17 dic 2012

Libre Beatriz Elena Veramendi

La investigación contra la ex funcionaria a cargo de Arturo Cortés.
Fue retenida el 4 de diciembre y arraigada dos días después con base en la declaración del testigo protegido "Jennifer. Con ese precedente deben salir de la cárcel varias personas.
Buena noticia Procurador Murillo Karam! Debe usted ordenar se investigue todas las imputación "de oídas" que ha llevado la temible SIEDO (o SEIDO) a solicitar arraigos a discreción, con lo que ello implica.
El arraigo lo otorga el juez a petición del MP y aunque la SCJN confirmó mediante jurisprudencia que es violatorio de derechos humanos, dicha medida fue incorporada a la Constitución en la reforma al sistema de justicia penal de junio de 2008. El arraigo fue establecido en un principio como una medida en contra de la delincuencia organizada. Sin embargo, un artículo décimo primero transitorio del decreto de la reforma de 2008 dotó de legalidad al arraigo regulado en el código procesal penal vigente y en los más de 30 códigos procesales penales de las entidades federativas, dándole una vigencia al 19 de junio de 2016. Es mucho tiempo: En ese sentido es urgente que en el nuevo código procesal penal y el código federal único que se planteó en el pacto reciente, se hagan las adecuaciones que nos trajo las recientes reformas en materia de derechos humanos.
Por lo pronto, el fiscal especializado en la materia (se perciben como ineficientes), así como el juez que lleven el caso y que otorgan la medida cautelar, deben ser muy cuidadoso para no equivocarse. No hay que olvidar que el testigo protegido es, de entrada, un delincuente; ¡léase . Jennifer!
Los testigos sirven sólo si sus testimonios son reales y si se pueden comprobar por otras vías. Esa es la labor de los juzgadores que se equipara a quien hace periodismo de investigación, quien confirma una y otra vez sus fuentes. El daño que se causa puede ser irreparable.  Los casos son muchos. De entrada el General Tomás Angeles está en prisión por los dichos de Jennifer, el mismo que inculpó a Veramendi.
 
  • Las notas de hoy, y una anterior en Reforma:
Da giro a la PGR Murillo Karam
Nunca antes la Procuraduría había liberado a una persona sin que se cumpliera el término de su arraigo
Nota de Abel Barajas
Reforma Pp., 17 diciembre 2012.- Jesús Murillo Karam llegó a la PGR y marcó un nuevo estilo, que incluye no abusar de los arraigos sin tener pruebas sólidas o con testigos "de oídas".
En un hecho inédito, la PGR dejó ayer en libertad bajo reservas de ley a la ex agente del Servicio de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos Beatriz Elena Veramendi Martínez tras estimar que la acusación que la vincula con la delincuencia organizada es de oídas y carece de elementos.
Consultada oficialmente por este caso, la Procuraduría informó que el Procurador Murillo Karam instruyó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitar al juez el levantamiento de la medida cautelar y defendió que ésta sólo debe aplicarse "en situaciones excepcionales".
Murillo Karam ordenó dejar sin efectos el arraigo luego de considerar un análisis del expediente elaborado por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), a cargo de Mariana Benítez Tiburcio, que concluyó que la acusada estaba privada de su libertad con una imputación "de oídas".
"Al conocer que la indagatoria contra la indiciada estaba sustentada de manera preponderante en el dicho del testigo protegido 'Jennifer', lo cual es insuficiente, considerando que la declaración de un 'testigo de oídas' constituye un dato o indicio genérico que no tiene valor convictivo alguno, y no es equiparable a un testimonio presencial de los hechos, (el procurador) Murillo Karam solicitó a la SJAI una opinión jurídica acerca de la integración de la averiguación previa, en cuanto a los hechos y a los procedimientos.
"Derivado de la opinión jurídica emitida por la SJAI, se determinó que las diligencias practicadas al inicio de la averiguación previa no aportaron los elementos suficientes que justificaran la aplicación de la medida cautelar", señaló la PGR.
