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El discurso del general en columnas políticas hoy, 12 de diciembre de 2016...

El discurso del general en columnas políticas hoy, 12 de diciembre de 2016...

Lenguas Viperinas/LSR
SALVADOR CIENFUEGOS, secretario de la Defensa Nacional y Vidal Soberón, secretario de la Marina Armada de México, cerrarán el año con una reforma legislativa en el brazo. Nos dicen que los acuerdos en el Congreso es irse a un periodo extraordinario con el fin de actualizar el marco normativo que por fin de certidumbre jurídica en su acción de seguridad pública que llevan realizando un década. El PRI ya dijo que sí va en esta extensión de tiempo parlamentario; PAN y PRD siguen en el análisis.
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Rozones/La Razón
Gamboa escucha a la Sedena
 Atendió el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, el reclamo del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, para que el Congreso regule el actuar de las fuerzas armadas en labores contra la delincuencia. Ayer el legislador propuso un periodo extraordinario para aprobar la Ley de Seguridad interior y los términos en que deben actuar las fuerzas armadas en seguridad pública en el país.
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Confidencial/El Financiero
Todos con el Ejército
El urgente llamado de atención del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, sobre el “natural desgaste” de las Fuerzas Armadas en su participación en labores de seguridad, a una década de que Felipe Calderón declaró la “guerra” al narcotráfico, hizo eco en la bancada del PRI en el Senado. Emilio Gamboa levantó la mano y ya emplazó a un periodo extra para enero, a fin de avanzar en la ley que garantice seguridad jurídica a militares y marinos en estas labores y ya tiene respaldo de otras fuerzas políticas.

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Será?/24 Horas
 Toman nota
 Las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, hicieron eco en el Senado. Existe un acuerdo preliminar entre el PRI, PAN y PRD para llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones con el propósito de definir la Ley de Seguridad Interior y los términos en que deben actuar las Fuerzas Armadas. En el caso del tricolor, nos dicen, reconoce en la Sedena y la Marina su lealtad al presidente Enrique Peña y a las instituciones y su compromiso con los mexicanos, por lo que nadie puede echar en saco roto ni desdeñar las declaraciones del general Cienfuegos. ¿Será?
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Razones
Lo que el general Cienfuegos quiso decir/Jorge Fernández Menendez
Excelsior
No, evidentemente los soldados no son educados y entrenados para cumplir misiones policiales, como se han cansado de decir los titulares de la Defensa Nacional y sus homólogos de la Marina, cada vez que se aborda el tema de la creciente participación militar en tareas de seguridad pública. Tampoco es una tarea que disfruten, pero sí una tarea que cumplen y lo hacen en forma eficiente y entregada. Ésa es la labor que vienen cumpliendo no desde hace diez años como se ha dicho en estos días, sino desde mediados de los 90, y con el creciente deterioro de las fuerzas policiales en los estados y municipios, esa participación es cada vez más intensa y más extendida.
Lo que el general Salvador Cienfuegos dijo con todas sus letras la semana pasada, y eso se viene repitiendo cada día con mayor firmeza (y enojo), es que para cumplir esa labor, los legisladores y políticos no les han dado el marco legal necesario para otorgarles seguridad jurídica en esa labor. Muchos medios y analistas destacaron que los militares “no quieren estar en las calles”, pero olvidaron decir el porqué: porque las instituciones no han cumplido con su responsabilidad de otorgarles una ley de seguridad nacional que regule lo que sí está en la Constitución y es una de sus obligaciones: preservar la seguridad interior.
No sólo los han dejado legalmente desprotegidos: en términos políticos han sufrido una ofensiva en su contra en la que son muy pocos los actores que asumen su responsabilidad y han salido a defenderlos: eso es notable con los casos Tlatlaya e Iguala, donde han sobrado las acusaciones sin fundamento y las investigaciones se prolongan sin definiciones, pero permiten una clara condena mediática.
Decenas de veces hemos escrito en este espacio sobre la necesidad de una ley de seguridad que regule y proteja jurídicamente a nuestros soldados y marinos. El único intento que se realizó el sexenio pasado para sacar adelante esa ley, era tan fallido que tuvo que ser detenido en la Cámara de Diputados porque, al contrario de lo que se buscaba, era un monstruo legal que hubiera desarticulado incluso hasta las cadenas de mando de la propia institución militar. Ahora dicen los senadores que, quizás, podrían tener un periodo extraordinario para evaluar esa ley, de la que no se tiene ni siquiera una iniciativa clara que impida que errores graves como los del sexenio pasado no vuelvan a producirse en ese cuerpo legal.
