Sesión
del CNSP en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Intervención
del Procurador Jesús Murillo Karam: (textual)
“La Constitución General de la República señala que el
Ministerio Público de la Federación es el órgano del Ejecutivo encargado de la
persecución de los delitos del orden federal y al que le corresponde acreditar
la responsabilidad de los inculpados.
Seguir con toda regularidad los juicios para que la
administración de justicia sea pronta y expedita, así como ejercer la
conducción y el mando de la investigación de los delitos y otras facultades,
entre las que destaca su papel de representante de la sociedad.
En este papel me permito referir a ustedes lo que
considero un breve diagnóstico general de la situación que guarda la
procuración de justicia a nivel federal con un antecedente.
Durante muchos años, este país no requirió ni de
estructuras profundas ni de coordinaciones porque su nivel de delincuencia era
muy similar al promedio mundial, fue la emergente, el emergente surgimiento de una delincuencia con poder y dinero el que
propició que esa misma emergencia generara que los gobiernos en cada uno de
esos momentos -y me refiero a todos- y desde hace mucho tiempo, tuviesen que
actuar en base a la coyuntura y empezar a actuar respondiendo ante la
circunstancia que generaba el conflicto.
Esto
propició las condiciones del diagnóstico que voy a leer.
En las instituciones encargadas de las tareas de seguridad
pública, procuración y procesamiento de información -de información estratégica-,
obviamente, en las que padecen una desarticulación que impide la correcta y
eficaz coordinación, es imprescindible para enfrentar con éxito sus funciones,
e impide también contar con objetivos claros y resultados medibles, lo más
grave, es que sucede lo mismo al interior de estas.
Y
esto, provoca una clara desvinculación entre la integración de la investigación
y su planteamiento ante las autoridades judiciales lo
que, conforme a las cifras que acaba de leer el señor Secretario de
Gobernación, nos muestra que se abona
brutalmente la impunidad.
La PGR, arrastra a
través de los años, de muchos años, una estructura que no corresponde a la
realidad actual porque fue condicionándose como lo dije antes, de manera
desordenada para responder a la coyuntura, provocando hoy una fragmentación
descoordinada que bloquea y desfasa el ejercicio de su función en el detrimento
claro del cumplimiento de sus funciones.
La emergencia de la coyuntura, provocó también este efecto
de crecimiento, en algunos casos desproporcionados y en otros desconfigurado,
pero siempre ausente de objetivos generales, permanentes, sistémicos. A todo
esto y a efecto de lo mismo, se produjo un
incremento en la calidad de policías y ministerios públicos, en la prisa,
no logró la calidad de sus elementos ni en el mejoramiento de los
procedimientos con por lo menos la suficiencia para enfrentar una delincuencia
creciente en posibilidades y recursos.
La
reforma constitucional de 2008 ordenó las líneas genéricas para la modificación
del sistema de justicia penal, dando ocho años para su
implementación, a la fecha, en el ámbito
general, los avances son insuficientes. Esfuerzos de capacitación se
estrellan ante la ausencia de definición precisa que tendrán que hacer las
leyes que reglamenten el modelo constitucional conforme a las condiciones de la
realidad mexicana.
Las
prácticas, repito, de muchos años de elaboración y resguardo de los documentos
fundamentales del proceso propician la fuga, falsificación y uso
indebido de estos como un elemento más de corrupción e ineficiencia.
Perdimos el propósito central de la investigación y lo
tuvimos que cubrir con medidas extraordinarias que han producido un efecto
perverso al convertirse en mecanismos casi únicos de consignación, violentando
con frecuencia derechos fundamentales; situación que nos muestran claramente
las dramáticas estadísticas sobre el tema.
El
Presidente de la República ha ordenado revisar este tipo de figuras, a la mayor
brevedad, para darles consistencia, capacidad y moldearlas conforme
los recursos modernos y jurídicamente adecuados para que el respeto a los
derechos humanos, a la integridad de la persona y a la implantación de un
auténtico sistema de derecho se apliquen en forma inmediata y corrijamos las
figuras que esto propicia.
Siendo la averiguación un instrumento que requiere de
salvar con la reserva la presunción de inocencia y los derechos de terceros,
esto no impide que la actuación de la autoridad deba ser transparente, pública
y medible; aunado a todo esto, el sistema penitenciario, además de
insuficiente, perdió la característica, por más utópica que parezca, de la
reinserción social; y hoy a los centros de rehabilitación social, esto no se le
da la suficiencia para poderlo atender.
Finalmente, al hablar de utopías considero que los
propósitos centrales de las instituciones que tienen que ver con la justicia,
deben tener como meta, aunque sea ideal, la justicia plena, que consiste en
esta materia en que no haya un inocente en la cárcel y que el delincuente tenga
la sanción adecuada. Es así de simple y así de difícil, pero no es imposible.
Muchas gracias.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario