El caso de la jueza venezolana María Afiuni Mora/Fred
Alvarez.
Publicado en La Otra Opinión, 8 de julio de 2013:
Una
versión de este texto se publicó en la revista Código Topo de Excélsior,
8 de julio de 2013,
“Te tengo una
noticia buena y otra mala. La buena es que todavía no hemos conseguido nadad que
te implique. Las mala es que el Presidente (Chávez) te acaba de condenar a
treinta años de cárcel por televisión, así que lo que te viene es largo”.... Comisario Elvis Ramírez
Por
fin el viernes 17 de junio el tribunal venezolano -17 de juicio oral- otorgó la
libertad condicional a la jueza María
Lourdes Afiuni, a pocos horas de la visita del presidente Nicolás Maduro
con el papa Francisco.
Afiuni, debe cada 15 días presentarse al tribunal y,
tiene prohibido salir del país, además no puede usar las redes sociales,
particularmente Twitter, ni tampoco ofrecer declaraciones a los medios de
comunicación. Esto es sólo un avance, y se debió quizá al milagro del papa Francisco.
Y es que quizá el presidente venezolano no quiso llegar a la audiencia con el líder
religioso, con la jueza presa, ya que corría
el riesgo de recibir una fuerte llamado de atención. Seguramente había
leído que el pontífice días antes habló sin que le temblara la voz que “el
primer genocidio del siglo XX fue el de los armenios”. Esas palabras
despertaron la ira de Turquía, quién las calificó como “absolutamente
inaceptables”.
La
mañana del lunes 17 de junio, Francisco recibió durante 20 minutos en
audiencia, en el Palacio Apostólico Vaticano, al presidente Nicolás Maduro. Un comunicado de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede señala que "las conversaciones, que se
celebraron en un clima de cordialidad, se detuvieron sobre la situación social
y política del país, después del reciente fallecimiento del presidente Hugo
Chávez Frías, así como sobre algunos
problemas de actualidad, como la pobreza y la lucha contra la delincuencia y el
tráfico de drogas".
Hubo
como es costumbre intercambio de regalos, Maduro obsequió al papa la
Constitución del país, un retrato de Simón Bolívar, un cuadro de la Virgen de
Coromoto, Patrona de Venezuela, y una escultura del doctor José Gregorio
Hernández (1864-1919), que se encuentra en proceso de canonización. Maduro pidió
al papa que sea pronto canonizado pues "es un santo del pueblo". Por su parte, Francisco entregó a Maduro una
pluma estilográfica y el documento de las conclusiones de la V Conferencia del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe que se celebró en el año 2007 en la
localidad de Aparecida, en Brasil.
El
encuentro se produjo mientras en Venezuela la oposición impugna el resultado de
las pasadas elecciones del 14 de abril, y de la justicia venezolana no
hablaron.
El
asunto parecer ser un caso cerrado. En México, el presidente Enrique Peña Nieto
afirmó el 19 de junio desde Londres que no recibirá al líder opositor Henrique Capriles: "No (habrá
reunión), porque es claro que el gobierno de México ha reconocido al gobierno
formado en Venezuela y que no podemos ser parte de un conflicto interno ni
tomar posición en un conflicto interno. Esa es nuestra decisión", dijo categórico;
días después -2 de julio-, recibía cartas credenciales de José García Hernández
como embajador de Venezuela en el México.
El contexto venezolano hoy.
Después
de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril Venezuela quedó dividida en dos mitades exactas, irreconciliables. El
Presidente Nicolás Maduro está severamente cuestionado, y aún cuando la
autoridad electoral -Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo donde cuatro de cuyos cinco
rectores son militantes gobiernistas— le dio la victoria, el heredero de
Chávez, perdió cerca de 800 mil votos y probablemente sólo pudo superar a duras
penas a Henrique Capriles mediante
un gigantesco fraude electoral. La oposición ha documentado más de 3,500
irregularidades en perjuicio suyo durante la votación y el conteo de los votos.
Pero, el
viernes 7 de junio el CNE aplicó a las elecciones presidenciales "error
cero", de acuerdo con la información difundida por medios oficiales.
"El proceso de verificación arrojó un resultado equivalente a "error
cero", con una coincidencia de hasta 99,98% de los comprobantes revisados,
dice la información difundida por la estatal Agencia Venezolana de Noticias
(AVN). "Este dato indica que la suma de los comprobantes de voto
contrastados con las actas de escrutinio coincidieron en un 99,98%",
señaló el medio.
O sea,
todo está bien. Mmm.
