La disputa por el TEPJF

Vacante de fuego

Álvaro Delgado, reportero

Publicado en La revista Proceso # 1814, 7 de agosto de 2011;

El miércoles 10, el Tribunal Electoral Federal elegirá entre sus magistrados a su nuevo presidente. Sólo uno de ellos, Flavio Galván, alzó la mano para expresar que quiere encabezar el organismo, y en entrevista con Proceso se dice listo y apto para volver a asumir la conducción de un organismo que, asegura, no está en crisis pero tampoco es impoluto, “una institución fuerte pero evidentemente perfectible”. Las encuestas de confianza ciudadana, sin embargo, colocan al TEPJF en una posición muy baja, apenas por encima de senadores, diputados, partidos políticos y la policía. 

Criticado por su excesiva estructura administrativa, que incluye onerosos salarios, y con una credibilidad menor aún que la del Instituto Federal Electoral (IFE) debido a cuestionadas sentencias y a reuniones secretas de magistrados, el próximo miércoles 10 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elegirá un nuevo presidente, aunque sólo uno de los aspirantes, Flavio Galván Rivera, se asume abiertamente como tal.

–¿Por qué quiere ser presidente otra vez?

–Por dos elementos: Mi experiencia y mi imparcialidad, que nunca ha sido cuestionada. Todo mundo sabe que yo resuelvo conforme a derecho y mis votos hablan de mi forma de actuar y de pensar.

Contendiente de María del Carmen Alanís Figueroa –quien hasta el viernes 5 presidió el TEPJF y aspira a la reelección–, de Pedro Penagos López y de Constancio Carrasco Daza, quienes no han manifestado abiertamente ese propósito, Galván Rivera puntualiza: “Yo no acepto línea”.

De 58 años, 34 de ellos de labor en tribunales y a punto de cumplir un cuarto de siglo de ejercer la materia electoral, Galván Rivera condujo como secretario general del TEPJF el recuento de votos en la controvertida elección presidencial de 2006 y ese mismo año se reconvirtió en magistrado y presidente de la Sala Central, cargo que “por razones de salud” ejerció sólo nueve meses.

“Esa experiencia es la que me puede llevar a conducir al tribunal con conocimiento, con equilibrio, quizá con esa templanza que requiere un juez para asumir una responsabilidad tan grande como es calificar la elección presidencial.”

Y subraya: “Más allá de todos los principios constitucionales y político-jurídicos en materia electoral, el tribunal es garante de la paz social. Si hace un trabajo adecuado, como un órgano imparcial, de derecho, y hace una calificación de la elección presidencial con estos principios y estas características, tendremos paz social. Es un gran reto”.

–¿Y si actúa al contrario?

–Podríamos atentar contra esa paz social. Si no hay estabilidad política, y esto la historia de México nos lo cuenta con mucha frecuencia, y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, no hay paz social.

“Para que haya esa paz social, la política debe mantener un equilibrio –y obviamente los políticos también–, y para mantener ese equilibrio necesitamos darle un análisis y una calificación de la elección presidencial que sea creíble, objetiva e imparcial.”

Doctor en derecho, Galván Rivera defiende al órgano que integró desde que, en 1987, se incorporó como secretario y luego magistrado del denominado entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral; aunque reconoce deficiencias, rechaza que esté en crisis.

“Definitivamente en crisis no, impoluto tampoco. No podemos tocar ninguno de los extremos. Es una institución fuerte, pero evidentemente perfectible, como toda obra humana. Tiene deficiencias y errores. ¿Tiene vicios? Probablemente tenga vicios: somos un tribunal con una estructura de recursos humanos excesiva.”

Y justamente para eso quiere, también, presidir el TEPJF: “Aunque no sea presidente pienso hacer ese análisis; pero si soy, será para modificar la estructura y tener menos personal del que tenemos. La política y el sistema electoral en México son sumamente caros”.

–¿Anida la corrupción en el tribunal?

–Que yo sepa no, pero tampoco puedo negarlo de manera absoluta.

A casi cinco años de que fueron elegidos, para un periodo de 10, Galván considera oportuno que los siete magistrados hagan un “análisis introspectivo” de su trabajo.

“Y si llegáramos a la conclusión de que hace falta una sacudida, tenga la certeza de que si me toca a mí decidirla, la propondría a mis compañeros. Si no me corresponde a mí decidirla, de todos modos invitaría a todos mis compañeros a que hiciéramos este ejercicio.”

Y subraya: ”Aun cuando sólo hubiera comentarios, aunque no tuviéramos ningún elemento objetivo de posible corrupción, sí hacer un análisis, una revisión seria, a fondo. Si todo estuviera bien, sería motivo de regocijo y de aplauso, pero si algo estuviera mal, debemos tomar las medidas conducentes”.

