Guerra interna en la PGR

Guerra interna en la PGR

RICARDO RAVELO,

Revista Proceso # 1725, 22 de noviembre de 2009

Por si no bastara el hecho de verse erosionada debido a la infiltración por el narcotráfico y a la corrupción interna, la PGR está enfrascada en pugnas de poder domésticas. Así lo demuestra el reciente choque del cuestionado procurador Arturo Chávez Chávez con el subprocurador Juan Miguel Alcántara Soria. Lo extraño es que ambos pertenecen al mismo grupo, apadrinado por el excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, quien desde 1994 controla los destinos de la procuraduría.

Vapuleado por su ineficacia como procurador de Chihuahua y por su relación con los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, quienes entre 1994 y 1996 tuvieron el control de la Procuraduría General de la República (PGR), el actual titular de esta dependencia, Arturo Chávez Chávez, tuvo su primera confrontación interna después de tres meses de haber asumido el cargo.

Tan pronto como se acomodó en su cargo, Chávez Chávez se peleó con Juan Miguel Alcántara Soria, exprocurador de Guanajuato y actual subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, quien fue uno de los candidatos de peso para sustituir a Eduardo Medina Mora en esa dependencia.

–Quiero tu renuncia –le dijo Chávez Chávez a quien fuera su rival.

–No renunciaré. Mi nombramiento se lo debo al presidente –habría respondido Alcántara Soria.

En la PGR se pudo averiguar que el subprocurador defendió su posición y que Chávez se vio forzado a retener el nombramiento de Alejandro Gómez Sánchez –excoordinador de asesores de Medina Mora y exvisitador general de la PGR– como sustituto de Alcántara Soria.

Ante la imposibilidad de imponer a su amigo en la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, el procurador nombró a Gómez Sánchez como director general de esa oficina. Sin embargo, la tensión persiste en la PGR.

La confrontación se presentó a pesar de que Alcántara Soria forma parte del mismo equipo que impulsó a Chávez Chávez: fue abogado del despacho de Antonio Lozano Gracia, quien litiga asuntos relevantes en alianza con Diego Fernández de Cevallos, a quien se ha identificado como defensor de presuntos integrantes del cártel de Juárez (Proceso 1116).

Salvo este conflicto, Chávez Chávez ha incorporado a su equipo más cercano no sólo a personajes relacionados con sus mentores Lozano Gracia y Fernández de Cevallos, sino también a exfuncionarios que arrastran una cauda de pifias y yerros en la administración pública federal.

A poco más de 90 días de haber tomado posesión en la PGR, Chávez Chávez ya designó a la mayoría de sus colaboradores. Según la página web de la PGR, sólo tres áreas están “vacantes”: la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y el Órgano Interno de Control (OIC), que depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública.

Cuestionado por sus errores al fundamentar la llamada teoría del segundo disparo durante las investigaciones del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, Arturo Germán Rangel ocupa el cargo de subprocurador de Delitos Federales.

Su responsabilidad actual es perseguir los delitos fiscales y financieros, ambientales, la piratería y los ilícitos cometidos por servidores públicos. De acuerdo con su historial, su carrera está plagada de claroscuros y no ha sido menos polémica su actividad como abogado y funcionario del Ministerio Público federal.

Se le relaciona también con el exfiscal de los casos Colosio y Ruiz Massieu, Pablo Chapa Bezanilla, señalado como responsable de sembrar una osamenta en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas. Se dijo que los restos humanos correspondían al prófugo Manuel Muñoz Rocha, señalado en 1995 como coautor intelectual del homicidio del exgobernador de Guerrero.

Por otra parte, Rangel impulsó la teoría del “segundo tirador”, con la que Othón Cortés Vázquez fue acusado de participar en el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.

Cortés Vázquez fue absuelto en 1996 y, tras recobrar su libertad, demandó a Rangel, Chapa Bezanilla y Lozano Gracia por daño moral, con el argumento de que su incriminación fue fabricada desde la PGR “con fines políticos”.

No es todo. Según una nota publicada en la página electrónica www.terra.com, como litigante del despacho de Lozano Gracia, Rangel fue defensor de Fernando García Zalvidea, empresario de Cancún, Quintana Roo, acusado de lavar dinero del cártel de Juárez.