De acuerdo con la dependencia federal, la decisión del Procurador apunta en el sentido de sus manifestaciones recientes, en las que ha señalado que las medidas cautelares, como el arraigo, deben ser desechadas poco a poco.
"El Procurador Murillo Karam refirió que la Constitución establece que el arraigo es una medida cautelar aplicable en situaciones excepcionales", indicó la Procuraduría General de manera oficial.
Nunca antes la Procuraduría General de la República había liberado a una persona sin que se cumpliera el término de su arraigo al reconocer que carece de indicios suficientes sobre su implicación en un delito, como ocurrió con Veramendi, quien ayer a la 1:30 de la madrugada abandonó el Centro de Arraigo.
Veramendi sólo cumplió 10 de los 20 días de arraigo autorizados por el juez cuarto federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.
La ex funcionaria fue retenida el 4 de diciembre y arraigada dos días después con base en la declaración del testigo protegido "Jennifer", quien dijo haber escuchado que ella "guardaba" el dinero que cobró al narco el ex titular de la SEIDO Noé Ramírez Mandujano, de quien Veramendi fue secretaria particular entre 2007 y 2008.
Ramírez Mandujano, está, desde 2008, preso en el Penal Federal de "El Rincón", Nayarit, acusado de recibir sobornos de la organización de los Beltrán Leyva. "Jennifer" nunca se refirió a Veramendi en las declaraciones en 2008, cuando inculpó al ex subprocurador.
La ahora liberada trabajó como particular de Ramírez Mandujano del 1 de enero de 2007 al 15 de abril de 2008, y al mes siguiente recibió la autorización del Congreso de la Unión para laborar como agente de seguridad diplomática del Departamento de Estado en la Embajada de Estados Unidos.
Ramírez Mandujano fue capturado hasta noviembre de 2008, cuando Veramendi llevaba siete meses de haber dejado la SEIDO.
Prioriza Peña la prevención
El Presidente Enrique Peña Nieto expondrá hoy su plan nacional anticrimen, cuyo principal objetivo es reducir la violencia en todas las regiones del País al privilegiar acciones preventivas.
El anuncio lo hará en Palacio Nacional en el marco de su primera sesión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la cual asistirán Gobernadores, miembros de su gabinete y representantes de la sociedad civil.
Peña Nieto ha adelantado que la política en esta materia estará basada en un programa nacional de prevención del delito.
De acuerdo con el Mandatario, se tratará de un plan transversal que ayudará a combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos, impulsar proyectos productivos, promover la sana recreación y la convivencia, así como brindar mayores oportunidades a los jóvenes.
Con información de Antonio Baranda
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Arresta la PGR a ex agente
'Jennifer', el testigo estrella de la 'Operación Limpieza' de 2008, inmiscuye a Veramendi Martínez con ilícitos relacionados con su entonces jefe
REFORMA / Redacción
Ciudad de México (14 diciembre 2012).- Cuatro años después de laborar para la Embajada de Estados Unidos en México y de ser premiada por el Embajador Carlos Pascual, la mexicana Beatriz Elena Veramendi Martínez fue detenida por la Procuraduría General de la República por el delito de delincuencia organizada.
El 4 de diciembre, cuando realizaba actividades de buceo en La Paz, Baja California Sur, la Policía Federal Ministerial capturó a Veramendi, quien hasta noviembre se desempeñó como agente de seguridad diplomática del Departamento de Estado.
Veramendi, quien en 2008 fuera secretaria particular del ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, actualmente procesado por presuntos nexos con el narcotráfico, fue arraigada durante 20 días luego que el testigo protegido "Jennifer" dice haber "escuchado" que ella guardaba el dinero que presumiblemente cobraba su jefe, de acuerdo con la indagatoria SEIDO/UEITMIO/408/2012.
