Los legalizadores de mota

Los “reformadores”

MARCELA TURATI

Revista Proceso # 1725, 22 de noviembre de 2009

Diversos sectores de la sociedad estadunidense están hartos de los asesinatos, la corrupción y el costo social que implican el narcotráfico y el consumo clandestino de estupefacientes. Por eso se organizan para arruinar el negocio de los cárteles, con el fin de que los estados le quiten recursos a la inútil guerra y los destinen a la educación y a la salud. Proceso estuvo presente en un encuentro de estos “reformadores” en Nuevo México, donde fue evidente que el liderazgo no lo llevan los políticos.

ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO.- El hombre de la calva emociona al auditorio. Es aplaudido, palmeado y fotografiado como si se tratara de un rockstar. Al inaugurar la Conferencia Internacional por una Reforma de la Política hacia las Drogas, el orador proclama que ellos, “los reformadores”, tienen el viento a su favor, y la sola idea de un mundo donde las drogas sean legales electriza al público, que lo ovaciona de pie.

Le aplauden policías; afroestadunidenses del Bronx que se dicen usuarios de drogas; activistas que luchan por las libertades civiles; un consejero de la ciudad de El Paso, Texas, y varios de sus conciudadanos aterrorizados por la carnicería fronteriza; enfermos que exigen tratamiento médico con mariguana; promotores de la estrategia de la repartición de jeringas nuevas para frenar epidemias de VIH y hepatitis C, al igual que médicos, abogados, hacedores de leyes, investigadores, terapeutas, maestros, alumnos, activistas.

“Tenemos el viento a nuestras espaldas y estamos haciendo progresos como nunca antes habíamos visto. ¡Este es el momento!”, proclama Ethan Nadelmann, el orador que antes fue profesor de la Universidad de Princeton, fundó la organización Drug Policy Alliance y es el rostro de la lucha por el cambio de política global contra las drogas.

Este neoyorquino, que sabe usar el escenario, comienza su discurso equiparando la actual y “fallida” guerra contra las drogas con la prohibición del alcohol en los años veinte, que propició corrupción, violencia, ganancias de los traficantes y sobrepoblación de las cárceles hasta que su uso se legalizó. Afirma que las leyes prohibicionistas actuales están basadas en la histeria, el miedo y la ignorancia, y que sólo han servido para alimentar un mercado clandestino.

“Aparte de Irak, los dos problemas de seguridad de los estadunidenses son México y Afganistán, y hoy eso está haciendo a la gente que reflexione que quizás hay una mejor manera de enfrentar el problema. Dicen, no me consta, que el negocio de la mariguana deja la mitad de sus ganancias a las bandas mexicanas. Dicen, no lo sé, ¡pero lo que sí decimos es que terminar con la prohibición de la mariguana es la manera más efectiva de reducir la violencia! El tiempo que mantengamos la mariguana ilegal es el que estaremos manteniendo a los gángsters mexicanos”, dice eufórico Nadelmann, y recibe más aplausos.

Con su discurso inaugura el décimo encuentro de reformadores, al que acuden mil personas, casi todas estadunidenses, aunque hay gente de todos los continentes y un nutrido contingente latinoamericano.

El encuentro se realiza del 12 al 14 de noviembre en Nuevo México, estado considerado un modelo de la despenalización. Esta es la conferencia más concurrida de toda la historia del movimiento y la primera durante la administración Obama.

En distintos foros se presume como un logro que “Obama está dejando hacer”, y la primera muestra que dio es que el mes pasado ordenó a los fiscales de la administración pública que no persigan a las personas que utilizan mariguana con fines médicos en los 14 estados donde es legal su uso terapéutico.

Debbie Goldsberry, codirectora del dispensario médico de mariguana Berkeley Patients Group, de California, es una de las personas que ha notado el cambio. Durante 10 años su organización dedicó mucho de su tiempo a asesorar legalmente a los pacientes que caían en la cárcel con un puño de hierba en la mano. Los empleados eran arrestados y los dispensarios clausurados porque el gobierno de Bush perseguía a quien encontraba con cannabis, aunque las leyes estatales aprobaran su uso.

