Vivir en Ciudad Juárez/Reportaje

Vivir en Ciudad Juárez ¡Identifíquese y obedezca!
MARCELA TURATI
Revista Proceso # 1705, 5 de julio de 2009;
Ciudad Juárez es el laboratorio del estilo calderonista de combatir a los cárteles del crimen organizado. No sólo narcotraficantes, narcomenudistas y hasta drogadictos, sino ciudadanos comunes, sobre todo jóvenes, son sujetos involuntarios de un experimento: cómo sería, en México, vivir bajo el control militar. Con un resultado contradictorio: las ejecuciones, la delincuencia común y la violencia callejera van para arriba.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El manual editado por el ayuntamiento para la buena convivencia con los militares indica que usted debe identificarse en cuanto se lo pidan y cumplir sus instrucciones. Si ellos no tienen objeción, lo dejarán continuar su camino.
En todas las calles topará con los uniformados verde olivo, 7 mil 500 para ser exactos, y 2 mil 500 policías federales encapuchados y vestidos de azul. Le apuntarán con sus armas mientras patrullan las calles, dirigirán el tráfico a falta de semáforos o lo cuestionarán por no traer abrochado el cinturón de seguridad. No se espante, hacen las funciones de agentes de tránsito.
A veces los verá ayudando a empujar autos que quedaron descompuestos a medio carril, separando borrachos que pelean afuera de los bares, sometiendo a personas armadas o demorando la hilera de carros que intenta cruzar el puente internacional hacia El Paso, Texas. Los encontrará afuera de la escuela de sus hijos, paseando por los centros comerciales o, incluso, dentro de la propia casa de usted.
Sí, adentro. Esto ocurrirá si el aparato molecular que usan se detiene en dirección a su domicilio. No se ofenda, ellos tienen que cerciorarse de que usted no es un maleante, así que déjeles el paso libre para que esculquen clóset, refrigerador y alhajero, muevan sus muebles, escudriñen rincones.
Siéntase orgulloso de formar parte del experimento en la ciudad considerada la punta de lanza de la estrategia antidrogas que Calderón presumió a Barack Obama por sus “buenos frutos”.
Cierto. Aquí los 10 mil militares contuvieron la ola asesina que mataba a ocho por día y la apaciguaron durante el mes de marzo. Aunque desde abril Juárez volvió a recuperar su lugar como la más violenta del país (con promedio de cuatro homicidios al día, aunque a veces ocurran seis en dos horas o 19 en un fin de semana).
El montón de militares, las denuncias anónimas y las inspecciones casa por casa, sin embargo, han dado sus frutos: ya no se cometen homicidios con fusiles automáticos que dejan cuerpos tirados como fiambres con 80 agujeros, ahora las favoritas son las pistolas nueve milímetros, navajas y picahielos. Y los que se matan no son adultos experimentados, sino adolescentes.
Este cambio en el criterio demográfico y en el modus operandi de los criminales, para el alcalde Reyes Ferriz indica que los grandes capos huyeron de los soldados (quizás por eso los asesinatos aumentaron 50 por ciento en el resto del estado) y ahora la “plaza” se la disputan los narcomenudistas, más jóvenes y con armas menos potentes.
El cambio de armas largas a cortas, y de adultos a chamacos, a decir del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, significa que la estrategia “va por buen camino” y que ahora sí puede echarse a andar la segunda etapa, que incluirá “de forma pasmosa” la captura de criminales importantes.
Lo malo es que ante tanto sicario desempleado han aumentado los secuestros y las extorsiones, y que 50% de los detenidos por los soldados en la Operación Conjunta Chihuahua quedan libres porque los expedientes están mal integrados y por falta de pruebas.
Pero esos detallitos están siendo afinados para que el experimento sea trasplantado exitosamente al resto del país. El modelo incluiría a militares en las jefaturas de las corporaciones policiacas y de tránsito, de cárceles y hasta de los inspectores de comercios; pelotones de soldados patrullando calles; depuración de policías y el adiestramiento de sus reemplazos en cuarteles, y un fuerte gasto en instalación de cámaras callejeras, aparatos de ubicación por satélite (GPS), armas automáticas para los uniformados y blindajes.
No se pierda esta oportunidad. Disfrute su estancia en esta frontera y sienta el “Amor por Juárez” que pregonan la radio y los anuncios espectaculares.
