Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio
La farsa de las narcolistas
Ejecentral.com; 23/12/2009;
Las autoridades federales están tendiendo cortinas de humo tras la caída del narcojefe Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca. Dicen que encontraron varias listas de funcionarios públicos y policías que les brindaban protección institucional en el departamento donde fue abatido. Los medios lo visten de hallazgo, pero son más dudas que certidumbre lo que producen, porque desde 2003 se ha venido acumulando documentación de la corrupción de políticos, policías, empresarios y religiosos vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Si lo que aseguran ahora las autoridades es cierto, tendrán que añadir nuevos nombres a la lista o será otra farsa.
La primera referencia de la red de protección institucional a los Beltrán Leyva se da a partir de un documento del CISEN difundido originalmente por el semanario Zeta de Tijuana el 17 de febrero de 2006, y reproducido dos años después como parte de un proyecto trunco llamado “Impunidad“, donde varios medios hicieron un esfuerzo para encontrar a los responsables del crimen del reportero del periódico de Hermosillo El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, asesinado presuntamente por sus sicarios.
El documento sostiene que desde 2003 operaban los Beltrán Leyva en Sonora bajo la protección de las autoridades. El personaje mencionado más prominente era el entonces presidente municipal de Cajeme, Ricardo Bours, hermano del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, apoyado por Roberto Tapia, quien era el director de la Policía Judicial del estado, y Abel Murrieta, a la sazón subprocurador de Investigaciones. Pero ni la información del CISEN ni la posterior revelación periodística dieron pie a ninguna acción posterior.
Más aún, sucedieron cosas que se podrían caracterizar, cuando menos, de extrañas. A principio de febrero de 2005, fuentes de la Presidencia de la República revelaron al columnista Francisco Garfias que la PGR investigaba a Nahúm Acosta, coordinador de giras presidenciales, por su presunta relación con Héctor Beltrán Leyva. Acosta, quien llegó a Los Pinos por invitación de Manuel Espino, ex líder nacional del PAN, formaba parte de la pesquisa llamada “Operación Tritón”.
Las autoridades llegaron a él a través de las intercepciones telefónicas a Renato Tostado Félix, un sicario al servicio de José Esparragosa “El Azul”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, quien se comunicaba con Guillermo Francisco Ocaña, un empresario artístico detenido en diciembre de 2005 junto con colombianos y venezolanos por narcotráfico, y acusado por el gobierno español de lavado de dinero.
El celular de Ocaña tenía llamadas al celular de Acosta, por lo que intervinieron su teléfono, y grabaron conversaciones con Héctor Beltrán Leyva. La publicación provocó que la PGR apresurara la acusación y presentara a Acosta ante el juez, quien lo liberó al mes siguiente por falta de pruebas. El entonces jefe de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, comentó que al difundirse la investigación, la sabotearon. Tampoco hubo consecuencias contra los funcionarios en Los Pinos.
La investigación contra los Beltrán Leyva continuó, y en mayo de 2007 llegaron a la casa donde vivía Arturo en el Pedregal de San Ángel. Un pitazo desde la SIEDO permitió que escapara. En la casa encontraron documentación que llevó a la captura de Sandra Ávila, “La Reina del Pacífico“, encargada de las relaciones públicas del Cártel de Sinaloa, y de Juan Diego Espinosa Ramírez, “El Tigre”, segundo en el mando del Cártel del Valle de Colombia, en septiembre de 2007.
Los documentos incluían nóminas de jefes policiacos, entre ellos Ricardo McGregor, que era el jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial del Distrito Federal, quien presentó su renuncia al cargo en enero de 2008 sin ser procesado, y una relación de bandas gruperas que recibían dinero. De ahí sacaron también una pista que los llevó a una casa en el fraccionamiento de Las Quintas, en Cuernavaca, donde presumían se había refugiado Arturo Beltrán Leyva.
