Muilitares en las calles.

Militares en las calles: ¿Seguridad nacional o garantías individuales?

En el “estira y afloja” entre organizaciones civiles, legisladores y funcionarios del gobierno persisten desacuerdos. Mientras los soldados siguen sin marco jurídico en las calles.

Milenio Semanal, 2011-08-21 |

Jorge Alejandro Medellín, reportero.

La disyuntiva parece simple: ¿pueden estar los militares en las calles combatiendo al crimen organizado?, ¿se puede tenerlos así con el marco jurídico existente?, preguntan los legisladores encargados de sacar a la brevedad una Ley de Seguridad Nacional (LSN) que delimite con precisión el actuar del Ejército y la Marina Armada en la guerra antinarcóticos.

La disyuntiva que está en juego es trascendental: o se aprueba una nueva Ley de Seguridad Nacional o se empiezan a suspender garantías individuales para combatir al narcotráfico. Ése es el corazón de la discusión alrededor de la aprobación de la LSN y no otro, recalca el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfonso Navarrete Prida, pieza vital en el proceso de elaboración de lo que se espera sea el documento final para regular la actuación militar en la lucha antinarco, permitir el reforzamiento de la estrategia integral de combate al crimen organizado y llevar a las tropas, a largo plazo, de regreso a sus cuarteles.

Otro legislador priista, Rogelio Cerda Pérez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, va más allá y explica que con la nueva LSN “se intenta fortalecer el marco jurídico y la actuación militar para evitar que lleguemos el extremo de tener que aplicar los artículos 29 y 89 de la Constitución y suspender las garantías individuales en determinadas zonas del país rebasadas por la violencia del narco. La posibilidad de que esto suceda no es tan lejana; estuvimos muy cerca de un escenario así con lo ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, en donde la actividad criminal estuvo a punto de convertir a la zona en un punto sin control”, advierte Cerda. “Lo que sucedió fue que el gobierno federal reaccionó y fortaleció la seguridad con un despliegue amplio de fuerzas federales. El problema se controló, se despresurizó y las cosas se calmaron, pero esto ocurrió sin un marco regulatorio como el que intentamos crear con la LSN”, dice el también secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

QUE HABLEN MILITARES

En medio de los escenarios a corto y largo plazo planteados por ambos legisladores, personajes como la señora Isabel Miranda de Wallace (Asociación Alto al Secuestro), María Elena Morera (Causa Común), Laura Elena Herrejón (Pro Vecino) y Javier Sicilia (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) reanudaron los encuentros con el gobierno federal para discutir temas como la LSN y la atención a víctimas del delito, entre otros. Los encuentros con el Poder Legislativo y el gobierno federal se suspendieron durante casi tres semanas luego de que los diputados aprobaran en lo general el dictamen de la LSN, dejando para discusiones posteriores 85 por ciento del articulado del texto formado por 90 artículos.

En total, 35 líderes sociales, empresariales y académicos iniciaron reuniones a puerta cerrada con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para revisar a fondo el tema de la LSN y su aprobación en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados. La aprobación de la ley es considerada por algunos como un tema de urgente resolución, ya que es necesario definir las atribuciones de los militares en el combate al narcotráfico, así como precisar si estando fuera de los cuarteles deberán rendir cuentas ante la justicia civil o la castrense, en caso de sucederse violaciones a los derechos humanos.

Para otros, se trata de una agenda muy delicada que sigue dejando espacios abiertos para que las Fuerzas Armadas actúen por encima de las garantías individuales de los mexicanos. Quienes se oponen a que la ley se apruebe tal y como está advierten que la aprobación debe aplazarse hasta que se afinen temas como el respeto a los derechos humanos, los detalles precisos sobre cómo, cuándo y con qué limitantes deberán ser utilizadas las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado en caso de que se requiera su presencia, y las formas en que los civiles podrán fiscalizar lo que hagan militares y marinos en lucha contra el narco.

Las reuniones del martes y miércoles en la Secretaría de Gobernación revelaron discrepancias entre los diversos líderes de organizaciones civiles. Mientras Isabel Miranda adelantaba que su organización apoyaba la aprobación inmediata de la ley con algunas modificaciones mínimas, María Elena Morera señalaba que así como estaba la minuta de la ley, resultaba, por lo menos, inadecuada. “Tenemos muchas preguntas que hacer; por ejemplo: si se aprueban las reformas, ¿el Presidente va a retirar al Ejército de todos los lugares en donde no haya una declaratoria de seguridad interior? (sic)”, puntualizó la ex presidenta de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Laura Elena Herrejón llevó su queja casi al terreno de lo personal, al señalar que los legisladores habían echado a la basura 26 meses de reuniones previas y de análisis sobre la ley por haberle dado espacio y voz a Javier Sicilia. “Hay otras asociaciones que no han sido escuchadas y que piden ya la aprobación de la ley (de Seguridad Nacional)”, añadió la activista. Fue precisamente Sicilia quien, un día después, llevó la discusión a un nivel inesperado al convocar públicamente a las Fuerzas Armadas a un diálogo abierto donde éstas plantearan a detalle la situación en la que se encuentran librando la guerra calderonista contra las drogas. “Queremos convocar desde aquí al Ejército y a la Marina, a nuestras Fuerzas Armadas, a un diálogo profundo y constructivo; nosotros, la ciudadanía, queremos oír sus razones y queremos exponer las nuestras; estamos seguros de que el interés superior de la Patria, que no se reduce a los intereses de sus instituciones sino al de todas y todos sus ciudadanos, habrá de marcarnos a todos el camino”, planteó quien encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a raíz del asesinato de su hijo ocurrido en Morelos en marzo de este año.

