Arturo Zaldívar, afirmó que la actual ministra de la Corte, Norma Piña, está aliada Xóchitl Gálvez, motivo por el cual ordenó una investigación en su contra con el fin de dañar a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
“Yo no soy autoridad. La autoridad es la ministra Piña y está usando lamentablemente a la Corte y al Poder Judicial en la contienda electoral de manera totalmente inadmisible”, mencionó.
En entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula, ayer y con Ciro Goméz Leyva hoy el exministro afirmó que no es la primera vez que Norma Piña trata de incidir desde las instituciones en el proceso electoral. "Yo no tengo problema en que haya investigaciones, lo que a mi me parece censurable es hacer persecuciones políticas con finalidad electoral...violando toda la normatividad aplicable", dijo.
Recordó que meses atrás cuando se quiso pedir la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, la ministra presidenta intervino.
"Presionó a los magistrados y a la magistrada que estaba pidiendo la renuncia, para que no quitaran a Reyes Rodríguez...una de las cosas que ella amenazó es que ella iba llevar el asunto a la Corte…¿Qué paró esto? Que mandó unos chats indebidos a uno de los magistrados, donde los amenazaba”, aseguró.
Zaldívar aseguró que la denuncia viola todos los principios constitucionales y legales. Señaló que admitieron una denuncia anónima y sin pruebas.
"He sido un hombre muy honesto, no tengo un solo centavo mal habido. Mi patrimonio puede ser revisado de la manera que ustedes quieran"., subrayó...
Dijo que la intención es dañar a la candidata Claudia Sheinbaum. Resaltó que se ve el uso político y la intención electoral de Piña Hernández pues la denuncia se filtró y distribuyó a todos los medios y redes lo que viola la secrecía de las investigaciones y la presunción de inocencia.
Reiteró que la Corte no tiene instrumentos para investigar a un ministro o exministro, pero lo van a hacer porque Piña lo mandó. Explicó que mientras se aprueba o no, ya le dieron un golpe mediático.
“Mientras lo aprueban o no, ya dio un golpe mediático involucrándome en conductas indebidas", dijo..
Finalmente añadió que el apoyo que tenía por parte del presidente López Obrador para cuidar a las personas juzgadoras fue muy importante.
Amenaza Zaldivar con juicio político contra Norma Piña..
Habla en defensa de Sheiumban y se siente protegido por López Obrador...; pero la investigación dice otra cosa. El periodismo de investigación hará su trabajo, al margen de lo que esta haciendo el CJF...
Alguien miente....AMLO confesó aquella mañanera del 27 de febrero. que cuando Záldivar era presidente de la corte y había un asunto de ese tipo," nosotros respetuosamente interveníamos.. "se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces meterse preso penal..." hablaba con el juez y le decía: ‘Cuidado con esto’... (...) Entonces, él ayudaba. Llega la señora (Norma) Piña y dice: ‘Los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial; o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia.
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Las columnas políticas hoy, martes 16 de abril de 2024
Reforma no es electoral, pero estará aprobada antes de la elección
Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL
En menos de 15 días, nos dicen, la reforma de pensiones de Morena quedará lista y a tiempo para presumirla antes de las elecciones. Ayer, se avaló la reforma para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar en comisiones de la Cámara de Diputados y se turnó a la Mesa Directiva. Nos adelantan que la ruta ya está marcada: hoy, las tres bancadas oficialistas, Morena, PT y Verde se reunirán para definir el voto y recordarles que esta reforma, que presentó el coordinador, Ignacio Mier, se trata de una prioridad presidencial. Se espera que el miércoles se vote y apruebe en el pleno y rapidito se mande al Senado para que la siguiente semana la revisen los senadores. Cabe recordar que el tiempo aún no es factor para las bancadas oficiales, pues hay 15 días para que acabe el periodo, pero se quieren apresurar por si algo se complica en el Senado tengan unas dos últimas sesiones del mes de abril para que quede aprobada y todo esté listo para que el último mes de la campaña puedan decir que Morena mejoró las pensiones de los trabajadores, pero, no vaya usted a pensar que esta es una reforma que tienes fines electorales.
Los golpes de “Alito” le tocan hasta a los aliados
En su empeño por salir dando descontones a diestra y siniestra, el líder nacional del PRI acabó por darle un descontón a una de sus cercanas. Ayer, Alejandro Moreno acusó al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien llegó al gobierno por el PRI, y ahora pertenece al Partido Verde, de incurrir en los delitos de peculado y desvío de recursos por un monto de mil 365 millones de pesos, durante su mandato. Entre los señalamientos de los presuntos ilícitos, don “Alito” mencionó que el entonces gobernador Ávila no comprobó en qué se gastó el presupuesto dedicado a la salud y educación. Lo que quizá no recordó el presidente priista es que la secretaria de Educación del Estado de México con Eruviel Ávila fue Ana Lilia Herrera, exaspirante a la candidatura del gobierno mexiquense, actual presidenta del PRI en el Estado de México y, actualmente, una incondicional aliada de “Alito”.
Embajador de México en Corea tampoco podrá votar
Nos comentan que otro afectado por la rasurada del INE a la Lista Nominal de Electores en el Extranjero es el embajador de México en Corea, Carlos Peñafiel Soto. El diplomático describió que el pasado 27 de febrero el INE le envió un correo electrónico donde le confirmaban su inclusión en el listado nominal de residentes en el extranjero, sin embargo, todo fue una ilusión. Nos cuentan que el domingo 13 de abril, el órgano electoral le avisó que siempre no podrá votar la próxima elección del 2 de junio. El embajador Peñafiel Soto fue uno de los casi 40 mil mexicanos afectados por las inconsistencias que detectó el INE en el padrón del exterior.
El nuevo vocero de la Corte
En momentos complejos, en los que el Poder Judicial requiere un manejo profesional de la comunicación, llega a esa institución un periodista honesto y de trayectoria impecable. Se trata de Jorge Ramos Pérez, un profesional de los medios. Al dar a conocer la designación de Ramos como el nuevo director general de Comunicación Social, la ministra presidenta Norma Piña dijo que sumará al fortalecimiento de la justicia constitucional de México, y seguramente así será. Enhorabuena.
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Estrictamente Personal
La mesa maldita/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, abril 16, 2024 |
Lo más delicado y grave de la investigación de la Suprema Corte de Justicia sobre el exministro Arturo Zaldívar, sus operadores políticos y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se encuentra en un breve párrafo en la página cinco del documento, que si la pesquisa llegara al fondo de lo que toca por encima, se podría configurar un caso extraordinario de corrupción institucional desde los más altos niveles del Estado mexicano. Contenido en las imputaciones contra Carlos Alpízar, brazo derecho de Zaldívar y ex secretario general del Consejo de la Judicatura, dice: “Organizaba reuniones entre juzgadores y autoridades del Ejecutivo (Sedena o Gobernación), especialmente en materia mercantil y penal, con el propósito de socavar la independencia de los juzgadores bajo el argumento de ‘sensibilizar’”.
A lo que se refiere es a la Mesa de Judicialización, un invento de Scherer, que atendía los casos de interés político del presidente Andrés Manuel López Obrador. El método empleado era la fabricación de casos con información cierta o falsa de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia, que se entregaba a la Fiscalía General de la República para abrir las carpetas de investigación. Luego, el papel de Zaldívar era el de instrumentar esos casos en el Poder Judicial para encontrar culpables. Zaldívar era el último brazo de López Obrador para atacar a sus enemigos y alcanzar sus objetivos.
La Mesa de Judicialización, coordinada por Scherer, se reunía en Palacio Nacional y la integraban representantes de los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública (en ese entonces Alfonso Durazo), del fiscal general, del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (que era Santiago Nieto) y del Centro Nacional de Inteligencia. Zaldívar estaba representado por Alpízar, que invitaba a jueces y magistrados a su rancho cerca de Toluca, donde organizaba reuniones y comidas con espectáculos para transmitirles instrucciones. Alpízar niega que esas fiestas sirvieran para tales propósitos.
Los temas en esa mesa, algunos de los cuales vienen referidos vagamente en la investigación de la Suprema Corte de Justicia sobre Zaldívar, fueron:
1.- Emilio Lozoya. Scherer primero y luego el fiscal Alejandro Gertz Manero negociaron con él para que, a cambio de su libertad, implicara a priistas y panistas en el caso de la corrupción de Odebrecht (que se ha venido cayendo a pedazos), la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, de Alonso Ancira, para obligarlo a venderla a un empresario muy cercano de Scherer, que había financiado campañas de López Obrador, que tampoco resultó como deseaban, y el caso Fertinal, que querían quitárselo a Ricardo Salinas, sin tener éxito tampoco.