De acuerdo con el expediente de ese caso –más tarde integrado al llamado Maxiproceso contra la organización criminal que de 1993 a 1997 encabezó el extinto capo Amado Carrillo Fuentes–, García Zalvidea fue investigado por la PGR presuntamente por lavar 34.8 millones de dólares a través de inversiones hoteleras. Tiempo después, el empresario fue absuelto por falta de pruebas.

Turbia historia

Otro cercano colaborador de Chávez Chávez que tuvo un desempeño fugaz en la PGR es Francisco Javier Molina Ruiz, quien fue nombrado subprocurador de Control Regional. Actualmente tiene bajo su responsabilidad, entre otras acciones, el control de las delegaciones estatales de la PGR.

Molina Ruiz fue procurador de Chihuahua, senador de la República y comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), al que ingresó en marzo de 1996 en sustitución de René Paz Horta. En ese cargo sólo duró ocho meses; lo sustituyó el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien más tarde fue encarcelado por sus vínculos con el narcotráfico, en particular con Amado Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez, y con Eduardo González Quitarte, El Flaco, publirrelacionista de El Señor de los Cielos.

Después de su salida del INCD, Molina Ruiz reapareció ligado a los temas de procuración de justicia después del triunfo de Vicente Fox en la elección presidencial de 2000. Entonces se le consideró “el hombre fuerte” del presidente electo para ocupar el cargo de procurador general de la República, pero en el camino se le atravesó otro personaje: José Luis Reyes Vázquez, quien había sido procurador de Guanajuato durante el gobierno de Fox.

Incrustados en el equipo más cercano del presidente electo Vicente Fox, Reyes Vázquez y Molina Ruiz recorrieron el país escrutando la actuación de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado, y cuestionando sus desatinos.

En sus intervenciones, ambos hablaban de la corrupción, de la infiltración del narcotráfico en la PGR y de cómo se politizó la procuración de justicia durante el sexenio de Ernesto Zedillo. De igual forma, participaban en foros y conferencias de prensa, dentro o fuera de México, en los que, en nombre de Fox, proponían acabar con los vicios y fallas que dañaban a la institución.

El 31 de julio de 2000, menos de un mes después de la derrota del PRI, Reyes Vázquez lanzó esta consigna contra el narcotráfico:

“Vicente Fox está decidido a librar una lucha contra la delincuencia y la impunidad, y (para) que el Estado de derecho sea real, no sólo en el discurso. Además, la sociedad le exigió al próximo presidente de la República que, de una vez por todas, saque las manos de la procuración de justicia para que la investigación de los delitos y las decisiones de los tribunales no se contaminen por motivos políticos.”

Durante el periodo de transición de 2000, tanto Molina Ruiz como Reyes Vázquez fueron cuestionados por su derroche de recursos: rentaron la lujosa residencia de Monte Líbano 320, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, para realizar los trabajos de transformación de la PGR en una Fiscalía General de la Federación. Según estimaciones de entonces, el costo de la renta mensual era de 8 mil dólares.

Debido a la lucha de poder y a sus ambiciones personales, pronto surgió el encono entre Molina y Reyes. Pero en el equipo de Fox, e incluso en círculos externos, nadie dudaba que Reyes Vázquez sería el procurador general de la República. En público y en privado, el guanajuatense ya se conducía como “el hombre fuerte” para ese cargo.

Pero la historia cambió. En agosto de 2000, impulsado por sus ambiciones y por el temor de ser desplazado por Molina Ruiz, Reyes Vázquez se puso en contacto con José Luis Thirión Muñoz, uno de los informantes del general Augusto Ochoa, quien más tarde fue secretario particular del titular de la Defensa Nacional, Clemente Vega García.

Thirión Muñoz también era informante de la PGR. Por esas fechas realizaba una investigación relacionada con los movimientos de los hermanos Arellano Félix, cabezas del cártel de Tijuana.

