Revista Proceso # 1862, 8 de julio de 2012
Las ejecuciones, las desapariciones forzadas y la tortura crecieron de manera exponencial durante el gobierno de Felipe Calderón, lo que es atribuible no sólo al crimen organizado, sino también a las autoridades que lo permitieron y prohijaron, según plantea la ONG francesa Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura. Así –anota la prestigiada agrupación en un informe difundido el pasado 26 de junio– de nada sirve que existan leyes de vanguardia contra la tortura, pues en los hechos se trata de “cascarones vacíos” porque no hay voluntad política para acabar con el problema.
PARÍS.- El título del informe es contundente: En nombre de la “guerra contra el crimen”. Análisis del fenómeno de la tortura en México.
Su página de presentación también es rotunda:
“El objetivo de este informe, publicado al final del mandato presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y que dista de ser exhaustivo, es describir la situación y exponer las graves preocupaciones que causa el uso de la tortura en México.
“La investigación se interesa de manera general en los efectos de la política federal de ‘guerra contra el crimen’ lanzada por el mandatario saliente. De igual forma evidencia el marco y las causas de la permanencia e incluso del recrudecimiento de la práctica de la tortura en los últimos años. Analiza también los métodos de tortura, los objetivos que persiguen sus autores, los obstáculos con que se topan las demandas, investigaciones y sanciones, así como la valentía de quienes se atreven a denunciar esa plaga.”
El veredicto de Anne Boucher, redactora del documento y responsable del departamento Américas del organismo Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT), es inapelable. Según ella existe un abismo entre el conjunto de leyes –muy avanzadas– que en materia de derechos humanos enarbola México, y la realidad prevaleciente en el país.
Esta organización nació en 1974 en Versalles, y a lo largo de casi cuatro décadas se ha ido imponiendo a escala nacional e internacional. Hoy tiene representación en 30 países, es referencia en Francia y cuenta con reconocimiento oficial en la ONU, el Consejo de Europa y la Comisión Africana de los Derechos Humanos, entre otras instancias.
Entre sus metas se encuentra denunciar la tortura en el mundo, brindar protección a sus víctimas y promover la abolición de la pena de muerte.
Alertada por las ONG mexicanas con las que mantiene contacto estrecho, durante la primera quincena de julio de 2011 ACAT inició una investigación en México. Para ello contó con fondos de la Comisión Europea en el marco de un proyecto de “consolidación de los mecanismos de encuesta, información, alerta y seguimiento en materia de tortura y otros malos tratos”.
Integrantes del organismo sostuvieron entrevistas con interlocutores oficiales, organizaciones no gubernamentales, víctimas y familiares de víctimas. También indagaron a fondo la situación prevaleciente en 11 de los 32 estados de la República.
Acuerdos sin efecto
El pasado 26 de junio la ONG dio a conocer la versión electrónica de su informe de más de 60 páginas, justo cuando la prensa francesa cubría el surgimiento en México del movimiento #YoSoy132, y durante la recta final de la campaña presidencial mexicana. Ahora se apresta para distribuir en foros internacionales su documento impreso y lanzar acciones en casos emblemáticos de tortura en México.
En la introducción, Boucher es directa:
“En 2000 Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, fue electo presidente después de 70 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, de fama siniestra por su corrupción y sus prácticas criminales. El nuevo presidente elaboró su discurso internacional alrededor de la temática de la ruptura y de la renovación, particularmente en el campo de la promoción y de la defensa de los derechos humanos.”
La relatora menciona, entre otros, el acuerdo de cooperación técnica firmado entre el gobierno de Fox y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; la creación de una Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y para los Derechos Humanos, así como la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Y señala:
“Estos avances a nivel formal no implicaron cambios de fondo. Subsistieron torturas y malos tratos, en particular en el Distrito Federal y en el Estado de México, cuya densidad de población y tasa de criminalidad son más elevadas, o en los estados del sur (Chiapas, Guerrero, Oaxaca), que cuentan con un fuerte componente indígena y en los que existe una intensa movilización social. En 2006 se dieron dos episodios de represión con torturas masivas: uno en San Salvador Atenco y otro en Oaxaca. Acabaron con el barniz de respeto a los derechos humanos.
“Al mismo tiempo las autoridades se mostraron ineficientes frente al auge del crimen organizado. Los estados del centro y del norte, por los cuales transitan los traficantes, fueron particularmente afectados por la violencia. En 2006 el nuevo presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, optó por declararle ‘la guerra al crimen’. En vez de reformar a fondo los cuerpos de seguridad inoperantes, su estrategia política consistió en predicar la ‘tolerancia cero’ y en desplegar importantes contingentes militares para garantizar la seguridad interna.
