...Y la Corte Penal lo reprobó
Arturo Rodríguez García
Publicado en la revista Proceso 1827, 6 de noviembre de 2011
Publicado en la revista Proceso 1827, 6 de noviembre de 2011
Tal vez a causa del riesgo –por lejano que parezca– de que Felipe Calderón sea acusado de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, el gobierno federal trató de colocar en esa instancia a un abogado mexicano. Pero su candidato simplemente reprobó. Según los juristas de alto nivel encargados de seleccionar a los magistrados de aquel tribunal, el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez, no posee los atributos necesarios…
Felipe Calderón fracasó en su intento de colocar a un abogado mexicano como magistrado de la Corte Penal Internacional (CPI). Su candidato, el procurador fiscal de la Federación Javier Laynez Potisek –un burócrata del derecho, consentido de los últimos tres sexenios–, no aprobó ni el primer filtro de selección.No fue su único tropiezo: a finales de 2006 fue candidato a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y obtuvo el mismo resultado que ahora en su intento de llegar a la CPI: reprobó.
El 26 de octubre, el panel especial para la elección de magistrados de la CPI concluyó que, de los 19 candidatos propuestos por igual número de países, cuatro son “no calificados” –entre ellos el mexicano– para participar en la elección que se celebrará del 12 al 21 de diciembre próximos en la ONU.
La CPI es un tribunal permanente con sede en La Haya, Holanda, creado a partir del Estatuto de Roma, un acuerdo internacional firmado en 1998 por representantes plenipotenciarios de casi todos los Estados miembros de la ONU. Goza de autonomía y su función es juzgar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.
En el último año diversos personajes han mencionado la posibilidad de someter a juicio a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos durante la guerra contra el narcotráfico. En ese contexto se dio la nominación de Laynez Potisek como candidato.
En su libro Historias de muerte y corrupción, Julio Scherer García esboza el tema. También el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ha planteado la configuración del delito de genocidio por la implicación de agentes federales en la matanza de migrantes centroamericanos, lo cual, sostiene, es “una forma de administrar la política migratoria” (Proceso 1787).
Hay más acusaciones: el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México estima que 30% de las desapariciones en la guerra calderonista ha sido obra de agentes del Estado. Otros organismos de derechos humanos han mostrado evidencia de ejecuciones extrajudiciales: entre éstas la de Humberto Márquez Compeán, cuyo cadáver fue hallado el 22 de marzo de 2010, un día después de ser detenido por efectivos de la Marina, como quedó registrado en varias fotografías.
Hasta expertos en derecho internacional como el juez español Baltasar Garzón –asesor de la CPI– han considerado la posibilidad de iniciar juicios por crímenes de lesa humanidad a partir de esta guerra, aunque no especificó si el acusado debería ser Calderón.
El pasado 13 de octubre, el movimiento No Más Sangre interpuso una demanda de proceso ante la CPI contra el mandatario mexicano por los más de 50 mil muertos y miles de desaparecidos, la violación de mujeres y niñas, así como por las mutilaciones, torturas y el desplazamiento forzado de poblaciones que ha generado el conflicto.
México se hizo integrante de la CPI apenas en diciembre de 2005 gracias en buena medida al cabildeo de Javier Laynez, entonces subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se aceptaran los términos del Estatuto de Roma.
El 26 de octubre, el panel especial para la elección de magistrados de la CPI concluyó que, de los 19 candidatos propuestos por igual número de países, cuatro son “no calificados” –entre ellos el mexicano– para participar en la elección que se celebrará del 12 al 21 de diciembre próximos en la ONU.
La CPI es un tribunal permanente con sede en La Haya, Holanda, creado a partir del Estatuto de Roma, un acuerdo internacional firmado en 1998 por representantes plenipotenciarios de casi todos los Estados miembros de la ONU. Goza de autonomía y su función es juzgar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.
En el último año diversos personajes han mencionado la posibilidad de someter a juicio a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos durante la guerra contra el narcotráfico. En ese contexto se dio la nominación de Laynez Potisek como candidato.
