¡Interesante historia…! De Jorge Carrasco Araizaga, en Proceso # 1826, 30 de octubre de 2011.
Comenta que tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en 1993, la entonces Judicial Federal desató una cacería contra los jefes del narcotráfico en Jalisco en aquella época, los Arellano Félix, y contra todo lo que estuviera cerca de ellos. En ese ámbito caían los bienes de la familia Calderón Quintero, que fueron asegurados. Uno a uno los cargos contra estos duranguenses asentados en Culiacán se fueron diluyendo y, sin embargo, hasta la fecha sus bienes y propiedades están en el limbo, en un hecho que bien puede calificarse como un verdadero despojo…
Mmm. ¡Quién se quedó con los bienes?
Elisa Quintero López pide le paguen una indemnización de 158 millones de pesos.PGR: Historia de un millonario despojo
Jorge Carrasco Araizaga
Revista Proceso # 1826, 30 de octubre de 2011;
Tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en 1993, la entonces Policía Judicial Federal desató una cacería contra los jefes del narcotráfico en Jalisco en aquella época, los Arellano Félix, y contra todo lo que estuviera cerca de ellos. En ese ámbito caían los bienes de la familia Calderón Quintero, que fueron asegurados. Uno a uno los cargos contra estos duranguenses asentados en Culiacán se fueron diluyendo y, sin embargo, hasta la fecha sus bienes y propiedades están en el limbo, en un hecho que bien puede calificarse como un verdadero despojo…
La filtración a la prensa fue tan contundente que descarriló al candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón. Su imagen en una foto tomada en los ochenta, durante una celebración religiosa en compañía de Ismael El Mayo Zambada, ensombreció su campaña ante la sospecha de que su ascenso como empresario agroindustrial y luego como político estaba vinculado con uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.
Vizcarra no se repuso del golpe y perdió las elecciones en julio de 2010 ante el expriista y aliancista Mario López Valdez.
La fotografía en cuestión había salido de los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR), que en julio de 1994 la aseguró junto con otros muchos bienes de la familia Calderón Quintero, parientes lejanos del frustrado candidato.
A 17 años del aseguramiento, Elisa Quintero López tiene en aprietos a la PGR, que no sólo fue incapaz de comprobar legalmente la vinculación de esos bienes con el narcotráfico, sino que dispuso de ellos sin control y ahora está emplazada a pagar una indemnización de 158 millones y medio de pesos.
Matriarca de la familia cuya historia quedó desde entonces asociada públicamente con el narcotráfico, Elisa Quintero, de 84 años, está en medio de una batalla legal para que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en la pérdida de sus bienes. Pero la PGR se niega a admitir la demanda de indemnización.
Detonante
El asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, desató una persecución contra el cártel de los hermanos Arellano Félix, señalados en las investigaciones de la PGR como responsables del crimen y en ese momento una de las organizaciones más fuertes del narcotráfico en el país.
La PGR, encabezada en ese momento por Humberto Benítez Treviño –actual diputado del PRI por el Estado de México–, emprendió una ofensiva contra la familia Calderón Quintero como sospechosa de trabajar para los Arellano Félix, quienes salieron de Sinaloa para establecerse en Guadalajara primero y luego en Tijuana, donde finalmente se asentaron.
Con una sola orden de cateo, dentro de la averiguación contra los hermanos Arellano Félix, se afectaron más de 700 bienes en Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal, dicen los abogados de la señora Quintero: Gerardo Macedo y Adriana Carreto. Precisan que la familia Calderón Quintero sólo tenía bienes en Sinaloa y que fueron objeto de la intervención de la PGR.
Agentes de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) hicieron los cateos contra la familia en Culiacán entre el 8 y el 9 de julio de 1994. Intervinieron casas, ranchos, negocios, automotores, joyas y otros bienes que en su mayoría no se sabe dónde quedaron.
Después de catear y asegurar las casas, los agentes judiciales irrumpieron la tarde del 9 de julio de ese año en la planta de Alimentos Balanceados Inekal, instalada en el rancho El Elefante, en las afueras de la capital sinaloense.
Localizada en el kilómetro 18 de la carretera federal a Mazatlán, Inekal era una sociedad mercantil constituida en diciembre de 1984 y cuyas acciones pertenecían a la familia Calderón Quintero: el padre Inés Calderón Godoy, la madre Elisa Quintero López y sus cuatro hijos: Mélida, María del Rosario, René y José Inés.
La planta “fue un símbolo emblemático de la región”, dice Elisa Quintero López en una queja que presentó el 12 de octubre pasado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la negativa de la PGR a dar trámite a la demanda de reparación de daño.
Viuda desde hace cinco años, Elisa Quintero dice en su queja que la prosperidad de Inekal se debió “al auge ganadero de esos años (que) favoreció enormemente al estado y la zona norte del país”.