“Que se vayan”
Parece una calaca ambulante. Piel maltratada, rictus de tristeza. No da su nombre. Sobrevivió a una de las masacres ocurridas en los Centros de Rehabilitación de esta ciudad (tres ocurrieron el año pasado, una éste) y, como sus compañeros, por el susto dejó para después su plan de curarse del vicio.
Se calcula que en esta ciudad, puntera nacional en adicciones, hay 100 mil usuarios de drogas. Este joven es uno de ellos.
“Ta bien gacho con los soldados, queremos que se vayan. Nada más pegan para que les digas dónde compras la droga. Hace cinco meses andábamos cuatro pegándole al ‘agua celeste’ y nos subieron a las trocas, nos pusieron ‘cuernazos’ (golpes con metralla), nos metieron a unas tapias y nos agarraron a tablazos. Me dejaron la espalda morada”, dice mientras se contorsiona para indicar dónde le quedaron las marcas.
Dice que él y sus amigos ni con la golpiza hablaron, porque eso equivale a condenarse a muerte. Tampoco pusieron queja alguna por los abusos.
“Te humillan gacho, te dicen de todo. Como la otra vez a tres compas míos, como andaban sucios, los (policías) federales los mearon encima. A muchos los han desaparecido”, dice este joven adicto y en el desempleo.
María Elena Ramos, coordinadora de la organización Compañeros, que reparte equipos nuevos de inyección a usuarios de drogas para evitar que se contagien de VIH o hepatitis B y C, dice que los militares tratan a los adictos como delincuentes y les quitan las jeringas nuevas aunque no porten drogas, con lo cual generan un problema de salud pública porque más gente puede infectarse.
“Deberían ofrecer más centros de rehabilitación, invertir en personas, y no en armamento ni en guerra”, dice la activista.
El Operativo Conjunto no ha ido aparejado con una estrategia de rehabilitación para adictos. El municipio tiene planeado un centro donde se haga obligatorio el tratamiento, pero aún no funciona. Los principales centros para tratar adicciones son religiosos y los sostienen sus internos, sin ayuda gubernamental. Además, con todo y los militares, las drogas se siguen vendiendo aunque sus distribuidores han cambiado sus estrategias.
“Antes había una narcotienda cerca de aquí, pero ahora la venta se volvió ambulante. La gente se junta por la calle y alguien llega y les da el pitazo de dónde anda el vendedor; todos los que necesitan dosis lo andan cazando y hay quien cuida que no llegue el Ejército”, explica una mujer que forma parte del Consejo Ciudadano por Juárez.
De la militarización se quejan también travestis y sexoservidoras que habitan y trabajan en la decadente colonia Bellavista, la zona roja. Los primeros han sufrido golpizas de militares enojados al darse cuenta de que compartieron la cama con un hombre caracterizado de mujer, mientras que las segundas y sus clientes sufren extorsiones de los policías federales.
“Nos los espantan”, dice un trasvesti de largas pestañas postizas que espera clientela afuera de un hotel de la calle Melchor Ocampo. Los policías federales pasan por ahí en sus rondines.
Fallas técnicas
En el video, un joven veinteañero pelado casi a rape y con camiseta naranja cuenta que unos militares lo sacaron de su casa, lo encapucharon y lo encobijaron, lo mojaron, lo sometieron a golpes y toques eléctricos, lo interrogaron y amenazaron con matarlo si no les decía dónde compraba la droga. Luego lo soltaron. Fue la segunda vez que lo detenían esa semana. Su caso se guarda bajo el nombre Alfa-Lambda.
El testimonio está guardado en la computadora del visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, quien en su oficina tiene varias carpetas amarillas que contienen quejas ciudadanas contra militares y policías federales. En lo que va del año ha recibido 53.
Una de ellas es el que llama “caso Rosales”: un joven fue detenido junto a un amigo que murió por la golpiza que le dieron los militares. Caso Alfa Xi: una docena de personas vestidas de soldados y a bordo de camionetas verde olivo golpearon y detuvieron a un señor y tomaron rumbo a Juárez; de la víctima no volvió a saberse. Alfa Fi: detención y golpiza a un señor de la colonia Bellavista, a quien presentaron en la PGR un día después. Alfa Gi: queja por tres cateos a un mismo domicilio. Alfa Omicron; un joven detenido por personas que se identificaron como federales y que está desaparecido. Alfa Rau: un joven fue sorprendido arriba de un tren, que se dice víctima de extorsión, golpiza y tortura por los militares.
