JESUSA CERVANTES
Revista Proceso # 2183, 2 de septiembre de 2018...
Erradicar los privilegios, la corrupción y tapar las cañerías mediante una reingeniería de la administración pública y una reestructuración del Congreso de la Unión son los primeros pasos de la LXIV Legislatura federal, liderada por Morena, dice Alfonso Ramírez Cuéllar, responsable de la agenda legislativa en San Lázaro, y advierte: “La oposición debe tener claro que no vamos a ceder”.
Alfonso Ramírez Cuéllar, el legislador federal de Morena responsable de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados, ofrece un par de datos acerca de la aterradora realidad del país: la deuda de estados y municipios, dice, asciende a 500 mil millones de pesos, mientras que los convenios y ampliaciones presupuestales discrecionales por 250 mil millones de pesos “no beneficiaron a la sociedad”. Y advierte: “Esto nos lleva a hacer cambios radicales”.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho, del PRI –el partido que fue desplazado de la Presidencia de la República–, lo admite y sentencia: “Llega un movimiento político con una visión distinta de país y la aspiración de construir un nuevo régimen. Sí, pero éste necesita expresarse en iniciativas concretas”.
Y agrega: “Hay un hilo conductor que es el bien de México, por lo que no habrá obstáculos para votar juntos o por separado con el partido de López Obrador”.
Aunque la bancada priista es de sólo 47 diputados, Sauri Riancho insiste en que sus correligionarios “están conscientes de que debemos participar con toda nuestra fuerza en los asuntos que son interés de la nación… A ver cómo nos multiplicamos”.
Con la seguridad que le dan los 251 legisladores de su organización política, la morenista Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, adelanta que los cambios que aprobarán, tanto en reglamentos como en la reorientación del gasto, significan un ahorro de 600 mil millones de pesos, los cuales servirán para impulsar los 12 primeros proyectos de Andrés Manuel López Obrador para cambiar el rostro del país.
Enumera los principales: becas para jóvenes, dotación de medicinas en todos los centros de salud, duplicar el monto de la pensión a los adultos mayores y ampliarla a personas con discapacidad, llevar la canasta básica a todas las zonas de extrema pobreza y crear 100 universidades.
Por lo pronto, en septiembre Morena se propone aprobar la reglamentación al artículo 127 constitucional, según la cual ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República; es decir, más de 108 mil pesos al mes.
El segundo paso, detalla Ramírez Cuéllar, es reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “para reducir el gasto corriente, bajar los sueldos de los altos niveles de servidores públicos e incrementar progresivamente los sueldos de médicos, maestros, enfermeras, soldados y marinos”.
El tercer punto, añade Padierna, será la reorientación del presupuesto, aunque aclara que el 50% es inamovible, “pues está comprometido con la entrega de participaciones federales a estados y para el pago de la deuda”. Además, dice, se trabajará en sintonía con los 17 congresos estatales donde Morena es mayoría, para que se etiquete el dinero con los objetivos similares, lograr el desarrollo de las 275 zonas en que se dividirá el país y llevar la justicia social que erradique la pobreza extrema en año o año y medio.
Rehacer desde San Lázaro
En 2012, apenas recuperó las riendas del país, el PRI aprobó reformas en el Congreso de la Unión para dar un giro de 180 grados en el sector energético, educativo, laboral y de telecomunicaciones.
Ahora, en sintonía con López Obrador para cambiar la fisonomía social del país, la fracción de Morena hará lo propio desde San Lázaro. En su documento de agenda legislativa sostiene que “el centro de la renovación política nacional se enmarca en la Cámara de Diputados”, que “acompañará la reconstrucción del país por convicción, no por consigna, manteniendo la independencia y el respeto de los otros poderes de la Unión y de aquellos que lo son de facto”.
Lo que ha ocurrido en el país en los últimos 30 años, dice Ramírez Cuéllar, responsable de elaborar el documento, es que se impuso una estrategia que desplazó a la economía social y deshizo la capacidad productiva del sector público en beneficio de una minoría. Por ello, el Congreso está obligado a impulsar “cambios totales y radicales”.
En su agenda, Morena contempla dar marcha atrás a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, lo que implica reformar “la Ley General de Educación Superior, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, además de incorporar en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación superior.
–¿En esta reingeniería de país el PRI va a sumarse o a defender sus reformas estructurales? –se le pregunta a Sauri Riancho.
–Más que las reformas, se trata de defender los procesos vinculados a una serie de reformas, no de las reformas en sí mismas. En última instancia, éstas no sólo son perfectibles; algunas incluso han sido descalificadas, como la educativa.
Abunda: “Se habla de cancelarla, pero no sabemos cómo se va a expresar en los hechos. Mientras no tengamos claridad sobre lo que se pretende hacer con ella, es difícil hacer comentarios sin caer en descalificaciones o defensas a ultranza”.
¡Ay de aquel que agarre un peso!
La reorganización del país prevista en la agenda pasa por los cambios legales en San Lázaro, incluida la aprobación del presupuesto de egresos, pero también deben redireccionarse las partidas para los estados.