Cuando la PGR la intervino “contaba con alrededor de 80 trabajadores, maquinaria especializada, vehículos utilitarios y de carga… (y) poseía un gran inventario de alimento para ganado, así como una considerable cantidad de reses de engorda y sementales, pozos de agua y plantas generadoras de energía. En fin, era considerada como una planta modelo”.
Los ochenta fueron de esplendor para la familia Calderón Quintero, originaria –como Jesús Vizcarra– de Tamazula, Durango, en el llamado Triángulo Dorado de la droga en el noroeste de México.
Además de la procesadora de alimentos, la familia era propietaria de ranchos e inmuebles en la capital sinaloense y concesionaria transportista en Durango y Sinaloa. Una de las concesiones en esta entidad se las entregó el gobernador Antonio Toledo Corro en los ochenta.
En medio de la bonanza, a menos de cuatro años de operaciones de Inekal, el menor de los hijos, José Inés Calderón Quintero, murió en Culiacán en junio de 1988 a manos del comandante de la PJF Guillermo González Calderoni, en un enfrentamiento en su propia casa.
Conocido como Inesito o El Ingeniero, José Inés Calderón Quintero fue uno de los mexicanos encausados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kike Camarena en 1985. Los principales acusados fueron los entonces jefes del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero y Enrique Fonseca Carrillo.
Pero la PGR no se interesó en acreditar y ni siquiera consignó ante la justicia que los bienes de la familia Calderón Quintero fueran producto del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos tampoco insistió en sus acusaciones. Incluso debió devolverles, por resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el Sur de California, las cuentas que les había congelado en ese estado.
Proceso irregular
En 1993, la entonces Subprocuraduría Especializada en Delitos contra la Salud emprendió las acciones contra los Calderón Quintero en las averiguaciones previas 4384/DGI/1993 y 1384/DGI/1993 por la comisión de probables hechos constitutivos de delito, por lo que decidió el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles.
La acción de la PGR no pasó del aseguramiento. Según los abogados de la señora Quintero, en ningún momento el Ministerio Público federal tomó declaración a los propietarios ni se les aclaró su situación jurídica. Ni el padre, Inés Calderón Godoy, o algún otro miembro de la familia fueron formalmente indiciados, aseguran.
Pero la PGR no permitió a los afectados recuperar sus propiedades, incluida documentación mercantil, legal y personal, entre la que se encontraban los álbumes familiares… de donde salió la foto que fue publicada por el periódico Reforma en diciembre de 2009, en pleno proceso electoral de Sinaloa.
La fotografía fue tomada en una feria ganadera en el rancho Costa Rica, de Culiacán y en ella, además de Vizcarra y El Mayo Zambada, aparecen Inés Calderón Godoy y Elisa Quintero López. También Javier Díaz, hijo de Baltazar Díaz, quien murió en 1995 en el Distrito Federal y a quien la prensa local relacionó con El Mayo Zambada.
“Hasta hace poco creía que (la foto) pertenecía a mi acervo personal y suponía que se encontraba bajo el resguardo de la PGR”, escribió Elisa Quintero en un desplegado publicado en la prensa local y del Distrito Federal en junio de 2010.
En la publicación asegura que la PJF irrumpió en forma simultánea en su casa, su oficina y la planta procesadora “argumentando que (su familia) tenía vínculos con personas dedicadas al narcotráfico”.
Añade: “Ese golpe devastador nos dejó materialmente en la calle, ya que prácticamente se llevaron todo lo que poseía, bajo el pretexto de una investigación”.
Pruebas de descargo
El 7 de noviembre de 2009, como albacea universal de Inés Calderón Godoy, muerto en 2005, inició ante la propia PGR un proceso administrativo para que se levantara el aseguramiento y le devolviera sus bienes. A 16 años de los cateos, en julio de 2010 la PGR reconoció que no hubo responsabilidad penal de la familia Calderón Quintero.
La viuda reclamó dos casas en Culiacán, el rancho donde operaba la procesadora de alimentos, tres camiones de pasajeros, un tractocamión, dos tractores, tres camionetas, enseres agrícolas y 500 cabezas de ganado.
En su reclamo, Elisa Quintero refirió que las propiedades las obtuvo su esposo “como ganadero desde 1942, transportista desde 1984 (y) comerciante desde 1987”, además de que en 1950 ocupó un cargo público (que no especifica).
Como documentos presentó un escrito a favor de Calderón Godoy firmado en abril de 2000 por el entonces candidato del PRI a la Presidencia y actual senador por Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa.
Además, presentó comprobantes de las concesiones que tanto a ella como a su esposo les dio el gobierno de Durango en 1988 para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga por 30 años.