Déficit de confianza

Habitualmente esquivo con los medios y periodistas, como suelen serlo los jueces, Galván Rivera fue el único magistrado que propuso una entrevista personal con el reportero luego de que a los siete les fue enviado un cuestionario sobre la situación del TEPJF ante la elección de 2012 y su propio proceso sucesorio.

Alanís Figueroa, Penagos López y Manuel González Oropeza comunicaron a Proceso que (hasta el 27 de julio) no decidían aún si participarían como candidatos en la elección del miércoles 10, mientras que Carrasco Daza, Salvador Nava Gomar y Alejandro Luna Ramos declinaron responder el cuestionario.

Este último, por ser el decano, asumió el viernes 5 la presidencia del TEPJF y conducirá la elección, pudiendo ser también candidato a presidirlo, aunque se da por hecho que los aspirantes, además de Galván, serán Alanís Figueroa; Penagos López, presuntamente apoyado por el PRI, y Carrasco Daza, primo del exgobernador priista Diódoro Carrasco y supuestamente impulsado por Felipe Calderón.

Así lo expresó la propia Alanís en una reunión privada con los magistrados el pasado 4 de abril, luego de que estalló el escándalo de la reunión secreta en su casa, el 9 de marzo anterior, con emisarios del gobernador priista Enrique Peña Nieto quien, según el IFE, violó la Constitución. “¡Me están diciendo que ya te deje la presidencia a ti, Constancio, o a ti, Penagos!”, exclamó (Proceso 1797).

–Si el magistrado Carrasco está vinculado a Calderón, ¿estaría subordinado a la Presidencia de la República?

–La primera parte no la sé, porque “se dice”. Yo confío en que todos mis compañeros sean, y creo que lo hemos demostrado en la votación, imparciales. Si hubiera datos objetivos para demostrar que alguien está emitiendo un voto de manera indebida hay los medios, tanto políticos como penales y administrativos, para poder fincarle las responsabilidades.

La credibilidad es, sin embargo, uno de los déficit que enfrenta el TEPJF, aunque los magistrados Alanís Figueroa, González Oropeza y Penagos López aducen que no, como lo demuestra –aseguran– el número de juicios que promueven ciudadanos y partidos políticos.

Alanís detalla en su respuesta por escrito: “Entre 2007 y 2011 los asuntos que ha recibido el tribunal pasaron de 3 mil 507 a 7 mil 847 (sin tomar en cuenta asuntos “masivos”). Al respecto sobresalen los juicios que los ciudadanos interponen para la protección de sus derechos político electorales, que en el mismo periodo pasaron de 2 mil 585 a 6 mil 881 (con corte al 27 de julio)”.

Y puntualiza: “En los casi cinco años de la actual integración de la Sala Superior, el nivel de conocimiento público del tribunal ha crecido consistentemente. De acuerdo con encuestas publicadas por BGC, Beltrán e Ipsos-Bimsa, entre 2007 y 2011 el nivel de identificación pasó de 57% a 78%.

Sin embargo, la magistrada omite la más reciente encuesta encargada por el TEPJF a Ipsos-Bimsa que arroja datos poco halagüeños en materia de “confianza”, ya que lo ubica por debajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Ejército, la Iglesia católica, el IFE, la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sólo está por encima de jueces de tribunales, senadores, diputados, partidos políticos y la policía, que está en el sótano de la confianza ciudadana, según la misma encuesta.

Apenas el viernes 5, el especialista Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó en su colaboración en El Universal que con Alanís” se convirtió en un “tribunal político”, porque en sus sentencias aplicó una estrategia que “privilegia la grilla sobre la técnica”.

Puso tres ejemplos: Las reiteradas violaciones constitucionales en propaganda del Partido Verde; el demostrado rebase de gastos de campaña de Demetrio Sodi, delegado panista en Miguel Hidalgo; y el perdón que otorgó a Peña Nieto. “Ahí emergen las peores criaturas del maridaje entre la politización y las deficiencias técnicas (de lo cual son corresponsables la presidenta y todos los magistrados)”.

Salazar concluye: “Por eso de nada sirve la estadística cuando se trata de calibrar la estatura de los tribunales constitucionales: ¿De qué sirve una decena de decisiones correctas en asuntos menores si en una decisión clave se abren las puertas del fraude a la ley? Me temo que por esta última clase de sentencias también será recordada esta etapa del TEPJF”.

