El exprocurador rechaza la imputación de soborno: Morales Lechuga se defiende

–¿Si usted hubiera sido procurador hubiera aceptado la extradición?
–No hubiera aceptado la extradición sin que previamente en México lo enjuiciaran y lo condenaran. Después ya podíamos hablar de la extradición.
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Revista Proceso # 2199, 22 de diciembre de 2018..
El exprocurador rechaza la imputación de soborno: Morales Lechuga se defiende y reprocha al Estado la extradición del “Chapo"/JENARO VILLAMIL

Ignacio Morales Lechuga, el procurador del sexenio salinista mencionado en el juicio del Chapo Guzmán como una de las autoridades corrompidas por narcotraficantes en 1991, niega en entrevista toda imputación al respecto y afirma que entonces “la delincuencia organizada todavía no rebasaba al Estado”. A decir del ahora notario, la postura del gobierno mexicano ante las presiones de Estados Unidos era firme y el único tema bilateral difícil era el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.  
“El Estado mexicano renunció a su derecho a juzgar nuevamente a Joaquín Guzmán Loera por los delitos que hubiese cometido antes y después de fuga y recaptura. Si a mí me hubiera correspondido, yo no hubiera aceptado la extradición sin que previamente México lo enjuiciara y condenara”, sentencia el exprocurador general de la República Ignacio Morales Lechuga, quien volvió a estar en el ojo del huracán en los últimos días, tras la mención de su nombre en la sexta semana del juicio contra el exjefe del Cártel de Sinaloa en un tribunal federal de Brooklyn.
Bajo el interrogatorio de Jeffrey Lichtman, uno de los tres abogados de la defensa del Chapo Guzmán, el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, testigo protegido de la DEA en este juicio, afirmó que en la década de los noventa sobornó a Morales Lechuga. La nota informativa, retomada por varios medios nacionales y extranjeros, señaló que Cifuentes “confesó tener en nómina” al entonces procurador, “quien a cambio de sobornos le daba protección familiar”.
Morales Lechuga reaccionó el mismo día que circularon las declaraciones de Cifuentes. Negó conocer al presunto estratega financiero del Cártel del Valle del Norte, Colombia, y le solicitó al tribunal de Brooklyn las “versiones completas de las declaraciones vertidas contra Guzmán Loera que me permitan valorar y, en su caso, presentar denuncias o demandas en defensa de mi buen nombre”.
“No se puede soslayar que de las declaraciones de Cifuentes se desprende la comisión de varios delitos, entre otros el homicidio de tres personas al parecer de nacionalidad mexicana en territorio nacional, por lo que se impone la necesidad de iniciar la carpeta de investigación respectiva”, solicitó el exprocurador en una denuncia de hechos entregada el pasado martes 18 en la oficina de Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Fiscalía General de la República.
“A mí no me han acusado de nada. Citan mi nombre de manera despectiva, peyorativa, como si yo fuera una persona corrupta, como si me hubiera prestado a recibir sobornos, cosa que es absoluta y totalmente falsa”, subraya en entrevista.
También recuerda las dificultades que tuvo con la DEA por las presiones derivadas del secuestro y posterior repatriación del médico Humberto Álvarez Machain, involucrado en la tortura y muerte del exagente antidrogas estadunidense Enrique Camarena Salazar, y revivió el episodio del enfrentamiento entre militares y policías judiciales federales en la pista clandestina de Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, en noviembre de 1990.
Actualmente notario público y exrector de la Escuela Libre de Derecho, Morales Lechuga argumenta que Cifuentes “no da ningún elemento de fecha o de lugar de entrega que me involucre. Ni siquiera le consta algo porque él mismo reconoce que acudió a un tercero, Juan de Dios Rodríguez Valladares, alias El Flaco, que después fue asesinado en Monterrey. Es la estrategia perfecta para difamar y calumniar porque al que le consta ya está muerto”.
–¿Esta acusación es personal o forma parte del contexto del juicio del Chapo? –se le plantea.
–Desde el momento que se metieron con mi persona, es personal, atendiendo al sentido literal de su pregunta.