2.- Ayotzinapa. En la mesa se acordó culpar a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y meter a la cárcel al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusándolo de encubrimiento de un crimen de Estado. Hasta hoy, que se encuentra bajo proceso en su casa, el gobierno no ha podido sostener su teoría ni tampoco sus investigaciones han avanzado más allá de donde las dejó Murillo Karam. La idea de meter a militares en la cárcel por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue un tema de la mesa, pero la investigación entró en una contradicción por la lucha entre civiles y militares, que aún prevalece.
3.- Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública fue utilizado por el Presidente como instrumento para golpear al expresidente Felipe Calderón. García Luna fue detenido en Dallas y encontrado culpable por un jurado en Nueva York de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, pero hasta su captura en Estados Unidos no había ninguna investigación en México. Las que se construyeron posteriormente a su detención se han ido cayendo.
4.- Luis Cárdenas Palomino. El coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, bajo el mando de García Luna, fue detenido por su probable responsabilidad en la tortura de varios miembros de una banda de secuestradores a la que perteneció la francesa Florence Cassez. Posteriormente fue acusado de estar implicado en la operación Rápido y Furioso. Un juez lo liberó por este caso, pero sigue en la cárcel por el de la tortura.
5.- Rosario Robles. Por razones personales más que políticas, López Obrador quiso que la encarcelaran, acusada por los delitos del ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de emisión en el caso llamado la estafa maestra, por lo que estuvo tres años en prisión a partir de un fallo de un juez vinculado a la parte instrumental de la Mesa de Judicialización, sobre la base de una prueba, una licencia de conducir apócrifa. Todavía enfrenta una acusación por delincuencia organizada.
6.- Caja Libertad. Este caso tiene que ver con Juan Collado, contra quien había un viejo agravio del Presidente –fue quien facilitó la difusión de los videoescándalos en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México–, y detenido por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y más adelante por posible fraude y defraudación fiscal. Collado denunció a Scherer de ofrecerle salir de la cárcel si vendía Caja Libertad, con la que no se pudo quedar el exconsejero jurídico.
7.- Infonavit. La Fiscalía General retomó el caso de un acuerdo reparatorio en el Infonavit por la celebración de contratos firmados por funcionarios del Infonavit y una empresa particular por presuntas conductas ilícitas. Durante el proceso se dieron denuncias de extorsiones para obligar a pagar sumas multimillonarias, y hasta hoy nadie de los implicados está en la cárcel.
La Mesa de Judicialización perdió impulso con la salida de Scherer del gobierno en 2021, pero lo que quedó fue un mapa de colusión de funcionarios, tráfico de influencias, uso indebido de facultades, violaciones al debido proceso y a los principios en ley que rigen. Fue un mecanismo de corrupción institucional que, si México fuera un país de leyes, varios secretarios de Estado y funcionarios de alto rango irían a la cárcel. La investigación de la Corte no parece que tocará el núcleo de esta maquinaria ilegal y, en todo caso, llegará sólo a jueces y magistrados, el hilo más delgado de esta madeja.
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La desaparición de un candidato y la primera vez que le gritaron a AMLO en Sinaloa/Héctor De Mauleón
El Universal, | 16/04/2024 |;
Minutos antes de su desaparición, Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor y secretario de Organización del Partido Sinaloense, PAS, marcó el número telefónico de la candidata a la alcaldía de Culiacán por la coalición Fuerza y Corazón por México, Erika Sánchez Martínez.
Eran las 7:55 del pasado 13 de abril.
Sánchez Martínez no pudo tomar la llamada. La devolvió, sin embargo, minutos más tarde, a las 8:10. A esa hora, el candidato a regidor no contestó. Su teléfono permanece apagado desde entonces.
En compañía de un colaborador, Juan Francisco Cerón Beltrán, García Corrales acababa de salir de su casa y se dirigía a un parque cercano para grabar al lado de la candidata a la alcaldía un video promocional de cara al arranque de las campañas políticas en el estado.
Horas más tarde, cuando el líder moral del PAS, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, reportó en X que se había perdido todo contacto con el candidato, un conocido informó que a esas mismas horas lo había visto, detenido por una patrulla de la Policía Estatal, en la Calzada de las Torres.
En un negocio cercano se localizó un video en el que García Corrales aparecía, en efecto, al lado de una patrulla, pero no de la estatal, sino de la policía municipal.