Lo que sucede es que todas las instituciones estatales y municipales piden la protección militar ante el deterioro de la seguridad, pero luego regatean los respaldos y apoyos políticos y legislativos. ¿Por qué lo hacen? Porque hay intereses muy fuertes, económicos y políticos, que hacen que los munícipes y algunos gobernadores prefieran tener la seguridad local garantizada por militares en lugar de con policías con Mando Único en sus entidades, porque de esa forma siguen recibiendo fuertes recursos que se destinan a la seguridad, aunque no se apliquen en ella.
Por eso mismo, la ley de seguridad que regule la participación militar en tareas de seguridad interior no puede separarse de la ley que homologue y desarrolle el nuevo modelo policial en el país. Sin policías capacitadas, formadas y homologadas, con un sólido sistema de mandos, será imposible ir retirando, aunque sea paulatinamente, a los militares de la seguridad pública.
Pero los legisladores llevan más de diez años sin resolver ese tema. Todos los que han declarado en estos días sobre los resultados de la última década de la lucha contra el crimen han obviado el punto central: entre las cosas que eludieron los partidos y legisladores fue precisamente dotar al Estado de policías y de un marco legal adecuados para asumir esa tarea. La administración
Calderón se cansó de demandar la centralización policial, el Mando Único dotó de enormes recursos a estados y municipios para la seguridad pública. Nunca le dieron esa ley y los recursos, en la mayoría de las ocasiones, se utilizaron para fines muy lejanos de la seguridad. La administración Peña comenzó tratando de utilizar otra óptica, pero la realidad le mostró muy pronto que sin esos instrumentos no se podía avanzar. Hace ya dos años que el presidente Peña presentó su propia iniciativa sobre modelo policial y ahí sigue en la congeladora legislativa. El debate no es Mando Único o mixto: es el modelo policial, que hoy es un modelo fallido en casi todo el país, un modelo que se deteriorará cada día más, con los consiguientes costos en la inseguridad, en la misma medida en que el nuevo Sistema de Justicia Penal tampoco funciona eficientemente y muchos jueces lo han utilizado para dejar en libertad a delincuentes indefendibles.
Lo que el general quiso decir es que ya basta de jugar con la seguridad de la gente, ya basta de no construir policías eficientes y homologadas y de utilizar al Ejército y la Marina para la seguridad sin darle el apoyo político, legal, mediático y jurídico que requieren para cumplir con esa labor.
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Sobre la creciente militarización del país/Leo Zuckermann
Excélsior 
Lo que supuestamente sería temporal se ha convertido en permanente: la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando labores de seguridad pública.
Se están cumpliendo diez años de que el entonces presidente Calderón le declarara la guerra al crimen organizado ordenando al Ejército y Marina combatir a los delincuentes en todo el territorio nacional. Es cierto: no fue la primera ocasión en que los civiles echaron mano de las Fuerzas Armadas para resolver un problema de seguridad pública. Pero nunca habíamos visto una movilización tan extensa en tiempo y espacio en estas tareas, movilización que ha continuado durante el gobierno de Peña.
Calderón supuestamente sacó al Ejército y Marina de sus cuarteles para enfrentar una emergencia que en realidad no existía. En diciembre de 2006, México contaba con la tasa más baja de homicidios por cada cien mil habitantes desde que comenzó a medirse esta variable: 9.85. Todavía bajó a 8.24 en 2017. Calderón declaró la guerra en el momento más pacífico de México desde 1931. Al terminar su sexenio en 2012, la tasa de homicidios se había disparado a 22.5 por cada cien mil habitantes. Pues sí: las guerras producen muertos y la nuestra no ha sido la excepción.
A lo largo de estos diez años, una y otra vez se ha repetido que la intervención de las Fuerzas Armadas era temporal. Su participación se justificaba por la ausencia de policías serias y profesionales que protegieran a la población. Las autoridades civiles —federales, estatales y municipales— firmaron un pacto para mejorar las fuerzas policiacas del país. Diez años después, que no es poco tiempo, algo se ha avanzado, pero, en general, nuestras policías siguen siendo un desastre. No hay ni mando único ni mando mixto ni voluntad por resolver el entuerto. Las organizaciones de la sociedad civil no se cansan de repetirlo.
