"Es muy posible que esta paralización vaya más allá del 28, hasta el nuevo Congreso", aseguró Mick Mulvaney en el programa Fox News Sunday.
El Senado estadounidense suspendió temporalmente el debate el sábado, incapaz de superar el estancamiento sobre la exigencia de Trump de más fondos para un muro en la frontera con México, algo que los demócratas se niegan a aceptar....
Mulvaney dijo que la Casa Blanca hizo una contraoferta a los demócratas para financiar la seguridad fronteriza, que estaría en un punto medio entre la oferta demócrata de mil 300 millones de dólares y la demanda de Trump, de 5 mil millones de dólares.
Como parte de esas conversaciones del sábado, el vicepresidente Mike Pence propuso abandonar la exigencia de 5 mil millones de dólares para un muro fronterizo, sustituyendo en cambio 2 mil 100 millones de dólares, reportó ABC News citando fuentes cuyo nombre no fue revelado.
Donald Trump señaló hoy que aceptaría el financiamiento para un “muro” o “barreras”, al iniciar la segunda jornada del cierre parcial del gobierno federal por sus diferencias con los demócratas para financiar un muro fronterizo. “La única manera de detener las drogas, pandillas, la trata de humanos, elementos criminales y mucho que viene a nuestro país es con un Muro o Barrera”, escribió este domingo en su cuenta de Twitter.
Ayer el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, dejó en claro que la única manera de reabrir el gobierno federal es si Trump retira su demanda de un muro fronterizo....En tanto, l líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, hizo notar a los demócratas que apenas hace unos meses habían ofrecido al presidente Donald Trump 25 mil millones de dólares para el muro en la frontera con México, a cambio de legalizar a los “dreamers”.
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Organizaciones promigrantes y de defensa de los derechos humanos* se alistan para solicitar a los tribunales frenar el plan del presidente Trump, para que todos los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos permanezcan en México durante la duración de sus procedimientos.
“El plan de EU de devolver a los solicitantes de asilo a México para que permanezcan allí durante la tramitación de sus procedimientos de inmigración es una clara violación del derecho internacional y de Estados Unidos y será litigado en los tribunales” de este país, advirtieron las organizaciones.
Bajo el plan, denominado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “Protocolos de Protección Migratoria”, los migrantes que intentan solicitar asilo en Estados Unidos en la frontera sur serán mantenidos casi universalmente en México por lo que duren sus procedimientos de inmigración.
“Requerir que los solicitantes de asilo se queden en México es descaradamente ilegal. Este es otro ejemplo de que el presidente intenta reescribir unilateralmente las leyes establecidas por el Congreso”, afirmó en un comunicado Kenji Kizuka, investigador y analista de políticas, y protección de refugiados, de la organización Human Rights First con sede en Washington, D.C.
“¿Podrán los abogados visitar a sus clientes en México antes de las audiencias?
¿Dónde se llevarán a cabo esas audiencias?, cuestionó. “Sabemos que el acceso a un abogado es uno de los factores más importantes para que un solicitante de asilo puedan o no vivir seguro en EU”, dijo.
La política es “vergonzosa e ilegal” y “resultará en la pérdida de vidas de personas vulnerables que buscan seguridad”, dijo Michelle Brané, directora del Programa Derechos y Justicia de los Migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas.
*Las organizaciones Human Rights First, Comisión de Mujeres Refugiadas, Kids in Need of Defense, Sin Fronteras, Washington Office on Latin America, Latin America Working Group y otras más enviaron el viernes una carta al presidente de México, López Obrador, en la que le piden el no aceptar participar en la nueva política decretada por Trump.
EU invocó el pasado 20 de diciembre la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacional a fin de regresar a México a los solicitantes de asilo de terceros países que ingresen desde territorio mexicano, donde esperarán el resultado de su solicitud.
Ese mismo día y ante la decisión de Washington, el gobierno de México manifestó que permitirá la permanencia temporal de estas personas en su territorio bajo la condición de “estancia por razones humanitarias”, pero con apego a la ley.
La cancillería mexicana expuso que se autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertos extranjeros provenientes de EU que hayan ingresado a ese país o sido aprehendidos por un puerto de entrada o entrevistados por autoridades de control migratorio norteamericano y recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio.
AMLO es debil ante Trump....
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Las OCHO COLUMNAS de los medios hoy.
Reforma: *Atora jaloneo
. Sesión en San Lázaro se pospuso para este domingo tras protestas de Ediles que exigen más recursos; Mario Delgado les ofreció aumento de 9%.
- **Emite EPN 42 títulos de asignación minera. En el último día de su Administración, el Gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 42 títulos de asignación minera en diferentes estados.
- El Universal: Libres los detenidos de Alfredo Castillo.
- La Jornada: Bloqueos y nuevo cerco en San Lázaro atoran presupuesto. Ante la falta de condiciones mínimas, posponen sesión para hoy. Campesinos priístas mantienen cerrados accesos al recinto legislativo. Si no nos dejan entrar a la Cámara iremos a otra sede, anuncia Delgado. Alcaldes y líderes perredistas logran revisión tras tomar vías aledañas al AICM. Morena ofrece subir 9% partidas para estados y municipios.
- Milenio: Sheimbaun: no vamos a contrariar a AMLO por depas de Santa Fe.
- Excélsior: Protestas meten pie al presupuesto; prevén sesión en sede alterna.
- El Heraldo de México: Rectores, más caros que gabinete. Los titulares de cuatro escuelas públicas de Hidalgo ganan hasta 26% más que el procurador o los secretarios estatales de Omar Fayad; en tanto, en las instituciones académicas ocultan esa información.
- La Crónica: Campo Militar 1F: vecinos quieren parque, no casas.
- El Sol de México: Atoran presupuesto alcaldes perredistas.
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Las columnas políticas hoy, domingo 23 de diciembre de 2018..
Templo Mayor de Reforma...
MIENTRAS en la Cámara de Diputados la bancada de Morena está pasando las de Caín para concretar la aprobación del presupuesto para el 2019, en Hacienda las cosas tampoco están sencillas.
DICEN que a pesar de la imagen de estabilidad y de optimismo que tratan de reflejar desde la dependencia que encabeza Carlos Urzúa, tras bambalinas están viviendo una tormenta.
EL DESGASTE del secretario en las primeras tres semanas del sexenio por temas como la recompra de los bonos del NAIM, la baja en el presupuesto a las universidades públicas y el jaloneo por el paquete económico 2019, se ha agravado por el enfriamiento de su relación con Andrés Manuel López Obrador.
CUENTAN que a Urzúa no le gustó nada que no le dejaran elegir al Administrador General de Grandes Contribuyentes, puesto clave para reducir la evasión y la defraudación de los llamados "peces gordos" que quedó en manos de Antonio Martínez Dagnino.
LAS COSAS están tan complicadas que hay quienes ya hacen quinielas sobre cuánto tiempo más aguantará el titular de Hacienda en el cargo y si romperá el récord de Jaime Serra Puche, conocido como el "Cetes" por aquello de que en 1994 su nombramiento en la SHCP tuvo vencimiento a los 28 días.
EN EL TEMA del freno a la construcción de edificios en el predio La Mexicana existe una corriente de sospechosismo sobre qué tanto tuvo que ver en esa decisión la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Yasmín Esquivel.
Y ES QUE mucho se ha comentado que la magistrada, esposa de José María Riobóo, constructor y asesor de Andrés Manuel López Obrador, es cercana a varios morenistas que siempre se opusieron a que se desarrollara vivienda en ese predio de Santa Fe.
ADEMÁS, la construcción de un parque como contraprestación para que el gobierno capitalino permitiera los edificios ha sido presumida como un logro de la administración de Miguel Ángel Mancera.
Y MÁS de un morenista está interesado en pegarle al hoy coordinador de los senadores del PRD con lo que tengan a la mano... y hasta con lo que no.
EL RETRASO en las negociaciones del Presupuesto federal trae nerviosos a los diputados locales de la CDMX, pues no pueden terminar de procesar el paquete económico local hasta que la Cámara de Diputados defina temas como las asignaciones al Fondo Metropolitano.