Los escándalos

Los magistrados han dado lugar al escándalo. La comida de Alanís con operadores de Peña Nieto puso en entredicho su confiabilidad, al punto de que el PAN le solicitó excusarse del juicio, del que era ponente, aunque el pleno no lo consideró así y votó por la exoneración del gobernante.

Galván justifica que no se haya excusado Alanís –quien llegó al cargo con el respaldo de Margarita Zavala, su amiga desde la niñez, y del senador Manlio Fabio Beltrones–, porque ella aseguró que en la reunión con priistas en su casa no se abordó el caso Peña Nieto.

“Fue un hecho reconocido por la presidenta que hubo esa reunión en su domicilio. Lo que en su informe dijo es: ‘No tratamos el asunto, nos reunimos a platicar otros temas’. No tenemos por qué preguntarle cuáles.”

–¿Es creíble?

–Si vamos a la creencia podríamos dar distintas respuestas, pero el juez no puede resolver un caso por creencias, se tiene que sustentar en pruebas objetivas. Y ante una negativa y ninguna prueba en contrario, tenemos que aceptar que esa es la verdad.

–¿Esto lastima a la institución?

–A eso iba yo. Jueces y magistrados tenemos que ser prudentes, quizá de una prudencia extrema. Yo no entro a la sospecha o no sospecha, pero yo no lo haría por prudencia.

Otro caso es el del magistrado Nava Gomar, quien se reunió en secreto con el priista Jorge Hank Rhon en sus oficinas de Tijuana el 23 de marzo de 2007, cuando era candidato al gobierno de Baja California; inclusive le regaló un perro (Proceso 1714).

“Fue en el tiempo en el que yo era presidente. Pedí a la secretaría administrativa que me dieran un informe de si (Nava Gomar) había desempeñado una comisión en esos días. El informe fue: ‘No tuvo ninguna comisión’. Si no está en funciones como magistrado y si eso fue, es su responsabilidad.”

Galván presidió el TEPJF desde noviembre de 2006 hasta el 6 de agosto de 2007, cuando renunció en medio de acusaciones de que su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León, pretendía obtener una comisión en la compra de un edificio del TEPJF, lo que resultó falso y lo que se probó fue que los que buscaban ese beneficio eran tíos de Nava Gomar, su acusador (Proceso 1716).

“La maestra Aguilar León trabajó conmigo durante 17 años y es ejemplo de lealtad, honestidad, profesionalismo y entrega al trabajo”, subraya Galván, quien recuerda que ya fue exonerada, mientras que él superó las enfermedades por las que renunció a la presidencia del TEPJF.

–¿Capaz de volver a ser presidente?

–Eso y más. Los pasillos de este tribunal son testigos. Yo estoy aquí desde las siete de la mañana o antes. Me verá mañana, tarde y noche si es necesario. Hay veces que llegamos diciendo buenos días y nos vamos diciendo buenos días.

“Yo no acepto línea”

Aunque es habitual que se considere excesivo el presupuesto de aproximadamente 2 mil millones de pesos anuales, los magistrados del TEPJF no consideran dispendiosa esa cantidad, que se ha mantenido en los últimos tres años.

“Se han tomado medidas de austeridad desde 2007”, dice González Oropeza, y Alanís subraya el crecimiento cero respecto de años anteriores: “Ello representa una diferencia respecto de otras instituciones de la administración pública, donde normalmente se encuentran presupuestos incrementales”.

Penagos López se queja de que las percepciones de los magistrados “fueron reducidas en un porcentaje significativo a partir del 1 de enero de 2010”. Y así fue: Como efecto de la entrada en vigor de la Ley de Salarios Máximos, los emolumentos de los magistrados disminuyeron hasta un tercio: En vez de los 312 mil 785 pesos mensuales que recibían, ahora sólo son 209 mil 276 pesos, 103 mil pesos menos.

Por eso Galván afirma que ese sueldo es inconstitucional y cita el artículo 94 de la Constitución: “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Exclama: “¡Y a nosotros se nos ha disminuido el sueldo que teníamos cuando fuimos designados el 5 de noviembre de 2006! ¡El sueldo que teníamos era mayor al que tenemos ahora! En un país democrático, no democrático o en cualquier país, a mí me parece indignante una Ley de Salarios Máximos”.

Aclara: “Por supuesto que no puede ser justo el sueldo que tenemos con la situación de pobreza de 50% de los mexicanos. ¿Pero vamos a resolver el problema disminuyendo sueldos a los de la burocracia? ¿No sería mejor pensar en una reestructuración de la economía nacional? En vez de igualar a todos hacia abajo, subir a los de abajo a una situación de vida digna y decorosa, donde los salarios mínimos cumplieran el requisito constitucional”.

