El Universal, 19 de febrero de 2020
En Tercera Persona
En mayo de 2018, agentes del comando de operaciones especiales y diversos peritos hicieron un barrido en el Cerro de la Estrella. Un mes antes, el 22 de abril, había desaparecido la estudiante de la UNAM, Mariela Vanessa Díaz Valverde, de 21 años de edad.
Mariela Vanessa salió aquel día de su domicilio poco antes de las ocho de la mañana. Presumiblemente se dirigía a la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando llegó la noche, después de varias llamadas infructuosas, su familia fue a buscarla a Ciudad Universitaria. Las instalaciones estaban cerradas. La madre de la joven acudió al Ministerio Público, pero se negaron a tomar su declaración y le dijeron que se presentara al día siguiente en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, Capea.
Ahí les preguntaron si Mariela Vanessa tenía novio y si tenía problemas en su casa. Los funcionarios no se interesaron por presumir la desaparición, catalogaron a la estudiante como “ausente” o “extraviada”.
Una hermana de Mariela Vanessa logró obtener el último lugar en donde el celular de ésta estuvo activo: el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Las autoridades efectuaron un rastreo en la zona un mes después, en mayo. A la familia le dijeron que buscaban “malos olores o nubes de moscas”. Hallaron restos óseos en una cueva. En una barranca recuperaron dos teléfonos celulares, una blusa negra y unos tenis. Ninguno de estos objetos pertenecía a Mariela Vanessa: eran los residuos de otros horrores. Cuatro meses más tarde, el estatus de la joven cambió a “desaparecida”. Para entonces ya era imposible obtener imágenes de las cámaras de vigilancia.
En noviembre de 2019, familiares de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, así como un centenar de víctimas de indirectas de desaparición, realizaron una protesta frente a las oficinas de la procuraduría capitalina. Guadalupe estaba desaparecida desde noviembre de 2017: había acudido al Soul Teach Festival, en el Ajusco, y no volvió a saberse de ella. Durante la protesta se exhibieron las fotografías de otras desaparecidas: Viviana Garrido, Mariela Vanessa Díaz, Sarahí Maricarmen López, María Guadalupe Bautista y Natalí Carmona. No existían respuestas para los familiares de ninguna de ellas.
El 15 de mayo de 2019, Jéssica Ajani Ontiveros, de 14 años, abordó el metro en la estación Ermita. Iba a encontrarse con su madre en Marina Nacional. Fue otra de las que no llegó.
Hace unos días, el terrible caso de la pequeña Fátima, una niña de siete años que estuvo desaparecida por cinco días, y cuyo cuerpo apareció con signos de violencia sexual en una bolsa de plástico, evidenció que nada ha cambiado: exhibió el laberinto de omisión e impunidad, de negligencia y violencia institucional que padecen los familiares de personas desaparecidas.
La familia de Fátima reportó la desaparición, pero las autoridades no llevaron a cabo investigación alguna: las indagaciones solo comenzaron cuando la niña estaba muerta y había estallado la indignación social. La lamentable respuesta del gobierno capitalino consistió en revictimizar y criminalizar a la familia: en lugar de entregar al responsable, entregó datos médicos de la madre y exhibió información de carácter personal, sobre las circunstancias familiares de la niña.
De acuerdo con la abogada Socorro Damián, responsable del Área de Género y Derechos Humanos en la UAM-I, y asesora jurídica en varios casos de desaparición de personas, en la Ciudad de México la desaparición de mujeres ha sido, de manera tradicional, un fenómeno invisible. Las autoridades prefieren negarlo antes que encararlo. No hay estadísticas ni registros confiables porque a las víctimas se les cataloga como extraviadas o ausentes.
La constante, por demás, es revictimizar y criminalizar a las desaparecidas. Convencer a las madres de que sus hijas son culpables, no víctimas: “Huyó con el novio”, “tenía adicciones”, “sufría problemas mentales o emocionales”.
“No se ha querido ver la dimensión de género que subyace a la desaparición de mujeres –apunta Damián–. No hay perspectiva de género ni de derechos humanos. Se ve cada caso como algo aislado. Las autoridades se enfocan en aspectos familiares y personales para justificar su inacción”.
En 2019, la procuraduría abrió 3 mil carpetas por desaparición de personas: 2,920 fueron localizadas. Según la abogada, “nadie da cuenta de las condiciones en que fueron encontradas, de los lugares y posibles delitos que se cometieron en su contra mientras estuvieron privadas de su libertad”.
Para la activista María Salguero, la desaparición suele ser la antesala de otros delitos: el feminicidio, la violencia sexual, la trata de personas, “pero las autoridades no ejercen acciones de manera inmediata. Si lo hubieran hecho –dice–, tal vez Fátima estaría con vida”.
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