–Usted presentó el 18 de diciembre una solicitud ante el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República para que le entreguen la versión certificada y completa de las declaraciones de Cifuentes. ¿Es esto algo inédito?
–Creo que pocas personas han reaccionado en defensa de su dignidad y de su nombre y pocas personas han solicitado ante la Fiscalía General de la República que intervenga.
–¿Por qué cree que se revivió este periodo de usted en la Procuraduría General?
–No especulo, estoy pidiendo la información. Hasta donde entiendo, el propio fiscal induce mi nombre. Quiero ver cuál fue exactamente la declaración y de ahí partir.
–La nota en la que nos basamos casi todos los reporteros cita una pregunta del abogado del Chapo a Cifuentes.
–Yo entiendo que muchas veces, en estos juicios, la defensa y la fiscalía acuden a lugares comunes para buscar, uno la responsabilidad y el otro la inocencia. Y en un caso el actor central, que es el procesado, o lo ponen como víctima de su país, de sus políticos, o lo ponen como parte de un poder corruptor sin límites, perverso, que incluso ha dañado la estructura política de su país. Entonces, pareciera ser muchas veces que los juicios son contra México y no contra el procesado. Esa es la imagen que se presenta.
El Llano de la Víbora
En los años noventa, Morales Lechuga primero fue procurador capitalino y luego procurador general de la República. Al preguntarle qué peso tenía El Chapo en esa época, responde:
–Aclaremos primero dos cosas: en primer lugar, El Valle del Norte, grupo criminal que sustituye al poder de Pablo Escobar, es posterior al año 94 y yo ya no estaba como procurador, sino como embajador mexicano en Francia. El testigo es del Valle del Norte; no tiene nada que ver absolutamente con esa época, hasta donde yo sé.
“En segundo lugar, en la época en que fui procurador, El Chapo Guzmán y El Güero Palma eran las dos cabezas visibles del Cártel de Sinaloa. Nosotros en aquella época comenzamos a denominar a los grupos de narcotraficantes como cárteles. Antes no existía este hábito y para nosotros era primordial clasificarlo.”
–¿Cuál era el desafío en esa época?
–El desafío era que la violencia no creciera y que pudiéramos asegurar la mayor cantidad de droga, detener al mayor número de responsables con la menor incidencia de violencia.
–En noviembre de 1991, siendo usted procurador general, se produjo el enfrentamiento entre militares y agentes de la PGR en el Llano de la Víbora, Tlalixcoyan. Fue un caso muy escandaloso porque hacía pensar en la presunta protección militar a los narcotraficantes. ¿Cómo ubicar ese episodio en su época como procurador?
–La recomendación de la CNDH empieza con que, de entrada, todo parecía ser una confusión, pero no fue una confusión. Las pruebas que llegaron horas después descartaban al 100% la idea de la confusión. Todo esto se trabajó con la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. No fue la PGR ni la Defensa las que hicieron esas primeras pruebas. El gobernador de Veracruz era Dante Delgado. 
“Esas primeras pruebas empiezan a descartar la teoría de la confusión. Entonces había una segunda interrogante: quién era la autoridad competente para analizar el tema. De manera muy simplista, pero constitucional en términos del Artículo 13, la Secretaría de la Defensa se encargó de procesar e investigar los delitos militares, y la PGR de investigar los delitos contra la salud. Y fue lo que se hizo.”
–¿Por qué intervino la CNDH en este caso?
–La CNDH intervino a petición del presidente Salinas y seguramente debe haber sido por alguna petición de la Secretaría de la Defensa. 
El relato de los hechos de aquella recomendación 126/1991 de la CNDH mencionó un operativo denominado “Halcón” para interceptar un vuelo de cargamento de droga que llegaría presuntamente a la pista clandestina de Tlalixcoyan. En esa misma zona, horas antes, hubo un operativo encabezado por el teniente de infantería José Alfredo Coronel Vargas para interceptar cargamentos de droga.
“La muerte de los siete agentes de la Policía Judicial Federal ocurre en el operativo envolvente o de flanqueo que ordenó el general Alfredo Morán Acevedo”, determinó la recomendación de la CNDH, y ordenó a la Procuraduría Militar una investigación en contra de ese alto mando.
Recuerda que durante su periodo como procurador general se utilizaron “aviones persecutores” que interceptaban aeronaves sospechosas que partían de América del Sur y de Centroamérica e ingresaban a territorio mexicano como punto de enlace con el mercado de consumo de Estados Unidos.