Galván es autor de los libros El camino de la democracia en México, Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo, Justicia electoral en el umbral del siglo XXI, Elecciones y justicia en España y México, y Derecho procesal constitucional.

En este último, que comenzó a circular en junio de 2006, planteó que, así como el TEPJF declara la validez de la elección presidencial, podía también declarar la nulidad, algo que ya quedó establecido en la Constitución con la reforma de 2007.

“Fue una de las tímidas reformas a la Constitución en 2007 (…), pero desde el punto de vista jurídico es un avance extraordinario”, dice Galván, quien lamenta que se acuse al TEPJF de ya no anular elecciones por fraude y lo atribuye a las deficiencias de los abogados de los partidos políticos.

“El juez tiene que sustentar sus sentencias sólo en pruebas: ¿Se imagina el desorden que estaríamos generando? Se acabarían los principios de certeza, de imparcialidad y de legalidad. Podría decir: ‘Yo considero que en este caso sí hubo compra de voto, y anulo la elección’. ¡Podríamos generar el caos!”

Galván asegura que no tiene dueño: “Yo actúo conforme a derecho, no tengo nadie que me sugiera cómo resolver un asunto, y si alguien me sugiere, la tomo como cualquier otra sugerencia, como ir al cine o a caminar.

–¿Ha habido de Calderón Hinojosa o de sus personeros?

–Yo no he tenido la oportunidad de platicar con el señor presidente. Si me invitara a platicar, aceptaría, por supuesto. Pero entre platicar y recibir línea hay mucha diferencia. Yo no acepto línea.

–¿Jamás ha recibido línea?

–Supóngase que la he recibido, pero una cosa es que me digan y otra cosa es que lo haga. Mi respuesta ha sido: la sentencia se dictará conforme a derecho. Así es como he tratado de actuar…

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Para el 2012, pronóstico sombrío

Álvaro Delgado

En contraste con sus antecesores en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que anularon numerosas elecciones por prácticas fraudulentas, los actuales magistrados “han validado todo tipo de irregularidades” con cambios de criterio y omisiones en sus sentencias y alientan a los partidos políticos a que “utilicen con toda impunidad las prácticas de compra y coacción” del voto para adulterar la voluntad popular en los comicios.

Así lo advierte el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros en su libro El fraude electoral impulsado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral –que en breve pondrá en circulación editorial Porrúa– en el que hace un vaticinio funesto hacia 2012:

“El ganador será, muy probablemente, el partido que con mayor cinismo elabore su estrategia para defraudar la voluntad popular. Y el Tribunal Electoral le levantará el brazo.”

El pronóstico no es gratuito: los siete magistrados actuales que el miércoles 10 elegirán a su nuevo presidente han sentado precedentes: “Se han especializado –o se han doctorado– en la argumentación para validar los fraudes electorales. Aun suponiendo que los magistrados actuales fueran personas con algo de integridad y ética, la aplicación estricta de sus precedentes jurisprudenciales los llevarán a validar un magno fraude electoral en 2012”.

Luego de revisar exhaustivamente numerosas sentencias de los actuales magistrados del TEPJF y de cotejar con las emitidas por sus antecesores, Sandoval Ballesteros pone en contexto el comportamiento de éstos, incluyendo los escándalos que han protagonizado, como la comida secreta que ofreció María del Carmen Alanís en su casa, el 9 de marzo, a emisarios del gobernador priista Enrique Peña Nieto.

“La nueva integración parece suponer que al mantener contentos a algunos actores políticos clave podrán mantenerse en el cargo. El problema es que están acabando con toda la legitimidad que quedaba en las instituciones electorales.”

Puntualiza sobre el TEPJF: “Sus resoluciones son totalmente imprevisibles: Un día puede calificar como determinante el que uno de los ciudadanos que integra la mesa directiva de casilla no pertenezca a la sección electoral y al día siguiente considera que un spot difundido el día de la jornada en medios masivos de comunicación no constituye una irregularidad determinante; un día puede ignorar sus propias tesis de jurisprudencia para favorecer al candidato de una corriente partidaria y al siguiente, cenar con uno de los precandidatos presidenciales”.

Luego de la revisión que hizo de sus fallos de 1996 a 2011, el abogado concluye que los magistrados que entraron en funciones en noviembre de 2007 se han caracterizado, además de los escándalos, por su parcialidad y por la resolución contradictoria de asuntos semejantes.