Pero, la
verdad, las cosas no están bien en Venezuela, ni en lo político, ni mucho menos
en lo económico y social. El país vive días funestos. La clase gobernante
llamada boliburguesía se encuentra dividida. Se percibe en Caracas a un
gran grupo de chavistas del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que no están de acuerdo con Maduro,
sobretodo en días pasados que se dieron a conocer en la TV grabaciones
comprometedoras; ahí se descubre que La
Habana estaría gobernando el país; los detractores de Maduro le echan en
cara que está demasiado cerca de Cuba, de Rusia y muy alejado del pueblo
venezolano.
Y es que
a pesar de ser el elegido por el propio comandante bolivariano es evidente que
Maduro no es Chávez; no es nada carismático, y debe cargar la imagen del
difunto para todas partes. Cada encuentro con la sociedad está presente el espíritu de Chávez.
Por eso poco importa que aún conserve el control de
la Asamblea Nacional, donde es aliado del Presidente de la misma Diosdado Cabello, ni que tenga el
control de la mayoría de las gubernaturas y todo –todo- el control de los
poderes sometidos al Ejecutivo, incluyendo la Justicia; es evidente que quién
fue nombrada recientemente como Presidenta del Poder Judicial, es una gente del
chavismo. Pero habría que darle el beneficio de la duda. Las cosas pudieran
cambiar por lo menos en ese rubro.
El
miércoles 8 de mayo de 2013, la magistrada Gladys
María Gutiérrez Alvarado asumió el cargo de presidenta del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela (TSJ); sustituyó a la magistrada Luisa Estella Morales
Lamuño, quien fue Presidenta durante seis años (2007-2013). Creo que es los
cambios es una buena señal, la nueva presidenta comenzó su carrera como
secretaria en los tribunales civiles y fue jueza, jefa de la oficina de
Secretaría del Consejo de Ministros, embajadora en España y luego Procuradora
General de la República, durante cinco años. De allí pasó al TS, como miembro
de la Sala Constitucional, tras su designación por la Asamblea Nacional en
2010. Su único pecado s que fue integrante del Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200 MBR-200 fundado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez
Frías.
No le doy
la palabra a quien no reconozca al Presidente
El otro personaje poderoso es Diosdado Cabello, quién al día
siguiente a las elecciones, cuando un diputado de la oposición pidió la
palabra, Cabello le preguntó: “¿Acepta usted que Nicolás Maduro es el
presidente legítimamente electo?”. El diputado trató de responder, pero Cabello
le interrumpió: “Dígame: ¿sí o no? (y agregó categórico) Yo no le voy a dar la
palabra a ningún diputado que antes no acepte que Maduro es el legítimo
presidente de este país”.
En
efecto, lo primero que hizo fue quitar el derecho de la palabra a los
legisladores opositores si no reconocían el fraude electoral que entronizó a
Maduro e hizo que les cerraran los micrófonos. Días después cuando los
opositores protestaron, levantando una bandera que denunciaba un “Golpe al
Parlamento”, los diputados oficialistas y sus guardaespaldas se abalanzaron a
golpearlos, con manoplas y patadas que dejaron a varios de ellos, como Julio Borges y María Corina Machado (quien estuvo
en México recientemente), con heridas y lesiones visibles, y para evitar
que quedara constancia del atropello, las cámaras de la televisión oficial del
Congreso apuntaron oportunamente al techo de la Asamblea. Pero los teléfonos
celulares de muchos asistentes –jóvenes legisladores- filmaron lo ocurrido y el
mundo entero ha podido enterarse del salvajismo cometido.
El País vive pues, una compleja conjunción de varias crisis;
primero de legitimidad, además de la económica, fiscal, productiva,
sociopolítica, y las que se sumen. Una crisis de gobernabilidad de
incalculables implicaciones. Hay una elevada corrupción, una creciente
violencia sobre todo en la ciudad de Caracas. Aún sé se alzan las voces de
organizaciones no gubernamentales de violaciones de los derechos humanos, de la
libertad de prensa y de la independencia judicial.
Asimismo,
existe una alta inflación, devaluaciones, desabastecimiento
y precarización en los servicios públicos. Hay notorios visos de
ineficiencia, corrupción y sobretodo
opacidad. El petróleo supone el 95 por 100 de las exportaciones; empero, el
país importa el 70 por 100 de lo que consume; hay un mercado negro que
multiplica por tres el valor del cambio oficial del dólar, y que exprime hasta
el límite a la empresa nacional de petróleo, PDVSA (Petróleos de Venezuela
S.A.).
Lo único
gratis en el país es el enorme subsidios a la gasolina insostenibles para
cualquier economía que podrían rondar los 1.500 millones de dólares mensuales;
tienen un elevado endeudamiento principalmente con China y Rusia, además de la
situación de desabastecimiento del mercado de artículos de primera necesidad.