“Estos aviones interceptores eran rentados, no por la DEA sino por el ICE (Agencia de Aduanas). Teníamos convenios con Estados Unidos y pagábamos una renta por cada avión persecutor. Esto nos dio la posibilidad y con acuerdos de cooperación con América Central de romper récords de intercepción asegurando más de 50.3 toneladas de cocaína en el 91 y más de 38 en el 92. En los dos años fueron 88 toneladas. Nunca se superaron las cifras de aseguramiento de ese periodo: de 164 a 166 aviones aseguramos en 20 meses.”
–¿Con este sistema de detección?
–Así es.
–¿Lo de Tlalixcoyan entonces fue un episodio de esta estrategia de intercepciones?
–Claro.
Presiones por el caso Camarena
En 1991 el narcotráfico todavía no alcanzaba las proporciones actuales en el país: “La delincuencia organizada no había rebasado al Estado mexicano y nuestra capacidad de restaurar el orden jurídico quebrantado se mantenía”, afirma el entonces procurador.
–¿Cuándo fue el rebase?
–Fue un proceso. No fue súbito.
–¿Era usted incómodo?
–Nosotros teníamos un especial cuidado con la violencia, con las detenciones, con el hecho de utilizar la mayor dosis de inteligencia y la menor dosis de fuerza. 
–¿No eran ataques letales?
–Cuando detuvimos a los hermanos Muñoz Terrazas, socios de Rafael Aguilar Guajardo, del Cártel de Juárez, recuerdo que fue en Baja California, en un hotel, de noche, cuando no estaban las escoltas y no hubo ni un disparo ni un golpe. 
–No fue una masacre. 
–No, para nada. No eran discursos bélicos tampoco ni tampoco instrucciones bélicas.
–¿Cómo vivió las presiones de Estados Unidos en el tema del narcotráfico?
–Recuerde que teníamos todavía muy sensible la relación México-Estados Unidos y siempre me empeñé en dos cosas: primero, hacerles entender que una política de culpabilidades mutuas, de reproches, no nos conduciría a nada positivo. Que teníamos que esforzarnos en una colaboración multilateral porque el tema de la droga es hemisférico, dado que la cocaína se producía en Sudamérica, se procesaba en varios países, especialmente de Sudamérica, y se trasladaba al gran consumidor. Para nosotros era primordial desarrollar un esquema de cooperación hemisférica más activo.
“En segundo lugar, también era para nosotros importante establecer la mayor cantidad posible de acuerdos de cooperación, en asistencia jurídica mutua, de detenciones, de validaciones, y lo empezamos a hacer de buena fe. Y eso me permitió hacer una buena relación con el procurador estadunidense, con el director del FBI y con el director de la DEA. Con los tres teníamos muy buena relación.”
–¿Cómo era el tema de Camarena?
–Haga de cuenta que teníamos un mueble con muchos cajones en la relación con Estados Unidos y México, y todos funcionaban cada vez mejor, pero nada más el de Camarena era donde teníamos piedras en el zapato.
“Ellos se quejaban del involucramiento de políticos mexicanos en el homicidio de Camarena. Mencionaban a tres políticos: a Manuel Bartlett (secretario de Gobernación cuando asesinaron a Camarena), a Enrique Álvarez del Castillo (exgobernador de Jalisco y antecesor de Morales Lechuga en la PGR) y el general (Jorge) Arévalo Gardoqui (entonces secretario de la Defensa).
“Nosotros nos concentramos en demostrarles que estos políticos que mencionaban eran ajenos al tema del homicidio de Camarena y que los testigos que tenía la fiscalía no eran dignos de crédito, de fe, y los datos que daban eran fuera de la realidad, de contexto, y los datos no coincidían con las agendas de los involucrados.”
–¿Ya habían secuestrado al doctor Humberto Álvarez Machain?
–Ya lo habían secuestrado y nosotros lo que pedíamos era que se respetara el tema de la soberanía de México y que no se violara el tratado de extradición. El secuestro de Álvarez Machain fue en 1987, con Sergio García Ramírez como procurador general.
“Nosotros reaccionábamos muy de frente, muy radicales ante Estados Unidos. Fui a ver al presidente de la Corte estadunidense con el maestro Juventino V. Castro, hablamos con él y le hicimos ver que nos estaban dando el mismo trato que a Irán: como enemigos de Estados Unidos. 
