Tomado de Milenio Diario, 9/08/2007;
El viernes pasado recibimos en la Cámara de Diputados la visita de Irene Khan, la activista que hoy dirige la organización no gubernamental más importante a nivel mundial, Amnistía Internacional (AI). El encuentro resultó a la vez fructífero y motivante, pues se trata de una personalidad formada e informada, una mujer que no emite opiniones sólo para impactar en los medios, sino matizadas y reflexivas, más tratándose de una materia tan delicada como el respeto –o no– de los diferentes países a los derechos humanos.
La señora Khan manifestó de entrada su reconocimiento a la importancia estratégica de México y su gobierno en el apoyo a la causa de los derechos humanos en el mundo; la suscripción de los tratados internacionales en la materia son una clara expresión de ello. También reconoció el esfuerzo del Congreso mexicano para avanzar en cuestiones medulares para la protección a grupos vulnerables, como las recientes leyes en defensa de los niños, los migrantes y contra la violencia intrafamiliar. Además, señaló que el Congreso mexicano juega un papel fundamental para someter las instituciones gubernamentales al escrutinio y la rendición de cuentas.
Sin embargo, la señora Khan no tuvo empacho en mostrar desde el principio su posición crítica con respecto a ciertas zonas del ámbito mexicano que le preocupan o que de plano desaprueba. Por ejemplo, lo que llamó la brecha entre el compromiso discursivo del gobierno mexicano con los derechos humanos y la manera como éste se materializa en los hechos.
Nuevamente, el caso emblemático de esta brecha sería Oaxaca, con su cadena de graves violaciones ocurridas durante el año pasado y el largo saldo de impunidad que aún perdura. Están también los hechos de Atenco y otros puntos de lo que pudiéramos llamar nuestra geografía de la represión. En su percepción, “el acceso a la justicia no está disponible para muchos sectores de la población mexicana”, y le llamó la atención que “aquellos a quienes se les ha privado de la justicia tienden a provenir de las áreas más marginadas y vulnerables de la sociedad”, lo que demuestra la urgencia, dice, de atacar la impunidad y la pérdida de confianza en la justicia.
La activista manifestó estar consciente de las determinaciones que llevaron al gobierno federal a priorizar la lucha por la seguridad y contra el crimen organizado; incluso mostró comprensión ante el creciente papel de las fuerzas armadas en este combate. Pero señala que la prueba de toque de estas políticas públicas es el respeto a los derechos humanos, pues “una política fuerte de seguridad pública debe basarse en un compromiso fuerte con los derechos humanos”, porque la seguridad se debilita cuando éstos no se respetan, afirmó.
En la reunión se expresaron amplias coincidencias sobre la necesidad de reformas que establezcan claramente el lugar de los derechos humanos en la Constitución de la República, y sobre las reformas necesarias al sistema de justicia penal. Hubo igualmente convergencias acerca de que los derechos de las víctimas y de los sospechosos deben ser garantizados por igual, incluyendo el reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia; monitorear y vigilar las investigaciones efectuadas por los fiscales y los jueces, y sancionar y castigar a aquellos que se ven implicados en el abuso de los derechos humanos; además, que los mecanismos de rendición de cuentas de las policías sean efectivos, imparciales e independientes, de manera que puedan generar confianza de parte del público.
La reunión con los representantes de Amnistía Internacional fue, a mi juicio –así como en general la visita que realizó a nuestro país-, muy útil. Sus entrevistas con actores institucionales y civiles le deben de haber proporcionado una visión panorámica del estado actual del país. ¿Qué me preocupa? Que en un país donde gradualmente se ha venido construyendo una cultura y una voluntad de respeto a los derechos humanos, por lo menos durante los últimos 15 años, pero donde persisten profundas desigualdades y asimetrías de todo tipo –sociales, económicas, políticas, regionales–, no es fácil jalar a un mismo ritmo, y resulta lamentable que por ciertas situaciones concretas se le juzgue genéricamente, sin los matices a que una realidad como la nuestra obliga.