En su libro Historias de muerte y corrupción, Julio Scherer García esboza el tema. También el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ha planteado la configuración del delito de genocidio por la implicación de agentes federales en la matanza de migrantes centroamericanos, lo cual, sostiene, es “una forma de administrar la política migratoria” (Proceso 1787).
Hay más acusaciones: el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México estima que 30% de las desapariciones en la guerra calderonista ha sido obra de agentes del Estado. Otros organismos de derechos humanos han mostrado evidencia de ejecuciones extrajudiciales: entre éstas la de Humberto Márquez Compeán, cuyo cadáver fue hallado el 22 de marzo de 2010, un día después de ser detenido por efectivos de la Marina, como quedó registrado en varias fotografías.
Hasta expertos en derecho internacional como el juez español Baltasar Garzón –asesor de la CPI– han considerado la posibilidad de iniciar juicios por crímenes de lesa humanidad a partir de esta guerra, aunque no especificó si el acusado debería ser Calderón.
El pasado 13 de octubre, el movimiento No Más Sangre interpuso una demanda de proceso ante la CPI contra el mandatario mexicano por los más de 50 mil muertos y miles de desaparecidos, la violación de mujeres y niñas, así como por las mutilaciones, torturas y el desplazamiento forzado de poblaciones que ha generado el conflicto.
México se hizo integrante de la CPI apenas en diciembre de 2005 gracias en buena medida al cabildeo de Javier Laynez, entonces subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se aceptaran los términos del Estatuto de Roma.
Los que no pasaron
La CPI –también llamada Tribunal Penal Internacional– se integra con 18 magistrados que deben reunir algunos requisitos básicos: alta consideración moral, integridad e imparcialidad en sus países; tener experiencia en la protección de los derechos humanos dentro del derecho penal o el internacional y dominar al menos el inglés o el francés, idiomas de trabajo de la institución.
La CPI renovará seis magistraturas el próximo diciembre y para hacerlo abrió el pasado 13 de junio el proceso de nominación de candidatos, que cerró el 2 de septiembre. Por conducto de su embajada en Holanda, el gobierno mexicano propuso a Laynez… y lo hizo a última hora, el día de cierre de registros.
Los candidatos africanos son Rosolu John Bankole Thompson, de Sierra Leona; Ajmi Bael Haj Hamouda, de Túnez; Vinod Boolell, de Mauricio; Modeste- Martineau Bria, de la República Centroafricana; Chile Oboe-Osuji, de Nigeria; Gberdao Gustave Kam, de Burkina Faso; Antoine Kesia- Mbe, de la República Democrática del Congo; y Hamani Mounkalia Nouhou, de Níger.
Los europeos fueron Bruno Cathala, de Francia; Howard Morrison, del Reino Unido; Wladyslaw Czaplinski, de Polonia; Robert Freir, de la República Checa y George A. Serghides de Chipre. De Asia sólo Filipinas tuvo candidata: la senadora Miriam Defensor Santiago.
De Latinoamérica y el Caribe fueron propuestos Anthony Thomas Aquinas Carmona, de Trinidad y Tobago; Eduardo Cifuentes Muñoz, de Colombia; Olga Venecia Herrera Carbuccia, de la República Dominicana; José Antonio Urbina Ortega, de Costa Rica y el mexicano Javier Laynez Potisek.
Para llevar a cabo la elección, la CPI creó un panel especial de cinco juristas de prestigio internacional: Richard Goldstone, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia; los exjueces de ese mismo tribunal Patricia Wald y O-Gon Kwon; Hans Corell, exjefe del Consejo Jurídico de la ONU y Cecilia Medina Quiroga, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Tras mes y medio de analizar los expedientes de los candidatos, el panel determinó que Hamouda, Serghides, Urbina Ortega y Laynez Potisek no eran aptos para participar en la elección.
Las razones del rechazo En su Reporte Sobre las Nominaciones 2011 a la CPI, emitido el 26 de octubre, el panel explica por qué rechazó a Laynez: “Este candidato es no calificado porque no tiene la experiencia necesaria, ya sea como juez, fiscal, abogado u otra función similar”.
