Estado de Derecho Y Seguridad

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está estructurado en cinco ejes rectores:

1. Estado de Derecho y seguridad.

2. Economía competitiva y generadora de empleos.

3. Igualdad de oportunidades.

4. Sustentabilidad ambiental.

5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

Eje 1. Estado de Derecho y seguridad.

1.2 Procuración e impartición de justicia

México necesita leyes que ayuden a perseguir y encarcelar a los delincuentes, para que los encargados de hacer valer el Estado de Derecho actúen con firmeza y con honradez, sin permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad. Es impostergable la modernización del sistema de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas.

OBJETIVO 4

Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Distintos componentes integran el proceso de transformación que requiere nuestro sistema penal. Entre los principales elementos está el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mediante el establecimiento de la oralidad en juicios penales y el mejoramiento de las competencias técnico-operativas de las agencias del ministerio público, principalmente en los procesos de averiguación previa e integración de expedientes.

ESTRATEGIA 4.1 Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.

La procuración de justicia requiere de ministerios públicos profesionales, honestos, con procedimientos claros y eficaces. Bajo esta lógica, se impulsará la capacitación y especialización de los agentes y sus auxiliares, de acuerdo con estándares internacionales. Asimismo, se establecerán controles de confianza para monitorear la ética y la calidad con la que se desempeñan.

La iniciativa de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo recientemente, busca redefinir a la policía como un órgano corresponsable de la investigación penal para que esté facultada para recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictivos. Esta redistribución de facultades entre los órganos responsables tiene como objetivo propiciar una investigación más científica, objetiva y profesional, que jurídicamente seguiría a cargo del Ministerio Público, pero que contaría con la participación autónoma, en términos técnicos y funcionales, de la policía.

ESTRATEGIA 4.2 Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada.

El reto que implica el crecimiento y expansión del crimen organizado exige que las leyes e instrumentos con que cuenta el Estado para combatirlo se adecuen a la realidad. Entre otras cosas, se implementarán nuevas medidas de investigación y redistribución de las facultades entre los órganos judiciales y el Ministerio Público, para que el sistema de procuración e impartición de justicia pueda perseguir y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia organizada.

La propuesta de reforma al sistema penal prevé como herramientas especiales en materia de investigaciones de la delincuencia organizada las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, que durante la investigación podrán ser autorizadas por el Ministerio Público, de tal forma que estos instrumentos puedan ser utilizados de manera oportuna. También se propone el establecimiento de un mecanismo de control posterior, para que sea el juez quien, de manera oficiosa, revise la legalidad de las intervenciones y los cateos.

Asimismo, se promoverá que las conductas tipificadas como delincuencia organizada sean consideradas siempre graves, para que den lugar a prisión preventiva.

ESTRATEGIA 4.3 Garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a las víctimas de los delitos.

En la medida en que no se garantizan los derechos de quienes resultan afectados por la delincuencia, específicamente el resguardo de su identidad cuando denuncian, se inhibe la necesaria participación de la ciudadanía en la prevención y combate a la delincuencia. En la red de telecomunicaciones para las instituciones de seguridad, conocida como Plataforma México, se introducirá una línea especializada para la recepción de denuncias anónimas. En un ambiente de inseguridad y desconfianza como el que ahora se vive, la denuncia anónima constituye un aliciente para la colaboración de la ciudadanía en el combate a la delincuencia. Tan importante como recibir las denuncias, desde luego, será tener un sistema eficiente de seguimiento y atención oportuna de las mismas.

Es una obligación del Estado proteger a las víctimas y, desde luego, garantizar las mejores condiciones para los ciudadanos que pueden declarar en los casos más delicados, más relevantes y más peligrosos. Para ello se ha propuesto establecer la reserva de los datos de las personas que denuncian hechos relacionados con el crimen organizado.

ESTRATEGIA 4.4 Promover la implementación gradual de juicios orales.

La impartición de justicia en México se da a través de un proceso lento, ineficiente e impersonal basado en la integración de expedientes escritos que daña los intereses y derechos tanto de quien comete un delito como de quien lo padece. La oralidad en los juicios ofrece a las partes la oportunidad de tener audiencias directas con los jueces para conocer, presentar o contradecir las pruebas y argumentos del caso. Esto reduce significativamente la duración de un litigio y con ello, su costo, que muchas veces es determinante en la decisión de presentar o no una denuncia. Asimismo, se reducen los espacios de opacidad en los que pueden ocurrir actos de corrupción o discrecionalidad, lo que fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en actores encargados de la aplicación de la ley.

ESTRATEGIA 4.5 Impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la justicia.

Actualmente, los términos y plazos procesales, así como el número de instancias por las que se puede pasar durante un litigio, hace muy tardada la impartición de justicia, lo cual genera incertidumbre en los ciudadanos. Por lo tanto, se propondrán reformas que permitan agilizar los tiempos de resolución de controversias ante los órganos jurisdiccionales. La adopción de juicios orales y de mecanismos alternativos de resolución de conflictos estan asociados a esta estrategia.