Desde esa tarde el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, admitió que García Corrales y Cerón Beltrán estaban ilocalizables: “Dado que no se han podido contactar ni ubicar, se teme que hayan sido privados ilegalmente de su libertad”, escribió.
Como secretario de Organización, relatan miembros de la coalición opositora, Luis Alfonso García Corrales era la columna vertebral del PAS: en sus manos se hallaba la nómina entera de dicho instituto político: las listas de promotores, activistas, movilizadores. “Poseía los domicilios, sus teléfonos, todo”, relatan.
Cuando horas antes de las elecciones de 2021 el Cártel de Sinaloa privó de la libertad a más de un centenar de operadores políticos del PRI, a fin de limpiar de obstáculos el triunfo del morenista Rubén Rocha Moya, el primero en ser secuestrado fue precisamente el secretario de Organización de ese partido, Alberto Salas.
Salas fue despojado de toda la información relacionada con los operadores y con esos datos sicarios del cártel recorrieron Culiacán secuestrando de manera quirúrgica a la gente.
Por medio de las redes del exrector Héctor Melesio Cuén, el Partido Sinaloense se halla estrechamente ligado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de hecho se nutre de esta (64% de los miembros del Consejo Universitario están afiliados al PAS). En 2021 este partido aportó cerca de 100 mil votos a la candidatura del hoy gobernador, y también exrector de la UAS, Rubén Rocha Moya.
Estos personajes se declararon la guerra más tarde, cuando se recrudeció entre ellos la pugna por el control político de la Universidad y el gobernador lanzó una Ley General de Educación Superior que fue calificada como una transgresión a la autonomía universitaria.
En medio de una lluvia de denuncias y procesos penales por supuestos actos de corrupción y negocios ilícitos cometidos por Cuén, sus familiares y funcionarios universitarios, que en la UAS fue leída como una cargada del gobernador y su grupo político “para quedarse ellos solos con el botín”, se desataron marchas y movilizaciones que fueron creciendo en intensidad y que hallaron su punto culminante la noche en que, en una de sus tantas visitas a Sinaloa, el vehículo del presidente López Obrador fue cercado por estudiantes y trabajadores que lanzaron “¡fueras!” y exigieron a gritos la salida de Rocha Moya, así como el fin de la persecución a la UAS.
A López Obrador nunca le habían gritado en Sinaloa hasta que Héctor Melesio Cuén se peleó con Rocha Moya. La molestia del presidente fue tal (los medios nacionales le dieron vuelo a la gritoniza), que en su siguiente visita, para destantear una inminente movilización universitaria, el gobernador anunció que la agenda del presidente se mantendría privada.
En esos días trascendió (cito una nota de El Sol de Sinaloa) que, según documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, durante las visitas de AMLO a Sinaloa los servicios de inteligencia militar lo cuidaban de las movilizaciones sociales de los narcos: la Sedena monitoreaba a los grupos sociales, identificaba a los líderes de los movimientos, revisaba su capacidad de convocatoria y desplegaba células de comunicación para llevar a cabo un seguimiento puntual de los recorridos del presidente.
Fuentes cercanas a la UAS aseguran que Luis Alonso García Corrales, el candidato a regidor desaparecido, operó la protesta llevada a cabo en Mazatlán el día en que el convoy del presidente fue cercado por trabajadores y estudiantes universitarios: el día en que en Sinaloa le gritaron por primera vez a AMLO.
En los círculos políticos de Culiacán llama la atención que la desaparición de García Corrales haya ocurrido precisamente un día antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a Culiacán, donde la candidata oficialista encabezó un mitin en el centro de la ciudad.
Esa extraña coincidencia, en medio de una guerra sorda entre los dos grandes grupos de poder, que en los últimos días se han intercambiado graves acusaciones, y que ayer llevaron al PAS a suspender todas sus campañas, corre fuerte en medios políticos y periodísticos de Sinaloa.
A ese clima político, enrarecido por la inseguridad y la reciente privación de la libertad de 66 personas en Culiacán, se suma la abominable declaración del gobernador Rocha Moya, quien en su conferencia semanal acaba de deslizar la posibilidad de que la desaparición del candidato del PAS pudiera tratarse de un autosecuestro.
Hasta el momento, lo único firme es que a García Corrales lo detuvo una patrulla de la municipal en la Calzada de las Torres, y que desde entonces no aparece y su teléfono está apagado.
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