“De manera general las demandas por violaciones de los derechos humanos
crecieron de manera exponencial en los últimos años. Entre las más frecuentes
destacan las denuncias de tortura en el marco de detenciones arbitrarias. Se
tortura a los detenidos para arrancarles confesiones de culpabilidad. Cabe
recalcar que estas confesiones siguen siendo la prueba esencial contra el
acusado en los procesos judiciales.”
En el primer capítulo del informe de ACAT se hace la lista exhaustiva de
las convenciones internacionales sobre derechos humanos firmados por México, y
cita, además, los artículos 19, 20 y 22 de la Constitución Política que
prohíben explícitamente la tortura y los malos tratos.Luego analiza más de cerca lo que ocurre en el país. Corrobora que la definición de la tortura contenida en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura es muy imprecisa y no encuadra con la esgrimida por la Convención Interamericana para la Prevención y la Represión de la Tortura.
Subraya que de cualquier modo se respeta poco esa ley, a la que califica de “incompleta”. Y agrega: “El único mecanismo de prevención de la tortura que establece esa ley es negar todo valor probatorio a una confesión obtenida bajo tortura. Pero hasta ahora los jueces siguen condenando a los acusados sobre la base exclusiva de ese tipo de confesión”.
La especialista considera que las sanciones contra los torturadores no se corresponden con la naturaleza del crimen. La ley federal prevé penas que oscilan entre tres y 12 años de cárcel, pero puede haber prescripción después de siete años y medio.
“Salvo el estado de Veracruz, que prevé la imprescriptibilidad para delitos graves, la mayoría de los estados de la federación se apegan al Código Penal Federal. Esa situación –recalca Boucher– contradice por completo la legislación internacional, que considera la tortura como un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.”
Y se asombra: “No debe olvidarse que en 2002 México ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.”
El 10 de junio de 2011, comenta la relatora de ACAT, se modificó la Constitución para establecer la primacía real en derecho de todos los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos firmados por México. Esa reforma consolida el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dándole la posibilidad de realizar sus propias investigaciones sobre violaciones graves de los derechos humanos. Unos días antes, el 6 de junio, se promulgó otra reforma que permite a todo ciudadano interponer un amparo ante un juez si considera que ha sido víctima de violación de uno o varios de los derechos estipulados en los tratados internacionales firmados por México.
“Estas medidas –admite Boucher– podrían ser disuasivas o por lo menos permitir que se denuncien o se sancionen los actos de tortura. Pero sólo podrán ser efectivas si se emprende un verdadero proceso de reforma de las distintas leyes a nivel federal y de los estados, y se armonizan todas estas leyes así como las constituciones, nacional y de los estados. Resulta también indispensable que el Congreso apruebe un presupuesto para echar a andar concretamente estas reformas, en particular la modificación de la Ley Orgánica de la CNDH para que tenga la posibilidad de investigar a fondo sobre las violaciones graves de los derechos humanos.”
“Presunto culpable”
Aún falta mucho por hacer, como lo demuestra la radiografía que hace Boucher de la disparidad entre las leyes y los códigos penales de los 32 estados de la federación. Entre las incongruencias que descubrió, la redactora del informe destaca que en el Código Penal de Guerrero ni siquiera se menciona la tortura.
La especialista se muestra preocupada por la lentitud de la puesta en marcha “progresiva” de la reforma constitucional en materia de justicia penal que entró en vigor el 19 de junio de 2008. Tanto en el ámbito federal como estatal, las autoridades tienen hasta 2016 para “cambiar de cultura jurídica”, pues pasarán de un sistema inquisitorio a otro acusatorio.
Mientras tanto prevalece el sistema inquisitorio que ACAT denuncia:
“Totalmente escritos y secretos, los procedimientos judiciales se caracterizan por su lentitud, por su carácter burocrático, su opacidad, y sobre todo por el trato desigual reservado a la acusación y a la defensa. El Ministerio Público y la policía buscan claramente la persecución penal y la condena, en lugar de privilegiar una investigación objetiva de los hechos, y eso tiende a favorecer la práctica de la tortura. El juez debería a priori ser imparcial, pero en muchos casos su intervención apoya a la acusación. Aun si no se especifica abiertamente, en realidad el inculpado comparece como ‘presunto culpable’ hasta que se demuestre su inocencia.”
–¿La adopción del sistema acusatorio cambiaría la situación? –se le pregunta a Boucher.
–Concebida para dar mejor garantía a los derechos humanos, esa reforma se va alejando en parte de sus objetivos desde el momento en que prevé medidas de excepción –opuestas a las normas internacionales– en el marco de la lucha en contra del crimen y del narcotráfico. Se reinstaura el arraigo para las infracciones ligadas al crimen organizado o de derecho común calificadas de graves. Eso constituye una violación del derecho a la presunción de inocencia y aumenta los riesgos de torturas y malos tratos.
