El Ministro Ortiz Mayagoitia, compromisos

DISCURSO DEL MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN EL ACTO DE EMISIÓN DEL “ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA”
CIUDAD DE MÉXICO, AGOSTO 21 DE 2008
SEÑORAS Y SEÑORES:
El Poder Judicial de la Federación asume con absoluta responsabilidad, en el ámbito de sus facultades y competencias constitucionales, los retos que enfrenta el país en materia de seguridad pública.
Estamos concientes del difícil momento que vivimos y de la necesidad de enfrentarlo de manera coordinada, con unidad y con visión de Estado.
Por eso estamos aquí, atendiendo el reclamo de la sociedad y la convocatoria del Jefe del Estado Mexicano, con pleno respeto a la división de poderes y a las competencias de cada órgano constitucional.
Acudo por primera vez al Consejo Nacional de Seguridad Pública – al que no pertenece el Poder Judicial de la Federación – porque hoy es el foro propicio para dar a conocer públicamente compromisos puntuales desde nuestras respectivas funciones.
Es plausible la iniciativa para emitir el documento que lleva por título “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia”. Más que un pacto, se trata de una importante serie de acciones y compromisos que cada uno de los participantes asume, en el ámbito de sus propias atribuciones.
Son metas que se suman y se agregan en torno de una misma causa: superar la situación en que se encuentra la seguridad pública y generar condiciones de tranquilidad y certeza – con legalidad y justicia – para la sociedad.
El Poder Judicial de la Federación – debo decirlo – no ha tenido participación en las propuestas y compromisos de quienes concurren a esta convocatoria, y desde luego, tampoco se le ha impuesto alguno.
Acudo con plena libertad y autonomía a este respetuoso encuentro, para hacernos cargo de la atención que la sociedad demanda de todos y cada uno de quienes ejercemos funciones de autoridad.
Concurrimos a dar respuesta a un sensible y natural reclamo social.

Es muy importante expresar a la sociedad que debemos velar por nuestras libertades constitucionales. Las acciones de gobierno que se anuncian, pueden ser objeto de alguna impugnación. Al Poder Judicial de la Federación le tocará resolver con apego a derecho. Por eso todas las acciones deben observar, invariablemente, lo que la Constitución y las leyes dispongan.
Como todos saben, la tarea sustantiva de los juzgadores es dictar resoluciones justas, imparciales y apegadas a derecho. Las sentencias no pueden ser objeto de convenio, ni pueden ser el resultado de una política pública o de una decisión preestablecida.

Son y deben ser la expresión imparcial del derecho. La Constitución es el referente del juez y sólo de ella debe rendir cuenta en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.
Pero desde la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial federal, haremos todo lo que está a nuestro alcance para responder eficientemente a nuestros retos como nación.
En este acto, como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, vengo a comprometer un esfuerzo adicional y renovado, para que las políticas judiciales mejoren la impartición de justicia en el país y contribuyan en las soluciones que necesitamos.
Queremos dejar muy claro que la sociedad cuenta con el Poder Judicial de la Federación.
Los ministros, consejeros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales, y todos los funcionarios de la judicatura federal, trabajamos con esmero – y lo haremos más – por hacer valer las leyes y la Constitución por sobre todas las cosas.
Sabemos que todos los órganos públicos debemos analizar y evaluar nuestro trabajo, nuestros resultados y nuestros procesos, para ser más eficientes, más ágiles en la respuesta, y para prevenir y corregir deficiencias y males, como la corrupción y la impunidad.
En el Poder Judicial de la Federación, estamos comprometidos con los cambios y evoluciones institucionales.
La reciente reforma constitucional en materia penal, prevé una instancia de coordinación en la que participaremos. Ese será un foro constitucional para avanzar en la transformación de corto y mediano plazo que comenzó este año.
Seguiremos con atención los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para llevar al seno del Consejo de la Judicatura Federal, todos los temas o propuestas que pudieran ser apoyados con alguna medida administrativa, desde el Poder Judicial de la Federación.
Como es sabido, el Poder Judicial de la Federación ha sido participativo y ha aportando propuestas de fortalecimiento y modernización de la justicia, como las que se encuentran en el "Libro Blanco de la Reforma Judicial".
Ahora, con el mismo espíritu participativo, en el marco de este evento, hacemos públicos diez compromisos puntuales que, en su momento, fueron debidamente discutidos y aprobados en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien autorizó también que formen parte del importante documento que hoy nos reúne.
Esos diez compromisos son:

1. Transparentar aún más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares, mediante indicadores de desempeño, a los que tendrá acceso la sociedad.
2. Se instalarán nuevos juzgados y tribunales federales, en los circuitos con mayor carga de trabajo, para atender con mayor calidad y rapidez, los procesos judiciales.
3. Se establecerán juzgados especializados en medidas cautelares, los llamados juzgados de control, con jurisdicción en toda la República para responder ágilmente a las solicitudes de órdenes de cateo, órdenes de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, entre otras providencias.
4. Se impulsará la celeridad en los procesos. Para ello, facilitaremos la concentración de personas sometidas a procesos penales por delincuencia organizada y narcotráfico, en los reclusorios de alta seguridad, reduciendo el número de diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos.
5. Se fortalecerá la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados en materia penal. Para evitar que las amenazas y la violencia afecten sus decisiones, se contará con herramientas y servicios de protección, para salvaguardar su integridad física y su labor.
6. Se fortalecerán los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
7. Se intensificará la capacitación y especialización de Jueces en materia penal, particularmente en materia de proceso orales.
8. Se continuará la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes y en procesos orales, para hacer frente de forma efectiva, a las nuevas responsabilidades judiciales señaladas en la constitución.
9. Se fortalecerá el control de los procesados. Instalaremos en todo el país un Sistema Biométrico para el control de los procesados con libertad bajo caución, para hacer más estricto el cumplimiento de su obligación de presentarse ante la autoridad judicial.
10. Se sistematizará la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades, mediante la conformación de un Sistema Nacional de Estadística Judicial, en el que aprovecharemos el valioso foro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ). Esta iniciativa contribuirá a la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad de los jueces.
Estos son los diez compromisos que el Poder Judicial de la Federación suscribe de cara a la sociedad. Con transparencia, responsabilidad y con la convicción de rendir cuentas

Señoras y señores:
En mi informe anual de actividades, el próximo mes de diciembre, daré cuenta puntual del grado de avance y cumplimiento de cada una de estas acciones.
Los desafíos de nuestros tiempos demandan firmeza en las acciones de gobierno. La fuerza pública siempre debe tener sustento en la legitimidad del derecho y de las instituciones. Toda estrategia de seguridad pública debe respetar el estado de derecho y las garantías individuales consagradas en la Constitución.
La democracia constitucional debe ser segura para todos.
Velar por la supremacía de la Constitución y por la legalidad de las acciones públicas, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, como lo manda el artículo 97 de la Carta Magna, es el más profundo compromiso de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación: esa es nuestra misión y nuestro mandato.
Esa es nuestra misión, ese es nuestro mandato en la democracia constitucional. Esa es
nuestra principal aportación para la seguridad, la legalidad y la justicia