No hay
productos básicos, y la violencia esta a flor de piel, lo más graves es que hay
miedo en el país.
Así está viviendo el juicio la
jueza María Lourdes Afiuni Mora.
El tema
no es de la mayor prioridad para el gobierno actual, pero si le pesan las
críticas de Organizaciones no gubernamentales y sobretodo del exterior.
¿Quién es María
Lourdes Afiuni Mora
Es
jueza del tribunal trigésimo primero de primera instancia en funciones de control,
del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas, Venezuela;
suspendida injustamente –y por orden superior- sin ningún juicio el 11 de
diciembre de 2009, un día después de su ilegal arresto. Tienen 49 años de edad;
y hasta el día de su liberación condicional llevaba tres años, seis meses y
tres días privada de su libertad.
¿Qué delito
cometió?
Cumplir
con la ley, aplicar una medida cautelar contra un acusado –Eligio Cedeño-, adversario del jefe de la revolución
bolivariano Hugo Chávez Frías.
El
juicio ha sido largo. La Jueza valiente –como ya se le conoce- estuvo a punto
de morir en prisión, fue violada y después cumplió prisión en casa. Por cierto
se le negó el derecho a un defensor público; algunos jueces se les prohibió que
litigaran el asunto; sólo le entraron abogados valientes, que los hay en todo
el mundo, afortunadamente.
El juicio:
He seguido de
cerca el caso de la jueza en el Tribunal 17º de juicio oral , a cargo hoy de la
Magistrada Marilda Ríos, iniciado formalmente el
28 de noviembre de 2012, después de 20 meses de
proceso paralizado. Maridla Ríos lleva el caso desde 3 de abril de 2012;
fue designada en sustitución de Cristóbal Martínez Murillo, quien se inhibió
alegando su amistad con jueza Afiuni; a
él le correspondió de acuerdo un sorteo.
Ese día el
Ministerio Público pidió la comparecencia de 41 testigos para demostrar que
Afiuni Mora incurrió en los delitos de que se le acusa. En siete meses, el
Tribunal ha realizado 9 audiencias, en las cuales han comparecido 20 de los 41
testigos. No hay ninguna prueba contundente de su culpabilidad.
Tres órganos de protección de
derechos humanos de la ONU califican la detención como arbitraria y exigen su
libertad. El Parlamento Europeo, y decenas de asociaciones de abogados de América
Latina están pendientes del caso. Gabriela Carina Knaul de
Albuquerque e Silva,
relatora sobre la independencia de jueces y abogados, ha calificado como
inaceptable la detención de la jueza por la emisión de una decisión judicial:
“es inaceptable que se le imponga prisión a una jueza por una decisión judicial
que ha cumplido con la determinación del Consejo de Derechos Humanos, una
decisión que está de acuerdo con la legislación interna de Venezuela",
dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra .
El asunto en Venezuela es de
terror- hay que decirlo fuerte-, la gente quizá no va las audiencias por temor:
¡huele a miedo! miedo. El acoso en el Palacio de Justicia es permanente.
A la audiencia sólo van
regularmente amigos y familiares de la jueza, dos jóvenes estudiantes de
periodismo que siguen el caso. El asunto es del mayor interés, pero el tema
está casi prohibido, el único medio que sigue de cerca es el periódico El Universal.
Con la jueza libre, quizá las
cosas cambien.
Dice el abogado, Amelio
Graterol que la sentencia no depende de
argumentos jurídicos sino políticos.
¿Qué hacer?
Dar a conocer al mundo lo que
sucede en Venezuela en el caso de la Jueza Afiuni.
No puede haber democracia en
un país que no hay justicia.
Además se debe exorcizar el
miedo en el Palacio de Justicia!
¿Hay violaciones evidentes a la Jueza Afiuni?
¡Sin duda!
La evidencia es la siguiente:
i) No ha tenido acceso al debido proceso.
La garantía del debido proceso
consiste en el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable. Y sobretodo contiene la presunción de inocencia.
Esta garantía incluye la obligación de todas las autoridades públicas de
abstenerse de prejuzgar los
resultados de un juicio, evitando hacer comentarios públicos en que se declare
la culpabilidad del acusado. El Presidente Chávez la condenó públicamente y los
jueces cumplieron la instrucción.
ii) No tuvo acceso a un tribunal mixto.