Pero desde que Obama está en la Casa Blanca, Debbie dedica sus energías a encontrar canales de distribución segura de mariguana, proveedores confiables y productores de hierba de buena calidad, libre de plaguicidas.

Los reformadores tienen una batería de argumentos para solicitar la “regulación” nacional de las drogas, empezando por la mariguana. Una de sus tesis recurrentes es que la guerra contra el narcotráfico es una batalla perdida, y apuntan a México como la evidencia.

“En Ciudad Juárez ocurre un baño de sangre que no se había visto desde la Revolución Mexicana, mucha gente prefiere voltear a otro lado. Es como si un desastre natural, un huracán, hubiera golpeado a la ciudad. Se sabe de gente torturada antes de ser asesinada, cuerpos tirados en la calle, muertos amarrados a los muros de escuelas primarias… México y Estados Unidos debemos tener un debate acerca de la prohibición”, dice en la ceremonia inaugural Beto O’Rourke, consejero de El Paso, ciudad vecina de Juárez. También sugiere la presencia de los cascos azules de la ONU para pacificar la frontera.

El ejemplo de México lo retoman los observadores de derechos humanos que critican la falta de candados en el Plan Mérida para prevenir excesos de los militares; lo señala el contingente de maestros y alumnos de la Universidad de El Paso, estremecidos por tanta violencia; lo dicen los mexicanos presentes y el excanciller Jorge Castañeda, uno de los oradores estelares.

Los legalizadores (o “regularizadores”, como varios piden que los llamen) reunidos en el Centro de Convenciones de Albuquerque describen el panorama ideal que se tendría si lograran su cometido: si la droga se legaliza habrá menos niños “enganchados” porque en las farmacias no les venderán; se acabarán las narcotienditas y la corrupción que genera la clandestinidad; los estados ahorrarán el presupuesto destinado a mantener a los presos por drogas; arruinarán el negocio de las bandas criminales; se estabilizará el consumo; disminuirán las muertes por sobredosis y se reducirán los contagios de hepatitis C y sida por el reuso de jeringas.

“Creemos que si la guerra contra las drogas termina en Estados Unidos, el régimen global que las prohíbe perderá su fuerza y comenzará a colapsar en el mundo como dominó”, dice un eufórico Nadelmann, arropado de aplausos del público que, con Obama en el poder, siente “el viento a sus espaldas”.

La dimensión política

“En esta conferencia veo un optimismo nunca antes visto”, presume el joven Tony Neuman, de la organización Drug Policy Alliance (DPA), en el stand donde regala carpetas con artículos de Nadelmann y revistas que en la portada señalan: Legalize it.

Tony considera que tres razones hacen esta conferencia distinta: la crisis económica ha hecho que los gobernadores no quieran en las prisiones a más usuarios de drogas (medio millón de estadunidenses están encarcelados por esta causa y la manutención de cada uno cuesta 40 mil dólares al año); la violencia desatada en México ha hecho pensar a la gente que la prohibición no funciona; y Obama está en la presidencia.

“Ya no es un movimiento marginal o minoritario, es grande y creciente, es financiado por gente respetable (como George Soros), hay empresarios, académicos, médicos, gente seria y de todo tipo”, comenta a Proceso el excanciller Jorge Castañeda, coautor del libro El narco: la guerra fallida, de publicación reciente.

A este foro empiezan también a asomarse algunos políticos. Aunque a la inauguración faltó el mandatario de Nuevo México, Bill Richardson, el exgobernador Gary Johnson acude a la clausura y asegura que 90% de los problemas causados por la droga están relacionados con la prohibición, no con los usuarios.

Durante el encuentro, los reformadores presumen la encuesta más reciente de Gallup, según la cual la mitad de los estadunidenses está a favor de legalizar el uso de la mariguana.

Algunos de los que seguramente contestarían que sí a la encuesta son los corpulentos policías que se pasean en camisetas estampadas con placas de comisarios y la leyenda Cops say legalize drugs. Ask me why (Los policías dicen: legalicen las drogas. Pregúntenme por qué). Ese movimiento lo integran custodios de cárceles, policías, abogados y jueces, la mayoría jubilados.

