nacional de
Seguridad Pública.
Esta
reunión entre quienes conformamos el Consejo Nacional de Seguridad, es
testimonio de que las autoridades trabajamos en el constante diseño y
perfeccionamiento de las estrategias en materia de seguridad y procuración de
justicia, con el único objetivo de devolver a la población las condiciones de
paz y tranquilidad que todos deseamos.
Hoy,
nuestra obligación es rendir cuentas claras a la sociedad y entregar
resultados.
México
cuenta con una política de Estado para combatir el crimen y vivir con justicia,
ello exige la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de Gobierno.
Desde
hace varios meses, la institución a mi cargo ha iniciado una profunda
transformación en su gestión, haciendo énfasis en que una procuración de
justicia eficaz requiere mayor especialización y nuevos instrumentos, que
permitan enfrentar retos y desafíos, como la delincuencia organizada.
Es
indispensable un sistema de inteligencia que permita combatir el delito de
manera eficaz. Un nuevo modelo que privilegie la utilización y el intercambio
de información, que fortalezca las investigaciones y que permita la
construcción de casos jurídicamente sólidos.
Este
nuevo enfoque brindará mayores incentivos a los ministerios públicos quienes
deberán lograr un mayor número de sentencias favorables en el combate a la
delincuencia.
Nuestra
intención es entregar a los ciudadanos una Procuraduría transformada, con
unidades especializadas, donde la incorporación de nuevos elementos técnicos y
científicos, además de un trabajo de inteligencia, generen certeza jurídica a
las investigaciones.
Todos
los servidores públicos de la Procuraduría General de la República entendemos
que una gestión moderna debe de estar soportada en cuatro ejes: procuración de
justicia eficaz y eficiente; respeto a los derechos humanos; transparencia y
rendición de cuentas; así como una debida implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
Este
último eje, que representa un cambio de paradigma en la procuración de justicia
en el país, requiere de personal especializado y capacitado.
La
seriedad con la que se han asumido los compromisos en el seno de este Consejo,
nos ha conducido a construir, de forma coordinada, protocolos de actuación en
materia de implementación de este Nuevo Sistema de Justicia Penal, que otorguen
certeza jurídica a quienes intervienen.
Prueba
de ello es el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, que fue
aprobado esta misma semana por la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia.
Así
como este protocolo, se han construido otros instrumentos de relevancia que
confirman que el esfuerzo coordinado se traduce en ordenamientos eficientes.
En
diciembre pasado este Consejo asumió el compromiso de trabajar en los
protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y tortura.
Las
múltiples violaciones a los derechos humanos ponen en riesgo el estado de
protección de los derechos fundamentales. Pero aún, lastiman a la sociedad y
debilitan su confianza en las instituciones.
La
construcción de un sistema democrático debe pasar por el combate a la impunidad
y la sanción a la comisión de estos delitos. En este sentido, la PGR tiene el
compromiso de no escatimar recursos, ni esfuerzo alguno en la investigación de
desapariciones.
Este
miércoles, tras un largo proceso de consulta con otros instituciones, expertos
en la materia y organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,
anunciamos la entrada en vigor de dos protocolos homologados para
investigaciones en casos de tortura, así como para la búsqueda de personas
desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.
Ello
nos permitirá, sin distingo de competencia local o Federal, indagatorias más
eficientes en caso de tortura y métodos de búsqueda más rigurosos.
La
confianza de la ciudadanía sólo puede ser recuperada sancionando a los
responsables, garantizando la no repetición de hechos similares y definiendo
los principios de actuación para una atención digna y respetuosa a las
víctimas.
Recordemos
que al inicio de su Administración el Presidente Enrique Peña Nieto marcó como
objetivos prioritarios reducir la violencia y recuperar la paz y la
tranquilidad de las familias mexicanas.
Ante
quienes actúan al margen de la ley debemos responder con una estrategia
integral de coordinación entre los órdenes de Gobierno con competencias y
responsabilidades claras que de manera transversal incluyan la prevención como
eje.
La
seguridad y la justicia son los reclamos sociales más sentidos de las y los
mexicanos, recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad es una tarea que
nos obliga a trabajar cotidianamente.
No
debemos defraudar a la sociedad que nos ha otorgado su confianza para ejercer
la honorable función de servirle, trabajemos día con día en nuestra meta,
entregar un México verdaderamente en paz.
Muchísimas
gracias.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, señora Procuradora.
Para
desahogar el décimo tercer punto de la Orden del Día, miembros del Consejo,
pongo a consideración de todos ustedes cinco acuerdos adicionales, mismos que
informo que se encuentran en las carpetas anexas y solamente de manera
enunciativa informaré a ustedes que el primero se refiere a la Comisión
Electora, encargada del proceso de selección y designación de los invitados
ciudadanos permanentes para designar a un invitado permanente sustituto, toda
vez que por condiciones supervenientes uno de los invitados previamente no pudo
participar.
El
segundo se refiere al Consejo Nacional de Seguridad Pública por el que se
aprueba el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia e Implementación
Obligatoria en los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia.
El
tercero, mediante el cual se instruye a los Gobernadores y Jefe de Gobierno del
Distrito Federal el uso y aplicación a nivel nacional de los instrumentos para
el registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas, así como el
manual de llenado, lo que será realizado en los términos y plazos del plan de
implementación establecido.
El
cuarto, que se refiere a los protocolos homologados de investigación de
desaparición forzada y tortura, que serán aplicables a nivel nacional para
todas las instituciones de seguridad pública.
Y
el quinto, por el cual se aprueba la consolidación de un servicio homologado
para la atención de llamadas de emergencia en todo el país, mismos que se
encuentran en sus carpetas anexas.
En
este sentido pongo a consideración del pleno del consejo estos acuerdos.
Señores
integrantes del Consejo, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Gracias.
Los
acuerdos han sido aprobados.
En
el siguiente punto de la orden del día pregunto a los presentes si existe algún
tema inscrito en asuntos generales.
No
habiendo asuntos generales qué tratar y agotados los temas de la orden del día,
solicitamos respetuosamente al señor Presidente de la Republica, Enrique Peña
Nieto, se gire dirigir su mensaje como Presidente de este Consejo Nacional, así
como a efectuar la declaratoria de clausura de los trabajos de esta 38ª sesión
del consejo nacional de seguridad pública.
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