PGR va tras Hank; pide su recaptura
El Universal, 19 de agosto de 2011
En la apelación, la dependencia plantea ante el tribunal revocar el auto de libertad “por falta de elementos” concedido por la juez noveno, Blanca Evelia Parra, a Hank y 10 acusados más
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante un magistrado una lista de “agravios” presumiblemente cometidos por la juez federal noveno con sede en Baja California, quien dictó “la libertad por falta de elementos” al empresario Jorge Hank Rhon, a quien las autoridades investigan por acopio de armas y posesión cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La PGR busca que el magistrado, perteneciente al Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, revoque el auto de libertad que la juez noveno, Blanca Evelia Parra, otorgó a Hank Rhon y otros 10 acusados.
En su planteamiento de “agravios”, cuya copia tiene este diario, la dependencia que encabeza Marisela Morales Ibáñez, argumentó que la juez no revisó a fondo las pruebas presentadas por la fiscalía.
Como primer agravio, la PGR señaló que la juez reconoce que existen armas y cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, “entonces resulta insostenible que aceptando la materialidad de los objetos y que éstos no son de uso particular, asegure que no está acreditado ni que se portaba, ni que se acopiara ni que se poseyera el armamento y los cartuchos”.
El empresario y político priísta fue detenido supuestamente en “flagrancia” por elementos del Ejército mexicano la madrugada del pasado 4 de junio, junto con 10 personas más que trabajaban para él como escoltas, en uno de sus domicilios de Tijuana, Baja California, en poder de más de 88 armas de fuego, 40 de ellas de alto calibre y más de nueve mil cartuchos útiles.
Por estos hechos, la PGR inició una averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/113/2011 y ejerció acción penal contra Hank Rhon y sus empleados, pero el 14 de junio pasado la juez noveno dictó el auto de libertad “por falta de elementos para procesarlos”.
Incosistencia del fallo
La PGR apuntó que en el fallo de la juez “no queda claro si la determinación de ordenar la libertad por falta de elementos para procesar a los imputados obedece a que la juzgadora califica como prueba ilícita y que se relaciona con la actuación de los miembros del Ejército mexicano al momento de proceder a la detención o a la insuficiencia para acreditar que el día de los hechos, los involucrados no portaban, no acopiaban ni poseían (armas), pues como su señoría podrá observar los argumentos son confusos”.
La procuraduría destacó que la juez noveno desechó la prueba documental “Informe de Novedades y Puesta a Disposición del Ejército Mexicano” debido a que el ingreso al lugar donde estaban dos de los detenidos —elementos de seguridad de Jorge Hank Rhon—fue “ilegal, en virtud de que no existió una orden de cateo para entrar a su habitación (Hotel Royal Suites)”, por ello las actuaciones que se derivaron “no tienen validez probatoria”.
Empero, la PGR rebatió ante el magistrado esa tesis, porque la intromisión al domicilio del empresario no fue realizada por el Ministerio Público de la Federación, sino por militares debido a que se estaba frente a la comisión de un delito en flagrancia.
La dependencia también consideró que la juez dio mayor peso a las pruebas periciales presentadas por la defensa de Hank Rhon, a través de testimonios y diversos videos elaborados por un perito designado por su defensa.
Con ello, argumentó la Procuraduría, no se dio cabal cumplimiento a marco normativo, pues el perito no protestó su fiel desempeño ante la propia juez y no quedó demostrado que tuviera título oficial en la materia.
Al elaborar el perito su dictamen mutuo propio, no se respetaron los lineamientos previstos por la ley y se dejó sin oportunidad al juzgador y a los peritos ofrecidos por el Ministerio Público de asistir al lugar donde se localizaron los servidores con las grabaciones. En consecuencia el incumplimiento de todos los requisitos procesales llevó a la falta de validez del peritaje, dijo la PGR.
La procuraduría solicitó al magistrado desestimar los peritajes presentados por la defensa de Hank, pues asegura que se trata de “videos apócrifos” que llevaron a establecer infundadas contradicciones en cuanto a horarios, distancia y lugares. Por todo ello, el Ministerio Público solicita que se revoque el auto de libertad dictado por la juez.
El tribunal estudiará los elementos recabados durante la investigación contra Hank y 10 personas más, y determinará si revoca el auto de libertad e instruye a la juez noveno de distrito de Baja California dictar una nueva sentencia, o concede a la PGR el auto de formal prisión contra estas personas.
(Interesante, hay que darle seguimiento).
(Interesante, hay que darle seguimiento).
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