“El juez nos escuchó con mucha atención y diciendo que la Corte de Estados Unidos se lavaba las manos y dejaba todo en manos del presidente Bush. Cuando sale la resolución propongo junto con el canciller y el secretario de Gobernación que suspendamos las funciones de la DEA en México y, en consecuencia, suspendiéramos la aplicación del tratado de colaboración con la DEA porque ellos violaron el tratado de extradición. Fue el 30 de julio de 1992.
“Cuarenta y ocho horas duró la suspensión y después establecimos las reglas de cooperación y de sujeción de las actividades de la DEA. Ellos tenían que seguir un protocolo de intervención. Se encausó algo que era caótico en la frontera norte para que fuera más ordenado.”
Extradición
y juicio contra “El Chapo”
El 8 de enero de 2016, en su cuenta de Twitter, el entonces presidente Enrique Peña Nieto presumió: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”.
La recaptura del Chapo Guzmán ocurrió en un contexto muy difícil: tras la fuga del 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, las autoridades de Estados Unidos redoblaron sus presiones; la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn habían logrado encontrarse con el capo para discutir la posibilidad de filmar su vida, exhibiendo la torpeza o la complicidad del gobierno mexicano; en noviembre de ese 2016 Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos con un discurso muy duro contra la “corrupción” de las autoridades del país vecino.
Un año después de su recaptura, Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en medio de un fuerte despliegue de seguridad. El juicio contra el capo del Cártel de Sinaloa inició hace seis semanas en la Corte federal de Brooklyn, Nueva York, bajo estrictas medidas de seguridad.
Jorge Milton Cifuentes, testigo protegido de la DEA, acusó al Chapo de haberlo traicionado cuando cerró un acuerdo secreto con uno de sus hermanos tras negarse a traficar con metanfetaminas. Dijo que descubrió la negociación secreta cuando un avión que transportaba cocaína colombiana se estrelló en México. La aeronave también contenía efedrina. 
–¿Este contexto y esta historia tienen algo que ver con la mención a usted en el juicio de ahora contra El Chapo? –se le plantea a Morales Lechuga.
–Sería una especulación. Yo hice mi mejor esfuerzo y dejé muy buenas relaciones con Estados Unidos, siempre de manera muy directa. Ellos respetaron mi opinión.
–¿Qué opina de este juicio y de la extradición del Chapo Guzmán?
–Yo creo que México renunció a su derecho de juzgar nuevamente a Joaquín Guzmán por los delitos que hubiera cometido antes y después de su fuga. No estuve acostumbrado a que un Estado abdicara al ejercicio pleno de su competencia. 
–¿Si usted hubiera sido procurador hubiera aceptado la extradición?
–No hubiera aceptado la extradición sin que previamente en México lo enjuiciaran y lo condenaran. Después ya podíamos hablar de la extradición. Yo había sugerido dos instrumentos jurídicos: jueces con un centro de detención provisional binacional en la frontera; como el narcotráfico es un delito continuo, que pudieran enfrentar los jueces de allá y de acá y de Colombia con vistas a una legislación supranacional, y la otra vía, de esa manera se eliminaba la extradición.
–¿Estados Unidos lo presionó a usted como procurador por la extradición de algunos capos?
–Realmente a mí no me presionaron más que por los tres personajes políticos mencionados por la DEA en el caso Camarena: Bartlett, Álvarez del Castillo y el general Arévalo Gardoqui.  
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Las huellas en México de "Simón", presunto sobornador de Morales Lechuga/
JENARO VILLAMIL
Revista Proceso # 2199, 22 de diciembre de 2018..
Considerado uno de los testigos protegidos más importantes en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, alias Simón, nació el 13 de mayo de 1965 y sus huellas como principal líder de la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa aparecen en los registros de la DEA, el Departamento del Tesoro estadunidense y de la propia Secretaría de Gobernación hasta 2007, 16 años después de que supuestamente “sobornó” al exprocurador general Ignacio Morales Lechuga y a 70 policías judiciales federales.
De acuerdo con el perfil elaborado por el Departamento del Tesoro, cuya copia obtuvo Proceso, Cifuentes Villa asumió en 2007 el papel de líder de la operación financiera para lavar dinero de narcotraficantes colombianos y mexicanos.