La agenda contempla un paquete fiscal que incluye adecuaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Coordinación Fiscal, dice Ramírez Cuéllar, y explica que para lograrlo se realizará una convención hacendaria en octubre próximo donde participarán mil 750 legisladores de todo el país.
“Ahí vamos a discutir y acordar las nuevas reglas de austeridad, tanto en las administraciones estatales como en la vida de los congresos locales y el federal. Queremos homologar la política de austeridad, el sistema de contabilidad, de rendición de cuentas, los criterios de gasto federalizado y avanzar en la compactación de programas sociales, porque a la fecha hay 5 mil 500 programas y queremos evitar duplicaciones”, añade.
Los legisladores de la LXIV Legislatura podrán etiquetar los excedentes para que estén debidamente regulados en la ley; también tendrán la posibilidad de discutir qué mecanismos y montos puede transferir el Ejecutivo de un programa a otro.
Los datos más recientes al respecto son alarmantes; hasta ahora el Ejecutivo hace y deshace el presupuesto. Todo eso se verá también en la convención, dice Ramírez Cuéllar.
Para cuidar los recursos y evitar desvíos, Morena incluye en la agenda del primer periodo ordinario sancionar como delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción, el robo de combustibles y cualquier forma de fraude electoral: condicionar el uso de programas sociales o inducir el voto.
De ahí su insistencia en reformar las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la general en materia de delitos electorales y la de responsabilidades administrativas.
De acuerdo con la vicecoordinadora de la Mesa Directiva en San Lázaro, Dolores Padierna, no sólo se reorientará el gasto, sino que se pretende frenar la corrupción. Ello implica reformar la ley de adquisiciones para acabar con las múltiples ventanillas que licitaban, contrataban y compraban.
“Si quitamos el corporativismo, el clientelismo, el partidismo, estos vicios de la vieja política, y empezamos una nueva ruta, una nueva política donde los servidores públicos estén al servicio del pueblo, lo lograremos. Por lo pronto, la reingeniería arrojará ahorros de 600 mil millones de pesos. ¡Ay de aquel que se atreva a tomar un peso público!”, advierte.
Reestructuración del Congreso
Pero reinventar la administración pública, donde también se incluye crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública, no es suficiente. Morena será la encargada de elaborar las leyes y votarlas.
En este primer periodo de sesiones, por ejemplo, intentará modificar la Ley Orgánica del Congreso: “Urge. Vamos a regresarle al pleno facultades que se arrogó la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Aun cuando esta instancia vote sobre el presupuesto, éste deberá debatirse y modificarse, si es el caso, en el pleno”, dice Ramírez Cuéllar.
Sostiene que no habrá más comisiones especiales, se eliminarán privilegios como gastos médicos mayores, vales de comida y autos para diputados; se reducirá la dieta, y se mantendrán las 56 las comisiones legislativas actuales, aunque algunas se adecuarán al nuevo proyecto de nación, cambiarán de nombre o se compactarán.
En esta LXIV Legislatura las reuniones serán públicas y se “compactará” la estructura administrativa: incluso está a discusión una propuesta para desaparecer la Secretaría General. Además, se reducirán los asesores, y cada dirección y grupo parlamentario tendrá derecho a tres asesores.
Según reportes de transparencia, en la Jucopo los partidos contaban con 305 “asesores” en los que se erogaban 147 millones 22 mil pesos: el PRI tenía 120, PAN 45, Morena 39, PVEM 27, MC 26, PRD 23, Panal 13 y PES 12. Ahora sólo tendrán tres.
Por otro lado, los partidos contaban con diversas plazas de trabajo. El PRI tuvo al cierre de la LXIII Legislatura mil 325 plazas, el PAN 287, el PRD 397, Morena 172, MC 117, PVEM 63, Panal 85 y el PES 21.
En San Lázaro “no va a haber distribución de cuotas, las secretarías no se van a regir por intercambios como antaño. Durante varias legislaturas, el PRI tuvo secretaría general, el PAN el área jurídica, el PRD los servicios parlamentarios. Esto se va a terminar”, sostiene Ramírez Cuéllar.
Ahora las direcciones se asignarán por concurso y se revisará el servicio civil de carrera. Los aspirantes deberán contar con probidad e independencia de grupos políticos y parlamentarios. “Cada dirección, cuando mucho, va a tener tres asesores y así será en la Jucopo; no se necesitan más”, afirma.
Añade que los centros de opinión pública serán analizados para ver cuáles son indispensables para el trabajo legislativo; los que no tengan razón de ser, sostiene, desaparecerán. En suma, se busca un ahorro de 3 mil millones de pesos.
La priista Sauri Riancho advierte que no debe confundirse la austeridad –con la cual el PRI está “de acuerdo”–, con un pretexto para sojuzgar, minimizar o desdibujar el trabajo parlamentario.
Advierte: “Si Morena intenta quitar los centros de estudios legislativos o quitarnos a los asesores, me parece que es una austeridad mal entendida, por no decir que dolosamente entendida”.
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