Un reportaje de William Booth y Steve Fainaru, publicado este lues 23 de noviembre considera que la Secretaría de la Defensa Nacional está "incapacitada para procesar y perseguir los casos de violaciones a los derechos humanos entre sus soldados y tropas".
Dice una nota de J.J Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington DC que en en el artículo "el influyente diario insiste que la Sedena es una institución intocable en México y por ello quedan impunes los crímenes que comenten los soldados mexicanos, aun cuando son denunciados por ciudadanos y organizaciones encargadas de monitorear la situación sobre la preservación de las garantías individuales.
"El Ejército de México ha condenado solamente a un soldado de cometer violaciones serias de derechos humanos durante la sangrienta campaña que lleva ya tres años contra los traficantes de drogas", anota el Post en su articulo.
De acuerdo con el rotativo, la información sobre el soldado condenado por violación a los derechos humanos la proporcionó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en respuesta a un pedido de la Organización Human Rights Watch (HRW), pero las estadísticas mostradas son inferiores a las que ha reportado el Departamento de Estado.
The Washington Post destaca el hecho de que la propia Sedena pone en entredicho lo señalado por Gómez Mont. "El Ejército no comete violaciones sistemáticas a los derechos humanos, punto", declaró al Post un coronel mexicano que pidió el anonimato.
Según el reportaje, el vocero militar "disputó los datos proporcionados por el secretario de Gobernación. Él dijo que el Ejercito ha condenado a 10 soldados por cometer abusos a los derechos humanos en los últimos tres años, y que otros 30 oficiales están detenidos mientras se investigan sus casos".
El diario anota que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que durante la campaña militarizada contra el narcotráfico, que hace tres años lanzó el presidente Felipe Calderón, ha recibido más de 2 mil quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército.
En agosto pasado, como parte del proceso para "certificar" que la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico vela por los derechos humanos y con ello evitar la suspensión de la entrega del 15% de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado informó al Congreso federal estadounidense que desde 2006 las cortes marciales mexicanas han condenado a 12 soldados por violación a los derechos humanos, y que se investigan los casos de otros 52 por los delitos de homicidio, tortura, secuestro y extorsión.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señaló que la respuesta que les proporcionó Gómez Mont "no prueba que el sistema de justicia militar está investigando y sancionando a militares que comenten abusos. De hecho, la evidencia disponible continúa apuntando precisamente en la dirección contraria".
Ayer al encabezar en Tampico, Tams la ceremonia de botadura del buque-patrullaje Revolución, el presidente Calderón advirtió que el Ejército, Armada y Policía Federal (PF) se mantendrán como los principales actores en la estrategia de combate al crimen organizado, incluido el narcotráfico. "Es vital seguir con mano firme en el combate a la delincuencia. Y es vital, también, que se sumen a este esfuerzo todas las capacidades del Estado, incluyendo las de los ámbitos locales, donde debe redoblarse el compromiso y la acción por la seguridad pública", subrayó.
"Más allá de que los delitos de extorsión y secuestro sean de ámbito local, las Fuerzas Armadas y federales han estado y seguirán estando presentes, combatiendo a los delincuentes y protegiendo a los ciudadanos", reiteró Calderón.
Empero, este martes 24 de noviembre en la Inauguración del Centro de Inteligencia, dijo:
"Una de las metas que nos hemos propuesto lograr en el Gobierno Federal, es el poder legarle a los mexicanos una policía confiable; una Policía Federal fuerte, bien capacitada, con capacidades técnicas y organizativas superiores a las capacidades de la delincuencia.
El país lo necesita, la ciudadanía lo exige y, además, esto nos permitirá, adicionalmente, el poder relevar paulatinamente a las Fuerzas Armadas, que con valentía y patriotismo han respaldado en todo el país y, en muchos casos, han tenido hasta que suplir las deficiencias e insuficiencias de las autoridades policiacas civiles en el combate a la delincuencia y en la lucha por la seguridad pública....
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Nota de J. JESúS ESQUIVEL, agencia APRO
WASHINGTON, 23 de noviembre (apro).– El diario estadunidense The Washington Post considera que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está "incapacitada para procesar y perseguir los casos de violaciones a los derechos humanos entre sus soldados y tropas".
En un amplio artículo publicado en su edición de este lunes, en el que hace referencia al caso de las violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército Mexicano en su lucha contra el narcotráfico, el influyente diario insiste que la Sedena es una institución intocable en México y por ello quedan impunes los crímenes que comenten los soldados mexicanos, aun cuando son denunciados por ciudadanos y organizaciones encargadas de monitorear la situación sobre la preservación de las garantías individuales.
"El Ejército de México ha condenado solamente a un soldado de cometer violaciones serias de derechos humanos durante la sangrienta campaña que lleva ya tres años contra los traficantes de drogas", anota el Post en su articulo.
De acuerdo con el rotativo, la información sobre el soldado condenado por violación a los derechos humanos la proporcionó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en respuesta a un pedido de la Organización Human Rights Watch (HRW), pero las estadísticas mostradas son inferiores a las que ha reportado el Departamento de Estado.
Incluso, The Washington Post destaca el hecho de que la propia Sedena pone en entredicho lo señalado por Gómez Mont.
"El Ejército no comete violaciones sistemáticas a los derechos humanos, punto", declaró al Post un coronel mexicano que pidió el anonimato.
Según el artículo, el vocero militar "disputó los datos proporcionados por el secretario de Gobernación. Él dijo que el Ejercito ha condenado a 10 soldados por cometer abusos a los derechos humanos en los últimos tres años, y que otros 30 oficiales están detenidos mientras se investigan sus casos".
El diario anota que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que durante la campaña militarizada contra el narcotráfico, que hace tres años lanzó el presidente Felipe Calderón, ha recibido más de 2 mil quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército.
En agosto pasado, como parte del proceso para "certificar" que la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico vela por los derechos humanos y con ello evitar la suspensión de la entrega del 15% de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado informó al Congreso federal estadounidense que desde 2006 las cortes marciales mexicanas han condenado a 12 soldados por violación a los derechos humanos, y que se investigan los casos de otros 52 por los delitos de homicidio, tortura, secuestro y extorsión.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señaló que la respuesta que les proporcionó Gómez Mont "no prueba que el sistema de justicia militar está investigando y sancionando a militares que comenten abusos. De hecho, la evidencia disponible continúa apuntando precisamente en la dirección contraria".
Y aprovechando que nuevamente The Washington Post retomó el tema de los abusos a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico que encabeza Calderón, Maureen Meyer, jefa del Programa México de la organización defensora de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA), declaró: "Es alarmante el aumento de quejas de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército desde el inicio de los operativos antidroga".
En un comunicado, la funcionaria de WOLA acotó que los casos de soldados mexicanos que violan los derechos humanos deben ser abordados por las cortes civiles, porque de no ser así, continuarán los casos de impunidad.
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Skeptics doubt Mexican data on military abuses
Figures contradict U.S. numbers; complaints rise as drug war rages
By William Booth and Steve Fainaru
Washington Post Staff Writers
Monday, November 23, 2009
MEXICO CITY -- The Mexican military has convicted just one soldier of a serious human rights violation during a bloody, three-year campaign against drug traffickers, according to Interior Ministry figures that are significantly lower than those reported by the U.S. government.
The Mexican military has come under scrutiny because of a surge in complaints against soldiers, including allegations of torture, beatings and illegal raids and arrests. The Mexican army is leading the fight against the powerful drug cartels as part of President Felipe Calderón's U.S.-backed strategy to put 45,000 troops into the streets and employ soldiers as police.
In response to inquiries by the group Human Rights Watch, Mexico's Interior Minister, Fernando Gomez-Mont, said that three soldiers have been found guilty of human rights crimes committed during the three years of the Calderón administration. However, one conviction resulted from an automobile accident and another was overturned on appeal, according to the Interior Ministry, which is responsible for security throughout Mexico.
The sole remaining case involved a soldier convicted of opening fire at a military checkpoint, killing one civilian. That soldier was sentenced to 9 months in prison.
Human rights monitors in Mexico and the United States describe the handful of convictions as proof that Mexico's military is incapable of prosecuting abuses among its officers and troops. The army pursues cases before secretive tribunals and refuses to release basic information, such as the names of the accused.
"The bottom line is that the Mexican military is not producing credible results, and you cannot do business with a military that refuses to be accountable," said Jose Miguel Vivanco, director of the Americas program for Human Rights Watch.
In the dark
Mexico's national human rights commission has received more than 2,000 complaints about the army's conduct over the last three years. But it has been difficult for human rights organizations, journalists and even the U.S. and Mexican governments to obtain detailed information from the army about abuse cases.
"I think the Americans are beginning to understand the magnitude of what is happening in Mexico and who they are in bed with," said Jorge Castaneda, former foreign secretary in Mexico and now a professor at New York University.
In August, the State Department reported that military courts had convicted 12 Mexican soldiers since 2006 and were investigating 52 others for homicide, torture, kidnapping and extortion. The report was required before the U.S. government could release tens of millions of dollars under the Merida Initiative, a $1.4 billion, counter-narcotics package signed by President George W. Bush.
"The U.S. Congress made clear that it supports the Merida Initiative against the cartels, but it does not support a blank check for the Mexican military," said Sen. Patrick Leahy (D-Vt.). "A portion of our aid is conditioned on respect for human rights."
In response to questions from The Washington Post, a military spokesman, a colonel who declined to have his name used, said, "The army does not systemically violate human rights. Period. There may be individual cases of abuse, but we are dealing with them.
"It's like the United States in Iraq or Afghanistan, only more difficult because they can usually tell who are the criminals and who are the civilians," he added. "We do not have that luxury. In the drug war, the line between criminal and civilian is blurred."
The military spokesman disputed the figures provided by the Mexican interior minister. He said the military had convicted 10 soldiers of human rights abuses committed in the last three years and that an additional 30 officers and troops were in jail as cases against them were investigated. He declined to provide details about the 10 convictions.
Human rights allegations
U.S. officials complain that it is difficult to obtain the most basic information from the military on human rights cases. Obama administration officials maintain that the Mexican government is making sufficient progress on human rights to justify the continued funding and an ever-closer partnership.
"They are very well aware that the longer they stay in the street, the longer they have these levels of allegations against them, the institution suffers," said John Feeley, the deputy chief of mission for the U.S. Embassy in Mexico City.
But human rights monitors said the Mexican government has failed to prosecute nearly every case that has been reported. In the southwestern state of Guerrero, where the army maintains a strong presence, it has not prosecuted a single case despite dozens of reports of torture and abuse, according to Jose Raymundo Diaz of the Collective Against Torture and Impunity.
In June, the army, backed by paramilitary forces, allegedly fired on the mountain village of Puerto Las Ollas in Guerrero, abused several residents and fired on the local pastor during a two-day period. Although the case is under investigation by the national human rights commission, no soldiers have been prosecuted, according to Diaz.
Earlier this month, three teenagers from Puerto Las Ollas were shot to death by unknown assailants described by villagers as paramilitary forces.
Of the more than 2000 complaints lodged against the military in the last three years, the National Human Rights Commission, a government institution, has found enough evidence of abuse in 27 cases to refer them to the military for prosecution.
Alleged victims of torture testified that soldiers beat them; pulled out fingernails; applied electric shocks to their genitals; and poured water over their mouths and nostrils or submerged their heads in buckets of water. The alleged victims testified that the torture sessions took place on military bases.
The military spokesman said the army has arrested more than 17,000 suspects, prompting more complaints. More than 16,000 people have died in drug-related violence, including hundreds of police officers, prosecutors and soldiers in the last three years.
"What is the benefit of militarization when we have so many abuses of human rights committed by soldiers," asked Abel Barra, executive director of the Tlachinollan Human Rights Center in Guerrero. "The situation has gotten out of control. Militarization has caused more damage to society here than it has helped us live in peace."
Researcher Michael E. Miller contributed to this report.
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