El visitador señala que los dos años del Operativo Conjunto Chihuahua han sido de sufrimiento para los juarenses, de constante violación a la Constitución y de “fracaso total” de las políticas contra las drogas.
Se exaspera: “Estamos en plena guerra. En 2008 había 2 mil 500 soldados, ahora hay 10 mil y tenemos el mismo número de muertos. Y de detenidos, es decir cero. Ahora tenemos más muertos que los que había para estas fechas el año pasado, y tenemos cuatro veces más soldados”.
Este abogado considera que el esfuerzo no está valiendo la pena: “Los militares están mandando casos débiles, con expedientes mal integrados (por narcotráfico) que se están cayendo. El número de liberados es muy alto”.
Para sostener su argumento hace cálculos: “Podemos hacer un estimado de que han habido unos mil 500 detenidos, de los cuales una tercera parte (450) han sido consignados ante el juez, y de esos, cuando mucho van a poder demostrar que son responsables la mitad. En términos generales, la tasa de productividad del Ejército anda alrededor de 15%, entre los que detienen y los que son sentenciados”.
Su diagnóstico es desesperanzador. Estima que hay de dos a tres “desaparecidos” diarios (algunos aparecen muertos o detenidos en la PGR), entre tres y cinco secuestros por semana y un sinnúmero de personas extorsionadas por las bandas.
No es el único que lo afirma. Agrupaciones de médicos, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Maquilas, barras de abogados, universitarios, diputados, activistas de derechos humanos y organismos sociales han señalado que urge un replanteamiento al operativo.
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez instaló anuncios espectaculares en los que exige informes sobre dos de sus alumnas desaparecidas, y pidió el esclarecimiento del asesinato del profesor Manuel Arroyo, quien organizó una marcha luctuosa en la que profesores y alumnos pidieron el retiro del Ejército.
“Vamos bien”
Desde su oficina en la parte vieja de la ciudad, que tiene como vista el lado estadunidense de la frontera y el vado del río donde se esconden los adictos huidos y los asaltamigrantes, el alcalde Reyes Ferriz defiende los resultados arrojados por el Operativo Conjunto Chihuahua. Dice que los últimos cinco años Ciudad Juárez promediaba un homicidio diario, pero que en 2008 la cifra se disparó y llegó, a fin de año, a ocho por día. Añade que en febrero de este año se vivió la peor temporada, con 10 asesinatos diarios.
Según las estadísticas que utiliza Ferriz, con la presencia de los 10 mil militares los asesinatos cayeron a un promedio de uno y medio por día, pero desde abril han aumentado a cuatro.
De todas formas, dice, “estamos a 60% menos con relación de los meses más difíciles. El operativo está dando resultado”.
Y explica que “antes eran homicidios de delincuencia organizada, todos con armas largas, y en los últimos dos meses son homicidios entre pandillas o delincuentes menores. Se ve que son grupos que están dentro de la delincuencia organizada a nivel bajo de distribución de droga, que quieren tener el control del narcomenudeo”.
Los muertos, confirma, son jovencitos sin historial delictivo.
“A la tendencia que llevamos, no vamos a llegar ni a la mitad de los (homicidios) del año pasado… Si seguimos así probablemente tengamos menos de mil”, señala. Y argumenta que los periodistas están comparando el año con los picos mayores de violencia, pero que pronto sus funcionarios demostrarán que Juárez no tiene la tasa de homicidios más alta del país.
El presidente municipal dice que de los 5 mil militares que patrullan las calles sólo ha recibido felicitaciones, aunque admite que varios juarenses se han quejado de los 2 mil 500 soldados y 2 mil policías federales que hacen “labores de inteligencia” y realizan cateos. Hasta el 15 de junio, el municipio había recibido 552 quejas contra el operativo, de las cuales, dice, la mayoría se han “resuelto”.
Por lo pronto, en este experimento el municipio invertirá 105 millones de pesos: 48 millones para el sobresueldo de los militares asignados a tareas de patrullaje callejero para evitar que los roten (5 mil por persona), 20 millones para la renta de siete naves industriales acondicionadas para brindarles hospedaje, 15 millones de pesos en alimentación, más los gastos en vehículos y gasolina para el patrullaje (que es tres veces más intensivo que el ordinario), y la capacitación de nuevos policías municipales, además de 300 millones de pesos para cámaras y radios GPS.