En el momento en que se presentaron los choques más fuertes dentro del equipo de transición (en materia de seguridad, procuración y administración de justicia), Reyes Vázquez se puso en contacto con Thirión Muñoz y puso en marcha un plan estratégico para quitar del camino a Francisco Javier Molina Ruiz:

Le pidió al informante de la Sedena y de la PGR que investigara los presuntos nexos de Molina con el cártel de Juárez; le dijo que él tenía información al respecto, pero que necesitaba pruebas para entregárselas al presidente electo.

Ese fue uno de los golpes bajos que se suscitaron durante el periodo de transición y que derivaron en mayores problemas. No se sabe si tal información llegó a las manos del presidente electo, lo cierto es que por otras vías Vicente Fox fue informado de los excesivos gastos de Reyes Vázquez y decidió cambiar sus planes para la PGR. De esa manera recibió varias recomendaciones, entre otras la de Diego Fernández de Cevallos, para que el general Rafael Macedo de la Concha fuera designado procurador.

Diego, el influyente

Meses antes de asumir la Presidencia de la República, en diciembre de 1994, Ernesto Zedillo había decidido incorporar a su gabinete a una figura que no perteneciera a su partido, el PRI. Por aquellas fechas, Zedillo le propuso al abogado postulante Diego Fernández de Cevallos que aceptara ser procurador general de la República. El llamado jefe Diego declinó la propuesta y recomendó a su amigo Antonio Lozano Gracia, quien encabezó la PGR de 1994 a 1996.

Desde entonces, Fernández de Cevallos, exsenador de la República y excandidato presidencial, ha ejercido una fuerte influencia en la PGR y en las áreas de administración de justicia.

Polémico, Diego Fernández no ha sido ajeno a presuntas vinculaciones sospechosas: como abogado se le relacionó, a finales de 1996, con la defensa de Jorge Fernando Bastida Gallardo, un inversionista que de la noche a la mañana apareció como fuerte accionista del banco Anáhuac y a quien, a su vez, se le relacionó con el capo Amado Carrillo Fuentes (Proceso 1116).

Todo ese embrollo salió a relucir luego de que el Grupo Corporativo Anáhuac –investigado por la PGR como uno de los presuntos centros de blanqueo de capitales del cártel de Juárez– fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras incurrir en un fraude con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras verse envuelto en el escándalo, Bastida Gallardo contrató los servicios de Diego Fernández de Cevallos. Del caso se supo que Bastida Gallardo (de quien entonces se dijo que era consuegro de Amado Carrillo) firmó los cheques 76859 y 76860 a nombre de su defensor. El monto: 1 millón 995 mil y 2 millones de pesos, respectivamente.

Diego Fernández negó ser el abogado de Bastida. Públicamente dijo: “A mí me solicitaron una intervención a favor de un grupo financiero, no de una persona física”.

Diecinueve años después de haber recomendado a Lozano Gracia para la PGR, en el actual sexenio Fernández de Cevallos apareció como una de las figuras clave que impulsaron a Fernando Gómez Mont para la Secretaría de Gobernación y a Arturo Chávez Chávez para la PGR, a pesar de la ineficacia que éste último mostró como procurador de Chihuahua, en particular con las investigaciones sobre el fenómeno conocido como “las muertas de Juárez”.

Y es que Chávez Chávez fue litigante del despacho de Lozano Gracia después que éste dejó la PGR en 1996.

Otro de sus impulsores fue el también chihuahuense Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores del PAN, en cuya empresa Electronic Publishing, S.A. de C.V., Chávez Chávez fue secretario del consejo de administración y, como tal, cerró contratos millonarios en los que salieron a relucir las maniobras de tráfico de influencias (Proceso 1690 y 1717).

A tres meses de haber asumido el mando de la PGR, Chávez Chávez ya nombró a la mayoría de sus colaboradores. Se mantienen firmes en sus puestos personajes del pasado, como Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, y Arturo Guzmán Rangel en la Subprocuraduría de Delitos Federales.

Asimismo, se mantiene en la titularidad de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) Marisela Morales Ibáñez, a pesar de que a principios de octubre fue candidateado para ese puesto Estuardo Mario Bermúdez Molina, quien renunció a la PGR en marzo de 2003, tras fracasar como responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS).