Comunicado
México, D.F. a 4 de julio 2009
A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL GOBIERNO DE MÉXICO, A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES:
Ha trascendido ampliamente en los medios de comunicación que el gobierno de Colombia realizó una solicitud a la Interpol para que ésta emita una orden de captura internacional en contra de Lucía Morett Álvarez por “concierto para delinquir con fines terroristas”, “financiación del terrorismo” y “administración de recursos relacionados con actividades subversivas”. Dicha orden de captura ya fue liberada a sus 186 países integrantes.
Se trata de una violación más a los derechos humanos de la estudiante de la UNAM en agravio a su seguridad y libertad y es, esencialmente, la continuación de la persecución política de la que ha sido víctima luego de resultar gravemente herida en los criminales bombardeos que realizó Colombia en Ecuador el 1 de marzo de 2008, mismos que fueron condenados por diversas instancias del sistema interamericano por tratarse de flagrantes violaciones al orden jurídico internacional.
El gobierno de nuestro país calificó de “ilegal” la acción colombiana, “deploró” la muerte de cuatro jóvenes mexicanos y solicitó una indemnización a Colombia para los familiares de los estudiantes asesinados y para Lucía por las lesiones que sufrió, estas manifestaciones eran un claro reconocimiento de la culpabilidad del gobierno de Colombia en la comisión de múltiples delitos. Ante la negativa de ese país para resarcir los daños, el gobierno encabezado por Felipe Calderón no respondió con la energía debida y mucho menos se ha apegado a lo que la ley establece en materia de defensa de los connacionales víctimas de delitos en el extranjero y en la procuración de justicia. Hasta el momento, ni el presidente ni la Canciller Patricia Espinoza han tenido tiempo para concedernos la audiencia que los padres de las víctimas les hemos solicitado incluso públicamente.
Ante el llamado de Colombia para que Interpol proceda a la detención de Lucía, manifestamos que ella no es culpable de delito alguno, que no hay prueba que demuestre que violó la ley y que, por el contrario, los hechos no dan lugar a dudas de quienes son los transgresores. En un ataque militar nocturno, planeado y ejercido con saña y ventaja, se cometieron asesinatos violentos, cuatro mexicanos fueron destrozados por las bombas expansivas y Lucía Morett fue víctima de un intento de homicidio y de tratos crueles y degradantes. Todo se originó en la ilegal invasión colombiana en Ecuador, cuya responsabilidad asumió el Presidente Álvaro Uribe al reconocer en foros internacionales haber dado la orden con la que se cometieron innumerables delitos que violaron el derecho internacional y el derecho humanitario.
Ante esta violaciones cabe preguntarse: ¿Por qué se acosa a Lucía y se le fincan aberrantes procesos judiciales que invierten los papeles? ¿Por qué de ser víctima y agraviada se le coloca en el lugar de delincuente? ¿Por qué desde instancias de poder y de fuerza se hace una feroz persecución política? ¿Por qué se le continúa sometiendo a una violencia de estado a todas luces desproporcionada? ¿Qué alianzas o intereses impiden que los mexicanos víctimas del terrorismo de Estado colombiano sean defendidos como corresponde en derecho y se les haga justicia?
Lucía desconocía hasta hoy que existiera un proceso judicial en su contra en Colombia, por lo que nuevamente se le ha destrozado el derecho a contar con una defensa adecuada, prerrogativa básica reconocida en diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. A Lucía se le ocultó algo elemental, a oscuras se le siguió un juicio para criminalizarla, un juicio que la pone en total desventaja. ¿Se habrán usado otra vez las mágicas computadoras para inventar cargos?
De nueva cuenta estamos ante hechos de facto. Premeditadamente y con dolo se le ataca en una clara intención de evadir la responsabilidad de quienes ostensiblemente cometieron graves delitos. Ante los crímenes y las violaciones a los derechos humanos Lucía no ha guardado silencio y ese es su delito, Lucía ha señalado su disposición a recurrir a los tribunales internaciones como testigo y por eso se le ataca incluso desde México y Ecuador. La vida que no le pudieron arrancar a Lucía con los bombardeos se la quieren quitar a pedazos. Aplicar la pena de muerte es un recurso, ilegal desde luego, que ejecuta el gobierno colombiano con absoluta impunidad. Torturar y encarcelar injustificadamente a inocentes, apoyado incluso en vergonzantes complicidades, es otro recurso de Álvaro Uribe para deshacerse de quienes le resultan molestos.
Remitir a Lucía Morett a sus verdugos, a quienes la torturaron y a quienes asesinaron a cuatro jóvenes mexicanos es a todas luces aberrante y contraria a la justicia. A quien debe sancionarse es a los autores intelectuales y a los ejecutores materiales de la barbarie. Lucía además de víctima tiene el papel de testigo, ya sea ante tribunales nacionales o internacionales del terrible atentado que se perpetró en agravio del pueblo ecuatoriano. Lucía no puede ser moneda de cambio ni pretexto para desviar la atención de temas nacionales urgentes. Nos llama la atención que en el momento político que vive México sea en el que se da el anuncio de este llamado para la detención de Lucía. ¿No será que se trata de impedir que ella pueda ejercer plenamente sus derechos políticos y golpearla a toda costa?
Nos pronunciamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de Lucía Morett, por el cese definitivo de la injusta persecución de la que es objeto y de los amañados procesos jurídicos iniciados para castigar a las víctimas y procurar impunidad a los criminales.