Y MUCHO se temen que si en San Lázaro se cuelgan con la aprobación, ellos acabarán trabajando hasta el cuarto para las 12... ¡del 31 de diciembre!
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Frentes Políticos /Excelsior...
I. Papá gobierno. Otro de los signos de que los nuevos tiempos han llegado es la figura de Gobernación. Una secretaría tradicionalmente rígida, cuya histórica aportación ha consistido en ser el brazo duro del sistema y representar la severa figura que dicta las reglas de conducta social a las que hay que someterse. Ahora, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pugna porque se sepa la verdad sobre lo que sucedió a los estudiantes de Ayotzinapa. La abogada se muestra solidaria con su género, ya que apoya, irrestrictamente, la lucha de las mujeres por la igualdad. La funcionaria también sostiene que no hay democracia efectiva sin acceso a los derechos y respalda la legalización de la canabbis. Su agenda es prioridad para el desarrollo de la nación. Con lupa.
II. Sanción ejemplar. El asesino de la alcaldesa de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Kobel Lara, es un empresario coahuilense, identificado como David ‘N’. A este individuo se le hizo fácil matar a la presidenta municipal tras una discusión. Por ello, enfrenta una pena que podría alcanzar los 60 años de prisión. Fue vinculado a proceso por feminicidio y delitos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Permanecerá recluido en el cereso varonil, mientras el Ministerio Público concluye la investigación. Lesiones, daños y resistencia a particulares, actitud belicosa, delictiva, amenazas, daños y asesinato. De no aplicarle una sanción ejemplar, la justicia será burlada una vez más.
III. Turismo de altura. Buena noticia. A colación por los días festivos de diciembre, la Arquidiócesis de México informó que, a principios del próximo año, iniciará, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la construcción de la imagen del Cristo de la Paz, que sería la más grande del mundo, pues medirá 77 metros de alto. Superaría la altitud que tienen los cristos de la Concordia de Bolivia y Redentor de Brasil. Es iniciativa del actor y productor Eduardo Verástegui. Será diseñada por el arquitecto mexicano Fernando Romero y se levantará en una explanada con capacidad de hasta 10 mil personas. Esto generará beneficios económicos a la zona. La multiplicación de los panes y los peces versión 2019.
IV. Problemón. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por Mario Delgado, mantiene reuniones para encontrar solución a las inconformidades de los diferentes grupos que se han manifestado contra los recortes presupuestales en varios rubros. Ricardo Gallardo, coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, reconoció que grupos del PRD se sumaron a las protestas, “para dar la batalla por el bienestar de todos los mexicanos”. El acarreo les alcanzó hasta para que 200 alcaldes del sol azteca se sumaran a las protestas. Tomar Palacio Legislativo por la fuerza no es debido. La mala noticias es que ya no les pueden enviar a los granaderos.
V. Una sopa de su propio chocolate. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó posponer para este domingo al mediodía la realización de la sesión ordinaria convocada para ayer, ante el bloqueo al recinto legislativo que mantienen organizaciones en demanda de recursos para el campo. El presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, informó de la decisión. El viernes, diversas organizaciones campesinas mantuvieron bloqueados los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro en demanda de la restitución de recursos para el campo. Dice el diputado Gerardo Fernández Noroña que ni ellos se comportaban así. Ja.
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Tatiana, la desleal/ Jaina Pereyra, especialista en discurso político. Directora de Discurseros SC.
Excelsior..
Es encomiable la actitud de Clouthier, quien no traiciona sus principios y es congruente
Contrario a lo que muchos declaran pensar en estos días, no soy de las que cree que el neoliberalismo sea el origen y razón de todos nuestros males. Creo, en cambio, que el problema más profundo de este país es la indolencia ante la injusticia. Mi impresión, de hecho, es que los 30 millones de votos de López Obrador reflejan el hartazgo con un sistema que no equilibra las desventajas, pero, sobre todo, en el que la gestión de lo público no se rige por la decencia, la vergüenza o la sensatez.
No hay una instancia que en lo cotidiano restrinja y corrija lo que está mal. La sensación de abuso, de desprotección, de injusticia está presente todos los días en todos lados.
La gran mayoría de los trabajadores ganan menos de diez mil pesos por recorrer trayectos eternos y cumplir jornadas extenuantes. Casi todas las mujeres han sido abusadas o acosadas sexualmente. Un automovilista prepotente puede prender el limpiaparabrisas a un niño de la calle mientras éste quiere limpiar el vidrio. Un niño puede vivir en la calle sin que nadie sienta la necesidad de resolverlo. Los familiares de los enfermos en instituciones públicas de salud tienen que comprar sus propios medicamentos, como si alguien les hiciera el favor de prestarles una cama. Los vecinos pueden tener fiestas toda la noche. O invadir la banqueta con su taller de hojalatería. Las empresas pueden vender productos defectuosos y servicios incompetentes.
Pero, sobre todo, los diputados, los senadores, los secretarios de Estado, los gobernadores pueden darse sueldos y aguinaldos millonarios; acomodar a sus amigos en instituciones presuntamente autónomas; votar en el sentido en que negoció su dirigencia, en vez de lo que dicta su conciencia. Y no pasa nada.
En este país es normal ver la actitud de Mario Delgado, quejándose hace años de la militarización del país y luego coordinando el voto legislativo de su bancada en favor de la versión más inconstitucional de ella; quejándose del abuso inmobiliario hace unos años y luego callado frente al mismo abuso el día de hoy.
Hay políticos que adquieren fuerza siendo comparsa y hay los que adquieren fuerza siendo voz. Por eso ha sido tan refrescante ver a Tatiana Clouthier llamar a la sensatez. Mostrar “deslealtad” a Andrés Manuel mostrando lealtad a sus principios.
Tatiana Clouthier, Matha Tagle y Nestora Salgado (en el voto en contra de ampliar el catálogo de delitos meritorios de la prisión preventiva) y, quién lo iba a decir, Layda Sansores (manifestándose en contra del abuso inmobiliario que se anticipa en terrenos de la Sedena). Todas ellas levantaron la voz desde lo que parece un llamado de conciencia. Un acto prácticamente desconocido en nuestras dinámicas políticas que viene de, hay que señalarlo, un grupo de mujeres, de ésas a las que por tanto tiempo se nos negó el voto porque no tendríamos opinión propia.
Independientemente de lo que se opine de la Guardia Nacional, es refrescante ver a políticas que digan que no, que no está bien, que no pueden votar por algo que les produce resquemor.
Diferentes a las voces que abundan diciendo “soy obradorista, pero estoy en contra de la Guardia Nacional”; de quienes creen que tienen que declarar lealtad primero, para poder validar su disenso; de quienes tienen que decir que no es un ataque pensar, pensar distinto.
Yo creo que es una lección. Para nosotros, los ciudadanos, que nos hemos acostumbrado a las negociaciones atropelladas, contra las que no podemos oponernos eficazmente, porque da lo mismo lo que pensemos. Debemos encontrar y apoyar a estas legisladoras (¿hay también legisladores?) que votan con conciencia de la dimensión de su labor.
Pero también es un aprendizaje para ellas. De que pueden ser decentes; pueden tener vergüenza; pueden votar con conciencia; y las vamos a apoyar. Independientemente de lo que digan AMLO o Yeidckol o quien sea: las vamos a apoyar.
Así que, gracias, Tatiana, por el ejemplo en esta discusión. Gracias por la congruencia refrescante y por el aprendizaje. Esperamos que tu voz siga fuerte en enero, cuando se retome la discusión.
PD: Feliz Navidad a los lectores que la festejan. Les deseo que sean días de intenso cariño y profunda paz.
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Opcional y perdedor/Luis Rubio
Reforma, 23 Dic. 2018
El taxi conduce por una de las principales arterias de la ciudad, hasta que, de pronto, se para en seco. A lo lejos se puede ver que el entronque con el ramal de uno de los circuitos "rápidos" de la urbe prácticamente no se mueve. El taxista voltea a la izquierda y observa que, del otro lado de la avenida, hay una entrada por la que se incorpora un automóvil tras otro a la calle. El taxista piensa rápido y decide darse la vuelta a la brava para cortar unos minutos en su trayecto. Los coches que vienen en sentido contrario le tocan el claxon y le recuerdan a su progenitora, pero en un par de minutos se sale con la suya y les regresa el sentimiento con la mano. El taxista se comportó tal como lo hacemos muchos una y otra vez de manera cotidiana al estacionarnos en doble fila, tocar el claxon frente a un hospital, darnos vuelta en sentido contrario, pasarnos un alto, conducir a mayor velocidad de la permitida, etcétera. Lo hacemos y creemos que fuimos muy listos.