¿BOTÍN POLÍTICO?

Para el diputado Rogelio Cerda la reanudación de las discusiones y acercamientos entre el gobierno federal, el Poder Legislativo y las organizaciones civiles, académicas y empresariales para hablar sobre la LSN se da en un marco complicado y “contaminado” por agendas políticas y partidistas. “Hoy la discusión se da —dice— en estos términos en que grupos y personajes disímbolos quieren tomar parte en las decisiones cuando deberíamos dejar a los expertos en temas de seguridad nacional expresarse sobre la ley”. El diputado federal por Nuevo León y secretario de Gobierno de esa entidad en la administración de Natividad González Parás, señala que si bien es sano y correcto escuchar a diferentes actores de la sociedad civil pronunciarse sobre el tema de la LSN, lo cierto es que al final “debimos haber impedido con todas nuestras capacidades que el asunto de la seguridad nacional se politizara… pero se politizó. Esto ocurrió porque la agenda de la seguridad se fundió con otros problemas que tenemos y en los que la gente no ha alcanzado a diferenciar entre lo que es la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, tres cosas diferentes pero indudablemente conectadas en el actual contexto”, añade Cerda.

Pero Navarrete Prida, de la misma bancada priista, opina en sentido contrario y con matices muy precisos. Admite que en estos momentos, con la reanudación de las discusiones y la multiplicidad de actores y grupos que quieren tener voz en la decisión sobre la LSN, “la esencia de la ley está en juego, pero no veo tal contaminación o politización”. La esencia, el corazón de la discusión, abunda, “es una sola: la decisión que el país, que la gente representada por legisladores, por organizaciones civiles, puede decidir si en tiempos de paz las tropas pueden ser movilizadas, si se puede movilizar al Ejército o si, por el contrario, para movilizarlo se requeriría siempre de un decreto de suspensión de garantías individuales”.

“Esa es la gran discusión de fondo”, explica, al señalar que hay quienes se oponen a que salgan las tropas, a que el Ejército cumpla sus misiones en este momento, misiones cercanas a la seguridad pública o ya de seguridad pública, y señalan que ya deberían regresar a sus cuarteles, mientras por otro lado hay quienes piensan que lo que hace falta es una definición jurídica para saber en qué temas deben participar las fuerzas y cómo, y no dejarlos haciendo funciones de policía para las cuales no están capacitados. “Esa es la discusión de fondo, que no tiene que ver con partidos políticos, sino con una definición de qué es lo que quiere el país y hasta dónde da nuestro marco constitucional”, indica Navarrete Prida.

El diputado federal coincide en que aún hay tiempo para abrir la discusión y para afinar la minuta enviada por el Senado, así como la iniciativa presidencial y los cambios sugeridos por los legisladores en San Lázaro. “Esta ley se tiene que trabajar más con el Senado y se tienen que escuchar los puntos de vista de las organizaciones sociales para ir conciliando ideas y ver hasta dónde nuestro marco constitucional permite tomar esa definición. Necesitamos definir si es válido o no tener a las tropas en las calles en tiempos de paz; si esto es así, entonces necesitamos de un marco jurídico que reglamente esa facultad que tiene el Presidente de la República contenida en el artículo 89 de la Constitución (Fracción VI, Preservar la Seguridad Nacional, en los términos de la Ley respectiva, y Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y Defensa Exterior de la Federación. Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de 2004)”, advierte el legislador.

Por su parte Rogelio Cerda admite que la ley debe ser discutida y revisada hasta que se encuentre la versión más precisa y acorde con la situación que vive el país en materia de inseguridad y participación de las fuerzas armadas. Dice que han sido los propios mandos navales y militares quienes les piden a los legisladores que se legisle, especialmente en el tema de la actuación de soldados y marinos en torno al respeto a los derechos humanos. “La LSN que estamos revisando no busca militarizar al país ni deja espacio para que se violen derechos humanos o se abuse del fuero castrense; lo que pretendemos, insisto, es que no se tenga que llegar al extremo de tener que declarar la suspensión de garantías individuales en zonas o regiones en las que el crimen organizado pudiera rebasar a todas las autoridades”.

En el “estira y afloja” entre organizaciones civiles, legisladores y funcionarios del gobierno persisten desacuerdos. Mientras los soldados siguen sin marco jurídico en las calles.