Asimismo, pese a lo
establecido en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano un juez
se negó a constituir un tribunal escabino para la realización
del juicio oral y público de la jueza; estas irregularidades violan la garantía
de la jueza ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley. Los escabinos
son jueces del pueblo, es decir, personas de la comunidad, a quienes se les
denomina así, cuando son llamados a integrar un tribunal Mixto; éste tribunal
lo constituyen: un juez profesional y dos ciudadanos de la comunidad llamados
escabinos. A ellos corresponde decidir,
conjuntamente con el Juez del caso, la culpabilidad o inculpabilidad de las
personas acusadas.
iii) No tuvo derecho a un trato digno de su investidura.
Le fue violado el derecho a un
trato humano y digno de toda persona privada de su libertad. Es obligación del
Estado de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y
tratamiento adecuados cuando así se requiera.
Asimismo, las condiciones de
encarcelamiento de la Jueza incluyeron amenazas de muerte, intentos de
asesinato, acoso por otras internas y la falta de atención médica adecuada, y,
por tanto, constituyeron una violación al derecho a un trato humano y digno de
toda persona privada de su libertad.
iv) Fue suspendida de su cargo
como resultado de una resolución arbitraria de la Comisión Judicial del TSJ sin
que haya mediado notificación, audiencia o proceso disciplinario o
administrativo previo contra ella. Estas acciones violaron la garantía de
estabilidad e inamovilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus
funciones, y ;
v) Comparto el posicionamiento
que han hecho distintas organizaciones de abogados y dirigentes de derechos
humanos que afirman que en el caso Afiuni el
Estado de Venezuela violó el derecho a la libertad personal; su derecho al
debido proceso legal; el derecho a recibir un trato digno de toda persona
privada de libertad, incluyendo la obligación de separación de las personas
condenadas de las personas procesadas; y la garantía de estabilidad e
inamovilidad de jueces y magistrados.
Por último recomiendo leer el libro, “Afiuni,
la Presa del Comandante” de reciente circulación del periodista
Francisco Olivares; Ed, La Hoja del Norte. No circula todavía en México, pero
seguramente llegará muy pronto. El texto relata paso por paso lo que le ha
sucedido a la jueza que decidió desafiara al mero jefe de la revolución
bolivariana.
En el libro
relata lo que sucedió esa noche del 11 de diciembre de 2009 en las oficinas de
la DISIP, después de que el presidente Chávez la había condenado ante todo el
país. Se le acerco el Comisario Elvis Ramírez, y le dijo: “Te tengo una noticia
buena y otra mala. La buena es que todavía no hemos conseguido nadad que te
implique. Las mala es que el Presidente te acaba de condenar a treinta años de
cárcel por televisión, así que lo que te viene es largo”.
Las “pruebas”
las consiguieron y aparentemente fueron sembraron. Un día después, ante la orden suprema de Chávez, la jueza Afiuni es
acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y
conspiración criminal. De entrada se le negó el derecho a un defensor público. Ese día se emitió una nueva orden
de captura contra Eligio Cedeño. Días
después EU le dio asilo político.
Vale la pena
leer la línea del tiempo para entender mejor el caso.
Año 2009
· El martes 8 de diciembre el tribunal No 31 a cargo de la
jueza María Lourdes Afiuni debía llevar a cabo la audiencia preliminar del
proceso penal seguido contra Eligio
Cedeño, un banquero venezolano acusado de fraude; la audiencia fue
suspendida por solicitud del Ministerio Publico (MP), que había manifestado su
imposibilidad de hacerse presente. La jueza convocó nuevamente la audiencia
preliminar dos días después;
· El 10 de diciembre, los
representantes del MP tampoco se presentaron a la audiencia preliminar. Ante su
incomparecencia, la jueza Afiuni convocó a los presentes en el tribunal -defensores, representantes de la
Procuraduría General de la Republica (PGR) y el imputado- a la sala de juicio
oral en el Palacio de Justicia.
· Y a petición de
la defensa la juzgadora dictó como medida cautelar para Eligio Cedeño la
obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal, la prohibición de
salir del país, así́ como la retención de su pasaporte. La legislación procesal
pena de ese país establece que el juez puede revisar la medida cautelar en
cualquier momento del proceso, para ello no tenía que estar presente el fiscal.
En
ese momento aparecieron los fiscales ausentes. Pero la decisión estaba tomada:
Afiuni les comentó a los fiscales que si no estaban de acuerdo tenían tres día
para apelar la resolución como lo marca la ley.
Minutos
después, la jueza Afiuni es detenida por la policía política la temible DISIP
(acrónimo de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y
Prevención), ahora convertido en SEBIN, (Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional “SEBIN”.
Los
agentes de inteligencia no presentaron una orden judicial, ni mencionaron el
motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado. En ese acto
detuvieron a la jueza Afiuni y a los alguaciles del tribunal, Rafael Rondón y
Carlos Lotuffo.
