Donde se nombra a los ausentes

Donde se nombra a los ausentes

José Gil OlmosPublicado en la revista Proceso, 1826,  30 de octubre de 2011:

Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lo animan el recuerdo quemante de las víctimas, los familiares que no dejan de pronunciar sus nombres y todos aquellos que luchan contra la marea de violencia que amenaza cubrir al país. Gracias a la Comisión de Documentación de la organización ciudadana, la presencia de los muertos no es simbólica: son datos duros, descripciones, rostros, pistas para esclarecer los casos y acabar con la impunidad.

Los primeros días de abril pasado, en la plaza de armas de Cuernavaca, un grupo de jóvenes puso una libreta sobre una mesita e invitó a las familias de víctimas de la violencia a denunciar los casos que los aquejaban. Entonces se organizaban las primeras protestas por el asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia –hijo del poeta Javier Sicilia–, y se iban anotando los primeros datos que con el paso de los días fueron acumulándose en las hojas de esa libreta de tapas rojas.

Seis meses después, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dejó atrás esa libreta. Ahora tiene archivos digitalizados de 512 casos de ejecuciones, secuestros y desapariciones en todo el país, pero los integrantes de su Comisión de Documentación y Atención a Víctimas y Familiares prevén que el número crecerá, porque diariamente hay por lo menos una denuncia nueva.

Ante este incremento, el movimiento pretende integrar una red y realizar un congreso nacional de víctimas para fortalecer a los grupos que trabajan desde hace años, realizar un diagnóstico más claro de cómo se expresa la violencia de la guerra contra el narcotráfico en distintas regiones y facilitar que las familias afectadas se conviertan en actores del cambio social y en defensoras de los derechos humanos.

Los 512 casos están debidamente documentados para darles seguimiento ante las autoridades y los tribunales. Son el reflejo de la violencia que se ha recrudecido en el marco de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, ya que en los últimos siete meses ocurrieron casi 4 mil muertes y una cantidad aún desconocida de desapariciones a manos de bandas criminales y de autoridades coludidas con ellas.

“Nos están vigilando”

Muchas familias llegaron solas y temerosas a denunciar sus casos en las marchas, caravanas y mítines que desde abril organizó el movimiento ciudadano liderado por Javier Sicilia. Otras han acudido a los centros de reunión: las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social y las instalaciones del Servicio para la Paz. Todas son víctimas desatendidas o ignoradas por las autoridades.

Uno de los primeros casos se registró el 5 de mayo, en el arranque de la marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México. Esa mañana llegaron a la Glorieta de la Paz un matrimonio y su joven hija; llevaban fotos de Jethro Ramsés Sánchez Santana, su hijo, desaparecido el primer día del mes. Con miedo aún se acercaron a los organizadores y a otras víctimas del norte del país que empezaban a participar en el movimiento. Denunciaron que el muchacho había sido detenido por la Policía Estatal en la feria de la ciudad y entregado a soldados de la XXIV Zona Militar, pero ninguna autoridad respondía a sus reclamos de presentación.

A partir de entonces el expediente de Ramsés fue retomado por organizaciones internacionales. Dos meses después fueron detenidos dos soldados que confesaron haber torturado y asesinado al joven, a quien acusaban de formar parte del cártel del Pacífico Sur.

Otro caso ocurrió el pasado 10 de septiembre, en el centro de Chilpancingo. Ese día dos mujeres, un hombre y un niño vestían playeras blancas estampadas con el rostro de un joven. El grupo se perdía en medio de cientos que marchaban rumbo al zócalo de la capital guerrerense como parte de las actividades de la caravana del sur del Movimiento por la Paz.

Al final de la manifestación, al pie de la tribuna, la mujer más joven declinó denunciar públicamente la desaparición de su esposo, un año antes. “Nos están vigilando, saben quiénes somos y dónde vivimos. Tenemos miedo, ni siquiera hemos ido con la policía porque tememos que ellos también estén involucrados”, dijo cuando se le preguntó por qué no subía a hablar de su caso.

Pese al miedo se dirigió a la mesa donde los organizadores recibían las denuncias y expuso la desaparición del estudiante de ingeniería mecánica de 23 años, al que unos individuos armados secuestraron.

Muchos de los casos que ha documentado el movimiento tienen un acompañamiento ante las autoridades, como el de 31 expedientes de desaparecidos que se siguen en Monterrey. Otros han sido resueltos, como el de una jovencita desaparecida a la que se le salvó la vida y ahora está con su familia.

Muchos otros siguen esperando justicia, señala Valentina Peralta, integrante de la Comisión de Documentación y Atención a Víctimas y sus Familiares, quien advierte que el mayor riesgo que corren es convertirse en una ventanilla de recepción de expedientes como las oficiales, que no resuelven ni canalizan las denuncias para que sean atendidas y resueltas.

