El gobierno mexicano a la Corte

El gobierno de Calderón, a la Corte Interamericana
Jorge Carrasco Araizaga y Gloria Leticia Díaz, reporteros.

Publicado en la revista Proceso, 1636, 16/03/2008;

Debido a que el gobierno de Felipe Calderón no atendió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición de un campesino guerrerense durante la guerra sucia de los setenta, el caso se turnará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la primera ocasión en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional como consecuencia de delitos per-petrados por militares contra la población civil.
La falta de voluntad política del presidente Felipe Calderón para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya provocó que su gobierno sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero Lucio Cabañas.
Se trata del primer caso en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil.
La noche del jueves 13, la Comisión Interamericana determinó enviar a la Corte de Derechos Humanos, que preside el mexicano Sergio García Ramírez, el expediente de Radilla, identificado con el número 12.511, después de casi tres años deque el caso fue admitido por la Comisión y ante la insuficiente respuesta del gobierno mexicano a sus recomendaciones.
El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares.
El 15 de octubre de ese año, una delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, debió informar a la Comisión acerca del cumplimiento de dichas medidas, pero solicitó una prórroga de ocho meses. La Comisión sólo le concedió 120 días. La fecha límite se venció el pasado domingo 9, sin que el funcionario federal cumpliera con la exigencia del organismo.
En su respuesta, la delegación encabezada por el subsecretario Gómez Robledo informó que como parte del cumplimiento de esas peticiones “lleva a cabo actualmente amplios esfuerzos institucionales en materia de investigación y reparación respecto de los hechos que configuran el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Sus acciones, dijo, tendrán “resultados contundentes”.
La abogada María Sirvent, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos –una de las organizaciones que representa a Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo–, asegura que, pese a la prórroga, la respuesta que dio el gobierno de Calderón al caso Radilla fue deplorable.
Contra el fuero militar
En una sesión realizada el jueves 13 en la sede de la Comisión Interamericana, en Washington, los representantes del gobierno mexicano informaron que no se tienen indicios de presuntos responsables, toda vez que uno de los supuestos implicados, el general Francisco Quirós Hermosillo, murió en prisión durante el proceso que se le seguía desde 2000 por la comisión de varios delitos, incluido el de narcotráfico.
A este militar, que en Guerrero estuvo al frente de la Brigada Blanca, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) lo consignó el 11 de agosto de 2005 por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro contra Radilla.
Sin embargo, el proceso judicial terminó en la jurisdicción militar, lo que fue considerado por la Comisión como violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual prohíbe la aplicación del fuero penal militar para investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.
La delegación mexicana refirió también que para localizar a la víctima se procedió, el pasado 2 de febrero, al escaneo del terreno en lo que fue hasta 1994 el cuartel militar de Atoyac, donde el campesino fue visto por última vez. Así mismo, ofreció la publicación de un texto sobre la vida de Rosendo Radilla, como “forma de reconstruir la memoria histórica”, y que pagaría alrededor de 60 mil dólares como reparación del daño.
Para Sirvent, la determinación de la Comisión de enviar el caso a la Corte se debió a la deficiente respuesta del gobierno de Calderón, “desconociendo que la desaparición de Rosendo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado, de un patrón sistemático generalizado del uso excesivo de la fuerza militar, cuya participación es ampliamente reconocida por la Comisión”.
Desde Washington, Sirvent destaca en entrevista telefónica que fue tan mala la respuesta del gobierno mexicano, que “ni siquiera hicieron mención al trabajo de la Femospp en la recopilación de documentos sobre la guerra sucia. Esa documentación, además, debería estar en el Archivo General de la Nación para su consulta, como una forma de reparación del daño y para permitir a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó”.
Mucho menos, agrega, “hubo un reconocimiento de que además del impacto individual hubo uno colectivo, porque en Atoyac, Guerrero, se registró el mayor número de desaparecidos” en aquellos años.
De acuerdo con Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem), entre 1969 y 1974 desaparecieron 400 personas en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero, de las cuales 122 corresponden al período de julio a noviembre de 1974, cuando Rosendo, padre de Tita fue detenido por el Ejército. La asociación tiene un registro de 600 víctimas de ese delito en toda la entidad.
Crímenes de Estado
La noticia del traslado del expediente a la Corte Interamericana renueva la esperanza a la familia de Rosendo Radilla de localizar sus restos. “El resultado fue el esperado. Se demostró contundentemente el crimen que cometió el Estado mexicano contra los campesinos guerrerenses”, asegura Tita.
La expectativa de la familia, dice, es que los responsables sean enjuiciados. “Para la familia, el daño es irreparable y la reparación económica no nos interesa. Lo que queremos es saber qué hicieron con los desaparecidos”.
Asegura que el Estado mexicano tiene información sobre el paradero de las víctimas: “Ellos saben lo que hicieron. Muchos de los responsables siguen en el Ejército o están retirados; pero ahí están. La información existe porque los archivos fueron rasurados. Lo que queremos es que se sepa la verdad, para que no vuelva a suceder”.
Las secuelas de la represión fueron más allá de la desaparición de Radilla. “Hubo hostigamiento, persecución, militarización del estado, comunidades de la sierra arrasadas, violaciones de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La gente aún no puede superar ese trauma”.