Detrás del taxista antes mencionado está otra persona que iba a su trabajo y observaba la misma escena pero opta por mantenerse en su carril hasta llegar al entronque, cumpliendo las reglas al pie de la letra. Mientras que el taxista se ufanaba de su travesura y se burlaba de los tontos que se quedaron en la cola, el señor de atrás llegó tarde a su trabajo. Le salió caro a quien cumplió con las reglas. Esta historia en nada se diferencia a la del ciudadano ejemplar que va y paga la tenencia de su automóvil en el tiempo establecido, mientras que su vecino pospone y pospone hasta el límite, sólo para encontrarse con que el gobierno local decreta un descuento especial para los retrasados. El que optó por apegarse a las reglas perdió.
En México el cumplimiento de la ley es opcional, igual para los gobernantes que para los ciudadanos. Los funcionarios deciden si aplican la ley o si la cambian sin el menor rubor; lo peor que le puede suceder a un ciudadano común y corriente por no cumplir una ley es que tenga que pagar una mordida para luego decir "me salió barato". El que cumple la ley llega tarde, paga más y tiene una vida complicada. Cumplir con la ley es ser perdedor.
En nuestro sistema de gobierno la ley es un instrumento que se usa a conveniencia: cuando satisface los objetivos, usualmente políticos, del funcionario en turno, la ley ES LA LEY y se hace cumplir. Cuando no le gusta lo que dice la ley, el funcionario tiene dos posibilidades: una es ignorarla (lo más frecuente); la otra, sobre todo si es el presidente o se trata de un funcionario de alto nivel, procede a modificarla o promover una nueva ley, que se apegue al objetivo. Cuando López Obrador le respondió al Ing. Slim en el asunto del nuevo aeropuerto, su punto de partida hizo evidente que sería facultad suya aplicar la ley, cambiarla o concesionar el aeropuerto. No es necesario que haya un proceso de licitación o que el congreso revise la ley. Con la decisión de una persona basta.
Nada de esto es novedoso o especialmente revelador, pero ilustra el choque entre nuestra forma de ser y nuestras pretensiones. Hace no mucho observaba yo a una persona indignadísima, tocando el claxon y gritándole a una señora que se había estacionado en Paseo de la Reforma, creando un enorme embotellamiento. Más allá de los gritos, la persona molesta tenía razón: no se puede uno parar en esa avenida como si fuera estacionamiento particular. Lo interesante fue lo que ocurrió dos cuadras más adelante, cuando el gritón hizo exactamente lo mismo, en la misma avenida. Se paró en seco, puso las luces de emergencia y se bajó a comprar un periódico. Cuando alguien le tocó el claxon como él había hecho unos minutos antes, su lenguaje corporal fue desafiante y amenazó: "lo que quieras c...". Poco le faltó para sacar una pistola. Nos indigna que otro viole el reglamento pero nos parece enteramente natural violarlo cuando nos conviene o sirve a nuestros propósitos.
Saltarnos las trancas es parte de nuestro ADN y lo hacemos todos los días. El caso del tránsito es quizá el más evidente o, al menos, el más visible, pero es sólo una muestra de nuestro ser. En una ocasión asistí con varios legisladores mexicanos al Congreso estadounidense. El policía de la entrada tenía una lista de los visitantes y exigía una identificación a cada uno de nosotros para cotejarla contra ella. Un senador se acercó y, con tono de autoridad, le dijo: "yo soy senador de la República", como si al policía, responsable de quien entra y sale, le importara. En inglés, le respondió de la manera más natural, pero inconfundible: "si quiere entrar tiene que mostrar su identificación".
Los países más exitosos y desarrollados se apegan a las reglas y no piensan ni un instante en la alternativa: las reglas y las leyes no son opcionales: son obligatorias. Los funcionarios de esos países no dudan en que la ley es la que está en el código y tiene que hacerse cumplir sin chistar: no es algo opcional. Eso es lo que hace posible la equidad y el desarrollo. Algún día, los mexicanos tendremos que decidir si queremos ser un país desarrollado y lo que eso implica, comenzando por cumplir y hacer cumplir la ley. Mientras, sólo los tontos (hay mejores palabras) la cumplirán.
@lrubiof
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Ver el elefante/Eduardo Caccia
Reforma, 23 Dic. 2018
Ignoro cómo se sienta el presidente López Obrador con la enorme responsabilidad que sobre sus hombros ha adquirido al tener el cargo público de mayor relevancia en el país, pero además por la gran cantidad de promesas y expectativas que millones de sus votantes esperan ver realizadas. Concédanme la licencia (ruego que ahora está de moda) de expresarlo en términos futbolísticos, es como si el jugador más importante fuera a cobrar el penalti bajo la consigna "no tienes derecho a fallar". La realidad es que no es una cuestión de tener derecho, acertar o fallar son probabilidades de quien toma decisiones.
Hasta donde mi limitada visión de campo me permite ver, el Presidente está tomando decisiones fragmentadas; es como un médico que ve enfermedades asociadas a partes del cuerpo, sin ver al paciente como una entidad completa (y compleja). ¿El problema es el hígado?, pues toma tal medicina para ese órgano, con la intención de conseguir salud hepática. Pero ¿de qué le sirve al hígado estar sano si el cuerpo que lo aloja no lo está?
En México han faltado líderes políticos con visión sistémica. Imagina que continuamente tienes que cambiar un foco de tu casa; por alguna razón se funde constantemente. Pronto llegas a la conclusión de que "no es el foco" sino algo más: el sistema eléctrico. Podrás cambiar el foco una y otra vez; se volverá a fundir. Ahora pensemos en nuestros gobiernos. Es un lugar común en México decir que todos los presidentes nos han salido malos. ¿No será el sistema? Tendremos un mejor gobierno cuando tengamos una mejor sociedad, no al revés.
Dice Robert Pirsig (citado por Donella Meadows en Thinking in Systems): "Si una revolución destruye un gobierno, pero los patrones sistémicos de pensamiento que produjeron ese gobierno permanecen intactos, entonces esos patrones se repetirán. Hay tanto que hablar sobre sistemas. Y tan poco entendimiento". Un sistema es un conjunto de cosas (gente, células, artefactos, redes, etcétera) de tal forma interconectadas que producen su propio patrón de conducta con el tiempo. Por eso hablamos de "el sistema político mexicano", por eso hablo de la corrupción como un fenómeno cultural, es parte de nuestro sistema social.
Muchos de los actuales actores políticos tienen el "ADN" del viejo sistema político mexicano. Aunque ahora aparezcan bajo el sello de otro partido, como Morena, su código cultural está forjado en las prácticas que han sido corrosivas al país. No es de extrañar que a pocas semanas de que ejerzan el poder, repliquen aquello de lo que renegaban cuando eran oposición. Una de estas características es que los elementos del sistema político habrán de mutar para sobrevivir; no sólo de colores, también de ideología y puntos de vista. Sólo así es explicable que un político como Mario Delgado apoye fervorosamente hoy iniciativas a las cuales se opuso fervorosamente ayer: la militarización del país y el desarrollo inmobiliario en terrenos propiedad de la Sedena.
El presidente López Obrador hará un buen papel si logra entender cómo sus decisiones afectan el conjunto del sistema llamado México y no sólo alguna de sus partes. Algo brutalmente evidente es ¿de qué le sirve al sistema México que el Presidente regrese 22 mil pesos de su sueldo (que le aplaudirá el subsistema pueblo bueno que votó por él) si por otro lado tira a la basura 100 mil millones de pesos que podrían beneficiar a muchos otros subsistemas (como la educación y la cultura) del país y por supuesto al sistema en general?