Pietro Ameglio, uno de los voluntarios que inició el registro de las víctimas en el Movimiento por la Paz, señala que desde aquella marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México empezaron a darse cuenta de que no existía un espacio nacional para que se visibilizaran los miles de muertos y desaparecidos que las autoridades consideran “daños colaterales”.

Precisa, no obstante, que ya había organizaciones trabajando desde 2007, como Unidos por Nuestros Desaparecidos, de Tijuana, y el Frente Unido por los Desaparecidos de Coahuila (Fundec) desde 2009.

“Muchos llevaban años sufriendo este dolor en silencio, con miedo y desesperación –recuerda el activista–. Cuando aparece el Movimiento por la Paz, muchos vieron que era un espacio social con cierta protección, seguridad, por lo menos en lo inmediato, porque a largo plazo no sabemos qué va a pasar.”

Al principio el equipo del Centro de Documentación y Atención a Víctimas y Familiares era un grupo de estudiantes de derechos humanos del Claustro de Sor Juana. Durante la marcha de mayo –y en la caravana al norte que recorrió 11 estados la segunda semana de junio–, el equipo enfrentó una realidad brutal: en todas las plazas emergieron decenas de familiares, sobre todo mujeres, contando las historias de sus seres queridos ejecutados, desmembrados, torturados o desaparecidos por bandas criminales o por autoridades.

La cascada de denuncias rebasó en muchos momentos a estos jóvenes, pero lograron armar expedientes de 291 casos, 45% de los cuales eran asesinatos, 42% desapariciones y el resto secuestros, detenciones ilegales y otros delitos.

Pero fue tal el impacto de toda esa violencia y sus secuelas de desesperación, angustia y terror contenidas en cada relato y en cada ciudad que el grupo inicial quedó afectado psicológicamente. Algunos jóvenes mostraron síntomas de estrés postraumático y tuvieron que ser sustituidos por otro equipo más experimentado, que trabaja con protocolos internacionales para el trato a víctimas de un conflicto armado o de una guerra.

Ahora el equipo de documentación está integrado por siete voluntarios con más experiencia. Lo coordinan Roberto Villanueva y José Rivera. Se ha ido consolidando con el tiempo, pero tuvo que enfrentar problemas distintos a los del primer grupo: la presencia de halcones del crimen organizado y de agentes gubernamentales que les toman fotos y los interrogan para tener acceso a los expedientes que recopilan.

“Hemos estado en los focos de violencia más peligrosos del país y no nos ha pasado nada porque sentimos que el mismo movimiento nos protege. Cuando hemos estado en algunas plazas, como en Coatzacoalcos, gente extraña, halcones y hasta (agentes) del Cisen se nos han acercado para preguntarnos de nuestro registro, pero hasta ahora no ha pasado nada”, relata Villanueva.

Advierte de la confidencialidad de los expedientes: “Nosotros manejamos información muy delicada y confidencial. Hay gente que se ha querido meter a la comisión, pero nos cuidamos mucho y pedimos muchos requisitos que no cumplen. No permitimos que nadie, incluido Javier Sicilia, tenga acceso a nuestra base de datos, porque todas las familias confían en nosotros. De hecho, algunas prefieren que no aparezcan sus nombres y que sólo se registren sus casos para aparecer en nuestras estadísticas y otros por miedo o porque ya quieren cerrar sus duelos”.

 Red nacional de víctimas

Durante la caravana del norte el Movimiento por la Paz recogió 291 casos, la mayoría de asesinatos y desapariciones. Las víctimas eran estudiantes, empleados, trabajadores, choferes, policías y profesionistas. En la caravana del sur se registraron 221 casos: más de la mitad de ellos eran de desapariciones forzadas. Las ocupaciones predominantes aún se están determinando. En total la comisión tiene 512 casos, aunque falta incluir más de 60 que llegaron directamente y que por ser urgentes se canalizan de inmediato a las autoridades.

Esta cifra de casos registrados por el movimiento tampoco incluye los 206 que el Fundec documentó a partir de 2009 ni los 300 de Unidos por Nuestros Desaparecidos de Tijuana desde 2007.

“No es que el movimiento haya ido a buscar los casos a los centros de derechos humanos o con otras agrupaciones de víctimas. Esta es gente que en su gran mayoría no estaba visibilizada públicamente, estaba con cierto nivel de anonimato porque tenía temor a hacer público su caso, pero al ver a otras tantas víctimas, a un grupo de gente amplio, tomó valor y conciencia de dignificar públicamente a sus familiares para decir que tienen nombre, historia. Para exigir justicia y que no fueran tratados como ‘daños colaterales’, como fantasmas”, precisa Ameglio.

“El movimiento se encontró a esos muertos en todo el país. No se tenía conciencia de la magnitud de la guerra que vivimos. A nosotros esa cifra nos sorprendió y rebasó. Recuerdo que los primeros registros fueron espontáneos, ahora lo estamos haciendo cada vez más organizado, estructurado e incluso digitalizado, siguiendo la metodología de la ONU”, indica el profesor universitario especializado en la solución pacífica de conflictos sociales.