Hermano de Francisco Cifuentes, quien fue piloto y hombre de confianza de Pablo Escobar, desde 2007 Milton Cifuentes construyó una red de al menos 22 empresas y tres fundaciones en Ecuador, Guatemala, Panamá, España, Perú, Brasil, Estados Unidos y México. Antes trabajó dentro del Cártel del Norte del Valle, bajo las órdenes de Efraín Hernández, alias Don Efra, de quien posteriormente se independizó.

La carta de naturalización como mexicano de Cifuentes Villa indica que obtuvo la nacionalidad el 12 de enero de 2007; su año de registro ante el CURP es 2005. En el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México aparece en 2011 como propietario de un penthouse en Santa Fe de 165.91 metros cuadrados, que adquirió por 1 millón 300 mil pesos. En México llegó a constituir hasta seis empresas y obtuvo la ciudadanía con el registro de clave única CIVJ650513HNEFLR06.

En febrero de 2011 la Oficina de Control de Bienes del Extranjero (OFAC), del Departamento del Tesoro norteamericano, incluyó en su lista a Cifuentes Villa como un “importante narcotraficante, líder de la Organización de los Cifuentes”. En ese mismo año la policía colombiana ocupó el derecho de dominio de 116 propiedades de los socios del Chapo Guzmán en ese país. Más de 30 sociedades, 71 inmuebles y 14 vehículos estaban a nombre de Jorge Milton y Dolly Cifuentes Villa, su hermana.

Fue detenido el 8 de noviembre de 2012 en el estado venezolano de Anzoátegui, en una operación conjunta entre la policía judicial de Colombia, la policía venezolana y la DEA. Fue deportado a Colombia, y en diciembre de 2013 extraditado a Estados Unidos.

Según la información del Departamento del Tesoro, Cifuentes constituyó en Huixquilucan, Estado de México, International Group Oiralih, S.A. de C.V., y entre sus múltiples operadores colombianos sólo aparece un mexicano, Alfredo Álvarez Zepeda, de Culiacán, Sinaloa.

Cifuentes fue uno de los aliados más cercanos de Guzmán Loera y habría sido blanco de una traición cuando el líder del Cártel de Sinaloa comenzó desde 2010 a negociar directamente con sus hermanos Dolly de Jesús e Hildebrando Alexander Cifuentes Villa el negocio del transporte de efedrina.

“Todo lo que he respirado y comido en mi vida ha sido el tráfico de drogas”, admitió Cifuentes durante el interrogatorio en la Corte Federal de Brooklyn; aceptó asimismo haber participado en el asesinato de Juan de Dios Rodríguez, alias El Flaco –presunto responsable de entregar los sobornos a 70 policías judiciales federales mexicanos y a Morales Lechuga–, antes de que comenzara a tener un papel relevante en el lavado de dinero de los cárteles colombianos y mexicanos.

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Juicio al "Chapo": Las trampas de la DEA y la traición de Pedro Flores/
J. JESÚS ESQUIVEL
El proceso contra El Chapo Guzmán tuvo la semana pasada las últimas sesiones de 2018. Y en un juicio que cada vez llama menos la atención de los medios, la fiscalía presentó una de sus cartas fuertes: Pedro Flores, socio del narco sinaloense, quien se puso al servicio de la DEA y en 2008 permitió que se grabara una de sus conversaciones de negocios. Estuvo también la declaración de un capo sudamericano que tocó directamente al gabinete de Salinas de Gortari. Por otra parte, vino también el toque “humano”, cuando la esposa del capo llevó a la Corte a sus pequeñas gemelas, que aparentemente enternecieron al jurado y les robaron la atención a las declaraciones de otro testigo, un policía colombiano.

Nueva York.- La última semana de audiencias de este año en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera se destaca por el toque humano que le imprimió la presencia de sus gemelas, nuevas acusaciones de corrupción y la revelación de las trampas que le puso la DEA.