En un cuentecillo clásico sufí se habla de un rey que lleva a su poderoso elefante a una comunidad de ciegos que -obviamente- nunca han visto un paquidermo. Los invidentes empiezan a palpar las diferentes partes de la bestia, cada uno aportando lo que experimentaba. El que tocó la oreja dijo: "es larga, rugosa y ancha, como una alfombra", mientras otro describió a su tacto: "es fuerte y firme, como un pilar". Todos tenían su propia idea equivocada de lo que era un elefante. La lección es que la conducta de un sistema no puede ser conocida simplemente al conocer los elementos de los que se compone. El estadista tiende a ver el sistema. El político de ocasión, las partes; es ciego ante las consecuencias de sus decisiones.
El aeropuerto en Texcoco es ese enorme elefante.
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Centralismo militar/Juan E. Pardinas
Reforma, 23 Dic. 2018
Estamos en un mal siglo para defender al federalismo mexicano. Este precepto constitucional engendró a gobernadores que asumieron la soberanía de sus estados como una licencia para el despojo de la propiedad pública y privada. Cuando se ponen sobre la mesa los nombres de Javier Duarte, Roberto Borge o Guillermo Padrés, la bandera del federalismo se vuelve una causa indefendible.
En su versión más teórica e inspirada, el federalismo es un laboratorio de soluciones locales de política pública. Con la creación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cerrar la red regional de laboratorios de seguridad pública e imponer un solo experimento para un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados.
La crisis transexenal de violencia arroja cifras crecientes de crimen y miedo. Sin embargo, los promedios nacionales confunden el diagnóstico. La realidad de la inseguridad en México es la suma de muchas realidades, que se parecen muy poco entre sí. La dinámica de homicidios en Saltillo es dramáticamente distinta que en Acapulco. Los problemas en Mérida no se parecen en nada a los que sufre Tijuana. Esto parece muy obvio, pero la estrategia de la Guardia Nacional ha ignorado esta obviedad.
A fines del sexenio de Felipe Calderón, la zona de La Laguna, en la frontera entre Coahuila y Durango, era considerada como una de las regiones más peligrosas del planeta. Esto ha cambiado para bien. El periodista lagunero Javier Garza Ramos nos recuerda la trayectoria de las cifras que van del pavor a la esperanza: en 2012 había un promedio de tres homicidios diarios, para 2018 la cifra se redujo a un homicidio cada tres días. La Zona Metropolitana de Monterrey es otra región del país donde se logró frenar y revertir la espiral de inseguridad y violencia que marcó el final del gobierno de Calderón. Las historias de la Comarca Lagunera o Monterrey son motivos para el anhelo de que México puede darle la vuelta a esta etapa sangrienta de nuestra historia. Sin embargo, la moraleja en ambos casos es que las soluciones de largo plazo en seguridad pública pasan por tener una visión regional, la participación de la sociedad y la construcción de las policías locales.
La reciente iniciativa para crear una Guardia Nacional, cuya discusión fue postergada en la Cámara de Diputados para enero, es una apuesta al centralismo militarizado. La lectura del dictamen legislativo revela una serie de contradicciones graves. Primero se define la política de seguridad pública de Calderón y Peña Nieto como una "estrategia rotundamente equivocada". Sin embargo, el cambio constitucional impulsado por AMLO busca darle permanencia jurídica a esa rotunda errata de sus antecesores. Luego se reconoce que "los cuerpos civiles de seguridad pública no mejoraron" pero se omite una discusión sobre el abandono político y presupuestal de las fuerzas policiales en todos los niveles de gobierno.
Luego viene la contradicción textual más evidente sobre la formación militar y el trabajo policial: "Se propone que la creación de la Guardia Nacional tenga disciplina militar en lo relacionado a su organización, pero en cuanto hace a las funciones ligadas al contacto permanente con la ciudadanía se desempeñará bajo medidas de autoridad civil". La capacitación, estructura jerárquica, la disciplina, los ascensos y la profesionalización estarán a cargo de los militares, pero en el instante en que la Guardia Nacional se tope con un ciudadano súbitamente se transformarán en policías.
Una de las instituciones más abandonadas y despreciadas por la sociedad y el Estado mexicano es el Ministerio Público. Esos oficiales del MP serán ahora los responsables de conducir jurídicamente a esta amalgama entre marinos, militares, policías y profesionales de la investigación criminal. ¿Soldados transformados en criminólogos? Esas son las peculiar
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Los Pinos: lo que el sexenio se llevó/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍARevista Proceso # 2199, 22 de diciembre de 2018..
Antes de entregar el poder el peñanietismo se encargó de dejar la hasta entonces residencia oficial con amplios espacios vacíos. Ni cubiertos, cafeteras ni hornos en la cocina; ni lámparas o burós en las recámaras; ni escritorios, engrapadoras o computadoras en las oficinas; ni televisiones ni sus soportes, que fueron arrancados de las paredes… Vaya, ni el teléfono rojo sobrevivió al fin del sexenio anterior en Los Pinos.
Símbolo del acceso al poder presidencial, invocación frecuente de novelas y thrillers políticos, no hay rastro del teléfono rojo en la que fue la residencia oficial de Los Pinos, como tampoco hay un solo teléfono o intercomunicador en ninguno de los despachos que debió ocupar el equipo presidencial, que se pueden recorrer por todo el pasillo trasero de la casona que durante más de ocho décadas habitaron –y desde donde despacharon– los presidentes de México.
Tampoco hay ni una computadora, impresora, trituradora, engrapadora, engargoladora o perforadora; ni un despachador de agua, una cafetera o algún horno de microondas, objetos todos que se contaban por cientos en el inventario de bienes de la Presidencia de la República hasta un año antes de que la residencia de Los Pinos fuera desalojada.
Y en definitiva, los números no cuadran cuando se procura hacer el contraste, por ejemplo, de las sillas, sillones y credenzas asentadas en el inventario obtenido por Proceso en julio de 2017 sobre el mobiliario de la hoy exresidencia oficial, con los que se puede observar en los rincones de las tres casas presidenciales y el salón Venustiano Carranza, que desde el pasado sábado 1 cualquier ciudadano puede visitar.
Sede del poder político durante ocho décadas, el perímetro ya no cuenta con el recaudo del Estado Mayor Presidencial; está custodiado ahora por efectivos de la Primera Brigada de Policía Militar que fungen como agilizadores de visitas, empleados de la Secretaría de Cultura.
No hay guía de turistas ni explicación de algún tipo, excepto por las etiquetas en algunos cuadros de artistas célebres o muebles de cierta importancia; y algunas descripciones, como la del “búnker”, cuya sala de crisis fue construida en el sexenio de Felipe Calderón, en el sótano de la casa Miguel Alemán; y naturalmente los letreros que acompañan numerosas piezas en los que se lee: “Así se recibió”.
La ausencia de objetos es notoria en relación con lo registrado por la Oficina de la Presidencia de la República hasta el 2 de mayo de 2017, fecha en la que este semanario hizo una solicitud de información (folio 0210000037317), con el fin de documentar el inventario de la residencia oficial de Los Pinos para contrastarla con lo entregado una vez ocurrido el cambio de gobierno.
Hasta entonces era imposible saber cuál sería el resultado de la elección presidencial y mucho menos que Los Pinos fuera a quedar abierta al público, como ocurrió este mes, al arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y cuya administración aún no logra conocer el destino de miles de objetos faltantes.
El pasado lunes 3 Proceso solicitó formalmente a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República que se le permitiera consultar el inventario.
Un día después los senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, presentaron un punto de acuerdo para que la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Cultura informaran sobre el inventario de bienes. La respuesta en ambos casos fue que se debe esperar hasta enero, cuando concluya el plazo de revisión de lo recibido.
Para entonces la falta de menaje en la exresidencia oficial ya era un escándalo:
En la cocina no había ni un cubierto. En las recámaras no quedaron lámparas, sillones, burós ni objetos decorativos; nada de ropa de cama, tapetes o blancos. No había una pantalla de televisión, algún escritorio o secreter, en sus enormes clósets no se localizó ni un gancho, mientras que las paredes fueron resanadas de manera tan minuciosa que, literalmente, no quedó ni un clavo.