Los magistrados de la CPI se dividen en dos listas: la A, que corresponde a penalistas y la B, que integra a internacionalistas. Laynez fue propuesto para la primera. El documento del panel especial establece que no demostró participación relevante en procesos penales.
En su expediente de nominación, cuya copia tiene Proceso, el Estado mexicano informó que Laynez es licenciado en derecho por la Universidad Regiomontana y maestro y doctor por la de París. Su especialización es en materia administrativa y fiscal.
También se asienta que es autor de al menos seis libros, aunque ninguno corresponde a las materias penal ni de derechos humanos. El documento presume su experiencia en la elaboración de iniciativas legislativas, como la reforma penal de 2008, la Ley de Lavado de Dinero y la estructura legal de la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas, cuestionadas todas ellas por juristas mexicanos.
Pero sobre todo, el expediente habla de su participación en lo que el gobierno de Calderón consideró equivocadamente materia penal: se hizo cargo de la extradición a México del pederasta Jean Succar Kuri, así como de otro procesado por los mismos cargos, Thomas Frank White, además de que extraditó a cinco supuestos etarras a España y recuperó fondos producto de desvío de recursos en el juicio contra Raúl Salinas de Gortari.
Además se menciona su participación directa como representante de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso Radilla, aunque ahí el Estado mexicano resultó responsable del crimen de desaparición forzada.
La CPI –también llamada Tribunal Penal Internacional– se integra con 18 magistrados que deben reunir algunos requisitos básicos: alta consideración moral, integridad e imparcialidad en sus países; tener experiencia en la protección de los derechos humanos dentro del derecho penal o el internacional y dominar al menos el inglés o el francés, idiomas de trabajo de la institución.
La CPI renovará seis magistraturas el próximo diciembre y para hacerlo abrió el pasado 13 de junio el proceso de nominación de candidatos, que cerró el 2 de septiembre. Por conducto de su embajada en Holanda, el gobierno mexicano propuso a Laynez… y lo hizo a última hora, el día de cierre de registros.
Los candidatos africanos son Rosolu John Bankole Thompson, de Sierra Leona; Ajmi Bael Haj Hamouda, de Túnez; Vinod Boolell, de Mauricio; Modeste- Martineau Bria, de la República Centroafricana; Chile Oboe-Osuji, de Nigeria; Gberdao Gustave Kam, de Burkina Faso; Antoine Kesia- Mbe, de la República Democrática del Congo; y Hamani Mounkalia Nouhou, de Níger.
Los europeos fueron Bruno Cathala, de Francia; Howard Morrison, del Reino Unido; Wladyslaw Czaplinski, de Polonia; Robert Freir, de la República Checa y George A. Serghides de Chipre. De Asia sólo Filipinas tuvo candidata: la senadora Miriam Defensor Santiago.
De Latinoamérica y el Caribe fueron propuestos Anthony Thomas Aquinas Carmona, de Trinidad y Tobago; Eduardo Cifuentes Muñoz, de Colombia; Olga Venecia Herrera Carbuccia, de la República Dominicana; José Antonio Urbina Ortega, de Costa Rica y el mexicano Javier Laynez Potisek.
Para llevar a cabo la elección, la CPI creó un panel especial de cinco juristas de prestigio internacional: Richard Goldstone, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia; los exjueces de ese mismo tribunal Patricia Wald y O-Gon Kwon; Hans Corell, exjefe del Consejo Jurídico de la ONU y Cecilia Medina Quiroga, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Tras mes y medio de analizar los expedientes de los candidatos, el panel determinó que Hamouda, Serghides, Urbina Ortega y Laynez Potisek no eran aptos para participar en la elección.
Las razones del rechazo En su Reporte Sobre las Nominaciones 2011 a la CPI, emitido el 26 de octubre, el panel explica por qué rechazó a Laynez: “Este candidato es no calificado porque no tiene la experiencia necesaria, ya sea como juez, fiscal, abogado u otra función similar”.
