Revista
Proceso
No. 1978, 27 de septiembre de 2014
Los
operativos Rápido y furioso y Receptor abierto –mediante los cuales los
gobiernos mexicano y estadunidense traficaron armas que terminaron en manos del
crimen organizado, supuestamente con el fin de localizar a los integrantes de
la mafia– no sólo fueron ilegales sino que resultaron en un fracaso rotundo: La
PGR nunca dio con los delincuentes buscados y, en cambio, fusiles y pistolas
sirvieron para cometer decenas de actos criminales, entre ellos la matanza de
Villas de Salvárcar. Los procuradores de los dos sexenios panistas siguen
alegando ignorancia, pero las evidencias los condenan…
WASHINGTON/MÉXICO.-
El gobierno de Felipe Calderón, en particular la Procuraduría General de la
Republica (PGR), siempre estuvo al tanto e incluso cooperó en el tráfico de
armas de Estados Unidos en operaciones encubiertas de la Oficina de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Según
John Dodson, agente de la ATF, “el representante de la PGR (Carlos Fernando
Luque Ordóñez) estuvo varias veces en las oficinas de la ATF, en Phoenix,
Arizona, para ser informado e informar sobre el procedimiento de las
operaciones Rápido y furioso y Receptor abierto”, mediante las cuales se
enviaron a México unas 2 mil 500 armas largas que acabaron en manos de
narcotraficantes.
Ante
esas evidencias, la organización no gubernamental Desarma México presentó la
semana pasada ante la PGR una denuncia contra funcionarios calderonistas por su
“responsabilidad y/o complicidad” en ese tráfico de armas durante ambos
operativos, realizados entre 2006 y 2011, iniciados en el gobierno de Vicente
Fox y extendidos prácticamente todo el sexenio de Calderón.
La
demanda fue anunciada el martes 23 en el Seminario sobre Violencia en México en
El Colegio de México. El abogado Gonzalo Aguilar Zinser, de Desarma México y uno
de los firmantes de la denuncia, aseguró que ésta se apoya en la figura de
víctimas directas, pues a futuro esas armas pueden ser accionadas contra alguna
de ellas. “Eso me da derecho para que se investigue y castigue a los que
permitieron su entrada”, dijo.
Antes,
de 2003 a 2007 trabajó en digitalización de información en el Banco de México,
y de 2000 a 2002, en el jurídico de la Agencia de Seguridad Estatal en el
Estado de México.
Negligencia
o injerencia
La
participación de otros funcionarios mexicanos también ha quedado demostrada
durante la investigación del Congreso estadunidense. En el anexo 20 del
documento Rápido y furioso: La anatomía de una operación fallida, elaborado por
la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes
y la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, se hace referencia al plan
operativo del caso, fechado el 26 de septiembre de 2007, según el cual “agentes
de la ATF se comunicaron con autoridades mexicanas para organizar una entregada
controlada de armas”.
Añade
el plan operativo: “La ATF ha trabajado recientemente de manera conjunta con
México en el primer intento para tener una entrega controlada de armas
traficadas hacia México… Los primeros intentos de estas entregas controladas no
han sido exitosos… El agregado de la ATF en la Ciudad de México ha informado
sobre este intento de entrega controlada al procurador general”.
El
plan era que las autoridades mexicanas vigilaran y siguieran a los traficantes
una vez que cruzaran la frontera hasta el punto de entrega de las armas. Pero
se sabe que cuando los sospechosos cruzaron la frontera con 19 armas de alto
poder, las autoridades mexicanas perdieron la pista, refiere la demanda
presentada por Desarma México.
Los
denunciantes le piden a la PGR que investigue la colaboración que pudieron
tener funcionarios mexicanos, pues inicialmente Rápido y furioso consideraba
que las armas que se entregaran a los traficantes tuvieran chip o localizador
digital, pero al final se buscó su identificación balística una vez utilizadas
o aseguradas. También demandan que determine si funcionarios mexicanos o
extranjeros cometieron delitos en territorio mexicano.
En
su demanda, Desarma México presume que las autoridades mexicanas enviaban
información balística de casos relacionados con esas armas a autoridades
estadunidenses o éstas directamente intervinieron en asuntos policiales en
territorio mexicano para su rastreo.
En
tal caso, dice, los funcionarios del pasado gobierno mexicano necesariamente
hubieran tenido que permitirles el libre acceso a escenas del crimen. La PGR
debe investigar bajo qué figura jurídica se habría permitido esa presencia o si
fue una “absoluta negligencia” de las autoridades mexicanas de entonces,
aseguran.
Resultaría
más grave si estos posibles delitos hubieran sido perpetrados por miembros del
gobierno mexicano encargados de la procuración de justicia o pertenecientes a
cuerpos de policía o a las Fuerzas Armadas, exponen los denunciantes.
El
tráfico ilegal de armas, a cargo tanto de agencias gubernamentales
estadunidenses como presumiblemente mexicanas, resultó en el homicidio,
secuestro, extorsión y asalto a mano armada de civiles y policías, añaden.
Uno
de esos casos fue el de la matanza de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en
enero de 2010, cuando fueron asesinados 17 adolescentes y 12 resultaron
heridos.
“Nuestras
autoridades no sólo no cumplieron con su obligación de impedir el tráfico
ilegal de armas a nuestro país, sino también, de manera cuestionable e
irresponsable, presumiblemente permitieron su introducción”, indica la denuncia
firmada por Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Gonzalo Aguilar
Zinser, Felipe Gómez Mont Landerreche, José Miguel Castillo Hernández, Paulina
Arriaga Carrasco, Javier Shütte Ricaud y Daniel Téllez Santana.
La
denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de
Justicia de la PGR.
“Pedimos
que se determine si funcionarios del gobierno de México participaron en el
delito del tráfico de armas y en qué medida. Asimismo, exigimos que, en su
caso, se les responsabilice de la puesta en peligro de la sociedad al vulnerar
la seguridad pública”, sostiene la denuncia.
Frente
a las declaraciones de Dodson respecto a la activa participación de Luque
Ordóñez en Rápido y furioso y Recepción abierta con la anuencia de la PGR en la
Ciudad de México, Proceso buscó al exprocurador Medina Mora, ahora embajador en
Washington.
El
embajador estaba en Nueva York acompañando al secretario de Relaciones
Exteriores José Antonio Meade, quien participaba en las reuniones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, pero declinó hacer cualquier
comentario respecto a la luz verde que le dio a Luque Ordóñez de colaborar con
la ATF en Phoenix.
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