Aunque ha mermado la presencia de reporteros en la sala del juez Brian Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, no es lo mismo con las declaraciones y acusaciones explosivas de parte de criminales que en algún momento fueron socios de Guzmán Loera. 

Es el caso de Jorge Milton Cifuentes Villa, Simón, uno de los capos del narcotráfico colombiano más connotados; hasta ahora ha sido el exsocio del Chapo que más lo ha comprometido con su testimonio; guiado por los siete fiscales del gobierno estadunidense, ha colocado al sinaloense como un criminal capaz de negociar con grupos terroristas –como las Autodefensas Unidas de Colombia– o guerrilleros –como las FARC.

Al concluir su testimonio –fue interrogado por el fiscal Adam Fels y por uno de los tres abogados del acusado, Jeffrey Lichtman– y al pasar frente al Chapo para salir de la sala del juez Cogan, Simón le hizo un gesto de fraternidad al narco mexicano al cruzar sus brazos sobre el pecho, simulando un abrazo. El sinaloense lo ignoró.

Simón, quien ya había hecho a Guzmán Loera el daño que buscaba la fiscalía, lanzó otra acusación que sacude las estructuras políticas mexicanas de la época salinista. El colombiano dijo que él personalmente se encargaba de sobornar al entonces procurador general, Ignacio Morales Lechuga.

Lichtman llevó a Simón a exponer ante el jurado el caso de Morales Lechuga, procurador entre 1991 y 1993.

–¿Lo sobornaba? –preguntó el abogado.

–Sí, señor –respondió estoico el exsocio del Chapo.

Lichtman no insistió en el tema.

Más socios 

El miércoles 19, en la sala de la Corte no todo era igual. Destacó al ausencia de Emma Coronel, esposa de Guzmán, quien había asistido a las 16 audiencias previas. El fin de semana anterior algunos medios publicaron fotografías de la mujer en el Madison Square Garden, en Manhattan, en la pelea del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez contra Rocky Fielding.

El siguiente testigo del gobierno de Estados Unidos fue otro de los narcotraficantes más esperados por la prensa que cubre el juicio. Cuando Pedro Flores entró a la sala y caminó al estrado, El Chapo miró con odio a quien fuera uno de sus grandes compradores de cocaína y heroína. 

Su testimonio es crucial para el caso, pues Pedro y su gemelo, Margarito –ambos ciudadanos de Estados Unidos–, ofrecen evidencias frescas sobre la participación del Chapo en el transporte, venta y distribución de drogas.

A las primeras preguntas de Fels, Pedro comenzó a exponer la participación directa de Guzmán y otros capos del Cártel de Sinaloa –como Ismael El Mayo Zambada– en la venta de narcóticos en ciudades como Nueva York o Chicago.

Los Flores, de acuerdo con la historia que narró Pedro al jurado, se iniciaron en el negocio de la venta de drogas desde que eran niños; luego se expandieron como grandes distribuidores en Chicago, cuando por medio de un proveedor mexicano, Guadalupe Ledezma, se relacionaron con el Cártel de Sinaloa.

Su conexión de negocios con El Chapo arrancó en 2005, cuando Ledezma les dijo que era un personero del Cártel de Sinaloa y les propuso que en Chicago y sus alrededores instalaran bodegas para almacenar grandes cargamentos de droga.

En 2005, en una reunión con Ledezma en Zacatecas, Pedro Flores fue detenido presuntamente por policías federales que lo tuvieron cautivo 16 días. El ahora testigo protegido del gobierno de Estados Unidos afirmó que salvó el pellejo porque su hermano Margarito buscó al Chapo Guzmán, quien presuntamente fue quien intercedió para que lo dejaran libre.

Doce días después de resuelto el problema, los gemelos Flores fueron llevados a la sierra de Sinaloa para que Pedro conociera a Joaquín Guzmán.

Tras aterrizar en las montañas, los gemelos se encontraron frente a frente con Guzmán; El Mayo; Jesús Vicente Zambada Niebla, Vicentillo; y Juan Guzmán Rocha, Juancho (primo del Chapo) entre otros capos. Inmediatamente los Flores hicieron negocio con los mexicanos.