El fundador es Jack Cole, un policía retirado que trabajó encubierto en la primera línea de narcóticos. Él dice que durante su carrera se dio cuenta de lo injusto que era encarcelar a la gente por lo que introduce en su organismo y que siempre los más castigados eran los pobres y los no blancos.

“Cuando terminamos la prohibición del alcohol, al día siguiente Al Capone quedó arruinado. Si se hace (con las drogas) dejarán de morir nuestros niños, nuestra gente, nuestros policías, porque el mercado ya no será lucrativo”, dice.

Según su organización (LEAP), en 40 años Estados Unidos ha destinado 70 billones de dólares a “esta guerra” y ha realizado 39 millones de arrestos por incidentes no violentos relacionados con drogas. “Ese es el tamaño de un país, un desperdicio”, enfatiza.

Jack dice que la postura estadunidense, rectora de la política mundial, ha fracasado, y que el problema no se debe tratar con la fuerza pública sino como un tema de salud. Al escucharlo, asienten los dos policías retirados que lo acompañan a la entrevista.

–¿Por qué la mayoría son retirados, dónde están los policías activos? –se les pregunta.

–Es difícil ver nuestro punto de vista cuando estás en la policía, pero cuando te retiras ves el problema completo. Antes no, porque nadie quiere acabar con su fuente de trabajo –explica Russ Jones, quien fue agente antinarcóticos en California y Centroamérica.

Julie Roberts tiene 24 años, estudió cine y política. Habla con la seguridad de una oradora especializada y con una sonrisa de vendedora de productos de belleza. Pero lo que ella promueve es el modelo de despenalización alcanzado en Nuevo México.

Cuenta: “En 1997 logramos que se aprobara la Harm Reduction Act, los usuarios de drogas pueden ir a las clínicas a que les den agujas nuevas… tienen la opción de recibir tratamiento… tenemos una política preventiva de sobredosis porque en Nuevo México muere una persona al día por sobredosis, que es muy alto si piensas en proporción de la población… en 2001 logramos que se distribuyera el medicamento Narcan y entrenamos a la gente para que pueda revivir a las personas víctimas de una sobredosis… en 2007, logramos que la gente pueda llamar al 911 para avisar de alguna persona agonizando por sobredosis sin que la policía lo arreste por posesión de drogas... e hicimos que pasara el permiso del uso de la mariguana medicinal… logramos la licencia de producción y distribución… hicimos reformas al sistema judicial, a los planes educativos”.

Esta joven ya ha trabajado en Washington DC como promotora de la reforma política. Se involucró en este terreno cuando empezó a “perder amigos” por sobredosis, prisión o enloquecidos por la droga (cuando dice esto es el único momento en que deja de sonreír). Informa que, en los últimos años, en Nuevo México se han mantenido los mismos niveles de muertes por sobredosis de heroína (no hubo aumento ni reducción), con lo que no hay evidencia para decir que al despenalizar la droga se incrementa el consumo.

“La política contra las drogas hace más daño que las drogas en sí”, dice.

Mientras, en el encuentro de reformadores se venden camisetas con leyendas como Nice people take drugs y se exhiben medicamentos para salvar a personas con sobredosis. En otro stand se ven playeras con fotos de los años veinte, de personas brindando con alcohol a pesar de su prohibición o calcomanías con leyendas como No more drug war o Legalize Marijuana; hay también videos para adolescentes sobre el uso de las drogas, cómics sobre la defensa de las libertades civiles, carteles por la liberación de presos por drogas, DVD con consejos para lidiar con la policía, libros sobre los daños del alcohol peores que los de la mariguana y revistas donde se enseña a cultivar la hierba.

Una televisión exhibe permanentemente el debate entre Ethan, como todos llaman a Nadelmann, y un político prohibicionista, pero nadie se detiene a escuchar los argumentos que tanto refutaba la administración Bush: que la mariguana eleva 40% el riesgo de padecer trastornos mentales y nerviosos y que no había evidencias científicas de su efectividad terapéutica.

En las salas se oyen testimonios de usuarios de droga, de madres a quienes les quitaron a sus hijos por sus adicciones y de familiares de muertos por sobredosis; revelaciones de activistas por la despenalización; experiencias de médicos que aplican tratamiento con mariguana; análisis de leyes estatales o informes de los activistas llegados de países que forman parte del eslabón de la cadena de producción, tráfico y consumo de droga.