Personal que participó en la entrega-recepción asegura que, entre otras cosas, el sábado 1 una exquisita caja-estuche de cubiertos de plata del siglo XIX estaba en el majestuoso comedor de la residencia Miguel Alemán, abandonada, vacía. En las actas de la recepción así quedó asentado.
En las oficinas de las tres casas y del salón Venustiano Carranza –donde estaba el cuarto de guerra de la Coordinación de Comunicación Social– no quedó ni un quitagrapas, mientras que en los despachos no accesibles hay huellas de soportes para pantallas de televisión arrancados.
Un candil
Ante el frontispicio de la residencia Miguel Alemán, desde la explanada que sirvió de escenario para actos diplomáticos, acuerdos de transición y recepciones especiales, es posible advertir los prismas lisos que asoman pendientes en el vestíbulo de doble piso. Ya adentro, el enorme candil de estilo francés, “tipo María Teresa”, en forma de pirámide cónica, vestida con almendrones, arandelas y hojas de cristal de diferentes tamaños, resplandece en 225 bombillas, imponiéndose sobre la estancia de canteras blancas, maderas finas y superficies de mármol.
El complejo de la hoy exresidencia oficial de Los Pinos se compone de tres casonas: la original casa Lázaro Cárdenas, la más reciente Miguel de la Madrid y la palaciega residencia Miguel Alemán, de enormes dimensiones y, eso sí, como en todas, acabados de lujo, como el candil adquirido en noviembre de 2010 a un costo de 1 millón 630 mil pesos.
Ese candil es uno de los 24 mil 729 objetos inventariados hasta mayo de 2017, conforme a los documentos obtenidos por Proceso, en listas donde se puede observar fecha de adquisición, monto y área de ubicación, identificadas así pero sin que se indique precisamente el espacio físico.
Además hay tres edificios de oficinas que están cerrados al público, excepto por el acceso parcial al salón Venustiano Carranza, compuesto por un vestíbulo y dos salas de juntas, una de ellas destinadas a sesiones presidenciales, pues destaca en el sillón de cabecera el Escudo Nacional.
Tras la petición de acceso a las actas de entrega-recepción realizada el lunes 3 por Proceso, no fue sino hasta el miércoles 19 cuando personal de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia informó que la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Cultura emitirían una posición conjunta respecto al tema; también que los inventarios estaban en revisión y que no sería sino hasta principios de enero cuando tendrían mayor información.
El comunicado explicaba que la exresidencia oficial fue entregada en el primer momento del sábado 1; que previo a esa fecha, personal del equipo de transición realizó tres recorridos en los que detectaron “la total ausencia de muebles y artículos que comprenderían el menaje” de la planta alta de la casa Miguel Alemán, así como de las cabañas 1 y 2, excepto por libreros empotrados, mobiliario de oficina y salas de gabinete. Es decir, lo que hasta entonces era evidente.
También informó que habían recibido las instalaciones como se estaban exhibiendo y que previo al cambio de gobierno se realizaron tres recorridos con el equipo de transición y notario público. Aunque no se explicitó, dichos recorridos fueron videograbados.
Ante la imposibilidad de contrastar el inventario de 2017 con el de la entrega-recepción, los fotógrafos Alejandro Saldívar y Benjamín Flores, así como el autor de este texto, realizaron tres recorridos en el perímetro, durante los cuales fue posible detectar la ausencia de miles de objetos.
Personal de la Presidencia de la República confirmó a este semanario que los registros documentales son limitados y que no han localizado las actas de inventario sobre bienes muebles que hayan podido causar baja o enviarse a bodegas, e inclusive, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a eso en su conferencia de prensa matutina del jueves 20.
La respuesta a la solicitud realizada por Proceso en 2017 consiste en mil 240 páginas a renglón seguido, en las que se pueden identificar lo mismo objetos como el candil del vestíbulo en la residencia Miguel Alemán hasta herramientas simples de oficina, como una engrapadora, o de jardín, como unas tijeras para podar. Sin embargo, la respuesta no identifica los espacios físicos donde estaban ubicadas.
El nivel de desagregación de datos permite observar que en los registros documentales se contabilizaban objetos que estaban en la residencia oficial desde hacía décadas. Un ejemplo: en la Coordinación de Comunicación Social estaba en los registros de 2017 un “tanque para revelado de rollos. Estructura en acero inoxidable para dos carretes de 35 mm.”, adquirido en 1989. Se trata de un pequeño objeto, con capacidad como de medio litro, prácticamente en desuso y que, sin embargo, a casi 30 años de ser inventariado seguía ahí sin ser enviado a bodega.
Ese nivel de detalle en el inventario de 2017 resulta relevante, en tanto que pasaron cinco periodos presidenciales sin que se enviaran a bodega miles de objetos, mientras que con este cambio de gobierno todo quedó desmantelado en junio, cuando según pudo corroborarse con personal que participó en la entrega-recepción, la residencia oficial inició su desalojo.
Bajo el candil “María Teresa” y los otros ocho de estilo francés de menor tamaño, las estancias que equilibran mármol, caoba y piel se ven desoladas, como si se tratara de una “casa muestra”.
Caprichos presidenciales
Conocida a partir de la apertura de la residencia oficial, la sala de cine es una de las curiosidades de la ostentación, que se relacionan con las actividades lúdicas de los presidentes de México.
El sótano de la residencia Miguel Alemán es rica en esas aficiones, pues además de la sala de cine, con dimensiones y mobiliario similar a las salas comerciales VIP, es apenas una de las aficiones presidenciales que quedaron ahí.
Unos pasos adelante, destacan los baños estilo spa, en donde es posible advertir una plancha de masajes y regaderas, similares a los baños-vestidor de un gimnasio recubierto todo de mosaico blanco.
Pero sin duda, la estancia más destacada es el llamado “búnker”, una sala de situación con pantalla y equipo de sonido de alta fidelidad, localizada en herradura y cuya construcción se atribuye a Felipe Calderón, fanático de todo lo relacionado con las armas. En una de sus paredes insonorizadas sobresalen quemaduras sin profundidad, como dos tiros en superficie blindada.
Las aficiones de Felipe Calderón, por ejemplo, obligaron a ampliar el perímetro de la residencia oficial, varias hectáreas de terreno hacia el Bosque de Chapultepec, con el fin de que durante su mandato pudiera andar en bicicleta.
Y luego el culto a la personalidad que, desde la avenida de los Presidentes, permite observar las estatuas de cuerpo entero de quienes han sido inquilinos del lugar, en donde Enrique Peña Nieto inclusive se dio el tiempo para mandar construir la suya, así como el retrato que en el salón de gabinete, dentro de la casa Miguel de la Madrid, luce en la pared, unido ya a sus antecesores.
En el inventario, la mayoría de esas pinturas corresponden a noviembre de 2005, al iniciar el último año de Vicente Fox cuando se contrató a varios artistas para que plasmaran a los 11 expresidentes, desde Lázaro Cárdenas hasta Ernesto Zedillo, a un costo entonces de 58 mil pesos cada una, que garantizó la presencia de Fox en ese lugar, así como de quienes lo sucedieron.
Faltantes y rarezas
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, está en la residencia oficial. Su fotografía, aunque con aspecto más joven, cuelga en una de las paredes que contienen una pequeña sala de juntas en el salón Venustiano Carranza; junto a él destacan viejos conocidos y conocidas, como Marta Sahagún, Rubén Aguilar y Alejandra Sota, o bien el vocero del peñanietismo, Eduardo Sánchez, quien posa con adustez en la más nueva y colorida fotografía del collage de los voceros y jefes de comunicación.
No hay en todo el terreno de Los Pinos ningún lugar que exhiba las imágenes de exfuncionarios, excepto los que se ubican en la casa Miguel de la Madrid, que son los retratos presidenciales tan eficaces que hasta Peña Nieto alcanzó a posar para algún artista.
El Venustiano Carranza conecta, mediante varios pasillos, con las otras áreas empleadas como oficinas, frente a la calzada Molino del Rey. Pero los pasadizos son inaccesibles.
Recorriendo los jardines, testimonio de diseño y esmero en su conservación, se yergue la Lázaro Cárdenas, casona original usada por el último general presidente, en apariencia empleada más como oficina y que en su puerta trasera conecta con la torre de cristal donde se ubicó la sede de la Coordinación General de Comunicación Social.