De esta forma, lo que supuestamente sería temporal se ha convertido en permanente: la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando labores de seguridad pública.
Es el fracaso de la autoridad civil de nuestra República.
Los soldados y marinos están ya cansados. Se entiende. Ellos no están capacitados para labores policiacas. A ellos los entrenan para matar en guerras. Por su naturaleza, las fuerzas castrenses no están acostumbradas a respetar los derechos humanos. En este sentido, a lo largo de estos diez años han tenido que violar dichos derechos. En algunos casos los han descubierto, lo cual ha sido embarazoso para las Fuerzas Armadas. La semana pasada, el secretario de la Defensa Nacional reconoció las consecuencias: “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (de la delincuencia), con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”. La militarización creciente en el país está amenazando una de las reglas más importantes de las instituciones castrenses: la obediencia. Es gravísimo.
El hartazgo militar es evidente. De acuerdo con el general secretario, los militares “no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto”. Frente a esta situación, Salvador Cienfuegos está demandando, una vez más, que se apruebe una legislación para que ellos sepan “hasta dónde sí, hasta dónde no”. 
“Yo quiero pedir que nos ayuden con esto de la ley de seguridad interior, porque podemos servir mejor con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va a autorizar”. Tiene toda la razón el general secretario. Si la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública va a ser permanente, hay que legislar al respecto. Hacer de jure lo que está sucediendo de facto. Pero esto implicaría renunciar al ideal de una República donde las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles velando por la seguridad nacional y las fuerzas civiles, en las calles proveyendo seguridad pública. Como bien dice Catalina Pérez Correa, experta en este tema, el marco jurídico para los militares “no puede simplemente plantear —como hacen las propuestas legislativas hoy en la mesa de Roberto Gil y César Camacho— que se normalice y haga permanente lo que es inconstitucional. Si hemos de vivir en una República civil, la intervención militar debe ser la excepción, no la regla. Cualquier propuesta de regulación del Ejército debe ir orientada a regresarlo a sus cuarteles, responsablemente. Debe además ir acompañada por una ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla”. Ése es, precisamente, el gran reto de la creciente militarización del país.
Agenda confidencial
Cienfuegos alza la voz… y la mano/Luis Soto
24 Horas
No es la primera vez que el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, alza la voz para expresar su disgusto, descontento, inconformidad, decepción, frustración… y algo más por las críticas y comentarios de la sociedad –incluyendo a las organizaciones de derechos humanos– por la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos que competen a otras instituciones.
 Lo preocupante ahora es que alzó las dos manos para decir: “Nosotros no queremos estar en las calles para combatir a los delincuentes… queremos regresar a los cuarteles para hacer nuestras tareas constitucionales… no nos sentimos a gusto en las calles… ninguno de nosotros estudiamos para perseguir a delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando…”.
 Y fue por más el general secretario para decir algunas “verdades de a kilo”:
 “Mi balance es que, en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo; que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes, que tampoco ha habido los esfuerzos importantes, necesarios, presupuesto para atender esta situación…”.
 Y ya encarrerado se lanzó contra quienes tuvieron la ocurrencia de crear el Sistema Penal Acusatorio. “No está funcionando como debiera ser para que tengamos en la cárcel a quienes le están haciendo daño a la sociedad. Las autoridades ponen a disposición a los delincuentes y por ese mismo sistema salen de cárceles acusados y sentenciados por delitos graves; hoy con el sistema dicen ‘a mí me golpearon los policías, o los soldados o los marinos cuando me detuvieron hace cuatro, seis, ocho años y, por lo tanto, hubo una falta al debido proceso y yo debo estar libre”. Y los jueces, complacientes, pues los sueltan, quiso decir el secretario general.
 A la sociedad lo que le importa es que no se metan a su casa, que no le roben su vehículo, que no le quiten su reloj, que no le secuestren a un familiar. Son las autoridades locales, los municipios, los estados los que deben atender este tipo de delitos, que son los que tienen molesta a la sociedad.
