La política de la fuerza

La política de la fuerza
RICARDO RAVELO,
Revisa Proceso # 1720, a 18 de octubre de 2009;
El golpe contra los trabajadores electricistas confirma que la militarización de la policía y el poder conferido a las fuerzas de seguridad pública no tienen sólo el propósito de debilitar al crimen organizado o garantizar la convivencia pacífica de los mexicanos. Es patente que, acusado de ilegitimidad, el presidente Calderón ha decidido fortalecer y usar a las fuerzas armadas –civiles o militares– también para reprimir las protestas y conflictos sociales y laborales...
La Policía Federal (PF) y su jefe supremo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya mostraron los verdaderos fines del proyecto policiaco “faccioso” de Felipe Calderón ante la inminente manifestación del “Estado fallido”: disuadir, disolver y reprimir las protestas y conflictos sociales detonados por las propias incapacidades de la presente administración.
En entrevista con Proceso luego de que la Policía Federal sacó por la fuerza de sus centros de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas –con motivo de que, minutos más tarde, el jefe del Ejecutivo declararía extinguida a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro–, el investigador Erubiel Tirado formula dicho diagnóstico y explica que “el presidente Felipe Calderón precipita al país en una crisis de ingobernabilidad y, por lo tanto, requiere echar mano cada vez con mayor frecuencia de la fuerza del Ejército y de las policías”.
Experto en seguridad nacional que actualmente coordina un diplomado sobre el tema en la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado sustenta inclusive su diagnóstico en síntomas que aparecieron desde principios de sexenio:
“El pacto político-militar y una estrategia de fortalecimiento del aparato policiaco, iniciada con el eje PGR-SSP, fueron puntales no sólo de una legitimación desde el poder –con un componente de fuerza una vez asegurado el monopolio estatal de la violencia–, sino que tuvieron como coartada el problema de la inseguridad que el propio Vicente Fox no supo resolver y que empañó el escenario nacional.”
En un principio –redondea el especialista que obtuvo su maestría en derecho en la London School of Economics–, “la alerta era la inconformidad política. Ahora, con la crisis económica y ciertos esquemas de beneficios facciosos para algunos grupos de poder, el enfoque del manejo de la seguridad del gobierno tiende a ser represivo en contra de la inconformidad social y política, pese a que la oposición al régimen muestre debilidad estructural y visos de ser corrupta y acomodaticia”.
En este escenario de descomposición, prosigue el investigador, donde la ingobernabilidad se acrecienta cada día, un personaje como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, emerge como “una figura peligrosa a la que el propio presidente de la República alimenta con mayor poder y dinero”.
Con una fuerza policiaca de 40 mil hombres –similar a la que emplea el Ejército Mexicano en su lucha contra la delincuencia organizada desde diciembre de 2006–, afirma el académico, el gobierno de Felipe Calderón consolida “un proyecto faccioso de gobierno”.
Y es que, señala, “el actual régimen atraviesa por la fase de la incapacidad y se encamina aceleradamente hacia lo que se conoce como el Estado fallido”.
–¿Esto quiere decir que el país ya enfrenta una crisis de ingobernabilidad y que el sostén del régimen será el uso de la fuerza policiaca y militar? –se le pregunta.
–Se trata de una tendencia particular de gobernabilidad calderonista que empezó con la justificación y coartada de enfrentar la crisis de inseguridad del país. El apego a la legalidad y al uso de la fuerza en términos de seguridad ciudadana son aspectos que le tienen sin cuidado al régimen.
“Hay que recordar que durante casi tres años la policía federal estuvo operando de manera inconstitucional y al margen de la ley. Sus actuaciones estuvieron viciadas por la inexistencia legal. Hay que destacar aquí la complicidad del Congreso y del Poder Judicial, que no hicieron gran cosa para que esto no ocurriera.
“En ese sentido, el gobierno de Calderón tomó nota de que el miedo generado por la inseguridad creciente y la violencia proveniente del crimen organizado favorecían la adopción de medidas ilegales y autoritarias a cambio de una supuesta solución del problema.”
En efecto, después de que el gobierno de Vicente Fox utilizó a las fuerzas de la Policía Federal Preventiva para aplastar las inconformidades sociales surgidas en San Salvador Atenco y en Oaxaca con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo), el de Felipe Calderón, yendo más allá de los conflictos sociales, decidió utilizar el 10 de octubre a centenares de agentes de la Policía Federal contra trabajadores del Distrito Federal y de otras entidades del país.
Sólo tres horas después de que, fuera de la ley, intervino ese cuerpo disuasivo y represivo del gobierno calderonista, todos los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas habían sido expulsados de sus centros laborales, y las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro se habían convertido en verdaderas fortalezas policiacas.
Para tal fin, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –“el policía del sexenio”, como lo llama Erubiel Tirado– dispuso de una parte de los instrumentos policiacos con que cuenta: la Unidad para el Restablecimiento del Orden Público (UROP), uno de los grupos de élite entrenados en tareas de disuasión social y que fue preparado tras la fusión de la AFI y de la PFP que dio origen a la Policía Federal.
El día del “operativo” en Luz y Fuerza del Centro, la UROP no improvisó ninguna acción, lo que a juicio de Erubiel Tirado significa que con varias semanas de anticipación se maquinó el plan que, para los fines gubernamentales calderonistas, constituyó también “el mejor ensayo del uso paramilitar de una supuesta policía federal”.
Fuentes consultadas por Proceso dentro y fuera de la SSP confirmaron que, efectivamente, el golpe del sábado 10 tuvo varias semanas de preparación y que hubo infiltración de agentes entre los trabajadores, práctica que, por cierto, está prevista en el decreto mediante el cual se expidió, el pasado 1 de junio, la Ley de la Policía Federal.
Como parte de la planeación del operativo –de acuerdo con las mismas fuentes–, la SSP realizó un estudio sobre el funcionamiento de la empresa a fin de evitar que durante y después del operativo “se presentaran apagones en el país”.
El propio Erubiel Tirado refuerza tales versiones al indicar que, de acuerdo con su experiencia como investigador de asuntos relacionados con la seguridad, en la policía nada se improvisa, y menos aún cuando se trata de consumar un operativo como el que se orquestó para liquidar a Luz y Fuerza del Centro.
Subraya: “Todas las acciones de represión se planean, y se tienen lecturas de las posibles reacciones, así como de la forma en que pueden controlarlas. Y el caso de Luz y Fuerza del Centro y su sindicato no es una excepción”.
–¿Fue entonces un plan preconcebido? –se le insiste.
–No hay duda. Seguramente lo que dejaron para el final fue el momento justo para tomar a los trabajadores por sorpresa, tal como ocurrió.
La meticulosa planeación del operativo quedó de manifiesto, igualmente, en el hecho de que mientras unos mil 500 agentes federales –traídos de distintas plazas del país– tomaban el control de la empresa en el DF, Rafael Avilés, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la SSP, sobrevolaba el área dirigiendo a los policías que se apoderaban del Centro de Operación y Control (COC), donde se ubica el sistema central de la distribución de energía eléctrica para todo el Valle de México.
Simultáneamente, en otro helicóptero, el subsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, filmaba con detenimiento las acciones emprendidas, y las imágenes captadas las transmitía en tiempo real a la oficina privada de García Luna, quien seguía el desarrollo de la acometida policiaca.
Todo estaba tan bien orquestado que, minutos antes de las 23 horas –en pleno festejo nacional por el triunfo de la Selección Mexicana de futbol que le dio el pase al Mundial de Sudáfrica–, los agentes policiacos, quienes tenían perfectamente estudiado el territorio, saltaron las bardas de las instalaciones por las calles de Tláloc y Marina Nacional, provistos de marros para romper candados y accesos cerrados o para reprimir las posibles acciones de resistencia obrera.
En menos de tres horas, la UROP tenía bajo control las 35 instalaciones de la empresa en el Distrito Federal, en tanto que otros elementos del mismo cuerpo policiaco ocupaban las plantas de Luz y Fuerza del Centro en las entidades de Puebla, Morelos, Hidalgo y el Estado de México, región ésta donde la Policía Federal inclusive recibió el apoyo de agentes estatales.
En el Distrito Federal la policía capitalina se mantuvo al margen de este asalto.
El aparato represor
Desde el arranque del sexenio, en diciembre de 2006, el gobierno de Felipe Calderón comenzó a preparar el proyecto de crear una fuerza policiaca sin precedente con el argumento de que se debía contener la violencia del crimen organizado y rescatar los espacios de convivencia social.
“El país no puede ser rehén del narcotráfico”, dijo al cumplir 13 días como presidente de la República. Entonces, en un acto celebrado en el Campo Militar Número 37, ubicado en Huehuetoca, Estado de México, atestiguó lo que llamó “el préstamo” de 10 mil militares que pasaron a formar parte de la PFP.
En ese momento, la PFP tenía 15 mil elementos, de manera que, con la transferencia de militares y de 2 mil 500 integrantes de la Marina, consolidó una fuerza de 25 mil hombres.