Dice que los 122 casos de desaparición forzada entre julio y noviembre de 1974 formarán parte de un expediente que se enviará a la Comisión. “Pensamos que va a tener el mismo trato que el de mi padre, porque en todas esas desapariciones los responsables son los mismos”.
A su vez, María Sirvent asegura que, cuando la Comisión notifique a los familiares de Radilla y sus abogados su decisión de turnar el caso a la Corte “tendremos dos meses para presentar nuestra demanda con pruebas, testigos y peritos”.
El gobierno de Calderón tiene 60 días para responder. Después de ello, los jueces del organismo jurisdiccional interamericano analizarán el caso para decidir su admisión.
La abogada confía en que el caso sea atraído por la Corte. Optimista, sostiene que una sentencia favorable no sólo beneficiaría a los Radilla, sino a familiares de otras víctimas.
Los familiares de desaparecidos piden la creación de una instancia para conocer la verdad histórica, cambios legislativos como garantía para que no se repitan los hechos; reformas a la Ley de Amparo con el fin de combatir la desaparición forzada; supresión de la jurisdicción militar; así como la aprobación de una ley general de desaparición forzada y otra para la reparación del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Sirvent sostiene que la decisión de la Comisión va a tener un impacto y un costo político muy grande para el gobierno federal “porque va a evidenciar que mientras no haya un cambio en estructuras y en legislación, se van a seguir cometiendo este tipo de delitos”.
En cuanto a la actuación del Ejército mexicano, dice la abogada, será una prueba más de que “no es el competente para hacer labores de seguridad pública, cosa que está pasando actualmente”.
Añade que en las audiencias ante la Corte, la familia Radilla y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ofrecerán los testimonios de especialistas como Sergio Aguayo y Carlos Montemayor.
Hubo represión
En entrevista con este semanario, Montemayor resalta la importancia del caso, porque es el primero referente a la guerra sucia llevado a esa instancia internacional y su ventilación “permitirá que puedan conocer esas atrocidades que ocurrieron en México y que no sabemos si siguen pasando”.
Destaca que su participación consistirá en “una exposición sucinta de la guerra sucia en México, que ha sido negada por las autoridades gubernamentales, quienes han rechazado cualquier imputación de tipo político en las actuaciones policiales y militares, a pesar de que hay suficientes investigaciones como para demostrar que sí hubo una represión sistemática e ilegal que se basó fundamentalmente en el secuestro de personas, en la tortura y en el asesinato”.
Para el autor de Guerra en El Paraíso –novela que aborda hechos de represión contra pobladores de la sierra guerrerense durante el período en que el Ejército combatió a la guerrilla de Lucio Cabañas–, es de esperar que una de las consecuencias del juicio al Estado mexicano en beneficio de las víctimas y sus familiares sea la ubicación de restos, demanda que ha prevalecido durante más de 30 años.
La existencia y ubicación de fosas comunes o clandestinas, apunta, se documentó por el equipo de investigación historiográfica de la Femospp.
Y agrega: “Lo importante es identificar y recuperar los restos de esas víctimas, que es uno de los reclamos de los familiares; después podría pasarse al restañamiento de heridas sociales por parte del Estado mexicano, que van desde la entrega de los restos hasta indemnizaciones diversas, y por supuesto la identificación de los cuadros de oficiales y subordinados que perpetraron esos hechos”.
Más allá de que se difunda a nivel internacional el papel del Estado mexicano durante la guerra sucia, sostiene el historiador, lo más importante será que “no desaparezca la presión ciudadana ni la actividad de los organismos de defensa de derechos humanos y de familiares de desaparecidos en México”.
Lo que se busca es conocer la verdad y conservar “los documentos inconclusos de los historiadores de la Femospp para posteriores investigaciones”.
El gobierno mexicano tendrá que responder en la Corte a los señalamientos que le hizo la Comisión en agosto de 2007. De acuerdo con el informe 60/07 de la Comisión relativo al caso Radilla, México ha incumplido con distintos ordenamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José sobre derechos y deberes del hombre.
Ese documento establece que pese al trabajo de la Femospp, “no se ha determinado el paradero del señor Radilla Pacheco ni se ha establecido la verdad de los hechos, y el proceso penal ha sido llevado en la justicia militar, en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.
Precisa que las actuaciones de la fiscalía, que desapareció desde finales del gobierno de Vicente Fox, “no dieron resultados concretos” en ese caso, ya que “sólo se ha procesado a una persona (Quirós Hermosillo), la cual fue absuelta”.
Sobre la jurisdicción penal militar a la que fue remitida el caso, la Comisión señala que el gobierno mexicano “no cumplió con los estándares del sistema interamericano respecto de casos que involucran a violaciones a los derechos humanos”.
Explica que en el sistema jurídico interamericano se prohíbe la aplicación del fuero penal militar en investigaciones relacionadas con la violación a derechos humanos. Precisa que los juicios se deben realizar en la justicia ordinaria, independientemente de que los responsables sean militares.
Como conclusión, establece que el gobierno mexicano “no proveyó a la víctima Rosendo Radilla Pacheco y a sus familiares Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez de un recurso judicial efectivo y garantías judiciales, tendientes al esclarecimiento de los hechos como a la sanción de los responsables y obtención de una eventual reparación de los daños sufridos”.
En definitiva, agrega: “Pese a las investigaciones que se iniciaron con el fin de esclarecer los hechos, investigar y sancionar a los responsables, éstas no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables materiales e intelectuales”.