La traición

Pedro le aseguró al jurado que entre 2005 y 2008 le hizo ganar al Chapo y a sus socios unos 800 millones de dólares. En ese último año, los gemelos comenzaron a traicionar a Guzmán. 

En abril de 2008, temerosos de su futuro, los Flores, por conducto de su abogado, se acercaron a los agentes de la DEA en Guadalajara.

Gracias a su cooperación con la DEA, Pedro y Margarito fueron sentenciados a 14 años de cárcel y no a cadena perpetua, como correspondía por los delitos que cometieron. Los gemelos llevan ya 12 años encarcelados y si cumplen al pie de la letra lo que les pida declarar el Departamento de Justicia, dentro de dos podrían quedar libres.

En su segundo día como testigo, Pedro Flores –siguiendo el ritmo que le marcaba el interrogatorio de Fels– se convirtió en el segundo criminal en exponer al acusado de manera directa con la venta de drogas en Estados Unidos.

El 15 de noviembre de 2008, 15 días antes de ponerse definitivamente a disposición del gobierno de Estados Unidos, como marioneta de la DEA Pedro Flores le puso una trampa al Chapo: grabó una conversación telefónica que tuvo con Guzmán para negociar el costo de un cargamento de 18 kilos de heroína que el capo mexicano ya les había puesto a los gemelos en Chicago.

La prueba de cargo por parte del Departamento de Justicia se escuchó clara en la sala del juez Cogan: “Amigo, ¿qué dice?, gusto saludarlo. ¿Cómo está su hermano?”, se oye decir al Chapo al inicio de la grabación.

Eran las 20:43 horas cuando El Chapo, desde algún lugar de la sierra de Sinaloa, se comunicaba con Pedro, quien, como los agentes de la DEA que lo manejaban, estaba en la capital de Jalisco.

–Lástima que no lo pude ver el otro día –comenta Flores.

–Aquí estamos, a la orden.

–Para lo que hablamos el otro día tengo el cheque listo… ¿me puede rebajar unos cinco pesos de eso?

–¿A cómo me lo va a pagar?

–A 50.

–Mañana recojo el dinero… está bien, está bien el precio.

–El otro señor me dio algo que no salió bueno y lo tengo que emparejar.

–¿Tú no tienes manera de traer el dinero hasta aquí? Voy a hablar con una persona. Ahorita te hablo pa’trás.

Se referían al pago de 18 kilos de heroína que la gente del capo mexicano le entregaría a la del distribuidor estadunidense en Chicago. 

Pedro le explicó a Fels que cuando dijo que tenía el “cheque listo”, hablaba de que tenía los dólares en efectivo para pagar la droga, ya fuera en México o en Estados Unidos. 

Cuando Flores mencionaba la rebaja de “cinco pesos”, le estaba pidiendo a Guzmán que al precio del kilo de heroína –de 55 mil dólares– le quitara 5 mil. 

Y al referirse al “otro señor”, Flores hablaba de un cargamento de 13 kilos de heroína que le había comprado a la gente del Mayo.

Ese mismo 15 de noviembre de 2008, pero a las 21:03 horas, El Chapo volvió a llamar al celular de Pedro Flores: “Lo van a recoger allá (el dinero), la persona ya está en Chicago. Aquí te van a pasar el número de la persona que está en Chicago y me dio gusto saludarte; salúdame a tu hermano”, se escucha decir a Guzmán.

Cuando el sinaloense le pasa el teléfono a otra persona, para que le den a Pedro los datos de quien recogerá el dinero en Chicago, el que le habla al traficante estadunidense es el colombiano Alexander Cifuentes Villa. 

Ambos se ponen de acuerdo sobre los detalles del pago, pero Pedro le comenta al colombiano que en lugar de 18 kilos de heroína, a su gente en Chicago le dieron 20 kilos y que desea hablar nuevamente con El Chapo, porque quiere arreglar negocios para recibir cargamentos mayores. Esta petición formaba parte del plan de la DEA.

“Amigo”, dice El Chapo al volver a tomar el celular. En ese momento Pedro le pide que le mande más heroína, porque el mercado en Chicago es muy demandante.