"Jennifer", el testigo estrella de la "Operación Limpieza" de 2008, dijo a la PGR que escuchó decir eso al abogado José Antonio Cueto, acusado de ser el gestor de las relaciones públicas de la organización criminal de los Beltrán Leyva. Aunque hasta el momento, no ha podido ser corroborado ya que Cueto se encuentra prófugo de la justicia.
Este es el primer caso relevante de la administración de Jesús Murillo Karam, al frente de la PGR, aunque corresponde a una indagatoria que se inició en la gestión de Marisela Morales, de quien Veramendi también fue secretaria particular en la Coordinación General de Investigación.
De 36 años y originaria del Distrito Federal, la ex agente declaró ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que cuatro agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) le pidieron el 9 de noviembre colaborar y ser testigo protegido en una nueva investigación contra Ramírez Mandujano, de acuerdo con conocedores del caso.
Aunque ella dijo no saber nada, según se informó, los agentes le advirtieron que contaban con un testigo que declaraba en su contra.
Veramendi manifestó a la PGR que, a pesar del amago, insistió en que desconocía cualquier ilícito de su ex jefe y ese mismo día le fue rescindido su contrato en la Embajada estadounidense.
Contra el ex titular de la SEIDO existe una nueva averiguación previa en la que Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", operador de los Beltrán Leyva extraditado este año a Texas, afirma que le pagó fuertes sumas de dinero a cambio de proteger a su grupo delictivo.
Ramírez Mandujano fue detenido en noviembre de 2008 y luego encarcelado con base esencialmente en los dichos de "Jennifer", quien en aquella época nunca mencionó a su secretaria particular.
Cuando se suscitó la detención del ex subprocurador, Veramendi llevaba siete meses fuera de la SEIDO, pues ingresó como secretaria particular de Ramírez Mandujano el 1 de enero de 2007 y renunció a la dependencia el 15 abril de 2008, informaron funcionarios federales.
El 28 de mayo de 2008, el Congreso de la Unión concedió a la ex funcionaria el permiso para prestar servicios como investigador en la Embajada de Estados Unidos, como agente de seguridad diplomática, adscrita al Departamento de Estado.
Para ocupar esta plaza, los estadounidenses la sometieron a diversos exámenes de control e investigaciones sobre todo tipo de aspectos, tanto laborales como financieros y de relaciones personales; sin embargo, no hallaron un dato o indicio negativo relacionado con su paso por la oficina de Ramírez Mandujano.
Debido a su desempeño, en septiembre de 2010 el Embajador Carlos Pascual le entregó el premio al "Honor Meritorio" del Departamento de Estado, por su "dedicado servicio al Programa México de Investigaciones Criminales 20 8-2010 del Servicio de Seguridad Diplomática", según documentos oficiales.
De acuerdo con una fuente allegada al caso, en la Embajada nunca tuvo problemas hasta junio pasado, cuando ingresó a laborar una ciudadana estadounidense que es esposa de un agente de la DEA y con quien tuvo roces laborales.
Veramendi, afirman quienes la conocen, no posee propiedades y renta un departamento en la Colonia San Rafael, de la Ciudad de México. Tampoco es o ha sido dueña de alguna sociedad mercantil ni posee acciones, y no tenía auto porque el que usaba, un Renault Clío, lo vendió en 70 mil pesos.
También precisaron que es titular de una cuenta Banamex de nómina, tiene deudas "normales" con sus tarjetas de crédito y no existen antecedentes de operaciones inusuales o preocupantes en sus cuentas bancarias.
La investigación contra la ex funcionaria está a cargo de Arturo Cortés, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, misma que consignó al ex subprocurador Ramírez.
De acuerdo con fuentes federales, la SEIDO pidió el arraigo por 40 días contra Veramendi, pero el juez especializado sólo concedió 20 días, pues no existe por el momento ninguna prueba adicional al dicho de "Jennifer", como pueden ser el hallazgo de dinero o bienes que confirmen ingresos ilícitos.
El próximo 26 de diciembre, la PGR determinará si solicita la ampliación del arraigo, consigna el expediente o deja en libertad a la acusada por falta de pruebas.

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