A continuación, la relatora de ACAT se refiere a los límites del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura:
“El gobierno apartó del proceso de investigación sobre casos de tortura a los expertos independientes y a las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que participaron activamente en la discusión sobre la creación del Mecanismo Nacional proponiendo diversas alternativas.”
Por si eso fuera poco, ACAT cuestiona la transparencia de la labor realizada por Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura:
“Los informes presentados hasta ahora por ese organismo no rinden cuenta sobre casos de tortura dentro de los centros de detenciones, y menos aún presentan registro de quejas sobre casos que le fueron sometidos aunque algunos de ellos tuvieron una amplia cubertura mediática. Los informes no mencionan tampoco sanciones ni destituciones de funcionarios que cometieron actos de tortura contra personas encarceladas.”
Su juicio en torno del Programa Nacional de Derechos Humanos es igual de severo. Hace suyo el veredicto de la Red Nacional de los Organismos de los Derechos Humanos de México (RedTDT) y afirma:
“No existe una metodología clara ni mecanismos eficaces para evaluar el programa o la puesta en marcha de sus estrategias y líneas de acción. En materia de tortura, la última evaluación disponible sólo alude a la capacitación de los funcionarios. De igual manera, el informe de 2011 de la Secretaría de Relaciones Exteriores menciona la capacitación de funcionarios públicos como una de las principales políticas sobre las que trabaja el Estado para prevenir la tortura. Dicha evaluación no se refiere a los avances de las demás estrategias.”
En cuanto al diagnóstico médico psicológico, las observaciones de ACAT son también desalentadoras.
“En 2003 México elaboró y publicó una guía específica para hacer un diagnóstico médico-psicológico en presuntos casos de tortura o malos tratos. Para ello utilizó un documento basado en el Protocolo de Estambul aprobado por la ONU en 1999.”
Según ACAT, las instrucciones de la guía se dirigen a los investigadores y a los médicos forenses de la PGR y de las procuradurías generales de justicia de los estados. En muchos casos surgen graves conflictos de interés, ya que son agentes y policías de las mismas PGR y PGJE quienes resultan acusados de torturas durante las detenciones, retenciones y detenciones bajo arraigo.
El terror
La ONG recuerda que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU considera insuficientes los esfuerzos del gobierno mexicano para promover y difundir el Protocolo de Estambul en los centros de detención, en el centro de arraigo de la PGR y en los centros de retención de los migrantes, entre otros lugares.
La lista y el análisis de las lagunas y de las fallas estructurales del
sistema judicial mexicano ocupan las 20 primeras páginas del informe de ACAT.
Las 40 siguientes ofrecen una inmersión en la realidad que viven miles de
detenidos mexicanos, con múltiples ejemplos concretos de abuso.
“La mayoría de los relatos de tortura, en particular los que están
ligados con el crimen organizado, describen el mismo modo operativo: comandos
integrados por varios hombres con armas pesadas y pasamontañas salen
repentinamente de vehículos sin placas. Brutalizan a las personas, ya sea en la
calle, en su domicilio o en vehículos, sin jamás identificarse. Hacen subir a
la fuerza en camionetas a las personas detenidas sin notificarles el motivo de
su arresto. Algunas familias cuentan que se creen víctimas de secuestradores,
un fenómeno común en México. Cuando sospechan que se trata de un operativo de
las fuerzas del orden, visitan delegaciones policiacas, centros militares y
oficinas de la PGR para obtener noticias del detenido. Los testimonios
coinciden en que los agentes y funcionarios niegan casi sistemáticamente que
tengan detenida a la persona.“El arresto y las primeras horas o los primeros días de la detención representan la fase más crítica de las torturas. La persona detenida es una ‘persona desaparecida’ y por lo tanto se encuentra a la merced de quienes la interrogan. A menudo es sólo después de la confesión que las autoridades reconocen la detención de la persona y autorizan la visita de sus familiares.”
La integrante de ACAT dedica varios párrafos a criticar el arraigo, recurso del que las autoridades se valen para retener, más allá del plazo que marca la ley, a los acusados en casos de crimen organizado. A partir de 2008, apunta Boucher, esta medida se ha extendido a infracciones de derecho común consideradas como graves.
“En ciertos estados, como Nuevo León, el arraigo puede prolongarse durante 90 días, en muchas partes dura 40 días y en Chiapas, donde fue borrado de la Constitución, existen casas de seguridad clandestinas que son en realidad centros de tortura”, recalca.