“¡Ah, cabrón!, ¿no que tú nada más podías sacar poco?”, se sorprende Guzmán cuando Pedro le pide que le envíe unos 40 kilos. “¿No te ha mandado (heroína) otra gente? Yo te lo mando entonces, te mando de esta semana a la otra”, accede el sinaloense.

Después de que la fiscalía puso ante el jurado la grabación de la conversación entre El Chapo y Flores, la defensa del acusado cuestionó la autenticidad de la voz.

William Purpura, uno de los tres abogados de Guzmán Loera, al interrogar a Pedro ofreció como evidencia un fragmento del video que su cliente envió en 2015 a la actriz mexicana Kate del Castillo. 

Purpura le preguntó a Flores si consideraba que la voz del video se escuchaba exactamente igual a la de la grabación telefónica que él presuntamente le hizo al Chapo.

“No realmente. Similar”, respondió Flores.

Por las muecas de los jurados se pudo palpar que no comulgaron con la táctica de Purpura.

Pedro concluyó su servicio al gobierno de Estados Unidos y los alguaciles lo sacaron de la sala. El Chapo lo acompañó con la mirada, consciente de que el “gringo” de 37 años puede salir libre en 2020, mientras él podría pudrirse en la cárcel.

Reaparece la familia

La fiscalía anunció que para la última audiencia de este año en el juicio contra El Chapo, todos los testigos serían agentes de la ley. 

La falta de testigos “interesantes”, como llama el equipo de abogados de Guzmán a los narcotraficantes, se reflejó el jueves 20 en la Corte. De los más de 100 reporteros que se presentaron y se peleaban un lugar en la sala del juez Cogan al comenzar el proceso, ahora apenas había una docena. Iba a ser una sesión aburrida, comentaban los periodistas.

Pero a escasos tres minutos de haberse iniciado la audiencia, la sala se transformó: luego de tres días de no asistir a las audiencias, apareció Emma y con ella, sus pequeñas hijas, las gemelas María Joaquina y Emali.

Incapaz de contener sus emociones tras ver a las niñas en la sala, al Chapo se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque trataba de contenerse. Volteó completamente a su lado izquierdo para saludar y mandarle besos a sus “cuatitas”.

Era imposible no voltear a verlas. Su madre las vistió con elegantes sacos blancos, faldas de mezclilla, camisetas blancas y tenis.

El Chapo no se podía contener: sus hijas le mandaban besos, le hacían gestos de cariño, lo saludaban; él respondía aprobando con la cabeza sus visajes, enviándoles besos… El espectáculo no pasó inadvertido por los integrantes del jurado, que miraban la escena enternecidos. 

Uno de los abogados comentó a los reporteros que Emma Coronel se ausentó porque había ido a México para traer a sus pequeñas a fin de que estuvieran cerca de su padre en las fiestas decembrinas.

Por orden del juez Cogan, Emma Coronel tiene prohibido acercarse a su marido; son las niñas las únicas autorizadas a estar algunos minutos junto a su padre, cuando éste se encuentra en su celda, pero no en las audiencias.

Nadie en la sala del juez ponía atención a lo que decía el testigo de la defensa, el intendente de la Policía Nacional de Colombia, Hernán Tapasco Suárez, sobre el descubrimiento de un cargamento de armas y de 423 kilos de cocaína en un aeropuerto de su país, en 2014.

Con una de sus pequeñas sentada sobre sus piernas y la otra, atendida por una asistente, Emma también le mandaba besos y saludos a su marido. El Chapo era el menos interesado en lo que ocurría entre el oficial colombiano y Adam Fels, que lo cuestionaba.

Sentadas en la segunda hilera de bancas en la sección del lado derecho de la sala, destinada a la prensa, público, y asistentes de la fiscalía y la defensa, las gemelas eran el centro de atención.

Coronel y sus hijas estuvieron en la sala las primeras dos horas de la audiencia. Salieron y regresaron después del receso del almuerzo, para retirarse una hora antes de que concluyera la última audiencia de 2018 del juicio.

Además de presentar a Tapasco como testigo, la fiscalía incluyó a otros dos oficiales de la Policía Nacional de Colombia y a un funcionario migratorio de ese país.  
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