 Y volvió a hacer la misma pregunta de hace un año, dos, tres…: ¿qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas? ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Urgió a decidir en qué momento deben participar las Fuerzas Armadas para cumplir qué tarea, en qué superficie de terreno y por cuánto tiempo. Podemos servir mejor, podemos servir con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va a autorizar. Ya le está pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer.
 ¡Pus está ca…nijo, todo lo que dijo el secretario Cienfuegos!, exclaman los observadores. La clase política debería estar realmente preocupada por su disgusto, descontento, inconformidad, decepción, frustración… y reclamos del secretario. No nada más expresar su respaldo con demagogia, hipocresía y frases huecas, como las de los empresarios “cupuleros” encabezados por Juan Pablo Castañón.
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EL ASALTO A LA RAZÓN /Carlos  Marín
Milenio
La anhelada vuelta a los cuarteles
Con su “quiero que nuestros soldados regresen victoriosos a los cuarteles…”, Margarita Zavala me recordó la película Regreso sin gloria y el ¡Tras el escudo o sobre el escudo! que coreaban los legionarios al retornar a Roma como ganadores o vencidos.
La actuación militar contra la narcoviolencia fue abordada (con inusual crudeza) por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, reprochando al Congreso la cobarde y bochornosa falta de un marco legal para el Ejército y la Marina Armada en misiones policiacas.
Revivió así la discusión sobre tropas y cuarteles.
Con perverso escamoteo, los “críticos” omiten que los miles de muertos y desaparecidos lo son con cargo a los narcotraficantes.
Vividores del cuento, claman el retorno de las tropas a sus guarniciones, pero no sugieren con quiénes reemplazarlas.
Nada mejor que ese regreso y, cuando se dé, será con gloria por la misión cumplida, unos sobre y otros detrás del escudo, pero con honor institucional.
Y de la sociedad ultrajada, ¿quién responderá…?
cmarin@milenio.com
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Teléfono Rojo/José Ureña
24 Horas
 Por fin atenderán a los militares 
 1. Por fin el Poder Legislativo escuchó los clamores de las Fuerzas Armadas y promete dar un marco legal a éstas en la lucha contra el crimen y la seguridad pública.
 Al llamado del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reaccionó el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa.
 Esta semana inician las negociaciones para discutir el tema en un período extraordinario y por fin, tras 10 años de incertidumbre, terminar con ese vacío jurídico.
 Si no lo hace el Legislativo, hemos advertido aquí, habrá rebelión… y pronto.
 2. Viene un cambio en la actitud priista.
 O al menos eso pretende Enrique Ochoa al ordenar primero un diagnóstico de las necesidades de las entidades donde habrá elecciones –Estado de México, Coahuila y Nayarit, más municipales en Veracruz– antes de postular candidatos.
El tema será central en la reunión del Consejo Político de ese partido.
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Cienfuegos y el viraje hacia la mano dura/
Por Roberto Rock L.
La Silla Rota
Una revisión atenta sobre el talante de la administración Peña Nieto debe concluir que varios de sus actores impulsan desde hace años un deslizamiento hacia soluciones de mano dura.  El episodio más reciente en esta dinámica la protagonizó la semana recién concluida el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos.
 Expertos en el campo de los derechos humanos se inclinan a encontrar un parteaguas en la tragedia de Ayotzinapa,  en septiembre de 2014, por lo que habría una atmósfera y un actitud del Estado mexicano antes y después de ese acontecimiento.  Antes más tolerante y abierto, ahora más cerrado y hostil. Y uno de los núcleos más duros en este escenario son las Fuerzas Armadas.
 Este clima se caracteriza cada vez más por una reducción de espacios para debatir salidas al problema de inseguridad del país y sus múltiples impactos en la comunidad. En este entorno, llamados a extremar el uso de la fuerza, envueltos en una dosis de demagogia, pueden resultar suficientemente seductores como para emprender remedios que a la postre resulten peores que los problemas que busquen resolver.
 En el Senado se anunció ayer que avanza la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir una Ley de Seguridad Interior que otorgue respaldo jurídico a la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.  En opinión de múltiples expertos, una ley en la materia  sólo validará y alargará en el tiempo una solución que ha mostrado no sólo ser inútil sino haber atraído otros problemas, como abusos contra población civil e indicios de una creciente corrupción dentro de la milicia, a causa del dinero del crimen organizado.