En este último edificio, así como en la sala de prensa ubicada ya casi en la esquina con Constituyentes, antigua construcción al parecer que albergó caballerizas, es donde las paredes muestran que hubo soportes de televisión que fueron arrancados.
En la revisión del inventario de 2017 fue posible identificar que sólo esa dependencia del Ejecutivo poseía 36 pantallas que ahora sencillamente no están.
Además, la sala de prensa contenía numerosas computadoras asignadas a la fuente presidencial, e inclusive tenía cada espacio un letrero con el cabezal o marca del medio al que estaba destinada. Aunque esa es otra de las áreas que ya no es accesible al público, Proceso pudo corroborar que está vacía.
Testimonios recogidos entre el personal de Los Pinos, sostienen que la última semana de noviembre decenas de computadoras fueron puestas a remate –con precios que iban de 800 a 3 mil pesos– entre personal militar justo en la calle Molino del Rey. En cualquier caso, no fueron incluidas en las actas de la entrega-recepción, con el argumento de que eran equipos rentados.
Por lo pronto, el tema de la gran cantidad de objeto faltantes no está resuelta. El pasado jueves 20 López Obrador puso un alto al asunto al solicitar en una conferencia de prensa a su secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, así como a los funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República, que no adelantaran información, pues no quería “escándalos” hasta tener la información precisa sobre el destino del menaje de la otrora residencia oficial.
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Revista Proceso # 2199, 22 de diciembre de 2018..
Ausente, la obra pictórica/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
El 24 de noviembre de 1994, en la última semana de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la Oficina de la Presidencia de la República adquirió Memorias, óleo sobre madera con un marco tallado de cedro rojo.
La obra, de Rafael Cauduro, mide 1.84 por 4.59 metros y desde la fecha de su adquisición hasta mayo de 2017 permaneció en alguna de las estancias de la oficina de la Presidencia de la República.
Con el número 1035 de un inventario que consta de más de 24 mil registros, ésta es una de las decenas de piezas que no formaban parte de las colecciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, los acervos de los museos o el fondo de la Secretaría de Hacienda.
Dos registros consecutivos del inventario, el 1036 y el 1037, dan cuenta de dos pinturas relativas a la Batalla del 5 de Mayo, fechadas en 1882. Ambas superan el metro cuadrado. La obra de Cauduro tuvo un costo de 163 mil 636 pesos en 1994; los otros dos superaron los 118 mil pesos en 2005.
No están en Los Pinos y no figuran en los registros de la entrega-recepción de la excasa presidencial, cuyo equipo fue consultado por Proceso. Siguiendo la secuencia del inventario, desde el mencionado cuadro con registro 1035 y hasta el 1045 se cuentan en total tres pinturas, una litografía y seis esculturas, objetos que se mantuvieron ahí varios sexenios, hasta esta ocasión.
Prácticamente no hay área de la exresidencia oficial, excepto las dedicadas a trabajos manuales, que careciera de algún tipo de obra de arte inventariada como adquisición y no como comodato, préstamo o donación entre entidades de gobierno.
El arte que debería estar en Los Pinos sencillamente no está. Aunque es posible ver un cuadro de Luis Nishizawa, en las estancias de las casas que componen el conjunto otrora presidencial no fue posible observar las 33 piezas adquiridas por Carlos Salinas de Gortari para integrar la colección de Los Pinos.
Dicha colección contiene obras de Francisco Toledo, Gustavo Aceves, Enrique Canales, Miguel Castro Leñero, Rafael Cauduro, Alejandro Colunga, Rafael Coronel, Roberto Cortázar, José Luis Cuevas, José Chávez Morado, Beatriz Ezban, Manuel Felguérez, Julio Galán, Vicente Gandía, Luis García Guerrero, Gunther Gerzso, Lauro López, Luis López Loza, Rodolfo Morales, Sylvia Ordóñez, Vicente Rojo, José Luis Romo, Ignacio Salazar, Susana Sierra, Juan Soriano, Eduardo Tamariz, Humberto Urbán, Cordelia Urueta, Ismael Vargas y Germán Venegas.
Si bien pueden apreciarse algunos cuadros, no necesariamente en todos los casos corresponden a los firmantes de la exigencia a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Por ejemplo, una serie de pinturas de volcanes que están en la residencia Lázaro Cárdenas llevan la firma de un artista apellidado Estrada.
El pasado jueves 13 los artistas le pidieron a Frausto que diera detalles sobre el paradero de las obras de las que son autores. Hasta ahora, la información ha sido escueta.
Los presidentes
En la sala de gabinete de la casa Miguel de la Madrid, los presidentes de México atestiguan desde sus lienzos las populosas visitas. Hay que recorrer la casa para observar que hasta Enrique Peña Nieto alcanzó a colgar su pintura, con la misma oportunidad que lo hizo en la Avenida de los Presidentes, donde se yergue como última estatua de inquilino sexenal.
En esa sala de gabinete, Vicente Fox se aseguró su permanencia en Los Pinos, pues fue durante su gobierno que adquirieron los cuadros de los presidentes, de Plutarco Elías Calles hasta el propio guanajuatense. Son pinturas que no desaparecieron.
Lo que no se observa por ninguna parte del recorrido por las tres casas de la hoy exresidencia oficial son las esculturas del Escudo Nacional y los bustos en bronce de Benito Juárez.
Sin embargo, la secretaria de Cultura y la Oficina de la Presidencia de la República plantearon que no será sino hasta principios de enero cuando se dé a conocer esa información.
Inclusive, López Obrador, en su habitual conferencia matutina, dijo el jueves 20 que pediría esperar, porque no quería “escándalos”.
Para entonces, la Secretaría de Cultura había dado a conocer parte de las obras que fueron regresadas a sus áreas de adscripción y que, por primera vez, contradicen la versión oficial, que hasta 2017 declaró inexistencia de información al pedir la lista de obras, conforme a la solicitud 0210000037317.
La cantidad de obras de arte alojadas en las estancias presidenciales dan cuenta de la inmensidad en la que los presidentes vivieron.
En 2014 la Oficina de la Presidencia consiguió 20 obras de distintos museos. Ese mismo año se consiguieron otras seis del Museo Nacional de Arte, mientras que en 2017 se solicitó una más, La fuerza del espíritu, de Roberto Álvarez Madero.
Las paredes de la residencia oficial lucieron algún día con piezas de José María Velasco, Joaquín Clausell y Juan de Mata Pacheco.
Hasta el jueves 20 el asunto era una incógnita e inclusive López Obrador pidió cautela a su equipo: “No se sabe si las entregaron a los fondos, porque muchas de las obras de arte que están en las oficinas públicas pertenecen al patrimonio de Hacienda. Entonces no se sabe si se entregaron. Eso se está viendo. En su momento se va a saber”.
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Opacidad sobre las residencias veraniegas/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Revista Proceso # 2199, 22 de diciembre de 2018..
Los presidentes de la República y sus familias disfrutaron de varias quintas majestuosas que, además de la residencia oficial de Los Pinos y el Palacio Nacional, les permitían practicar lúdicas actividades a cargo del erario, en condiciones que hasta ahora no se han transparentado.
Al menos cinco mansiones fueron empleadas por los mandatarios y, si bien se sabe que su mantenimiento y vigilancia estaban a cargo del Estado Mayor Presidencial, a diferencia de las tres casas de Los Pinos éstas no han sido abiertas al público y se desconoce su origen, función y costo.
El pasado jueves 20, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó sólo dos, una en Acapulco y otra en Cozumel. No ofreció detalles sobre ellas, aunque anticipó que no las visitaría.
De acuerdo con los registros obtenidos por Proceso mediante solicitudes de información, las propiedades a las que se refirió el mandatario son la Quinta Guerrero, en Acapulco, y la Quinta Maya, en Cozumel, ambas correspondientes a los inventarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Pero además el Ejército posee la Quinta Allende, en San Miguel de Allende, también al servicio del presidente.
Y hay otra finca presidencial en la costera Miguel Alemán, de Acapulco, que es propiedad de la Secretaría de Marina (Semar).