Después de tener la casa bajo observación, la Policía Federal Preventiva intervino la residencia, donde encontraron identificaciones con los sellos de la misma PFP, de la judicial del Distrito Federal, y otros nombres de jefes policiales que protegían al cártel, lo que derivó en la sacudida que se dio en Morelos en mayo pasado, cuando el gobernador Marco Antonio Adame destituyó a su secretario de Seguridad Pública y a su procurador de Justicia, en el contexto de operaciones contra los hermanos Beltrán Leyva en la entidad.
La casa intervenida arrojó detalles adicionales, como los nombres de un hotel, una iglesia y un seminario católicos que daban resguardo a los sicarios de Beltrán Leyva. Las autoridades federales tienen los nombres del párroco que daba la protección, pero no ha pasado nada. Tampoco con la información que acumuló el servicio de contrainteligencia de Beltrán Leyva, que integraban 300 personas, con los nombres de sus vínculos en el aeropuerto de Morelos y las policías estatal y municipal.
Esa vasta red de protección en varias entidades les permitió asesinar en mayo de 2008 a Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal y a Roberto Velasco, director de Crimen Organizado de la misma dependencia. La documentación que encontraron en la investigación del crimen de Millán mostró que los dos siguientes en la lista de la muerte eran Gerardo Garay, en ese momento responsable de la División Antidrogas, y Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal. Previamente, fracasó el asesinato de Vasconcelos, y no se concretó el atentado contra un alto mando militar no identificado que planeaban 100 sicarios.
En todas estas acciones, hubo policías involucrados; algunos fueron detenidos inmediatamente y otros vivieron meses en libertad antes de ser aprehendidos. Otros siguen libres, por razones que se desconocen. Tras la muerte de Beltrán Leyva, vuelven a decir las autoridades que hay listas de jefes policiacos y políticos vinculados. Es una variación sobre el mismo tema. Hasta ahora, la impunidad ha sido la constante, avasallando la aplicación de la justicia.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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Estrictamente Personal
Asesinato en Cuernavaca
December 21, 2009
En toda guerra hay una ética. Aún en aquella contra la delincuencia organizada, los valores que los criminales no respetan, deben ser salvaguardados por la autoridad. De otra manera sucede que, como en la manipulación de las imágenes difundidas por los medios del cuerpo del criminal Arturo Beltrán Leyva, las acciones que generaron el aplauso generalizado y acrítico de la sociedad, se convierta en un escándalo que por lo grotesco y brutal de la forma como las presentaron, también obliga a reflexionar sobre otro tema no menos importante: el cuadro de ilegalidad en el cual se dio la cacería y asesinato del jefe más violento del narcotráfico en México.
En una sociedad tan inmadura en la cultura de la legalidad, plantear en términos éticos y legales la acción de los comandos de la Marina que concluyeron en el asesinato de Beltrán Leyva, siempre es jugar a perder. Lo que opinan personas de todo tipo de educación y niveles socioeconómicos es que si un criminal es asesinado, no importa el método o las formas como se hizo, mucho menos si las acciones que llevaron a ello se enmarcaron dentro del Estado de Derecho. Lo que prevalece es el plazo inmediato (que se elimine al criminal), y no el largo plazo (¿qué impide que los abusos no se puedan repetir con personas inocentes y la guerra sucia se institucionalice?).
Hay quienes festejan hoy la muerte de Beltrán Leyva que también se horrorizan cuando la autoridad destruye vidas y prestigios para terminar disculpándose cuando cometen un error. Pero el procedimiento es el mismo. Lo diferente fue que la prominencia de Beltrán Leyva hizo que se olvidara que cuando se abre la puerta de la ilegalidad, de falta de escrúpulos y se le festeja, no sólo se atrapa a delincuentes, sino de inocentes.
El episodio de Beltrán Leyva tiene varias aristas. La primera es sobre su asesinato, que en castellano puro, eso es lo que fue. El presidente Felipe Calderón encargó a la Marina la búsqueda de Beltrán Leyva, culpable de acelerar la descomposición en la seguridad del país y elevar los niveles de violencia. Unidades de élite lo rastrearon, lo persiguieron, irrumpieron en casas donde presumían que estaba y atacaron un complejo residencial en Cuernavaca con más de 200 hombres, sin tener un ministerio público federal al lado, ni órdenes de cateó o de aprehensión.