· Jueves 11 de diciembre, la acusación y orden de Chávez
· A las 21:30
horas en cadena de radio y televisión, el presidente venezolano, Hugo Chávez
Frías, tildó de bandida a la jueza y ordena al Poder Judicial condenarla a pena
máxima de 30 años de cárcel
·
12 de
diciembre: Ante la
orden suprema de Chávez la juez Afiuni es acusada por cargos de corrupción,
cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal.
·
18 de
diciembre, la jueza
Afiuni es trasladada de los separos del Sebin a una cárcel de mujeres.
Año 2010
· El 8 de marzo: El caso es presentado en el informe anual del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) por el Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria y lo califican de "particularmente
grave", de "detención arbitraria" y un "acto de
represalias".
· El 12 de abril, cuatro meses después de la suspensión de la jueza Afiuni, la Inspectoría
General de Tribunales dio inicio a la investigación administrativa de la
suspensión (oficio No. 1798-10).
·
El 17 de mayo, la audiencia
preliminar fue instalada. El tribunal No 50 admitió la acusación presentada contra la jueza Afiuni,
por la supuesta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de
autoridad, y favorecimiento para la evasión.
·
Durante la audiencia, la Fiscal 68
Emylce Ramos, afirmó que “efectivamente de la investigación llevada a cabo
no se desprende que la ciudadana María Lourdes Afiuni haya obtenido algún
dinero o beneficio económico, no se ha determinado que la misma haya recibido
dinero o algo, pero el delito de corrupción...”
· La defensa de la jueza, en
voz de José Amalio Graterol, dijo que es
“algo inaudito en la historia jurídica del país que una persona sea sometida a
un juicio por el delito de corrupción y que los fiscales hayan dicho que no hubo
dinero, ni promesa de real (...) y con una desfachatez, la jueza (Leidys Azuaje) admitió el delito de corrupción
propia”.
· El 28 de mayo.
La jueza Ingrid Bohórquez se inhibió
de conocer la causa debido a “problemas personales con la procesada” en el mes
de junio de 2009. Producto de la inhibición de la jueza Bohórquez, el
expediente de Afiuni fue enviado a sorteo, correspondiendo el conocimiento de
la causa al tribunal vigésimo sexto
de primera instancia en funciones de control, a cargo del juez Alí Fabricio Paredes.
·
El juez Alí
Paredes fijó el día 4 de
junio de 2010 como la fecha para el sorteo de los escabinos. Luego del sorteo, se fijó el día 2 de julio de 2010 como
fecha para su depuración. Posteriormente, se fijó el día 23 de julio de 2010
como fecha para realizar las entrevistas, previo a elegir a los escabinoss.
· El 12 de julio, la Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz declaró que eran validas las acusaciones contra la jueza Afiuni
porque el procedimiento para otorgarle la libertad a Eligio Cedeño “no fue el
adecuado” y aseguró que nunca se
“elaboró” ni “entregó” la boleta de excarcelación de Cedeño. (Sin
embargo, el 3 de septiembre de 2010, varios medios de prensa informaron que la
boleta de excarcelación de Eligio Cedeño “apareció luego de haber estado
perdida durante nueve meses”). La Boleta de excarcelación No 046-09 le “hace
saber” al Director de la DISIP que la jueza Afiuni impuso la medida sustitutiva
de libertad a Cedeño “contenida en el articulo 256 numerales 3 y 4 del Código
Orgánico Procesal Penal, las cuales comportan la presentación periódica cada
quince (15) días y prohibición de la salida del país y de la jurisdicción de
este Despacho Judicial”.
·
El 23 de julio. El juez Alí Paredes emitió un auto en el
cual dejaba constancia sobre la imposibilidad de realizar la audiencia de
depuración de escabinos debido a la
incomparecencia de los ciudadanos sorteados, por tanto, dispuso fijar la apertura del juicio oral y público. Sin
embargo, como informó el abogado defensor de la jueza, José Amalio Graterol,
“ninguno asistió porque no se realizó bien la convocatoria”.
· El 30 de julio, la defensa de Afiuni interpuso un recurso
de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas, argumentando que la
decisión del juez Alí Paredes de
constituir un tribunal unipersonal era “arbitraria”.
· El 6 de agosto, la defensa de Afiuni planteó la recusación
del juez Alí Paredes alegando que el
magistrado era simpatizante del presidente Hugo Chávez. La defensa denunció que
hace unos años el funcionario judicial escribió un mensaje en el sitio web del
PSU) donde le expresaba su preferencia partidaria.
· El 3 de septiembre, la Sala No 5 de la Corte de
Apelaciones de Caracas rechazó la apelación interpuesta por la defensa de la
jueza Afiuni.