Y advierte:
“Utilizado de manera recurrente, el arraigo favorece la resolución rápida de casos a expensas de una profesionalización de la investigación y de la búsqueda de la verdad. Las fuerzas del orden y los agentes del Ministerio Público tienen plena libertad para intimidar y torturar a los detenidos. Eso les permite arrancar confesiones e impedir retractaciones, fabricar pruebas, realizar reconstituciones de los hechos conforme a sus deseos u obtener nombres de cómplices. Los expedientes médicos de las personas detenidas bajo arraigo a los que pudo tener acceso la Subcomisión de las Naciones Unidas sobre Tortura evidencian señales de violencia en la mitad de los casos.”
La relatora se asombra de que no exista la mínima estadística oficial en torno del arraigo. Al unir datos proporcionados por la PGR con otros compilados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la ONG francesa calcula que 6 mil 562 personas fueron mantenidas bajo arraigo entre junio de 2008 y octubre de 2011. Esa cifra contrasta con otra: de estos miles de personas sólo 212 fueron condenadas.
Denuncia el uso de las detenciones arbitrarias y de las torturas para sofocar reivindicaciones sociales. Detalla el caso de San Salvador Atenco y la represión contra la APPO, en Oaxaca. Al mismo tiempo se lanza contra las acusaciones de terrorismo o de complicidad con el crimen organizado formuladas en contra de líderes indígenas, militantes sindicales, defensores de los derechos económicos, sociales, culturales o ambientales y periodistas. Multiplica los ejemplos al respecto.
Y va más lejos:
“Los métodos de detención violenta y de investigación con base en la tortura adoptados en nombre de la ‘guerra contra el crimen’ representan una amenaza para todos los mexicanos. Cualquier persona, sobre todo si no es rica ni influyente –aun si no tiene antecedentes penales–, puede ser detenida, torturada y condenada sin poder defenderse ni hacer valer sus derechos. Basta con que se haya encontrado en el lugar inoportuno en el momento inoportuno o que haya sido denunciada por otra persona (a menudo torturada) o por algún enemigo con un poco de poder.”
Sin registros
La parte del informe dedicada a la descripción de los métodos de tortura resulta vergonzante para la democracia mexicana: vehículos acondicionados con aparatos para someter al detenido a choques eléctricos; torturas perpetradas en terrenos baldíos, sótanos de procuradurías de justicia, oficinas de delegaciones policiacas… Cuerpos de víctimas cubiertos con toallas, bandas, cobijas o chalecos antibalas para evitar huellas de golpes; asfixia con bolsas de plástico, suplicio en la bañera, quemaduras.
Abundan las torturas sexuales, apunta Boucher, y si bien las padecen también los hombres, sus principales víctimas son las mujeres. “Peor aún, las violencias sexuales no son el resultado de comportamientos individuales y aislados, sino que corresponden a un fenómeno estructural”.
El informe presenta también como vicio estructural de gravedad extrema el fenómeno de las desapariciones forzadas.
Detalle ACAT en su informe:
“En México no existe registro de víctimas de ejecución o de desapariciones. Sin embargo, es innegable que el fenómeno de las desapariciones forzadas creció de manera exponencial en los últimos años. Las bandas criminales son responsables de parte de estas desapariciones, pero también están involucrados en ellas representantes del Estado en forma directa o indirecta por su complicidad con las redes de tráficos ilegales. No obstante, las autoridades siguen minimizando el problema al afirmar que casi todos los casos son obra de la delincuencia.”
La impunidad de los autores de torturas y de los responsables de las desapariciones es casi total, indica el reporte. Las víctimas no tienen esperanza de que se haga justicia, y menos aun pueden contar con una indemnización por los graves daños que sufrieron. El Comité de los Derechos Humanos de la ONU llamó la atención de las autoridades mexicanas al respecto en abril de 2010.
“Desde entonces la situación sigue igual, señala Boucher. Solamente escasas víctimas obtuvieron una indemnización luego de un largo proceso judicial.”
Las conclusiones del informe son bastante pesimistas:
“Hoy día nos parece imposible considerar que la tortura en México es un fenómeno residual o en vía de erradicación. No se trata de algo nuevo y los métodos de tortura no cambiaron fundamentalmente. En cambio, bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa el contexto evolucionó de manera desfavorable y la tortura aumentó.
“México dispone de un marco legislativo, jurídico e institucional particularmente desarrollado en el campo de los derechos humanos, que debería permitir un avance rápido en la lucha contra la tortura.
“Estos dispositivos parecen, sin embargo, condenados a seguir siendo cascarones vacíos por falta de una voluntad política clara de acabar con las medidas de excepción y reformar profundamente los comportamientos de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios de justicia. Los proyectos de reforma de la Ley de Seguridad Nacional de abril de 2011 o del Código de Procedimientos Penales de mayo de 2012 que buscan aumentar los poderes discrecionales y el campo de competencias de las fuerzas de seguridad no van en ese sentido.”
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