Senadores demócratas norteamericanos -entre ellos el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy-, pidieron establecer una "Comisión de la Verdad" que investigue el uso de la tortura, escuchas telefónicas ilegales y otros abusos presuntamente cometidos durante la Administración Bush.
Durante una audiencia, Leahy explicó que la tarea de esa comisión sería, principalmente, averiguar los extensos poderes que utilizó el Gobierno del entonces presidente George W. Bush para investigar a presuntos terroristas. El senador de Vermont advirtió de que si los republicanos se resisten a apoyar esa Comisión se estaría perdiendo la oportunidad de llegar al fondo de la verdad sobre las acciones del Gobierno anterior en contra de presuntos terroristas.
Leahy aun no ha presentado un proyecto de ley que precise los parámetros de la "Comisión de la Verdad", pero en el lado de la Cámara de Representantes, el presidente del Comité Judicial, John Conyers, ya lo ha hecho.
El senador demócrata de Wisconsin, Russ Feingold, consideró que un elemento "clave" para el restablecimiento del imperio de la ley es "una rendición de cuentas detallada de lo que aconteció en los últimos ocho años y cómo la anterior Administración rechazó o hizo caso omiso de muchos de los principios sobre los que se fundó esta nación". Feingold enfatizó que la propuesta de Leahy es "importante" para conocer la verdad y no debe usarse "para saldar cuentas".
Sin embargo, el senador Arlen Specter, el republicano de mayor rango del Comité, que en el pasado fue duro crítico del uso de los "poderes extraordinarios" de Bush, insistió hoy en que no hace falta una comisión semejante. Si a los demócratas les interesa la verdad, sólo tienen que tocar a las puertas del Departamento de Justicia y pedir los "archivos relevantes", observó.
Specter precisó que el Departamento de Justicia de EEUU ya está investigando activamente las políticas del Gobierno de Bush y ha comenzado a divulgar documentos secretos. El lunes 2 de marzo el Departamento de Justicia publicó un documento con nueve opiniones legales de asesores del anterior Gobierno, en las que consta que Bush poseía poderes ilimitados en su guerra contra el terrorismo. Ese documento, que incluye opiniones legales emitidas entre 2001 y 2003, revela que el Gobierno de Bush denegó al Congreso "cualquier papel" para regular la detención, los interrogatorios, la presentación de cargos y transferencia de enemigos combatientes capturados en el marco de la lucha global contra el terrorismo.
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