Además, desde el inicio de su sexenio el presidente Calderón solicitó al Congreso incrementar en 58% el presupuesto destinado a las tareas de seguridad y, tres años después –de acuerdo con el investigador Erubiel Tirado–, Felipe Calderón convirtió a Genaro García Luna en “el secretario de Estado más poderoso e influyente”, pues dispone de una fuerza policiaca de poco más de 40 mil efectivos y cuenta con un presupuesto histórico: en el año 2008 la SSP recibió 19 mil 711.6 millones de pesos y este año ejerce 30 mil 955.9 millones, 49.8% más.
Sin embargo, todo esto no es suficiente para García Luna, pues el “policía del sexenio” quiere más poder: en su comparecencia del pasado 24 de septiembre, con motivo de la glosa del informe presidencial, propuso al Congreso unificar las policías municipales en 32 corporaciones estatales que, coordinadas por la SSP, “garanticen la profesionalización de sus elementos y el combate a la criminalidad”.
Actualmente, la Policía Federal tiene amplias facultades y alcances en sus operaciones. De acuerdo con la ley que la rige, expedida el 1 de junio pasado, la nueva estructura policiaca puede incursionar en “las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales”.
La Policía Federal está facultada para operar “en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”.
Controlará, si es preciso, los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos, los cauces de los ríos, los espacios urbanos considerados zonas federales, y los inmuebles, instalaciones y servicios de entidades y dependencias de la Federación que lo requieran.
Para ello la Policía Federal dispone de al menos 10 grupos disciplinarios, como las divisiones de agentes antisecuestros, de despliegue regional y de inteligencia, al igual que de la Unidad para el Restablecimiento del Orden Público y del Grupo de Operaciones Especiales, entre otros. (Este último fue el que actuó el pasado 9 de septiembre, cuando el pastor José Mar Flores Pereira amenazó con hacer estallar un artefacto en un avión Boeing 737 de Aeroméxico.)
Durante el sexenio de Vicente Fox, la Policía Federal Preventiva fue utilizada para reprimir las protestas de campesinos de San Salvador Atenco, Estado de México, que se oponían a la construcción de un aeropuerto en la zona.
Durante el conflicto, que tuvo su momento más crítico en julio de 2002, unos 2 mil agentes federales con equipo antimotines aguardaban la arremetida de la población. Ante el intento policiaco de frenar las protestas, los campesinos de Atenco se atrincheraron. Utilizaron como cerco camiones, tractores y cualquier instrumento que les sirviera de escudo, en tanto que los elementos de la PFP organizaron cinco dispositivos que resultaron intimidatorios ante el fracaso de las negociaciones gubernamentales.
Igualmente, en Oaxaca, la PFP y la AFI (ésta encabezada entonces por Genaro García Luna) arremetieron en contra de los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en noviembre de 2006, unos días antes de que Calderón asumiera la Presidencia de la República. El conflicto, que rebasó al gobierno de Ulises Ruiz, derivó en violencia cuando el gobierno federal quiso contener el movimiento social con mayor presencia policiaca.
Y también de manera policiaca y judicial, la administración actual ha enfrentado múltiples secuelas de la represión de aquella inconformidad social.
–¿Por qué a pesar de la fuerza policiaca y militar con la que cuenta, el régimen calderonista no ha podido derrotar al narcotráfico y, en general, al crimen organizado? –se pregunta a Erubiel Tirado.
–Creo que el gobierno de Felipe Calderón no se preparó para enfrentar a la criminalidad, sino para reprimir brotes sociales. Es harto complejo hablar de condiciones propicias para que la inconformidad social adquiera tintes violentos que merezcan ser reprimidos por ser percibidos como amenazas reales a la viabilidad de un gobierno.
“Un Estado como el mexicano y un gobierno como el de Calderón cuentan con atavismos autoritarios y recursos de cooptación y/o mediatización que pueden aletargar o minimizar brotes de violencia; por ejemplo, la aparición súbita de 20 mil millones de pesos para liquidar a Luz y Fuerza del Centro por encima de la ley.”
–¿Cuál es su lectura del excesivo gasto en seguridad?
–El derroche en seguridad tiene un sentido para el gobierno, y lo hallamos en la prioridad de seguir justificando su peculiar guerra contra el narco y el crimen organizado. Lo sintomático –y así hay que destacarlo con respecto al pasado autoritario del PRI– es el menoscabo del gasto social y la constancia del desembolso en seguridad y defensa.
“Esta situación ya puso la gobernabilidad del país en caída libre. Por eso el régimen fortalece su músculo policiaco y militar, pues ahora de lo que se trata no es de atacar al narcotráfico, sino de mantener el poder y reprimir cualquier brote de inconformidad social.”