El gobierno mexicano debe poner un alto a estas agresiones y demandar la justicia plena para los connacionales víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos con la masacre de Sucumbíos y cuyo responsable confeso es el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Ha trascendido ampliamente en los medios de comunicación que el gobierno de Colombia realizó una solicitud a la Interpol para que ésta emita una orden de captura internacional en contra de Lucía Morett Álvarez por “concierto para delinquir con fines terroristas”, “financiación del terrorismo” y “administración de recursos relacionados con actividades subversivas”. Dicha orden de captura ya fue liberada a sus 186 países integrantes.
Se trata de una violación más a los derechos humanos de la estudiante de la UNAM en agravio a su seguridad y libertad y es, esencialmente, la continuación de la persecución política de la que ha sido víctima luego de resultar gravemente herida en los criminales bombardeos que realizó Colombia en Ecuador el 1 de marzo de 2008, mismos que fueron condenados por diversas instancias del sistema interamericano por tratarse de flagrantes violaciones al orden jurídico internacional.
El gobierno de nuestro país calificó de “ilegal” la acción colombiana, “deploró” la muerte de cuatro jóvenes mexicanos y solicitó una indemnización a Colombia para los familiares de los estudiantes asesinados y para Lucía por las lesiones que sufrió, estas manifestaciones eran un claro reconocimiento de la culpabilidad del gobierno de Colombia en la comisión de múltiples delitos. Ante la negativa de ese país para resarcir los daños, el gobierno encabezado por Felipe Calderón no respondió con la energía debida y mucho menos se ha apegado a lo que la ley establece en materia de defensa de los connacionales víctimas de delitos en el extranjero y en la procuración de justicia. Hasta el momento, ni el presidente ni la Canciller Patricia Espinoza han tenido tiempo para concedernos la audiencia que los padres de las víctimas les hemos solicitado incluso públicamente.
Ante el llamado de Colombia para que Interpol proceda a la detención de Lucía, manifestamos que ella no es culpable de delito alguno, que no hay prueba que demuestre que violó la ley y que, por el contrario, los hechos no dan lugar a dudas de quienes son los transgresores. En un ataque militar nocturno, planeado y ejercido con saña y ventaja, se cometieron asesinatos violentos, cuatro mexicanos fueron destrozados por las bombas expansivas y Lucía Morett fue víctima de un intento de homicidio y de tratos crueles y degradantes. Todo se originó en la ilegal invasión colombiana en Ecuador, cuya responsabilidad asumió el Presidente Álvaro Uribe al reconocer en foros internacionales haber dado la orden con la que se cometieron innumerables delitos que violaron el derecho internacional y el derecho humanitario.
Ante esta violaciones cabe preguntarse: ¿Por qué se acosa a Lucía y se le fincan aberrantes procesos judiciales que invierten los papeles? ¿Por qué de ser víctima y agraviada se le coloca en el lugar de delincuente? ¿Por qué desde instancias de poder y de fuerza se hace una feroz persecución política? ¿Por qué se le continúa sometiendo a una violencia de estado a todas luces desproporcionada? ¿Qué alianzas o intereses impiden que los mexicanos víctimas del terrorismo de Estado colombiano sean defendidos como corresponde en derecho y se les haga justicia?
Lucía desconocía hasta hoy que existiera un proceso judicial en su contra en Colombia, por lo que nuevamente se le ha destrozado el derecho a contar con una defensa adecuada, prerrogativa básica reconocida en diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. A Lucía se le ocultó algo elemental, a oscuras se le siguió un juicio para criminalizarla, un juicio que la pone en total desventaja. ¿Se habrán usado otra vez las mágicas computadoras para inventar cargos?
De nueva cuenta estamos ante hechos de facto. Premeditadamente y con dolo se le ataca en una clara intención de evadir la responsabilidad de quienes ostensiblemente cometieron graves delitos. Ante los crímenes y las violaciones a los derechos humanos Lucía no ha guardado silencio y ese es su delito, Lucía ha señalado su disposición a recurrir a los tribunales internaciones como testigo y por eso se le ataca incluso desde México y Ecuador. La vida que no le pudieron arrancar a Lucía con los bombardeos se la quieren quitar a pedazos. Aplicar la pena de muerte es un recurso, ilegal desde luego, que ejecuta el gobierno colombiano con absoluta impunidad. Torturar y encarcelar injustificadamente a inocentes, apoyado incluso en vergonzantes complicidades, es otro recurso de Álvaro Uribe para deshacerse de quienes le resultan molestos.
Remitir a Lucía Morett a sus verdugos, a quienes la torturaron y a quienes asesinaron a cuatro jóvenes mexicanos es a todas luces aberrante y contraria a la justicia. A quien debe sancionarse es a los autores intelectuales y a los ejecutores materiales de la barbarie. Lucía además de víctima tiene el papel de testigo, ya sea ante tribunales nacionales o internacionales del terrible atentado que se perpetró en agravio del pueblo ecuatoriano. Lucía no puede ser moneda de cambio ni pretexto para desviar la atención de temas nacionales urgentes. Nos llama la atención que en el momento político que vive México sea en el que se da el anuncio de este llamado para la detención de Lucía. ¿No será que se trata de impedir que ella pueda ejercer plenamente sus derechos políticos y golpearla a toda costa?
Nos pronunciamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de Lucía Morett, por el cese definitivo de la injusta persecución de la que es objeto y de los amañados procesos jurídicos iniciados para castigar a las víctimas y procurar impunidad a los criminales.
El gobierno mexicano debe poner un alto a estas agresiones y demandar la justicia plena para los connacionales víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos con la masacre de Sucumbíos y cuyo responsable confeso es el presidente Álvaro Uribe Vélez.
JORGE MORETT Y MARÍA DE JESÚS ALVAREZ, padres de Lucía Morett.
LIC. HUGO ROSAS DE LEÓN, abogado de Lucía Morett
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