Desde abajo

Mark Haden es un canadiense, autor de varios libros, de un sitio en internet, de múltiples documentos y de una propuesta sobre el modelo que debe seguirse cuando se legalicen las drogas (él aboga por todas).

“Criminalizar no protege a nuestros hijos. Ahora los jóvenes se venden unos a otros, se envuelven por el dinero y el fácil acceso, nadie les pide una identificación y todo es por esa falta de regulación”, argumenta.

El modelo Haden tiene previsto prohibir la publicidad de las drogas y no ponerle marca a los empaques para que las multinacionales no se enriquezcan con su venta, como ocurre con el tabaco y el alcohol. También sostiene que el Estado debe proporcionar a los adictos su dosis porque al supervisarlos les dará la opción de rehabilitarse.

“Lo que sugiero es barato: te ahorras el costo de la policía, los abogados, las cortes, los juicios y los entierros, que son muy altos. Si quitamos el dinero de ahí, lo damos a la salud”, argumenta.

Él no está tan confiado en Obama: “Mi percepción es que quitó el pie del acelerador, pero no cambió el rumbo”.

Algunos de los que están en el encuentro ni siquiera se habían planteado la legalización de las drogas. La maestra de la Universidad de El Paso Kathy Staudt cuenta en el micrófono que sus alumnos le comentan que tienen un primo desaparecido en Juárez o una sobrina asesinada, o piden permiso para ir a funerales.

“El 99% de lo confiscado (en el puente internacional a El Paso) consiste en mariguana, cuando uno hace la suma de la violencia y las horrendas violaciones a los derechos humanos, uno se da cuenta de lo fallida de la estrategia. ¡Y de que la mariguana debe ser legalizada!”, dice en la mesa redonda en la que participa.

Desde el público le preguntan por los “gángsters mexicanos”, y la maestra responde que no sólo hay mexicanos en el negocio y que las organizaciones criminales deberían ser rebautizadas como cártel de Tijuana-San Diego o de Juárez-El Paso. Pero la inquietud sobre los mexicanos se repite. “Decían que si legalizábamos la mariguana en California, los narcos mexicanos se iban a establecer en el estado. ¿Es posible?”, interviene una mujer.

A final de cuentas, Nadelmann, el anfitrión del evento, reconoce que el cambio no se hará en la Casa Blanca sino en las calles. Por eso pide a los asistentes apoyar y presionar al presidente. Los reformadores se sienten victoriosos juntos, agradecen todo el tiempo a “Ethan” por haberlos convocado. Él clausura mientras la gente repite un mantra en español, que va subiendo de velocidad y volumen: “¡Sí-se-pue-de! ¡Sí-se-pue-de!”.

Mariguanización” temeraria

ALEJANDRO MACIEL

Revista Proceso # 1725, 22 de noviembre de 2009

La apertura en California al uso terapéutico de la mariguana detonó controversias. Para un sector social de esa entidad estadunidense, lo que en realidad ocurre ahora es que está aprovechándose esa flexibilidad para liberar el consumo de la droga de manera indiscriminada, a grado tal que la hierba se ha prohibido en varias ciudades del estado. Con todo, la mayoría de los californianos apoya la idea de mantener la despenalización. Más aún, existen ya planteamientos y propuestas concretas para legalizar la mariguana totalmente.

SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Lo único que necesita es que le duela algo. Claro, mientras más le duela, mejor. Después tiene que visitar a un médico y describirle su malestar. Es todo. Si el médico lo considera apropiado, le recomendará el uso medicinal de la mariguana, le expedirá una carta con su opinión y le entregará, al final de la consulta, una tarjeta de “usuario” que le permitirá comprar legalmente la hierba en alguno de los más de mil 500 dispensarios de esta droga que existen en el estado de California.

La opinión médica y el paquete le cuestan al paciente entre 80 y 120 dólares en su primera consulta. Al cabo de un año el paciente deberá renovar su tarjeta de usuario a un costo promedio de 60 dólares. Todo esto ocurre ante los ojos de las autoridades y en condiciones de perfecta legalidad, gracias al Acta 215, también conocida como el “Acta para el uso compasivo”. Esta disposición fue aprobada por los californianos en 1996 y desde entonces ha permitido el uso de la mariguana con fines médicos. Lo que ha hecho esta ley, según sus críticos, es legalizar de facto su uso en California.