Una de las conclusiones más preocupantes, dice el autor, es que el TEPJF es una institución inconsistente: “(…) Exige pruebas imposibles de obtener en algunos casos para evitar así la anulación, mientras que en otros anula casillas electorales con fundamento en simples cuestiones formales y, en lugar de anular la elección, prefiere violar su propia jurisprudencia y otorgar el triunfo al segundo lugar. Se puede caracterizar como un tribunal notoriamente parcial”.

En la revisión que hace de las 36 elecciones anuladas por el TEPJF –30 de alcaldes, tres de diputados de mayoría, dos de gobernador y uno de diputado federal– emergen datos relevantes. Por ejemplo: el PRI es el que más irregularidades comete. “Este partido había resultado ganador en el 62% de todas las elecciones que fueron declaradas nulas en dicha instancia. Bien puede decirse que el PRI se ha consolidado como el partido más fraudulento en la incipiente democracia mexicana”.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) ganó 18% de las elecciones fraudulentas en ese periodo. “Por ejemplo, de las elecciones que le fueron anuladas por encontrarse irregularidades graves, ocho se celebraron después del año 2000. Esto implica que desde que el PAN ocupa el Ejecutivo federal se han incrementado notablemente los fraudes electorales cometidos por ese partido”.

El embrión de este libro de Sandoval Ballesteros, abogado con posgrado en administración de justicia por la Facultad de Derecho de la UNAM, fue el ensayo El sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, que ganó el segundo lugar en un certamen convocado por el TEPJF hace tres años, pero que éste no quiso publicar.

Con prólogo del ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el libro el autor afirma que “es evidente que, desde 2007 a la fecha, se ha consolidado en el Tribunal Electoral, y particularmente en la Sala Superior, una tendencia férrea para validar prácticamente todo proceso electoral que califica”.

El autor plantea a los magistrados cambiar de visión sobre la nulidad de las elecciones, y dar más peso a los principios constitucionales de libertad y autenticidad del voto universal que al principio de conservación de los actos válidamente celebrados.

“Ello es así porque la decisión de anular una elección no afecta los derechos de la ciudadanía (siempre se conserva el derecho de participar en las elecciones extraordinarias), mientras que, por el contrario, validar una elección con irregularidades sí puede afectar la libertad de un pueblo para elegir a sus gobernantes en comicios auténticos.”

Argumenta: “Ante la violación de los principios rectores en un proceso electoral, pero ante la duda de si esa violación fue la causa que dio paso a cierto resultado electoral, resulta preferible anular las elecciones. Es mejor repetir elecciones que elegir gobernantes en procesos con poca legitimidad”.

Sin embargo, es poco optimista, sobre todo por las conductas que han asumido los magistrados, y su vaticinio hacia 2012 es sombrío:

“Si el proceso electoral de 2006 implicó una severa crisis para el país y contábamos entonces con una integración de la Sala Superior que había tenido un desempeño respetable, en 2012 México se encontrará al borde de una nueva guerra civil. La violencia, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la crisis económica de la que no podemos salir así lo auguran.”

Y finaliza: “Tal vez los medios de comunicación tengan éxito al ofrecer a la ciudadanía la narración de una historia en la que se consolida la democracia a través de la alternancia entre el PAN y el PRI. Muy probablemente tratarán de concentrar la esperanza de cambio para el país en el candidato de las televisoras (Enrique Peña Nieto) y reeditar la efervescencia democrática que el país vivió con la victoria de Vicente Fox derrotando al partido de Estado (que hoy sería el PAN).

“Si lo logran, tal vez eviten la catástrofe que parece avecinarse. Pero hay que recordar que la historia se repite: La primera vez como tragedia y la siguiente ocasión como una farsa.”

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Al margen:

Duplica Trife gasto y personal en 4 años

Nota de Guadalupe Irízar

 Reforma, 9 agosto 2011).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) duplicó tanto el personal a su cargo como su presupuesto durante los cuatros años de la gestión de María del Carmen Alanís como presidenta.

 En 2007, la plantilla del tribunal la integraban 862 personas, 712 pertenecientes a la sala superior y 150 a las regionales, contabilizando plazas permanentes, eventuales y por honorarios, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año.

 Para 2011, la plantilla autorizada es de mil 482 colaboradores, de los cuales 997 laboran en la sala superior y 485 lo hacen en las regionales.

 En cuanto al presupuesto, al organismo del Poder Judicial le fue aprobado en 2007 un gasto total por mil 128 millones de pesos. Para este año, la asignación presupuestal aumentó a mil 999 millones de pesos.

 En entrevistas por separado, los Magistrados Flavio Galván, Constancio Carrasco y Pedro Esteban Penagos -el primero de ellos ex presidente del Trife- coincidieron en la necesidad de revisar los gastos de administración del Tribunal, los cuales se han multiplicado en los últimos años.