Día del abogado

Palabras del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la Ceremonia Conmemorativa del Día del Abogado.
México, D. F., a 09 de julio de 2009

Doña Elvia Díaz de León y demás señores del presidium:
Aprovecho la lista de presentes que has hecho, Elvia, para ahorrársela al público y saludarlos como puedo saludarlos hoy, en este día.
Estimados colegas:
Es una ocasión especialmente emotiva recibirlos en esta Secretaría porque saben que con ustedes me vincula historia, sentido, destino y misión, y porque ocurrida la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, en mi calidad de abogado, parece natural ante los retos que vivimos hoy en el presente.
Pero antes de entrar a describirlos, quisiera yo pedirles una atenta disculpa. Consta el magistrado García Villalobos que yo partía de un supuesto distinto que la hora de nuestro encuentro sería a las 9 y media y por ello, por un problema de comunicación, ustedes tuvieron que esperar y sufrir una descortesía involuntaria de éste, su amigo. (aplausos)
Hemos oído sendos discursos que nos mueven a la reflexión, de cómo en un contexto en el cual se han abierto debates y discusiones, en el cual la supervisión social de lo público, la discusión del acontecer en el marco del gobierno está abierto, se acendra y se enfatiza, y la percepción delicada de que las instituciones se han debilitado.
Yo creo que tenemos que atender a estas dos cuestiones y atenderlas en su valor.
Hoy podemos discutirlas, supervisarlas, analizarlas de mejor manera porque estamos en un mundo en donde la información fluye con mucha mayor rapidez, donde las versiones se contrastan, donde las historias se multiplican y los puntos de vista convergen, cada uno desde su perspectiva. Y eso obviamente es una condición del análisis y de la percepción que hoy se vive.
Otra, porque tendremos que analizar por qué el desarrollo de las instituciones ha sufrido una merma en la aceptación ciudadana, qué es lo que las ha rebasado y cómo tenemos que fortalecerlas.
Yo quiero dejar claro que para el que habla, y así lo hice valer ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en representación del Estado mexicano, la transición institucional de México, dentro de la cual está la alternancia pero que no comienza con la alternancia, se viene dando en los últimos años.
A partir de los setentas, ésta se acelera en función de los contextos que sucedieron a final de los sesentas y todas las fuerzas en México aceleran un diálogo y se involucran en su transformación.
México se ha venido democratizando y en su proceso de democratización se dio la alternancia, no empezó con la alternancia; México ha venido revisando sus instituciones a partir, muchas veces, de momentos de dolor.
Ciertamente el sistema político tuvo que cambiar, entre otras cosas porque ya no podía resolver los problemas de una sociedad más compleja y de mayores magnitudes.
La representación política se había visto rebasada y tenía que ser replanteada. Generaciones y grupos se veían desplazados de la representación política tradicional y había que abrirle otros espacios. Prácticas institucionales que en su momento estaban justificadas, empezaron a ser cuestionadas y volverse inoperantes.
Éste es un proceso en el cual han participado, con distintos niveles de tensión, los principales cuerpos de representación y discusión de la República pero muy principalmente, más de lo que los economistas están dispuestos a admitir, por los abogados.
A ver, ¿qué abogado produjo una crisis en México? (aplausos).
Lo cierto es que hoy nos encontramos en esa encrucijada. Todo esto tiene que ver con la transición porque en la transición a fin de buscar estos nuevos mecanismos de concertación, de diálogo político y representación, quisimos modificar ciertas prácticas que a las luces nuevas se percibían autoritarias y desde antes de la alternancia, regreso.
Y para abrir el sistema se quisieron modificar tales prácticas y principios. ¿Y qué creen? Encontramos que la transición democrática había debilitado el principio de autoridad.
Y hoy estamos en un momento en que el principio de autoridad se reconstruye pero desde una lógica democrática, discutido en el Congreso, discutido por fuerzas políticas que estuvieron en tensión en el pasado y hoy pueden converger y entender que la democracia para desarrollarse, para poder servir a la comunidad, tiene que tener la potencia para hacer valer la ley entre los gobernados; tiene que tener la potencia para sujetar los apetitos de poder de los servidores públicos en el marco de los objetivos que le son dados por la ley, y deben tener la honradez y la inteligencia de comunicarle a los beneficiarios de las normas, a sus destinatarios, cuál es su propósito, sentido, fin y necesidad.