Esto quizá no lo sabe el fotógrafo que dispara su cámara sobre un cadáver (se llamaba Víctor, tenía 41 años y un hijo, fue asesinado a tiros el día del padre). No bien termina cuando por la radio anuncian a otro 3-9, otro asesinado. El fotógrafo corre a su auto y pisa el acelerador.
Comenta: “Cuando empezó el Operativo Conjunto hubo dos o tres semanas sin muertos, ya después no les importó que hubiera militares, se incrementó la violencia gacho: mínimo cinco o seis muertos diarios. Matan a todas horas, o levantan gente... A veces los liberan, otras los matan. Apenas son las 10 y ya tenemos dos muertos. Apenas empezó junio y ya tenemos 860 muertos, me parece que vamos a romper el récord del año pasado”.
“En 2008 fue mi récord: un día tomé 20 muertos. Los más que he tomado juntos fueron nueve, era afuera del hipódromo. A uno de ellos que era poli le cortaron la cabeza y se la pusieron entre las piernas. Este año ya no matan a tantos juntos”.
En la colonia Tierra Nueva Segunda Etapa, la víctima fue un hombre de 45 años. Le decían El Chispa y lo mataron con picahielo. Alrededor del cadáver comen y bromean amas de casa acompañadas de sus hijos. La violencia ya se normalizó.
El fotógrafo regresa al auto. Por la frecuencia de la radio en la que se comunican policías y paramédicos se escucha una música extraña. Es un corrido. No, un narcocorrido. La letra apenas se distingue. El fotógrafo explica: “Así los narcos avisan cuando va a haber un ejecutado”.
El modelo colombiano
MARCELA TURATI
Revista Proceso # 1705, 5 de julio de 2009;
Para el alcalde Reyes Ferriz no hay vuelta de hoja: si en Ciudad Juárez se experimenta la estrategia militar del combate antidrogas a nivel nacional –dice en entrevista–, también será el modelo de la estrategia social para la recuperación ciudadana y ofrecerá alternativas a los jóvenes para que rompan las cadenas del narcotráfico.
Desde que visitó la ciudad colombiana de Medellín, tiene esa idea metida en la cabeza. En su escritorio tiene un libro con fotografías de ciudades perdidas pacíficas donde hace unos años el destino de los jóvenes era ser sicario. Lo abre y dice emocionado: “Allá en las colonias pobres te encuentras inversiones públicas importantes. La teoría es: ‘haz las mejores obras de gobierno en los peores lugares’, y la verdad es que los efectos sociales que tienen esas inversiones son increíbles’.
Saca entonces su celular y comienza a mostrar las fotos que tomó de los centros comunitarios y las enormes bibliotecas que vio en las zonas más empobrecidas de esa ciudad, que hace dos décadas encabezaba las listas por número de asesinatos en Colombia.
Ferriz quiere proponer un programa ambicioso a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y compartir con el presidente Calderón lo que vio en el viaje que le armó personal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia. Tiene claro que la estrategia federal no puede basarse sólo en el aspecto de seguridad y que necesita obligatoriamente un componente social. Para ello se ha asesorado también con la ONU y ha echado un vistazo a programas que se han llevado a cabo en Nueva York.
Asegura que en el año y medio que le queda de administración aplicará la estrategia social. Gastará 400 millones de pesos para la manutención de los militares y la compra de equipos de seguridad y 180 millones para sus objetivos sociales.
“Los especialistas que hicieron el Plan Colombia (para el BID) están reconociendo que Juárez es el laboratorio para lo que va a suceder en México. Somos los primeros con el Ejército patrullando, los primeros en hacer una limpia de la policía y un reclutamiento con nuevo perfil, en preparar a la policía en (la base militar de) Santa Gertrudis, también en inversión tecnológica grande (para la seguridad). Y faltaba lo social. Por eso fui al BID y ellos me recomendaron contactarme con el alcalde de Medellín, que después me invitó”, explica entusiasmado.