 En este mes de diciembre se cumplió una década de que el entonces presidente Felipe Calderón ordenó un despliegue militar sin precedente en su estado natal, Michoacán, carcomido por la penetración de las bandas del narcotráfico, adueñadas desde entonces de la vida económica y de amplios segmentos de la actividad política en la entidad.
 En este periodo, Michoacán ha presenciado de todo:  gobernadores rendidos ante las mafias; encumbrados personajes –gobernadores y su parentela, alcaldes, legisladores- subordinados ante el poder de un capo aldeano. Y como telón de fondo, una interminable y sangrienta sucesión de ejecuciones; el surgimiento de grupos de autodefensa alimentados lo mismo por el ejército que por los cárteles; masacres de gente inerme a manos de militares, como ocurrió en Apatzingán; la designación de Alfredo Castillo como una especie de comendador  colonial, un virrey que mandaba sobre toda tarea de los gobiernos federal, estatal y municipales en la entidad…
 Sin embargo, la violencia en Michoacán prevalece, en los meses recientes incluso se ha agravado. La única diferencia es que la administración estatal parece más políticamente presentable porque se halla al frente Silvano Aureoles, un mandatario surgido de la oposición, pero quien disfraza los problemas y en los hechos resulta tan  frívolo e incompetente como sus inmediatos antecesores. 
 En el breve lapso de los últimos días, los secretarios de la Marina, Vidal Francisco Soberón; de Defensa, el citado general Cienfuegos; el propio presidente Peña Nieto y una serie de senadores tuvieron pronunciamientos en el mismos  sentido: la tarea de las fuerzas armadas en materia de seguridad interna amerita una ley que la respalde.
 Poco se debatió el hecho de que en sus pronunciamientos, el general Cienfuegos dirigiera reclamos muy directos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que pusiera en tela de duda la pertinencia de la reforma en el sistema de justicia penal.  En otro país e incluso en otra etapa de México, declaraciones similares podrían haber sido interpretadas como una agravio a la autoridad civil, a la que todo militar debe lealtad.
 Pese a una retórica que parece apelar al patriotismo más elemental, no queda claro por qué se precisan leyes para dar cobertura a la presencia militar en la calles para combatir a criminales de todo tipo. Ello ya ocurre, como se dijo, desde hace una década y aun más, sin que nadie haya salido a impugnar tal estado de cosas. Hay protestas, sí, en el ámbito nacional e internacional, por atropellos militares contra la población, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras irregularidades. ¿Es que se pretende que una nueva ley dé cobertura o maquille semejantes excesos?
 Es el artículo 89 de la Constitución el que detalla los derechos y obligaciones del presidente de la República.  En su fracción VI establece que entre aquéllos se halla “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejercito terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
 ¿Requiere una disposición que exhibe ya tal claridad y rango una ley reglamentaria? Es posible que sobren juristas que defiendan este punto. Pero durante la última década también se han multiplicado las voces en el sentido de que dotar de una legislación ad hoc a las fuerzas militares en asuntos de seguridad pública hará correr al país el riesgo de un endurecimiento de nuestra vida en comunidad, y dotará de un protagonismo político a los jefes militares que nunca será deseable.
 Si como ha expresado el general secretario Cienfuegos la inseguridad no ha sido resuelta con la participación de militares pues “no estudiaron para perseguir criminales”;  ni la criminalidad se puede resolver “a balazos” ¿por qué profundizar y hacer permanente esta tarea que en sentido contrario, ha debilitado la imagen del Ejército y la Marina y ya exhibe pruebas de penetración del narcotráfico en los cuarteles? Si faltara una prueba, habría que rescatar el origen de “Los Zetas” como brazo armado del Cartel del Golfo, que lo formó cooptando al grupo de élite militar denominado GAFES.
 El Senado mexicano podría aprovechar la modorra política y ciudadana del arranque de año para sacar de la chistera una Ley de Seguridad Nacional que represente una regresión en este campo.  Pero es posible que ello no haga sino agudizar la alerta que existe en el mundo sobre el deterioro de los estándares de convivencia que el país exhibe en el respeto a los derechos ciudadanos y la incapacidad del Estado mexicano para hacer prevalecer una normalidad democrática.
 robertorock@hotmail.com
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