De acuerdo con el dispensario Orange County Medical Marijuana Evaluation Services, con sede en Mission Viejo, California, para el uso de esta droga son elegibles “todos los pacientes que presenten algún tipo de dolor por migraña o dolor de cabeza, dolores crónicos, glaucoma, AIDS/HIV, cáncer, mareos crónicos, espasmos musculares, depresión, lesiones de deportes, dolor de espalda, Síndrome de Estrés Post Traumático y pacientes de diálisis, entre otras enfermedades”.

Los médicos del dispensario consideran que la mariguana también ayuda a mitigar problemas de Alzheimer, anorexia y lesiones en la espina dorsal.

Aunque han pasado 13 años desde la legalización del uso de la hierba con fines medicinales, la medida no desató mayores controversias, sino hasta ahora, cuando las autoridades antinarcóticos anunciaron que por orden del gobierno federal, expedida el 20 de octubre pasado, dejarán de perseguir a los usuarios y sus proveedores que se apeguen a las leyes de los 14 estados donde se permite el uso restringido de la droga.

El problema es que la ley es muy laxa y ambigua, por lo menos en California. Dependiendo del condado y de la ciudad, los límites por usuario van desde seis plantas y ocho onzas en la mayoría de los condados, hasta 30 plantas y tres libras de mariguana en el de Sonoma.

Las reglas establecen que los dispensarios sólo pueden tener un inventario de cinco libras y que deben adquirir la mariguana de personas o cooperativas de producción establecidas para ello. Además, el precio debe ser suficiente sólo para pagar sus costos de operación, es decir, deben ser organizaciones sin fines de lucro.

Eso dice la ley. Pero lo que está ocurriendo es otra cosa.

Los dispensarios se han convertido en verdaderos centros de distribución de mariguana de todas las variedades, colores, sabores, tamaños y potencias.

Colocadas en frasquitos para su venta, el usuario puede elegir, dependiendo de su dolor, entre Alaska Ice, Acapulco Golden, Sonoma Coma, Humboldt Haze, Purple Diesel, White Widow, Afgani Kush o Skywalker, entre otras.

En este nuevo mercado, ya semilegalizado, la mariguana producida en Estados Unidos lleva la delantera, ya que las pequeñas cooperativas, amparadas bajo la ley y con todos los adelantos de la tecnología, han logrado elevar el porcentaje de tetrahydrocannabinol o THC (el ingrediente químico que le da su efecto característico a la hierba).

Fuera de control

Si bien la ley tenía como objetivo ofrecer una alternativa natural a la gente que padece alguno de los males antes mencionados, desde 2006 las autoridades empezaron a sospechar que se estaba haciendo un uso recreativo de la droga, especialmente en ciudades como Los Ángeles, donde el número de dispensarios de mariguana aumentó de 4 en 2003, a más de 600 en 2006.

En 2007, el jefe de la Policía de Los Ángeles, Bill Braxton, pidió al concejo de la ciudad una moratoria para evitar la apertura de nuevos dispensarios hasta que se evaluaran las condiciones de operación, ubicación y horario de los que ya funcionaban, puesto que muchos de ellos se encontraban en zonas escolares.

El concejo adoptó la Ordenanza de Control Interino a partir del 1 de agosto de ese año, con lo que el Departamento de Policía inició la evaluación solicitada. Sin embargo, la moratoria tenía tantas lagunas legales, que en los dos años siguientes se establecieron otros 400 dispensarios en Los Ángeles.

Dichos establecimientos “están completamente fuera de control”, confirma Ed Reyes, un regidor de Los Ángeles, y asegura que al menos 70% de los dispensarios está operando de manera ilegal. Incluso manifiesta su sospecha de que pandillas y cárteles de la droga están vendiendo mariguana a los dispensarios. “Basta ver los volúmenes que se están manejando para darse cuenta de que hay un negocio organizado y muy lucrativo detrás de todo eso”, recalca Reyes.

