Un juez federal falló este martes 9 de enero en contra de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar la Acción Diferida de 2012 ( DACA), programa que durante cinco años amparó de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron a EU cuando eran niños.
La orden indica que el gobierno federal debe mantener el programa en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado el pasado mes de septiembre.
El juez de distrito en la ciudad de San Francisco, William Alsup, dictaminó que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de una demanda presentada en noviembre del año pasado, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland.
Alsup determinó que la cancelación de DACA fue una medida "arbitraria y caprichosa".
La decisión del juez solo ampara a quienes estaban inscritos en el programa y perdieron sus beneficios con la orden ejecutiva de Trump, no a nuevos solicitantes.
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La medida cautelar impide al Gobierno rescindir el programa DACA mientras se juzga la denuncia de California contra la Casa Blanca...
La orden indica que el gobierno federal debe mantener el programa en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado el pasado mes de septiembre.
El juez de distrito en la ciudad de San Francisco, William Alsup, dictaminó que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de una demanda presentada en noviembre del año pasado, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland.
Alsup determinó que la cancelación de DACA fue una medida "arbitraria y caprichosa".
La decisión del juez solo ampara a quienes estaban inscritos en el programa y perdieron sus beneficios con la orden ejecutiva de Trump, no a nuevos solicitantes.
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La medida cautelar impide al Gobierno rescindir el programa DACA mientras se juzga la denuncia de California contra la Casa Blanca...
Pablo Ximénez de Sandoval, Corresponsal en California
El País, Los Ángeles 9 ENE 2018 - 22:59 CST
Después de meses de angustia, los llamados dreamers de Estados Unidos lograron este martes una victoria parcial contra Donald Trump. Un juez federal de California decidió bloquear la eliminación del programa que protege de la deportación a casi 800.000 jóvenes inmigrantes que llegaron a EE UU de forma irregular siendo menores de edad. Se trata de una medida cautelar mientras se dirime la denuncia que varios Gobiernos y organizaciones de California presentaron contra la decisión de Trump de acabar con el llamado programa DACA y exponer a la deportación a estos jóvenes que no conocen otro país.
Manifestantes a favor del programa DACA, la semana pasada en Los Ángeles. REED SAXON AP
El juez William Alsup, del distrito con sede en San Francisco, rechazó los argumentos del Gobierno, que afirmaba que los jueces de distrito no tienen autoridad para decidir si el presidente ha actuado o no de acuerdo a la ley en su decisión de terminar con DACA. La decisión supone un importante revés judicial para Trump en un asunto que está tratando de explotar políticamente.
El pasado mes de septiembre, la Casa Blanca anunció su intención de eliminar el programa DACA (siglas en inglés de acción diferida para personas llegadas en la infancia), una medida dictada en una orden ejecutiva del presidente de Barack Obama que básicamente protege de la deportación a inmigrantes irregulares que llegaron siendo menores, al considerarlos no responsables de haber cruzado la frontera. Cuando se aprobó no se sabía cuánta gente había en esa situación. Hasta el año pasado se habían aprobado casi 800.000 solicitudes. En Estados Unidos se calcula que hay 11 millones de indocumentados.
Después de meses de ambigüedad sobre el tema, delicado políticamente, Trump anunció que no se aceptarían más solicitudes a partir de octubre y que el programa sería eliminado en seis meses, es decir a principios de marzo. La decisión de Trump suponía que toda esa gente, que había dado todos sus datos al Gobierno federal para obtener la protección y que estaban trabajando o estudiando (requisitos para acogerse al beneficio), quedaría a merced de la policía de deportación. Las protestas recorrieron todo el país. El propio Partido Republicano está dividido en torno a esta cuestión.
Trump dejó claro pronto que lo que pretendía era utilizar a estos jóvenes como moneda de cambio para obtener el apoyo del Partido Demócrata a unos presupuestos en los que se incluya dinero para la construcción del muro fronterizo que prometió en la campaña. Sin los votos demócratas, el Gobierno no tendrá los 18.000 millones de dólares que se calcula que hacen falta para el muro. Trump pretende cambiar una cosa por otra. La decisión del juez de frenar llega precisamente en medio de estas conversaciones en Washington.
La decisión del juez Alsup afecta a varias demandas que fueron presentadas contra Trump, entre ellas las del Estado de California, la Universidad de California, varias administraciones locales de Silicon Valley e individuos particulares. La Casa Blanca no puede dejar a esos jóvenes sin protección mientras se están juzgando estas demandas.
Se trata de una nueva derrota judicial de otra de las medidas más impopulares del presidente Trump en su primer año. Los estados y las ciudades, a través de los juzgados federales, han desafiado legalmente no solo la eliminación de DACA, sino también la amenaza de retirar fondos a las llamadas ciudades santuario que no colaboran en la deportación de indocumentados, y el veto migratorio a países musulmanes. En todos los casos han logrado frenar o reducir significativamente el alcance de las medidas de Trump.
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Un juez ordena a Trump que reactive parcialmente el plan que prohibe deportar a los 'dreamers'
EFE Washington
El Mundo, 10 ENE. 2018:
Un juez de Estados Unidos ordenó este martes al presidente Donald Trump que reactive parcialmente el plan migratorio DACA y siga recibiendo solicitudes de jóvenes indocumentados que quieren frenar su deportación, hasta que se hayan resuelto todos los desafíos legales pendientes en diferentes tribunales del país.El juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, emitió este martes su decisión, a la que tuvo acceso Efe y en la que califica de "arbitraria y caprichosa" la decisión que Trump tomó el pasado septiembre para acabar con DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.El plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) fue promulgado en 2012 por el entonces presidente del país, Barack Obama, y protegió de la deportación y otorgó un permiso de trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuandos eran niños, conocidos como 'dreamers'.En el fallo, el juez Alsup considera que el Gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección.Sin embargo, no pide al Gobierno de Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa DACA.El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios de DACA, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un "daño irreparable" si la extinción del programa sigue adelante.Con el fin de evitar ese daño, el juez ordenó a Trump mantener parcialmente vivo el programa hasta que haya una solución definitiva en todos los litigios pendientes sobre DACA.Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, que albergan en total a 238.000 'soñadores'.Esos estados alegan que el fin de DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.La decisión adoptada por el juez Alsup, que fue nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton, tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.
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