Los magistrados de la CPI se dividen en dos listas: la A, que corresponde a penalistas y la B, que integra a internacionalistas. Laynez fue propuesto para la primera. El documento del panel especial establece que no demostró participación relevante en procesos penales.
En su expediente de nominación, cuya copia tiene Proceso, el Estado mexicano informó que Laynez es licenciado en derecho por la Universidad Regiomontana y maestro y doctor por la de París. Su especialización es en materia administrativa y fiscal.
También se asienta que es autor de al menos seis libros, aunque ninguno corresponde a las materias penal ni de derechos humanos. El documento presume su experiencia en la elaboración de iniciativas legislativas, como la reforma penal de 2008, la Ley de Lavado de Dinero y la estructura legal de la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas, cuestionadas todas ellas por juristas mexicanos.
Pero sobre todo, el expediente habla de su participación en lo que el gobierno de Calderón consideró equivocadamente materia penal: se hizo cargo de la extradición a México del pederasta Jean Succar Kuri, así como de otro procesado por los mismos cargos, Thomas Frank White, además de que extraditó a cinco supuestos etarras a España y recuperó fondos producto de desvío de recursos en el juicio contra Raúl Salinas de Gortari.
Además se menciona su participación directa como representante de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso Radilla, aunque ahí el Estado mexicano resultó responsable del crimen de desaparición forzada.
Al considerarlo “no calificado”, el panel de la CPI expresó que no tiene experiencia en tribunales penales, lo que implica que tampoco la tiene en procedimientos y apelaciones en la materia: “Esa experiencia debe haber sido importante, y más que una parte periférica de la ocupación de los candidatos, pues ser miembros de asociaciones de abogados o tener participaciones ocasionales en procedimientos criminales no es suficiente”.
Además el dictamen recuerda que la experiencia de los abogados penalistas candidatos a la CPI debe ser al menos de 10 años.
Respecto a su formación académica y su experiencia profesional, el panel considera que “no indica ni refleja la adecuada participación directa en el proceso penal”, como exige el Estatuto de Roma. Agrega que la responsabilidad del candidato en su actual cargo, la de interponer denuncias ante un Ministerio Público por impuestos, delitos financieros o contrabando tampoco se puede considerar experiencia en el proceso penal.
“El panel considera que el candidato no cumple con los distintos requisitos de experiencia de la lista A”, dice el dictamen. Sobre los idiomas que domina no hubo comentarios, por lo que se deduce que fue el único requisito que cumplió el mexicano.
Transexenal y hombre de Calderón Javier Laynez es un abogado de 52 años originario de Torreón. Su trayectoria profesional comenzó al amparo de Ernesto Zedillo, quien lo empleó en 1990 en la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto como director de Legislación y Normatividad. Cuando Zedillo fue designado titular de la Secretaría de Educación Pública en 1992, nombró a Laynez director de Normatividad.
Laynez siguió de la mano de Zedillo como consejero jurídico adjunto de la Presidencia, donde fue ratificado por Vicente Fox, quien en 2005 lo hizo subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
Luego de su fallido intento de incorporarse al TEPJF en las postrimerías del sexenio foxista, Calderón le dio cabida de nuevo en la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde permaneció hasta 2008, cuando fue designado procurador fiscal de la Federación.
El expediente que el gobierno mexicano presentó a la CPI establece que en su papel de consejero jurídico Laynez fue artífice de las iniciativas antigarantistas, como la reforma constitucional penal de 2008 que diversos juristas han calificado de “abominación constitucional” (Proceso 1792).
También se menciona que junto a su desempeño como procurador fiscal ha participado en encomiendas del gobierno calderonista que nada tienen que ver con su cargo pero que han resultado relevantes para justificar la estrategia de la guerra contra el narco.
Por ejemplo, se establece que fue responsable del diseño legal de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), inaugurada el pasado 10 de octubre. Sobre Províctima, expertos consideran que es una artimaña del mandatario para restarle fuerza a los movimientos ciudadanos como el de Javier Sicilia y que fue creada al vapor, sin un diseño coherente, presupuesto ni objetivos claros (Proceso 1824).