En tanto, la Oficina de la Presidencia de la República cuenta con otra, que lleva por nombre Quinta Soledad Orozco, en el rancho La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México, la cual –por su ubicación y majestuosidad– es equiparable al estadunidense Camp David.
El 2 de mayo de 2017 este semanario solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República, la Sedena y la Semar información sobre las casas residenciales, quintas, fincas o cualquier bien inmueble cuyo objeto fuera el usufructo del presidente de la República.
Además se solicitó el inventario de muebles, incluyendo obras de arte, que formaran parte del menaje de las casas o que estuvieran ahí por comodato, préstamo o algún instrumento jurídico similar.
También se pidieron las bitácoras para saber quiénes solían hacer uso de las mansiones y en qué fechas, entre otros datos que permiten al menos una aproximación a las estancias presidenciales.
Los orígenes
Con un pasado conservador, la hacienda La Hormiga, antecedente de Los Pinos, fue la principal fuente de sustento para José Pablo Martínez del Río, el médico y empresario panameño que, asentado en México desde los años treinta del siglo XIX, encabezó al grupo de mexicanos que coronó a Maximiliano de Habsburgo.
Al servicio del aristócrata austriaco, Martínez del Río participaba en una diligencia diplomática y fuera del país lo sorprendió la restauración de la República, que lo despojaría temporalmente de la hacienda de La Hormiga, que se le regresó tiempo después y conservarían sus sucesores.
En 1924 Álvaro Obregón mandó comprar la hacienda, colindante con el bosque de Chapultepec, en un atropellado proceso que incluyó primero una promesa de pago: 886 mil 472 pesos, que además se realizaría en varias exhibiciones, de acuerdo con la escritura del notario José de Jesús Arce, fechada el 31 de diciembre de ese año.
Sin embargo, algo pasó que el secretario de Hacienda no pudo cumplir, por lo que, en un acuerdo posterior al que ordenaba la compra del rancho La Hormiga, Obregón autorizó la subasta de bienes inmuebles que no fueran de servicio público a fin de amortizar las deudas del gobierno.
Entonces, a cambio de La Hormiga, se le pagó a la sucesión de Martínez del Río con el que fuera el Hospicio de Pobres, un imponente complejo que se ubicaba en la esquina que hoy es la de Viaducto y Tlalpan, donde actualmente hay un cuartel de Guardias Presidenciales.
Una década después Lázaro Cárdenas decidió vivir en el rancho y la casa de La Hormiga y abandonar el Castillo de Chapultepec, por considerar que éste era demasiado y para que el pueblo pudiera conocerlo, según expuso cuando lo mandó convertir en museo, en un acto idéntico al de López Obrador –declarado admirador de Cárdenas– respecto de Los Pinos, nombre que se le impuso a la finca por capricho del general, que recordaba así el lugar donde conoció a su esposa en Michoacán.
Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, adquiriría el antiguo rancho La Herradura, y le impuso el nombre de su esposa: Quinta Soledad Orozco. Es una mansión en Huixquilucan que los herederos de ese expresidente litigan al gobierno.
La solicitud de información realizada a la Oficina de la Presidencia de la República no contempló los datos de esa finca y no se le entregó la escritura, como sí pasó con la exhacienda de La Hormiga. Pero fue en otra solicitud (folio 0210000037317), realizada el mismo 2 de mayo de 2017, cuando se identificó que en los inventarios de la Presidencia relativos a la residencia oficial de Los Pinos, surgieron 481 objetos domésticos asignados a la Quinta Soledad Orozco.
En agosto pasado el diario Reforma dio a conocer que la casa estaba en donación y que la viuda de Ávila Camacho, Soledad Orozco, la había cedido en 1997 con el propósito explícito de que ahí pernoctaran dignatarios extranjeros, pero que la Presidencia había incumplido el contrato y la casona se usaba incluso para fiestas del presidente Felipe Calderón.
El diario calculó en más de mil millones de pesos sólo el valor del terreno y 63 obras de arte, así como mil 390 accesorios decorativos en 75.5 millones de pesos. En los inventarios obtenidos de la Oficina de la Presidencia no existe esa abundancia de registros.
En tanto, la quinta de San Miguel de Allende, la segunda mansión de la Quinta Guerrero y la Quinta Maya tienen origen desconocido, pues la Sedena no aportó registro documental de esos inmuebles.
Tampoco lo hay sobre las casas que podrían ubicarse en Ixtapa, Guerrero; Huatulco, Oaxaca, y Punta Mita, Nayarit, donde existen antecedentes de pernoctas frecuentes del presidente Felipe Calderón en las primeras dos, y de Enrique Peña Nieto en la tercera, precedidos por amplísimos despliegues del Estado Mayor que hasta ahora son una incógnita.
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Trump doblegó a AMLO México será sala de espera de los migrantes centroamericanos/
MATHIEU TOURLIERE
Revista Proceso # 2199, 22 de diciembre de 2018..
Pese a los eufemismos de la cancillería que encabeza Marcelo Ebrard, en materia migratoria México será una sala de espera temporal para los centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos. En los últimos meses, el gobierno de Enrique Peña Nieto se alineó literalmente a la política de la administración de Donald Trump, quien se niega a aceptar a los migrantes. Sin embargo, el vocero de la cancillería, Roberto Velasco Álvarez, sostiene que el gobierno estadunidense no puede obligar a su contraparte mexicana a aceptar personas extranjeras, pero…
Donald Trump volvió a imponer sus condiciones a México. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para evitar problemas en la relación bilateral, aceptó que las autoridades estadunidenses devuelvan a México a quienes pidan asilo y permanezcan en el país hasta que un juez de migración estadunidense determine sus casos.
Esas condiciones –que aceptó el gobierno mexicano por lo menos de manera provisional– son idénticas a las que se evocaron en las negociaciones bilaterales para convertir a México en Tercer País Seguro (TPS). De hecho, se iniciaron a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto y continuaron durante el periodo de transición en el plan conocido como “Quédate en México”.
El gobierno estadunidense no puede obligar a su contraparte mexicana a aceptar personas extranjeras, por lo que López Obrador estaría en su derecho de no recibir a los solicitantes de asilo, comenta Roberto Velasco Álvarez, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Según él, un rechazo “provocaría un problema para los migrantes y para ambos países… Que México no acepte a los migrantes generaría un problema en los puntos fronterizos. Por eso, “se consideró que la mejor solución fue la que se comunicó”, dice en entrevista con Proceso.
Asegura que “desconoce” si Washington ofreció una compensación financiera a México a cambio de que se convierta en una sala de espera para los solicitantes de asilo.
Un grupo de organizaciones estadunidenses y mexicanas envió a López Obrador una carta el viernes 21 en la cual expone que, de concretarse las medidas propuestas por Trump, el gobierno mexicano sería “cómplice de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”. La misiva exige al mandatario que rechace cualquier trato o colaboración que convierta a México en “filtro migratorio” para Estados Unidos.
Durante su tiempo de espera en México –que puede durar meses–, el gobierno otorgará a los solicitantes de asilo una “visa humanitaria” que les permitirá buscar un empleo y agilizar su situación para que tengan su audiencia con un juez estadunidense, informó la SRE el jueves 20.
Tanto la cancillería como su titular, Marcelo Ebrard, insistieron en que las medidas fueron tomadas de manera “soberana” por el gobierno mexicano, como respuesta “humanitaria” a una “decisión unilateral” de la administración de Trump; y reiteraron que no se firmó ningún acuerdo con la administración Trump.
Según Velasco, a las ocho de la mañana del jueves 20 llegó a la cancillería una notificación del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) de que empezaría a devolver los solicitantes de asilo a México. Su titular, Kirstjen Nielsen, lo presumió como “una acción histórica para enfrentar la migración ilegal”. Momentos después vino una confirmación del Departamento de Estado.
“Eran medidas de aplicación inmediata, según se nos comunicó”, asegura. Afirma que la notificación tomó al gobierno de “sorpresa” y no dejó a la cancillería “el tiempo de comunicarse adecuadamente con agencias, como el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que generó la confusión”.