Cuando doña Elvia Díaz de León nos convoca a entender la ley como medio y no como fin, nos exige que abandonemos esta práctica en donde hemos escondido las ideas en las palabras, esta práctica de un excesivo formalismo en el ejercicio de la abogacía y de la práctica de la justicia; cuando escondemos en las formas los temores para llegar al fondo o la incapacidad, por ignorancia de entenderlo, asumirlo y resolverlo.
Cuando yo tenía la deliciosa práctica de dar clases en alguna universidad -daba Teoría del Delito- al examinar, al final, a mis alumnos, invitaba a un amigo mío que es arquitecto al sínodo. Y decía, les preguntaba a los alumnos: "Si ustedes no son capaces de explicarle la respuesta al arquitecto y que él entienda, ustedes no entendieron nada".
Debemos entender cuáles son los valores implícitos en el Estado de Derecho.
A veces salimos con una robustez y rotundidad a hablar de la necesidad de defender el Estado de Derecho y no se sabe qué estamos defendiendo: si un autoritarismo a ultranza, sino los valores más preciados, sino los intereses políticos concretos o la vocación democrática de la autoridad, o la gobernabilidad que exige el país, etcétera.
Y que los abogados no explicamos desde donde estemos cuál es el fondo de las cuestiones que se plantean en la norma, cuáles son los valores que se protegen, cuáles las conductas que se persiguen, cuáles son los anhelos humanos que se encuentran implícitos; si no podemos hacerlo, nos hacemos disfuncionales y empezamos a olvidar, empezamos a olvidar qué nos llevó al aula, empezamos a olvidar toda una serie de testimonios de vida entregados a las mejores causas.
Y a este país le debe estar prohibido olvidar lo bueno y lo malo, lo que superamos y lo que tenemos que superar. No puede ni debe denostar su pasado porque lo necesita para consolidar su presente y construir su futuro.
Yo celebró que en las próximas semanas y meses la justicia será un tema insoslayable en el debate político, como lo es la seguridad. La necesidad de reconstruir el principio de autoridad en la democracia mexicana no ha terminado; hacerlo desde el debate público, de cara a la sociedad y por las diversas fuerzas políticas, nos lleva a seguir construyendo consensos en la materia y a dejar claro que la seguridad es un aspecto fundamental del proyecto nacional que nos ocupa a todos, pero también la justicia.
No está por demás que fuera, entre otros, Vallarta el que abriera la discusión del amparo de legalidad ante la suspicacia de que la justicia estatal estaba subordinada a intereses y necesitaba una interferencia fuera de los centros de poder.
Cuando lo hizo, se construyó el sistema constitucional sobre un principio de desconfianza que hoy no se ha derogado y que tenemos que tocar.
La justicia sigue siendo un proceso largo para muchos y con ello, caro, y con ello, distante, y con ello, negado.
La justicia se ha burocratizado de una manera muy dolorosa y hoy llegamos a los tribunales, a centros de escritorios donde hay las mejores pantallas de computadora, sillas y abogados dictándoles a las secretarias. Qué digno.
Recuperar ese sentido de justicia (inaudible), en donde el hombre se ve sometido a las instituciones, con la confianza que sabrán actuar con verdad y con honor, se ha perdido.
La promesa de que los juicios orales nos vuelvan a recuperar ese decoro, pasa también por una serie de capacitaciones y procedimientos que nos lleven a poder llevar a ese altar de la justicia los casos que realmente lo ameritan porque de otra manera no nos alcanzan altares para tantos santos.
La necesidad de recuperar en nosotros el decoro en las formas sin perder el compromiso con el fondo, el respetar al otro y no dejar de verlo como uno de la misma especie y con el mismo derecho a ser respetado; hacer comunidad y comunión sobre la justicia, sobre nuestro deber de exigirla, de luchar por ella como servidores públicos o como abogados postulantes, como jueces, como fiscales, como activistas de protección de los derechos humanos, como académicos, para recuperarle ese sentido a la patria que le está urgido: este sentido humano, este sentido de que la patria no es otra cosa más que una extensión de cada uno de nosotros y que la patria es un espacio en la intimidad de cada uno de nosotros.
Ese es el verdadero sentido que yo le veo al Estado de Derecho. No es un discurso solo austero. En él se juega profundamente lo más cálido y lo más valioso de la vida.
Señores, por la importancia que tiene la abogacía en la construcción de las instituciones y en la defensa de las instituciones, y hablo de la defensa de los hombres libres, la defensa crítica, la defensa que es capaz de entender el valor de las instituciones y criticarlas para fortalecerlas. En nombre de esa aspiración y de ese anhelo, me felicito hoy por ser abogado y por serlo junto a ustedes. Gracias.