Otro mecanismo propuesto es que la prueba confesional se rinda con toda la información sobre sus consecuencias, de manera libre y ante una autoridad judicial que garantice el pleno respeto a los derechos fundamentales. Mediante un examen judicial sobre la veracidad y legalidad del reconocimiento de responsabilidad, se podrá impartir justicia con mayor celeridad.

ESTRATEGIA 4.6 Fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios alternativos de resolución de conflictos.

Los litigios representan un costo económico y social elevado para el Estado, así como para los particulares. Para reducirlos, se promoverán y adoptarán medios alternativos para solución de controversias como eje toral del sistema de justicia en general, que permitirán además crear una conciencia y una actitud de diálogo y conciliación, más que de confrontación, entre la sociedad. En muchos casos, estos métodos resultan más apropiados, para los fines de la justicia, que la imposición de una pena de prisión, al resarcir al agraviado el pleno goce de sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la restitución y no de la represión.

Estos mecanismos permiten que el Estado centre sus capacidades institucionales en la persecución de aquellos delitos que verdaderamente atentan contra el orden y la paz públicos. De manera paralela, sirven para despresurizar el sistema judicial, cuya saturación es un claro obstáculo para la impartición de justicia pronta y expedita.

ESTRATEGIA 4.7 Promover el Código Penal Único.

En México contamos con un código penal y un código procesal penal por cada entidad federativa, más el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Tal diversidad legislativa resulta en contradicciones y vacíos legales que abren espacios para la impunidad.

Por ello, la iniciativa de reforma al sistema de justicia penal presentada por el Ejecutivo propone la unificación legislativa, tanto en la tipificación de las conductas delictivas y sus penas, como en los procedimientos para su persecución, investigación y ejecución. La adopción de tipos penales únicos para todo el país impacta positivamente en la certeza jurídica.

La soberanía de los estados y la vigencia del federalismo no se verán violentadas, pues la ley determinará las competencias correspondientes y la facultad de organizar las instituciones de procuración y administración de justicia se mantendrá como una facultad reservada a las entidades federativas.

OBJETIVO 5

Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.

Es necesario que la sociedad tenga la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que éste sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta. Vivir en medio de la violencia, ver como natural la impune comisión de los delitos no debe ser parte de la cotidianidad. Si no se hace valer la ley a través de instrumentos eficaces, los potenciales delincuentes perciben que el riesgo de recibir una represalia es muy bajo, y la decisión de cometer un acto ilícito se vuelve menos costosa, lo que aumenta los niveles de criminalidad.

ESTRATEGIA 5.1 Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia.

Por mucho, la mayor incidencia de delitos corresponde a los del orden común, cuya prevención y castigo están a cargo de las autoridades locales. Vigorosamente, y con un sentido de urgencia, se compartirán esfuerzos con los gobiernos de los estados y los municipios en el marco de los organismos que para ello existen.

Esta estrategia de corresponsabilidad será la clave para enfrentar con eficacia y contundencia a la criminalidad. En el marco de un auténtico federalismo, se deberá establecer una colaboración intensa entre los órdenes de gobierno para dar al Sistema Nacional de Seguridad Pública la dimensión y proyección que motivaron su creación. Por tanto, se establecerán mecanismos de coordinación efectiva con las autoridades de las entidades federativas y de los municipios.

Todo ello se realizará con absoluto respeto a las atribuciones de cada orden de gobierno, focalizando los esfuerzos para restablecer la seguridad pública en todo el país y fortalecer la presencia del Estado en las ciudades y poblaciones donde existe mayor inseguridad.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública se consolidará como una instancia articuladora y unificadora de todas las autoridades, del Gobierno Federal, de estados y municipios, en su esfuerzo conjunto para combatir a la criminalidad. Los esfuerzos y acciones que el gobierno realice en materia de seguridad, además de reducir los índices de delincuencia, deben verse reflejados en la percepción de la ciudadania sobre la seguridad, de modo que en 2012 la mayoría de la población declare que se siente segura en su comunidad.

ESTRATEGIA 5.2 Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades encargadas del combate a la delincuencia.

En materia de impunidad debe ponerse especial cuidado para que los delincuentes que son capturados no compren su libertad mediante sobornos, y que las investigaciones que estén en curso no se detengan por negociaciones ilícitas.

ESTRATEGIA 5.3 Enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, garantizando en todo momento la protección de su integridad, dignidad e identidad.

Además de la eficacia y honestidad de las instituciones públicas, sin la participación comprometida de los denunciantes no se podrán abatir los niveles de impunidad. Se deben ofrecer nuevas garantías a la integridad y a la seguridad de las víctimas de un delito y acabar con su situación de franca indefensión.