Sin embargo, a propósito de la visión del país que queremos, el tema de fondo es, como lo ha sostenido el presidente Calderón: “Acabar con los círculos de impunidad, refrendando el compromiso gubernamental para garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos, como condición de nuestra democracia”. El respeto al federalismo no debe ser obstáculo para combatir la impunidad.
La señora Khan manifestó de entrada su reconocimiento a la importancia estratégica de México y su gobierno en el apoyo a la causa de los derechos humanos en el mundo; la suscripción de los tratados internacionales en la materia son una clara expresión de ello. También reconoció el esfuerzo del Congreso mexicano para avanzar en cuestiones medulares para la protección a grupos vulnerables, como las recientes leyes en defensa de los niños, los migrantes y contra la violencia intrafamiliar. Además, señaló que el Congreso mexicano juega un papel fundamental para someter las instituciones gubernamentales al escrutinio y la rendición de cuentas.
Sin embargo, la señora Khan no tuvo empacho en mostrar desde el principio su posición crítica con respecto a ciertas zonas del ámbito mexicano que le preocupan o que de plano desaprueba. Por ejemplo, lo que llamó la brecha entre el compromiso discursivo del gobierno mexicano con los derechos humanos y la manera como éste se materializa en los hechos.
Nuevamente, el caso emblemático de esta brecha sería Oaxaca, con su cadena de graves violaciones ocurridas durante el año pasado y el largo saldo de impunidad que aún perdura. Están también los hechos de Atenco y otros puntos de lo que pudiéramos llamar nuestra geografía de la represión. En su percepción, “el acceso a la justicia no está disponible para muchos sectores de la población mexicana”, y le llamó la atención que “aquellos a quienes se les ha privado de la justicia tienden a provenir de las áreas más marginadas y vulnerables de la sociedad”, lo que demuestra la urgencia, dice, de atacar la impunidad y la pérdida de confianza en la justicia.
La activista manifestó estar consciente de las determinaciones que llevaron al gobierno federal a priorizar la lucha por la seguridad y contra el crimen organizado; incluso mostró comprensión ante el creciente papel de las fuerzas armadas en este combate. Pero señala que la prueba de toque de estas políticas públicas es el respeto a los derechos humanos, pues “una política fuerte de seguridad pública debe basarse en un compromiso fuerte con los derechos humanos”, porque la seguridad se debilita cuando éstos no se respetan, afirmó.
En la reunión se expresaron amplias coincidencias sobre la necesidad de reformas que establezcan claramente el lugar de los derechos humanos en la Constitución de la República, y sobre las reformas necesarias al sistema de justicia penal. Hubo igualmente convergencias acerca de que los derechos de las víctimas y de los sospechosos deben ser garantizados por igual, incluyendo el reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia; monitorear y vigilar las investigaciones efectuadas por los fiscales y los jueces, y sancionar y castigar a aquellos que se ven implicados en el abuso de los derechos humanos; además, que los mecanismos de rendición de cuentas de las policías sean efectivos, imparciales e independientes, de manera que puedan generar confianza de parte del público.
La reunión con los representantes de Amnistía Internacional fue, a mi juicio –así como en general la visita que realizó a nuestro país-, muy útil. Sus entrevistas con actores institucionales y civiles le deben de haber proporcionado una visión panorámica del estado actual del país. ¿Qué me preocupa? Que en un país donde gradualmente se ha venido construyendo una cultura y una voluntad de respeto a los derechos humanos, por lo menos durante los últimos 15 años, pero donde persisten profundas desigualdades y asimetrías de todo tipo –sociales, económicas, políticas, regionales–, no es fácil jalar a un mismo ritmo, y resulta lamentable que por ciertas situaciones concretas se le juzgue genéricamente, sin los matices a que una realidad como la nuestra obliga.
Sin embargo, a propósito de la visión del país que queremos, el tema de fondo es, como lo ha sostenido el presidente Calderón: “Acabar con los círculos de impunidad, refrendando el compromiso gubernamental para garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos, como condición de nuestra democracia”. El respeto al federalismo no debe ser obstáculo para combatir la impunidad.
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