El trabajo de esta comisión es fundamental para el Movimiento por la Paz porque trata con lo que es su corazón: las víctimas. De ahí que sus principales objetivos sean la transparencia, la confidencialidad y la profesionalización, pero sobre todo hacer de las víctimas promotoras de los derechos humanos y actores del cambio. Y para ello es necesario organizarlas en cada estado para que trabajen de manera colectiva.

En sus documentos este grupo señala que la misión es “empoderar a las víctimas y generar redes de defensores de derechos humanos”, y apoyar la creación de una memoria histórica respecto de la tragedia nacional y la espiral de violencia que sufre el país.

–¿Qué va a hacer el movimiento con esos 500 casos?

–Ese es uno de los grandes desafíos y límites del movimiento, de su capacidad de dar un seguimiento jurídico y de acompañamiento a las familias. Además, está el problema de protegerlas, porque una vez que hacen su denuncia se ponen en riesgo, y por eso el movimiento busca alianzas con organismos locales o regionales de derechos humanos que los apoyen en este seguimiento. No se trata de cargarles el trabajo a estas organizaciones, sino de apoyar a las víctimas –aclara Ameglio.

Otro de los aspectos que tienen que atender es la parte emocional de cada familia que sufre la muerte de sus seres queridos, o un duelo inconcluso en el caso de los desaparecidos. Para ellos también se busca el apoyo de algunas instituciones como la UNAM, porque el Estado poco hace al respecto.

–¿El hecho de que mucha gente busca al movimiento expresa la ausencia del Estado?

–Sí. De alguna manera todas las agrupaciones de víctimas y el movimiento le están haciendo el trabajo al Estado. Hasta hace unos días Felipe Calderón dijo estar sorprendido por la envergadura del problema de los desaparecidos; se tardó en escuchar a los familiares desde el primer diálogo, el 23 de junio, porque ahí hubo un grito de desesperación. Hay miles de desaparecidos, al nivel de las dictaduras de América del Sur en los setenta.

Señala que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito surgió por la presión de muchos grupos y calcula en cinco años el retraso del gobierno calderonista para investigar miles de muertes y desapariciones, así como para atender a sus familias.

“Es evidente que la sociedad civil ha rebasado al gobierno y que toma en sus manos los esfuerzos por mayor seguridad y justicia. Es evidente que la sociedad civil está haciendo una enorme parte del trabajo con las víctimas, que no está haciendo la autoridad, empecinada en su estrategia aun con la evidencia de que no funciona. Lo que no se sabe es hasta cuándo la sociedad va a aguantar este hartazgo. Me parece que el tema de los desaparecidos va a ser uno de los grandes detonantes de una explosión social en este país, porque la gente ya no aguanta más este dolor, esta injusticia para todas las familias”, advierte Ameglio.

En cuanto a la integración de la red nacional de víctimas, reconoce que es uno de los propósitos principales del movimiento, pero explica que es un proceso lento, porque pasa por la toma de conciencia de las víctimas:

“Cada vez más los familiares luchan no sólo por sus casos sino por los de otros, este es un proceso de tomar conciencia, de que no quieren que otros sufran. Pero eso lleva su tiempo, no se puede forzar; depende de que los familiares de la víctima estén dispuestos a enfrentar una situación pública, de articularse con otros.”

Observa que en el Movimiento por la Paz todavía no se alcanzan los niveles de organización nacional porque se siguen manejando casos individuales, como el de Javier Sicilia.

“Formar esta red nacional de víctimas es muy importante, pero lleva un ritmo lento en algunos familiares, de los más cercanos al movimiento, que se han ido empoderando como sujetos sociales de una manera lenta e individual y no como se requiere, con un compromiso público. El dolor, la fuerza moral, entre otras cosas, han hecho posible esta transformación, pero no son la mayoría, va a llevar tiempo”, insiste Ameglio.

Otro de los pendientes del movimiento es realizar un encuentro nacional de víctimas, que hace meses se planteó:

“Queríamos hacerlo en noviembre, pero no sabemos si hay condiciones. Tienen que decidirlo las propias familias de las víctimas. Pero tarde o temprano ese proceso de organización se tiene que dar, además de que va a servir para hacer un mejor diagnóstico de la guerra en el país, a fin de conocer cómo se expresa la violencia en cada región. También va a servir para que las víctimas tengan más fuerza, para que su voz se escuche más fuerte, porque no es lo mismo hablar solo que en forma de una red nacional.”

Precisa que ese encuentro no sería un acto de catarsis sino de organización, para que de manera unida y en un solo frente las víctimas tengan mayor fuerza en sus demandas de justicia. Con todo, vuelve a aclarar que el objetivo fundamental del Movimiento por la Paz no es crear la red ni realizar el encuentro nacional, sino que haya justicia para los muertos y sus familiares, que se presente a los desaparecidos y que el militarismo sea sustituido para rehacer el tejido social.