En pocas ocasiones la víctima tiene oportunidad de que se le resarza el daño o de contar con garantías que la hagan partícipe de una justicia a la que tiene derecho. Esta situación debe revertirse. También es necesario que las víctimas puedan actuar en los procesos penales y defenderse contra resoluciones que pudieran lesionar sus intereses. Se buscará la simplificación de los mecanismos para la presentación de denuncias y querellas en cuanto a tiempos, trámites, requisitos y documentación.

Se implementarán medidas cautelares para salvaguardar los derechos de las víctimas durante el proceso penal. Si bien estas medidas ya son parte del ordenamiento jurídico, es indispensable ampliarlas para proteger a la sociedad y evitarle un perjuicio mayor. Se propone privilegiar la aplicación del arraigo, la prohibición de salir de una demarcación territorial, la prohibición de acercarse a una o varias personas, la restitución provisional de los derechos de las víctimas y ofendidos, la vigilancia a cargo de determinadas personas o instituciones, el aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito, la protección de la integridad física y moral de las víctimas u ofendidos, los actos para garantizar la reparación del daño y la caución para proteger los derechos de las víctimas.

Para garantizar la legalidad en la aplicación de estas medidas, se otorgarán facultades a un órgano jurisdiccional, cuyas características principales serán la independencia, la imparcialidad, la legalidad y la objetividad en sus decisiones.

ESTRATEGIA 5.4 Combatir y sancionar con mayor severidad la violencia de género.

En México aún existe una cultura que discrimina a la mujer y que favorece el entorno de acoso y de violencia que padecen millones de mujeres. En el marco de la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se promoverá una cultura de respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, se pondrán en operación programas de sensibilización y capacitación dirigidos a policías, médicos, ministerios públicos y jueces, y a todo el personal encargado de las labores de protección y atención a las mujeres que sufren de violencia en todas sus manifestaciones.

Con esta ley, se harán valer compromisos internacionales signados por México a través de ordenamientos como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como Belém do Pará), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

OBJETIVO 6

Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.

ESTRATEGIA 6.1 Modernizar el sistema penitenciario.

Se recuperará el sentido original de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados. Se invertirá en la infraestructura necesaria para asegurar que los centros penitenciarios cuenten con la tecnología que garantice la seguridad al interior de los mismos.

Se establecerá tanto la figura de juez de ejecución de sentencia, como la reorganización estructural y territorial de los centros penitenciarios, vía el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, se adoptarán lineamientos y metodologías operativas para el traslado de reos y su separación de acuerdo con su perfil criminológico y peligrosidad. Se generará inteligencia de orden criminal a partir de una efectiva vigilancia de los internos. Se promoverán también los convenios necesarios para que los sentenciados cumplan sus penas en centros penitenciarios de otro fuero, pues actualmente los sentenciados del orden común pueden compurgar sus penas en centros federales, pero no a la inversa.

Frecuentemente se olvida que junto con el castigo por la comisión de delitos, la confinación en penales debe tener el propósito de propiciar en los reos la recuperación de valores éticos, su formación integral y su reintegración a la sociedad una vez cumplida la pena. Resulta necesario el compromiso de los tres órdenes de gobierno para trabajar de manera coordinada en el perfeccionamiento de los mecanismos de readaptación y rehabilitación de los delincuentes.

ESTRATEGIA 6.2 Combatir la corrupción al interior de los centros de readaptación social.

Se combatirá la corrupción en las instalaciones penitenciarias federales y locales, para terminar con los privilegios que disfrutan algunos de los reclusos y que van en perjuicio del resto. Se reforzará la vigilancia para detectar y eliminar los mecanismos mediante los cuales los criminales continúan operando sus redes de delincuencia desde el interior de los centros penitenciarios. Esto incluye vigilar el comportamiento del personal encargado de la seguridad, para castigar a quienes se corrompen y facilitan la operación delictiva intramuros.

En el caso de la delincuencia organizada, se propone que se exceptúe el derecho consistente en solicitar que la pena se compurgue cerca del domicilio del reo, lo que responde a la necesidad de que los miembros de grupos de crimen organizado sean recluidos en centros penitenciarios que cuenten con la seguridad y las instalaciones necesarias para la protección de su integridad y para la disminución de los riesgos de fuga o violencia interna.

ESTRATEGIA 6.3 Reconstruir los mecanismos de caución y readaptación social.

La sobrepoblación en los centros de reclusión es un obstáculo para la aplicación de la ley en su interior y para garantizar condiciones dignas a los reclusos. Además de las estrategias encaminadas a reducir el tiempo necesario para dictar sentencia, se diseñará y aplicará un nuevo esquema de prisión preventiva, y se facultará al juez para imponer medidas cautelares durante el desarrollo del proceso. Se analizará la pertinencia de medidas alternativas como la vigilancia electrónica, el arraigo territorial, la caución, la vigilancia a cargo de determinada gente o instituciones, y el sometimiento a instituciones de educación, entre otras.

Fuente: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/eje1/certezajuridica.html