·
Ese día,
aparece la
boleta de excarcelación del empresario Eligio Cedeño, desaparecida el mismo día
que detuvieron a la magistrada (10 de diciembre de 2009).
·
Bajo fuertes medidas de seguridad (entre 30 y 40
efectivos militares para custodia),
la jueza Afiuni se presenta al Tribunal para la audiencia oral y pública que
daría inicio a su enjuiciamiento, nueve meses después de su detención.
·
9 de
septiembre. La jueza
Afiuni se gana el apodo de "La Jueza Valiente".
·
Ese día Afiuni fue trasladada a las celdas del Palacio de
Justicia. En la audiencia declaró que no se sujetaría al procedimiento en
virtud de que, a su criterio, el juez Alí
Paredes carecía de imparcialidad e independencia, y manifestó que se
acogería al art. 350 de la Constitución,78 referente a la desobediencia civil. Como
consecuencia de tal la decisión el juez Paredes revocó el nombramiento del
abogado defensor de Afiuni y ordenó, en su lugar, la designación de un defensor
público No 47 Javier Hernández.
·
Ante ello, “la doctora Afiuni se dio media vuelta, le ordenó a los
custodios que le colocaran las esposas y se retiró de la sala de audiencia.
· En ese momento Paredes quedó desautorizado.
· El 14 de septiembre. Afiuni se negó a comparecer ante el
tribunal No 26, por lo que la audiencia para el inicio del juicio oral y
público tuvo que ser diferida. La guardia nacional respetó la decisión de la
jueza y no intentó trasladarla por la fuerza.
· El 16 de septiembre, Afiuni envió una carta
dirigida al Presidente Chávez expresando las razones por las cuales decidió
declararse en desobediencia civil y exigiendo respeto a los derechos humanos.
· El 1 de octubre. El Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria del Consejo de derechos Humanos de la ONU, solicitó al
Estado venezolano la liberación inmediata de la doctora Afiuni, así como la
reposición de su cargo como jueza 31 de Control de Caracas. El juez de la
causa, Alí Fabricio Paredes, hizo
caso omiso de la resolución de la ONU.
· El 13 de octubre. La Sala No 4 de la Corte de Apelaciones
de Caracas revocó la decisión del tribunal No 26, restituyendo al equipo de
defensa de Afiuni. Durante el período en el cual los abogados defensores fueron
removidos, estos no pudieron acceder al expediente de la causa.
· El 2 de
noviembre. La defensa de Afiuni indicó que la Corte de Apelaciones de Caracas
dispuso que, en tanto resuelva sobre la recusación interpuesta contra el juez
Alí Paredes, el proceso pasaría al tribunal vigésimo séptimo en funciones de
juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a cargo del juez Edgar Aliza.
· El 18 de noviembre. La Sala No 2 de la Corte de Apelaciones
de Caracas rechazó la recusación interpuesta contra el juez Alí Paredes. De este modo, el expediente salió del tribunal No
27 y retornó al tribunal No 26 a cargo del juez Paredes.
· Días antes, el14 de noviembre, el canal de TV Globovisión
transmitió una entrevista a Afiuni en su celda y a partir de ese momento
la magistrada fue sometida a tortura psicológica; un día después -15 de
noviembre- y como consecuencia de la entrevista la directora del penal, Isabel
González, llegó con efectivos de la Guardia Nacional, ametralladoras en mano
para requisar la celda.
· El 16 de diciembre la defensa de Afiuni interpuso una
denuncia ante el tribunal disciplinario judicial en contra del juez Alí Paredes y la jueza Leidys Azuaje.
· El tribunal
disciplinario judicial admitió la denuncia y ordenó la apertura de una
investigación contra ambos magistrados, con notificación a la Fiscal General de
la República.
Año 2011
· El 1 de febrero
de 2011, en atención a su delicado estado de salud, la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, señaló en un acto
público que había ordenado a la directora de derechos fundamentales del MP, María
Mercedes Berthé, que recomiende al tribunal No 26 la adopción de medidas
sustitutivas para la jueza Afiuni.
·
En ese sentido
se solicitó le fuera
otorgada medida cautelar sustitutiva de libertad.
·
El 2 de febrero. Afiuni fue hospitalizada en el Hospital
Oncológico Padre Machado e intervenida quirúrgicamente para realizarle una
histerectomía (extracción de útero).
· El Tribunal decidió por solicitud de la defensa y fiscal
Luisa Ortega Díaz otorgarle la medida de casa por cárcel. Y estableció como
medidas sustitutivas la presentación periódica cada ocho días ante el tribunal y la prohibición de declarar ante medios
nacionales e internacionales sobre su caso.
·
Del 8 al 11 de
febrero, el Instituto
de Derechos Humanos de la International Bar Association visita Venezuela y
semanas después publica el informe: “La
Desconfianza en la Justicia: El caso Afiuni y la independencia de la Judicatura
Venezolana”.
· El 7 de abril.
Afiuni fue trasladada a los tribunales para cumplir con su obligación de
presentación periódica. La audiencia para el inicio del juicio fue diferida
para el 14 de abril de 2011. El abogado defensor de la jueza Afiuni solicitó
el diferimiento, en tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justica resolviera un amparo contra la decisión del juez Alí Paredes de
constituir un tribunal sin escabinos.
·
El
14 de abril. La jueza Afiuni mantuvo su posición de no ingresar a la sala de
audiencia y se presentó únicamente en las oficinas administrativas del
tribunal para cumplir con sus presentaciones periódicas.
·
El 7 de diciembre. La Fiscal General, Luisa
Ortega Díaz, solicitó la extensión por dos años adicionales, de la medida de
arresto domiciliario en contra de Afiuni.
·
El 13 de diciembre. El tribunal No 26 resolvió extender la medida de arresto domiciliario
por el periodo solicitado.
· 21 de diciembre: Noam Chomsky, otrora admirador de la revolución bolivariana, pidió
la liberación humanitaria de la jueza Afiuni
Año 2012
· 13 de
enero.- El presidente Chávez asegura que Afiuni no es una presa política y
afirma que en el país no hay ese tipo de reclusos.
· 14 de
enero.- El abogado defensor de Afiuni, José Amalio Graterol, dice que la
magistrada es una “presa personal” del presidente Chávez y pide se le conceda
un indulto.
· 19 de
enero.- La defensa de Afiuni informa del cambio del juez que lleva la causa,
aunque anuncia que la jueza seguirá sin presentarse al inicio de la vista oral.
· 24 de
enero: El magistrado Robinson Vásquez,
niega el derecho al voto a la jueza Afiuni para participar en las elecciones
primarias de la Mesa de la Unidad que se celebraron el 12 de febrero.
· 4 de
marzo: La organización Human Rights
Foundation (HRF), creada en 2005 por el venezolano Thor Halvorssen Mendoza
solicitó al Gobierno de Venezuela la inmediata liberación de la jueza Afiuni
por considerarla "una prisionera de conciencia del presidente Hugo Chávez"
y por las arbitrariedades.
· 9 de
marzo.- La I Sala de la Corte de Apelaciones de Caracas rechaza la apelación
contra la prórroga de la privación de libertad de Afiuni.
· 31 de marzo de 2012. El juez Robinson Vásquez se inhibió del
proceso contra Afiuni argumentando que los abogados defensores lo expusieron
“al escarnio a través de los medios de comunicación, acusándolo de violar el
debido proceso y los derechos humanos de la suspendida jueza”. Luego del sorteo, le corresponde conocer el
expediente al juez Cristóbal Martínez Murillo, amigo de la Jueza Afiuni.
· El 3 de abril de 2012. La
jueza del Tribunal 17 de Caracas, Marilda
Ríos Hernández fue designada en sustitución de Cristóbal Martínez Murillo,
quien se inhibió alegando que es ex compañero y amigo de la jueza Afiuni.
· El 3 de Junio. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e
Silva, relatora sobre la independencia de jueces y abogados, presentó un
informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra ,
donde califica como inaceptable la detención de un juez por la emisión de una
decisión judicial. "Es inaceptable que se le imponga prisión a una jueza
por una decisión judicial que ha cumplido con la determinación del Consejo de
Derechos Humanos, una decisión que está de acuerdo con la legislación interna
de Venezuela". Ello "Puede representar también una medida
intimidatoria para los otros jueces y actores del sistema de Justicia en
Venezuela", estimó Albuquerque e Silva.
·
Durante el debate en la ONU, el gobierno de Venezuela justificó la actitud
de su gobierno contra la jueza; sus
argumentos débiles: "actualmente juzgada por la presunta comisión de los
delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, y favorecimiento para la
evasión de un detenido". Esos presuntos delitos estarían "previstos y
sancionados en el nuestro ordenamiento jurídico, todo ello en ocasión de la
medida de libertad condicional que dicha ex jueza dictó sin la presencia del
Fiscal del Ministerio Público, en favor del banquero Eligio Cedeño el pasado
mes de diciembre de 2009".
·
El 7 de
junio: La
relatora de la ONU Gabriela Knaul
Albuquerque reiteró su pedido al gobierno de Venezuela de que libere a la
jueza; en un mensaje de correo electrónico recibido por medios internacionales,
escribió: "La Fiscalía ha reconocido que no ha encontrado prueba alguna de
corrupción respecto a la Jueza Afiuni Mora. No existen pruebas que acrediten
las imputaciones formuladas. Nada justifica su mantenimiento en
detención". "La detención de la Jueza es arbitraria", señaló la
relatora.
·
30 de
agosto. Ese día
fue hecho público por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos
Humanos (A/HRC/21/18), el informe sobre Represalias contra las personas que han
cooperado con la ONU en el campo de los derechos humanos” del Secretario
General de la ONU. El documento fue presentado a la sesión XXI del Consejo de
Derechos Humanos en septiembre de 2012.
Este
informe del Secretario General de la ONU,
Ban Ki-moon, incluye una referencia expresa al Gobierno de Venezuela por el
caso de la jueza Afiuni (párrafos 68 y 69), señalando que fue arrestada el 10
de diciembre de 2009 luego de haber ordenado la libertad condicional de un
individuo, cuya detención había sido declarada arbitraria por el Grupo de
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (GTDA).
El
Secretario General de la ONU recordó en su informe, que el Presidente Hugo
Chávez en esa ocasión exigió públicamente que la jueza Afiuni fuera condenada a
30 años de prisión. No obstante, el propio GTDA determinó en septiembre de 2010
que la detención de la jueza es arbitraria
(A/HRC/16/44/Add.1, párrafos 2417-2434).
El
Secretario General menciona que ya se ha referido al caso de la jueza Afiuni en
Venezuela en sus dos informes anteriores sobre represalias (A/HRC/18/19, paras.
87-90; A/HRC/14/19, párr. 45-47). De allí que este año su referencia a este
caso ya se encuentre dentro del capítulo relativo a “Seguimiento de los casos
incluidos en los informes anteriores”.
El
informe menciona que luego de dos años de prisión preventiva, a solicitud del
fiscal del Ministerio Público el arresto domiciliario de la jueza Afiuni fue
prorrogado por dos años más, ante lo cual varios conjuntamente por el
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (El Hadji Malick Sow); la Relatora
Especial para la independencia de los jueces y abogados (Gabriela Knaul); y el
Relator Especial contra la tortura y otras formas de trato o penas crueles,
inhumanas o degradantes (Juan Méndez) (www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11745&LangID=E)
El
Secretario General igualmente hace referencia en su informe, al hecho de que el
abogado defensor de la jueza Afiuni desde 2009 (Dr. José Amalio Graterol), fue arrestado por 8 días el 4 de junio
de 2012 y sometido a juicio.
El
informe del Secretario General de la ONU culmina señalando que estos casos de
represalias contra las personas que han cooperado con la ONU en el campo de
derechos humanos, no sólo las convierte en “víctimas”, sino que además
“compromete el trabajo de la ONU”.
El
Secretario General lamentó la ausencia de responsabilidades en la mayoría de
los casos reportados en su informe y le recordó a los Estados su obligación de
garantizar que todos los actos denunciados como represalias e intimidaciones
sean investigadas de manera oportuna e imparcial, a fin de que sus
perpetradores sean sometidos a la justicia y las víctimas sean debidamente
amparadas y reparadas.
·
23 de noviembre: Es revelado a los medios de
comunicación, tras la presentación del Libro "Afiuni la presa del
Comandante", que la juez fue objeto de abuso sexual.
·
26 de noviembre. La
fiscal general Luisa Ortega Díaz
aseguró que el MP no ha recibido ninguna denuncia formal sobre las presuntas
agresiones físicas sufridas durante su estancia en el INOF.
·
El 28 de noviembre de 2012. Se inició formalmente el
juicio contra Afiuni, tras 20 meses de
proceso paralizado, el MP pidió la comparecencia de 41 testigos para
demostrar que Afiuni Mora incurrió en los delitos de abuso de autoridad y
favorecimiento a la evasión por dejar en libertad condicional a Eligio Cedeño,
siguiendo un pronunciamiento de la ONU que consideraba la detención del
exbanquero arbitraria.
·
29 de noviembre.- Afiuni se niega a denunciar la violación de la que
asegura fue víctima en prisión ante la Fiscalía, que la citó a declarar sobre
el caso.
Año 2013
·
17 de enero.- HRF pide a las autoridades venezolanas la liberación
“inmediata” de Afiuni al considerar que su encarcelamiento y arresto
domiciliario han superado el máximo legal de tres años.
·
7 de junio.- La Fiscalía General de Venezuela solicita que se suavicen las
condiciones de detención de Afiuni.
·
14 de junio.- Afiuni obtiene la libertad condicional.
·
17 de junio. El Presidente Maduro es recibido por el papa Francisco
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