El 8 de marzo de 2007, el teniente Paul Vernon de la Policía de Los Ángeles dijo al diario USA Today que “en esencia, podría decirse que algunos traficantes han logrado hacer legítimo su negocio”.

Al respecto, una dirigente comunitaria en el área de Southgate, Los Ángeles, Manuela Espinoza, dice irónica: “Es como si de repente se hubiera desatado una epidemia de dolor en todo el estado. Ahora resulta que todo el mundo necesita mariguana porque le duele algo”.

Ante la situación que se vive en Los Ángeles, donde los dispensarios se encuentran en cualquier sitio, incluso cerca de escuelas o de parques infantiles, otras ciudades californianas han expedido leyes que prohíben o regulan muy estrictamente dichos establecimientos.

Con medidas como esas “le estamos diciendo a las ciudades del estado que vean el fracaso de Los Ángeles”, dice Paul Chabot, fundador de la Coalición para una California Libre de Drogas.

Hace tres años, la organización civil Estadunidenses por el Acceso Seguro (Americans for Safe Access, ASA) encontró que 29 ciudades del estado habían prohibido los dispensarios. Actualmente la cifra llega a 120. “Esto es una cuarta parte de las ciudades del estado”, dice Chabot. Además, ocho de los 58 condados de California impusieron prohibiciones similares.

La semana pasada, la ciudad de Red Bluff, unas 130 millas al norte de Sacramento, fue la que votó más recientemente por la prohibición de las tiendas y también de las cooperativas de cultivo de mariguana. Esta semana Nevada City hará lo mismo.

Potencial económico

A pesar de las críticas, la controversia y las acciones legales contra esta práctica, 74% de los californianos apoya el uso medicinal de la mariguana, mientras que 54% favorece la legalización completa, revela una encuesta del periódico Los Angeles Times, publicada el 22 de octubre pasado.

Ante ese grado de apoyo, numerosos grupos se encuentran ya reuniendo firmas para llevar el tema de la legalización hasta la boleta electoral del año 2010. Una de ellas es la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Mariguana (National Organization for the Reform of Marijuana Laws, NORML), que desde 1997 ha promovido la legalización plena de la hierba en diferentes foros.

En un documento de octubre de 2009, publicado en el sitio en internet de ese grupo y firmado por el doctor Dale Gieringer, se describen los beneficios económicos de la legalización:

“Un impuesto básico de 50 dólares por onza (aproximadamente un dólar por cigarrillo) generaría entre 700 y 900 millones de dólares al año, tomando en cuenta que en el estado hay al menos 400 mil usuarios diarios de mariguana (más 1 millón 950 mil usuarios esporádicos).”

Asimismo, Gieringer argumenta que con la legalización se ahorrarían también unos 200 millones de dólares por concepto de persecución, procesamiento y encarcelamiento de usuarios de mariguana.

Calcula que la legalización podría tener un impacto económico de entre 12 mil y 18 mil millones de dólares, incluyendo la generación de empleos, el desarrollo de nuevos negocios, turismo y el aprovechamiento de la fibra derivada de la mariguana para usos industriales.

Entre los políticos de Sacramento, inmersos en una batalla política permanente para tratar de reducir el déficit fiscal sin subir los impuestos tradicionales, la propuesta tiene seguidores.

En febrero de este año, el asambleísta del Partido Demócrata Tom Ammiano, representante de San Francisco, introdujo la iniciativa AB 390, con la que busca legalizar el cultivo, venta, posesión y uso de la mariguana entre personas mayores de 21 años, regulándola de forma similar al tabaco o el alcohol.

En esa iniciativa se sugiere, por ejemplo, que la licencia para cultivar mariguana para la venta tenga un costo de 5 mil dólares, se cobre 2 mil 500 por la renovación anual y se aplique un impuesto de 50 dólares por onza, entre otras medidas recaudatorias.

Al menos hay otras tres propuestas para la legalización completa de la droga en espera de ser revisadas.

En 2009, Oakland se convirtió en la primera ciudad estadunidense que gravó con 18 dólares cada millar generado por la venta de mariguana. Se espera que ese impuesto genere ente 300 mil y 1 millón de dólares anuales.