Reyes Ferriz muestra después unas fotos que tomó en el suburbio de Moravia y cuenta que esa zona de casas chatas, de techos de lámina y sin trazo urbano, era como “una favela” (como les dicen en Brasil), “un basurero” que años atrás era impenetrable de tan peligrosa, donde hoy se alzan una biblioteca de varios pisos que contrasta con el hormiguero de casuchas que la rodean y un centro comunitario de lujo donde, hace notar, “la gente se ve feliz”. Afirma que durante su viaje del mes pasado entró y salió de aquel suburbio caminando y sin escoltas.
Vio ahí una filarmónica de niños de escasos recursos ensayando un concierto, murales con mensajes pacifistas y a una niña que le enseñaba a su hermanita qué es la paz. “Estamos proponiendo a la Sedesol hacer una inversión de ese tipo. Queremos tres centros comunitarios en zonas de homicidios y adicciones (…) tenemos que recuperar la confianza de las familias que viven en esas zonas”, dice.
Por la recuperación
El alcalde priista elude criticar al presidente Calderón. Aprueba el Programa de Rescate de Espacios Públicos de la Sedesol, que consiste en dar millón y medio de pesos para la rehabilitación y limpieza de parques vandalizados, pero considera que se queda corto comparado con lo que vio en Medellín, además de que no va aparejado con una estrategia de reconstrucción del tejido social para que la gente vuelva a salir a las calles, se sienta valorada, deje los trabajos ilegales y confíe en sus autoridades.
Para él, los factores que hicieron de Juárez una ciudad-problema son los siguientes: “Cuando tuvimos empleo total en Juárez perdimos una o dos generaciones de jóvenes, se descuidó la atención a los menores. Hicimos guarderías para niños de cero a cuatro años, pero cuando pasaban de esa edad, la mamá, que trabajaba, tenía que dejarlos encargados. Como en Ciudad Juárez 70% de los adultos no son de la ciudad, la mayoría no tienen mamá, papá, hermana, tía, en la ciudad, no dimos atención a esos niños; esos niños (hoy) son jóvenes que crecieron en la calle”.
Está elaborando la receta para recuperar a esos jóvenes de esa generación perdida y para que los habitantes de las colonias populares recobren su autoestima, ya que ellos –admite el presidente municipal– dejaron su vida en las maquiladoras y nunca se pensó que necesitaban retribución a su esfuerzo a través de infraestructura como alumbrado, pavimento, áreas verdes, escuelas, guarderías, rutas de transporte público y vigilancia policiaca.
Por cierto, Ferriz quiere que la gente vuelva a confiar en la policía.
Un primer paso dentro de su estrategia social, dice, es la formación del “nuevo policía”, eficiente y confiable. Otro es contratar un centro de llamadas para denuncias anónimas que tenga su base fuera de México para que el ciudadano tenga la certeza de que la delincuencia nunca sabrá quién llamó a la policía.
Para la reconstrucción del tejido social está probando el programa Colonia Segura, que tomó de la ONU y consiste en reunir a los ciudadanos por colonias, para que –a través de un “facilitador” del municipio– los vecinos se conozcan, hablen de sus problemas y le informen al gobierno los problemas que están viviendo. Ha copiado también el programa I Love New York, que se implantó a la par del esfuerzo por bajar los índices delictivos en los años noventa en aquella urbe, y que en Ciudad Juárez se traduce en la campaña publicitaria Amor por Juárez.
Otro proyecto a punto de ponerse en marcha es el centro de rehabilitación de drogas, donde serán obligados a internarse los usuarios de drogas detenidos varias veces por robo. Para los jóvenes en general, planea construir un Centro de Desarrollo de Talentos Deportivos, por lo que ya compró los terrenos de una fábrica, donde tomarán clases 500 deportistas.
Otro proyecto, del que no quiere dar todos los detalles hasta tenerlo amarrado, es acordar con fábricas maquiladoras que contraten a adolescentes de 13 a 16 años en actividades acordes a su edad, con el fin de que no engrosen las filas del crimen organizado. “Actualmente 40% de los juarenses de 12 a 18 años ni estudian ni trabajan; imagínate el caldo de cultivo para la delincuencia”, comenta.
El reto de Reyes Ferriz es grande. Por lo pronto está convencido de que Juárez, con apoyo del gobierno federal o sin él, será también un laboratorio de la recuperación social, porque de lo contrario la violencia se convertirá en un círculo vicioso.