Este detalle puede parecer absurdo para muchos, pero no lo es. La manera como actuaron los marinos se inscribe dentro de un estado de excepción, pero el Presidente no ha utilizado los recursos constitucionales a su alcance para decretarlo. Desde el punto de vista jurídico, su guerra es sucia. Pero en la práctica, no sólo es real, sino es nacional y se maneja meta constitucionalmente. Es decir, el Presidente puede utilizar a las Fuerzas Armadas en la guerra contra las drogas y mediante un estado de excepción, que tiene que lograr con el respaldo del Congreso, ordenarles que actúen con la discrecionalidad con la que se comportaron los marinos en Morelos.
Lo que hicieron los marinos es lo que está haciendo el Ejército en otras partes, pero los marinos son hoy unos héroes nacionales mientras que los soldados son violadores a los derechos humanos. La única diferencia de fondo es que los marinos acabaron con un muy importante jefe de cártel de drogas, mientras que los soldados han liquidado a personas sin fama alguna. En la realidad jurídica, ambos se mueven sobre el mismo pantano, que es la falta de un marco jurídico que les permita realizar acciones meta constitucionales sin que esas acciones se conviertan en el futuro en prueba irrefutable de violación a la ley. Los marinos y los soldados deben tener presente el enjuiciamiento histórico y político por los años de la Guerra Sucia, donde combatieron a la guerrilla en las mismas condiciones: sin marco legal para hacerlo, y con la premisa de estar defendiendo al Estado.
Otra arista tiene que ver con las imágenes del cuerpo inerte de Beltrán Leyva con los pantalones bajados a las rodillas, y su cuerpo tapizado con billetes manchados con sangre. Bajar los pantalones puede interpretarse como una humillación de un militar a quien no es militar; los billetes regados sobre el cuerpo, como una señal de escarmiento. La discusión sobre quién fue responsable, si los marinos o los agentes del Semefo local, no es lo central. Si los marinos no fueron directamente responsables de uno o de los dos casos, sí lo son por omisión. En todo caso, el resultado no difiere en nada de las narcomantas o de los mensajes que dejan los narcos sobre los cuerpos de sus ejecutados. Es decir, la patología mostrada por quienes manipularon la escena del crimen, es la misma de los sicarios: demostrar fuerza y provocar terror.
Esta arista se conecta con el discurso contra la apología del delito, que ha generado censuras en materia de libertad de expresión. Si los marinos actuaron como justicieros ante la ausencia del marco legal, la difusión de esas imágenes ¿no hace también apología de un delito aunque sea por razones que se presumen buenas? ¿Por qué permitieron la entrada a medios a grabar escenas de crimen no terminadas de revisar, o se entregaron grabaciones oficiales a la prensa? Cuando el gobierno difunde sus imágenes propagandística es información; cuando los medios difunden imágenes no oficiales, es apología del delito. Es el doble rasero ético, que pasa tan desapercibido como los spots del gobierno federal donde difunden imágenes de narcotraficantes con los cerros de dinero, de sus automóviles de lujo y de las legiones de hermosas mujeres a su alrededor. ¿Cuál es la diferencia entre los corridos de narcos y esta invitación a una vida mejor para quienes no tienen una?
Todo está revuelto en este México que vive una guerra civil pero con leyes de nación en paz. Esta disonancia legal genera problemas innecesarios y facturas que se tendrán que pagar, tarde o temprano. No es un asunto de detener la guerra. Ya la iniciaron y ahora tiene que terminarla el gobierno. Es una guerra ética, en la cual todo el país puede y debe sumarse a ella. Pero se requiere que le den el marco legal, pues de otra manera se podrá aplicar sin cortapisas el punto de vista tolstoniano de que toda guerra es un crimen y quienes volverán a pagar serán las Fuerzas Armadas.
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