“Confusión” es poco decir: un par de horas después que la cancillería anunciara sus medidas, el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén López, afirmó que no existían las condiciones operativas ni jurídicas para acatar la decisión de Washington:
“No puede empezar a operar. No sé si soy claro: no estamos en condiciones de recibir (a los solicitantes de asilo). Uno, porque no tenemos el marco normativo; dos, porque no tenemos las condiciones operativas todavía”. Y con razón. Si la medida se hubiera aplicado este 2018, el gobierno estadunidense hubiera devuelto a México más de 93 mil solicitantes de asilo –que pidieron protección en la frontera–, quienes hubieran esperado en el país entre seis meses y cuatro años a que un juez determinara su caso, ya que las autoridades estadunidenses tienen alrededor de 300 mil solicitudes pendientes.
La polémica y el desorden cundieron en el gobierno, hasta que, en su conferencia de prensa matutina del viernes 21, López Obrador dijo que las medidas anunciadas por la cancillería eran una postura, “vamos a decir, provisional, transitoria”, y que el gobierno dará una posición más definitiva el lunes 24.
Diversas organizaciones, como la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas y Sin Fronteras, señalaron que varias preguntas quedaron en el aire. No se sabe, por ejemplo, si la medida aplicará también a solicitantes de refugio de países no hispanohablantes, quienes enfrentarían dificultades para trabajar en México, y los niños.
El alineamiento de Peña Nieto
El acuerdo para convertir a México en TPS empezó a negociarse a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Luis Videgaray Caso encabezaba la cancillería, como lo documentó en mayo pasado Jesús Esquivel, el corresponsal de Proceso en Washington.
No sonaba ilógico: académicos y activistas concuerdan en que Peña Nieto alineó su política migratoria con los intereses de Washington. A través del Programa Frontera Sur, lanzado en verano de 2014, el INM detuvo y deportó de manera sistemática a los migrantes centroamericanos para impedir su llegada a Estados Unidos; durante el sexenio, 691 mil centroamericanos fueron regresados forzosamente a sus países.
En un principio, el gobierno de Peña Nieto estuvo dispuesto a aceptar la medida de TPS a cambio de que Trump mantuviera la extensión de aranceles sobre las importaciones de aluminio y acero mexicanos en la renegociación del acuerdo de libre comercio; además, funcionarios del DHS declararon a The Washington Post en julio pasado que Trump ofrecería a México una ayuda financiera significativa para atender a los solicitantes de asilo.
El pasado 24 de noviembre, el rotativo estadunidense informó que Ebrard –todavía en el equipo de transición– había acordado con su homólogo Mike Pompeo el plan llamado “Quédate en México”. El periódico entrevistó a Olga Sánchez Cordero, quien confirmó la información, aunque desmintió sus dichos el mismo día de la publicación.
Ante el riesgo de que este plan entre en vigor, el grupo de organizaciones estadunidenses y mexicanas exigió a López Obrador el 1 de diciembre, el día de su toma de posesión, que rechace “cualquier acuerdo que implique la obstaculización, directa o indirectamente, para que las personas puedan solicitar asilo o protección internacional en Estados Unidos, toda vez que dichas acciones van en contra de la legislación nacional e internacional”.
Todavía el miércoles 19, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, dijo a este reportero que de “ninguna manera” el gobierno de López Obrador aceptaría un trato de TPS, pues se trata de “una política de Estado y, por lo tanto, soberana”.
La cancillería insistió en las medidas adoptadas “de manera soberana” no convierten a México en TPS. “El Tercer País Seguro significaría que firmamos un tratado y que todo el procedimiento de asilo se haría en México. Entonces, ni hemos firmado un tratado ni lo vamos a hacer ni se va a hacer todo el procedimiento de asilo en México”, insistió Ebrard el viernes 21.
Dijo que su equipo de trabajo revisó los documentos relativos a la relación con Estados Unidos que heredó de las administraciones anteriores, incluso planteó que “hasta este momento no hemos encontrado ningún documento que sea secreto, que nos obligue a tomar decisiones en materia migratoria o en alguna otra materia”.
Ana Saiz Valenzuela, directora de la organización Sin Fronteras, opina que, si bien la política anunciada no es “formalmente” un acuerdo de Tercer País Seguro, “encamina” el gobierno mexicano a un pacto de esta naturaleza, “porque están manteniendo en territorio mexicano a gente que considera que su vida e integridad están en peligro en sus países y en México”.
La activista deplora el “caos” que envolvió los anuncios en materia de política migratoria que se sucedieron la semana pasada.
El martes 18, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron inversiones históricas en México y Centroamérica como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica; el miércoles 19 la administración de López Obrador presentó una “nueva política migratoria” que abandona el enfoque represivo y se centra en los derechos humanos, y el jueves 20, la SRE aceptó la medida de Estados Unidos.
“Estamos confundidos y no entendemos: suenan totalmente contradictorios”, dice Saiz. Recuerda que hasta el momento el gobierno mexicano no ha dado a conocer documentos que respalden los anuncios. “Ninguno está disponible: ni el plan, ni ninguna política que se haya aprobado. Exigimos transparencia, necesitamos ver los documentos que se están firmando, no tenemos información suficiente. Nos preocupan mucho las señales contradictorias”, añade.
Anuncio inflado
El alineamiento de López Obrador con las medidas antiinmigrantes de Trump eclipsó los discursos triunfalistas que Ebrard expresaba en los días anteriores, cuando presumió que el gobierno estadunidense respaldó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, con el compromiso de invertir hasta 10 mil 600 millones de dólares a partir de 2019.
El político lo calificó de “muy buena noticia para México”, y provocó los aplausos del gabinete federal: López Obrador se dijo “contento, satisfecho, porque es una forma nueva, distinta de enfrentar el fenómeno migratorio”, mientras que Sánchez Cordero alabó una “magnífica noticia… en esta relación tan magnífica que el gobierno de AMLO ha estado construyendo con Estados Unidos”.
Sin embargo, la “noticia” estaba inflada: De los 10.6 mil millones de dólares anunciados, 6 mil millones ya fueron invertidos desde 2015 o se están canalizando, mientras que los 4.6 mil millones restantes provendrían de fondos privados aún por definir.
Velasco Vázquez admite que el equipo de Ebrard sólo cuenta con la información contenida en la “nota para los medios” que el Departamento de Estado emitió junto con la declaración bilateral. Según el documento, de los 4.8 mil millones de dólares de inversiones que se anunciaron para México, 2.8 mil millones fueron comprometidos en el periodo de Peña Nieto.
Respecto a los 5.8 mil millones de dólares que se anunciaron para Centroamérica, el Departamento de Estado señaló que 3.2 mil millones ya fueron invertidos desde 2015 –a través de distintos instrumentos financieros– y que, en realidad, el gobierno de Trump pedirá solamente “180 millones de dólares adicionales en asistencia bilateral para la región en 2019”.
El resto del dinero anunciado consiste en recursos de hasta 2 mil millones de dólares para invertir en proyectos en el sur de México y otros 2.5 mil millones para Centroamérica. Esos fondos, añadió la dependencia estadunidense, provendrán de fuentes privadas y se canalizarán a través de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC).
El vocero de la cancillería niega que Ebrard haya intentado presentar el monto como un logro propio. “Algunos recursos estaban contemplados, pero no existían los proyectos para invertirlos. Por esto abrimos el diálogo con los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos para construir estos proyectos”, asevera.
Recuerda que en octubre pasado, mientras la caravana migrante avanzaba rumbo a Estados Unidos, Trump amenazó con recortar sus apoyos a los países centroamericanos. “Queríamos blindar estos recursos, que son muy importantes para estos gobiernos”, dice.
El papel de la OPIC consiste en atraer inversionistas privados para financiar proyectos previamente identificados y validados en países emergentes –deben cumplir con ciertos estándares de derechos humanos y no afectar empleos en Estados Unidos, entre otros–. La institución garantiza las inversiones, pero no pone dinero por sí misma, y los inversionistas terminan cobrando dividendos.
En los últimos tres años, la OPIC canalizó cientos de millones de dólares a México a través de inversiones en varios proyectos, ya sean energéticos, de viviendas o en instituciones de crédito. En dos ocasiones incluso ofreció a los inversionistas participar en la empresa Financiamiento Progresemos, propiedad del Rafael Moreno Valle Suárez, padre del exgobernador poblano Rafael Moreno Valle.
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