La Guardia Nacional, atorada en el Congreso

La Guardia Nacional, atorada en el Congreso/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2199, 22 de diciembre de 2018..
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear una Guardia Nacional tendrá que esperar. Por lo menos no será realidad en el primer trimestre de 2019. Las reformas constitucionales para crear ese nuevo cuerpo que se integrará al Ejército se quedaron atoradas en la Cámara de Diputados.
Cuando se acababa el periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Morena, aprobó el jueves 20 un dictamen que no dejó satisfecho a nadie. Ni a la oposición, sociedad civil ni a los principales involucrados en su funcionamiento.
La discusión, además, ocurrió justo al mismo tiempo en que se producía otro fallo internacional contra México por graves violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos del Ejército, que se pretende sea la columna vertebral de la Guardia Nacional.

El dictamen quedó tan en entredicho que las fracciones parlamentarias acordaron la noche del viernes 21 discutir el tema en enero, pero antes abrir un nuevo periodo de consultas sobre las reformas constitucionales.
La Junta de Coordinación Política le pidió a la Comisión Permanente del Congreso convocar a un periodo extraordinario de sesiones a partir del 16 de enero, para discutir el dictamen.
Pero antes, “se realizará un proceso de audiencias con gobernadores, munícipes, autoridades federales, académicos y especialistas” para “nutrir el análisis de forma abierta y transparente”.
Se decidió que se va a enero para tener un mejor dictamen, dijo Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se busca más consenso porque por las prisas que tenían en aprobarlo, cada versión del dictamen era cada vez peor, asegura.
En conversación telefónica con Proceso, la diputada observa los diferentes modelos de seguridad de los que ha hablado López Obrador: “Primero porque tenía la propuesta de una Secretaría de Seguridad Ciudadana y con las propuestas que vimos dejaron a esa secretaria sin operación. Y en el último dictamen hablaron de una revisión y hasta una posible disolución de la Guardia Nacional en cinco años. Al presidente le cambiaron el modelo. No sé quién, pero se lo han venido cambiando”, asegura. 
El plan original era tener una Secretaría de Seguridad con controles importantes, y aunque se hablaba de una Guardia Nacional se había pensado en una Gendarmería y fortalecer a la policía civil, dice.
“No sé si fueron ellos (los militares) quienes lo convencieron de cambiar el modelo. Y aunque nadie en su sano juicio está pidiendo que se retiren ahora los militares, se requiere un plan de retiro gradual. López Obrador no necesita estar acompañado por un Ejército fortalecido. 
“La intención de los militares para tener un marco legal no es nueva, es desde hace 12 años. Es importante que el presidente vea que hay otras posibilidades de enfrentar la inseguridad”, remata. 
Al final en Morena se dieron cuenta de que el dictamen tenía muchos errores, dice la diputada.
Victoria Unzueta, asesora en materia de seguridad del grupo parlamentario del PRD, dice que en el dictamen aprobado la mayoría de Morena hizo “una marometa” al proponer el plazo de cinco años para revisar si la Guardia Nacional sirve o no. 
“Así como quedó en el dictamen, eso no significa que la Guardia Nacional desapareciera, pero no dice si seguiría en la Secretaría de la Defensa Nacional o a dónde pasaría. Se mantiene el esquema de mando militar, independientemente de la dependencia en la que quedara y se mantendría la militarización de la seguridad”, afirma.
Doctora por la Universidad de Turín, la experta en seguridad considera que el periodo de los cinco años “no es cálculo ingenuo” sino una “irresponsabilidad política”, porque si se decidiera que la Guardia Nacional no funcionó, se dejaría el problema al gobierno que sigue. 
Además, ampliaron el plazo de tres a cinco años porque a la mitad del sexenio se hará la consulta de revocación de mandato y no quieren que el tema de la Guardia Nacional afecte electoralmente en ese momento, asegura.
Caso Alvarado
El jueves 20, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada morenista mexiquense Miroslava Carrillo Martínez, discutía la aprobación del dictamen, desde San José, Costa Rica, se conocía un nuevo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de tres personas durante el Operativo Conjunto Chihuahua, a manos de elementos del Ejército, y ordenado por el entonces presidente Felipe Calderón.
La CoIDH resolvió que México es “internacionalmente responsable” por las desapariciones forzadas de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, ocurridas en 2009 en el ejido Benito Juárez, durante un operativo contra la delincuencia organizada “con la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad”.
En su sentencia, la CoIDH condena al Estado mexicano a indemnizar a los familiares de las víctimas y asegura que el incremento de la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana ha sido un patrón constante en México desde 2006.
Contrario a la intención del gobierno de López Obrador de darle el mando en tareas de seguridad, la CoIDH señaló en su fallo que por regla general el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos civiles.
Reiteró su criterio según el cual cuando las Fuerzas Armadas intervengan excepcionalmente, su participación debe ser extraordinaria, temporal y restringida a lo estrictamente necesario. Además, debe estar subordinada y ser complementaria a las corporaciones civiles, sin que puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o Policía Judicial o Ministerial. Asimismo, fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Ese papel que han tenido el Ejército y la Marina desde 2006 fue también cuestionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Proceso 2194), cuando en noviembre pasado desechó la Ley de Seguridad Interior que había sido aprobada por la entonces mayoría del PRI, a pesar del rechazo de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil, tal y como ocurrió el pasado jueves 20 con la aprobación del cuestionado dictamen con el que se pretendía crear la Guardia Nacional.