Según el documento, las participaciones de Laynez en el gobierno de Calderón como procurador fiscal implican también el diseño y negociación, por ejemplo, de las recientes reformas en materia de derechos humanos.
Laynez Potisek expuso en el folletín de su malograda campaña en La Haya: “Mi mayor motivación para ocupar este cargo estriba en la posibilidad de contribuir a la consolidación de la CPI como una verdadera herramienta al servicio de la comunidad internacional. Para ello el gran reto será lograr un equilibrio entre, por un lado, la correcta reparación a las víctimas –hombres, mujeres y niños de todo el mundo– que claman por la sanción de quienes han vulnerado gravemente sus derechos y, por el otro, el respeto al debido proceso y la objetiva e imparcial aplicación del derecho a todo acusado”.
Además el dictamen recuerda que la experiencia de los abogados penalistas candidatos a la CPI debe ser al menos de 10 años.
Respecto a su formación académica y su experiencia profesional, el panel considera que “no indica ni refleja la adecuada participación directa en el proceso penal”, como exige el Estatuto de Roma. Agrega que la responsabilidad del candidato en su actual cargo, la de interponer denuncias ante un Ministerio Público por impuestos, delitos financieros o contrabando tampoco se puede considerar experiencia en el proceso penal.
“El panel considera que el candidato no cumple con los distintos requisitos de experiencia de la lista A”, dice el dictamen. Sobre los idiomas que domina no hubo comentarios, por lo que se deduce que fue el único requisito que cumplió el mexicano.
Transexenal y hombre de Calderón Javier Laynez es un abogado de 52 años originario de Torreón. Su trayectoria profesional comenzó al amparo de Ernesto Zedillo, quien lo empleó en 1990 en la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto como director de Legislación y Normatividad. Cuando Zedillo fue designado titular de la Secretaría de Educación Pública en 1992, nombró a Laynez director de Normatividad.
Laynez siguió de la mano de Zedillo como consejero jurídico adjunto de la Presidencia, donde fue ratificado por Vicente Fox, quien en 2005 lo hizo subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
Luego de su fallido intento de incorporarse al TEPJF en las postrimerías del sexenio foxista, Calderón le dio cabida de nuevo en la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde permaneció hasta 2008, cuando fue designado procurador fiscal de la Federación.
El expediente que el gobierno mexicano presentó a la CPI establece que en su papel de consejero jurídico Laynez fue artífice de las iniciativas antigarantistas, como la reforma constitucional penal de 2008 que diversos juristas han calificado de “abominación constitucional” (Proceso 1792).
También se menciona que junto a su desempeño como procurador fiscal ha participado en encomiendas del gobierno calderonista que nada tienen que ver con su cargo pero que han resultado relevantes para justificar la estrategia de la guerra contra el narco.
Por ejemplo, se establece que fue responsable del diseño legal de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), inaugurada el pasado 10 de octubre. Sobre Províctima, expertos consideran que es una artimaña del mandatario para restarle fuerza a los movimientos ciudadanos como el de Javier Sicilia y que fue creada al vapor, sin un diseño coherente, presupuesto ni objetivos claros (Proceso 1824).
Según el documento, las participaciones de Laynez en el gobierno de Calderón como procurador fiscal implican también el diseño y negociación, por ejemplo, de las recientes reformas en materia de derechos humanos.
Laynez Potisek expuso en el folletín de su malograda campaña en La Haya: “Mi mayor motivación para ocupar este cargo estriba en la posibilidad de contribuir a la consolidación de la CPI como una verdadera herramienta al servicio de la comunidad internacional. Para ello el gran reto será lograr un equilibrio entre, por un lado, la correcta reparación a las víctimas –hombres, mujeres y niños de todo el mundo– que claman por la sanción de quienes han vulnerado gravemente sus derechos y, por el otro, el respeto al debido proceso y la objetiva e imparcial aplicación del derecho a todo acusado”.
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