Impunidades y responsabilidades

Impunidades y responsabilidades/J. A. Sagardoy, vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil y académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación

Publicado en el periódico español (EL MUNDO, 15/08/11.

Bertrand Rusell, en sus Ensayos Escépticos, hace una dura y desencantada definición de la democracia. «Según la conciben los políticos, es una forma de gobierno, es decir, un método para lograr que la gente haga lo que sus dirigentes desean que hagan sin dejar en ningún momento de tener la impresión de no estar realizando sino sus propios deseos». Y no deja de tener razón porque es difícil encontrar políticos que verdaderamente estén buscando, por encima de todo, el bien de los gobernados. Políticos que no busquen su medro personal ni el aura social, sino que se entreguen a la hercúlea tarea de hacer más felices a los ciudadanos y más prosperas y libres las sociedades. Si así fuera, bien puede afirmarse que la política sería un oficio reservado a héroes y santos, pues heroicidad y santidad es vivir para entregarse a los demás.

Se produce frecuentemente un divorcio de la clase política con la sociedad. Se montan grandes estructuras burocráticas, gastos elefantiásicos, colocación de los afines y un cumplimiento laxo de los programas. De ahí el desapego social a la clase política y las reacciones tan preocupantes que se están produciendo de modo incontrolado, y que deben hacer reflexionar con urgencia y profundidad a los gobiernos y a la sociedad.

Hay una cualidad en los políticos que tiene un alto grado de exigencia: la responsabilidad. Ser responsable es algo exigible en toda actuación personal, pero cuando uno está donde está por elección de los ciudadanos para cuidar de la res pública, la exigencia se convierte en condición necesaria e imprescindible para desempeñar el cargo con decencia, pues la responsabilidad y la conciencia son inseparables. De las muchas acepciones que se atribuyen a la responsabilidad me quedo con la que nos dice que es responsable aquél que responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas.

Si descendemos a nuestra experiencia patria, la verdad es que no hay datos que nos lleven a la satisfacción. Pensemos en el gasto público. Ya el hecho de que se plantee el que por ley, e incluso por ¡la Constitución!, se prohíba un endeudamiento excesivo, es un reconocimiento paladino de los «instintos suicidas» respecto al gasto de nuestros gobernantes. Parece evidente que un gobernante sensato y responsable, es decir, un buen gobernante, debería tener como lema inconmovible el no gastar más de lo que se ingresa, incluyendo los intereses y el capital de la deuda.

Sin embargo, nuestros gobernantes gastan de modo insensato y se endeudan hasta las cejas, dejando unas cargas insoportables a los que al final pagan el pato: los contribuyentes. ¿Es que nuestros gobernantes se han vuelto locos? Desde luego, con esas actuaciones demuestran poca cordura, pero creo que el motivo último de tales formas de gobierno irresponsable está en el clientelismo político, en la colocación de los próximos y en presumir de dar a los ciudadanos un bienestar que es ficticio e insostenible, aunque rentable en votos.

Todo ello tiene unas consecuencias nefastas. Dejar en la cuneta a miles de pequeñas y medianas empresas a las que no se puede pagar sus servicios. Más paro. Pero a esa primera cuestión de gasto irresponsable se añade una segunda no menos importante: las consecuencias de tales actuaciones respecto a sus promotores. Es la llamada responsabilidad posterior, la propia de una persona responsable. Pero si no es así, se pasa al otro estadio, que es la imputación de la responsabilidad. En el ordenamiento jurídico, el tema de la responsabilidad, política, civil, administrativa y penal, quizá sea desde los romanos el que más atención ha merecido por parte de los juristas.

El pueblo llano ha acuñado desde hace siglos un dicho que compendia mejor que 1.000 libros la esencia de la responsabilidad: «El que la hace la paga». Sin embargo, y en general, estamos viendo que no es así por esa teoría perversa de que todo se paga con la pérdida de votos. No es ni puede ser así, por justicia y ejemplaridad. Y no me estoy refiriendo solo al ámbito civil y penal, sino a la responsabilidad moral de los gobernantes respecto a los gobernados. Aún estoy por ver que, tras un mandato irresponsable, el castigado en las urnas se dirija a los ciudadanos para pedirles perdón o comprensión por sus errores. Por el contrario, incluso por mandato legal, se le da al irresponsable, unas gabelas como coche, personal de confianza, pensiones, etcétera, que resultan incomprensibles. No solo no la paga, sino que se le paga por lo hecho.

Algo tenemos que hacer para que todo esto cambie. No sería malo, por elemental, que hubiera auditorías independientes al finalizar los mandatos. Si logramos que en la política se imponga la responsabilidad y desaparezca la impunidad, habremos quitado razón al duro alegato de Rusell.