Documentó que su esposo fue miembro de la Asociación Ganadera de Culiacán como propietario del rancho San Francisco, en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, y ella socia de la empresa Autotransportes Unidos de Líneas del Oriente de Culiacán desde abril de 1984 y propietaria de la concesión desde mayo de 1983.
También que su esposo y ella recibieron en 1984 los derechos para la prestación del servicio público de transporte de segunda, autorizado por Toledo Corro. Además en 1987 Inés Calderón Godoy firmó un contrato con el gobierno federal para la prestación del servicio de transporte de la ruta 722 Culiacán-Tamazula.
Sin argumentos para retener los bienes, Héctor Manuel Tortolero Damy, de la Administración Titular Jurídica y de Recepción del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en Culiacán, le informó a la PGR que ese organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda sólo tenía asegurado el rancho El Elefante.
Según el funcionario, en el rancho “se encuentra una estructura oxidada, sin funcionar; al parecer, una empacadora de alimentos y un remolque sin número de serie”. Los bienes le fueron entregados por la PGR en marzo 2003 y desde entonces el SAE lo utilizó, según los abogados, como depósito de vehículos, chatarra y otros bienes asegurados.
El SAE alega que no le fueron entregados los camiones, tractores, vehículos, enseres, ni mucho menos las cabezas de ganado, además de que para entonces la planta Inekal ya no estaba en operación.
El organismo descentralizado declaró que tampoco tenía información ni tomó posesión de las casas cateadas y aseguradas por la PGR en Culiacán, el 8 de julio de 1994. Una, ubicada en Mariano Escobedo 1047 oriente, en la colonia Centro. En la otra, que ocupa los predios 137 y 139 de la calle Cuitláhuac norte, de la colonia Las Vegas, también fue asegurado un lote de joyas.
Sin causa penal en curso, ante el reclamo de la viuda de Calderón la PGR ordenó al SAE, el 26 de julio del año pasado, “levantar el aseguramiento decretado por la Representación Social de la Federación el pasado once de julio de mil novecientos noventa y cuatro y exclusivamente por lo que hace” a las dos casas y al rancho El Elefante.
Sin embargo, la orden de devolución incluyó sólo el rancho y “la estructura oxidada al parecer de una empacadora de alimentos y remolque sin número de serie en mal estado”. La entrega la hizo el SAE el 29 de noviembre del año pasado, después de los tres meses que señala como límite el Código Federal de Procedimientos Penales.
De las dos casas restantes ni el SAE ni la PGR se hicieron responsables debido a que “nunca fueron administrados por los organismos facultados para ello, pues la posesión de los mismos siempre la conservó” la viuda de Inés Calderón, según la agente del Ministerio Público Keren Hapuch Mares Palafox, encargada de resolver el incidente de reclamación y emitir el acuerdo de devolución.
Peor aún, la oficina de catastro municipal de Culiacán le requiere a la familia Calderón Quintero el pago del predial acumulado durante los 16 años del aseguramiento.
La indemnización
Aunque para el año 2000 la PGR ya había regresado a la familia las joyas y levantado el aseguramiento del rancho San Francisco, ante la negativa de la PGR de reconocer que aseguró productos agropecuarios y ganado, Elisa Quintero inició en agosto pasado un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado.
En su demanda pide que la PGR y el SAE le paguen 158 millones 407 mil 205 pesos por concepto de indemnización, “al privarla durante 16 años del producto de nuestro trabajo” y por “el descuido arrogante en la preservación, administración y mantenimiento de todo aquello que se encontraba en la planta de Alimentos Balanceados Inekal”.
Sin embargo, como juez y parte, la PGR se niega a recibir el escrito inicial de la demanda de indemnización y la documentación que sirva de prueba. Ni siquiera ha acordado los actos procesales para desahogar la demanda, con lo que se han vencido los términos legales determinados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece cinco días para que la autoridad conozca de un asunto que le corresponde y en tres meses resuelva la dependencia u organismo descentralizado.
Ante esa negativa, los abogados de Elisa Quintero acudieron ante la CNDH y la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas, por considerar que las autoridades mexicanas han violado de manera sistemática y durante más de 15 años los derechos humanos de su representada, y que las nuevas actuaciones de los funcionarios de la PGR la hacen de nueva cuenta víctima.
La demanda de indemnización fue presentada ante la oficina de Jorge Alberto Lara Rivera, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, que lo remitió a la Dirección General Jurídica de la PGR.
En un escrito entregado el pasado 20 de octubre a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, los abogados de la señora Quintero hicieron ver las omisiones en que han incurrido sus funcionarios, por lo que los hicieron responsables directos “del detrimento patrimonial de los derechos que se impugnan y del pago de (la) indemnización”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario