Investigadores, especialistas y representantes de la sociedad civil plantearon una serie de propuestas sobre si la Ley Antisecuestro debe ser de carácter general o federal y debatieron con el público asistente sobre los alcances de las mismas, en el marco del Foro Alto al Secuestro.
En este encuentro, organizado por la Comisión de Justicia del Senado, se analizarán entre otros temas para enfrentar dicho delito, la parte económica, de coordinación de los órdenes de gobierno, los marcos jurídicos internacionales y las experiencias de otros países.
El doctor Carlos Vilalta Perdomo, investigador del CIDE, citó que según una encuesta realizada a 231 reclusos, el 81 por ciento señaló que durante su proceso penal alguna autoridad les pidió dinero, lo cual demuestra la debilidad institucional del sistema.
Subrayó que el dinero y las influencias son una constante en el 59 por ciento de la población en reclusión para no estar en la cárcel.
En la encuesta se reporta que las distintas agrupaciones policíacas demandan alguna cantidad de dinero a los delincuentes: un 40 por ciento la Policía Judicial, el 16 por ciento la Preventiva, el 14 por ciento el Ministerio Público y 13 por ciento custodios.
El doctor Miguel Carbonell Sánchez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para hacer frente al secuestro debe haber una Ley General de Combate al Secuestro, expedida por el Congreso de la Unión, 32 leyes locales y complementos legislativos generales y federales.
Rechazó la pena de muerte planteada por el Partido Verde porque las estadísticas demuestran que el 98.3 de los delitos no son castigados y “no importa si hay pena de muerte, o si son 80 años de prisión o un simple arresto, el problema es que no se detiene casi a nadie”.
Calificó a la pena de muerte como una propuesta heterodoxa e inconstitucional.
A su vez, el maestro Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, consideró que la Ley Antisecuestro debe ser general, porque el secuestro es un problema que tiene que ser enfrentado por todos.
El Congreso de la Unión debe emitir una Ley General de Secuestros donde se establezcan los tipos penales y sanciones, la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, y las fórmulas de coordinación, agregó.
Nader Kuri señaló que la Ley General debe dar las pautas para la investigación de la prevención del delito a nivel federal, estatal y municipal, así como incluir la prevención social y multidisciplinaria del delito.
En su oportunidad, Marco Antonio Vázquez Rosales, titular de la Unidad Administrativa Central de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, coincidió en que la Ley Antisecuestro debe ser de carácter general.
Indicó que para combatir el secuestro, la Policía Federal ha desarrollado sistemas de capacitación para agentes de investigación en inteligencia.
Por lo tanto, ya no se contrata a personal con estudios básicos ni con preparatoria, sino con carrera profesional, además de que se establecen sanciones a los elementos que incurran en la comisión de delitos.
Por su parte, María Elena Morera de Galindo, activista social, afirmó que es necesario homologar el Código Penal con el propósito de que no haya víctimas de primera y de segunda según la entidad federativa.
Agregó que elevar las penas – cadena perpetua o pena de muerte – no soluciona el problema; es “populismo”, ya que aún con ello, está demostrado que los delitos van en aumento y son cada vez más violentos.
“No necesitamos más penas, sino que se detengan a todos, que sepan que se les va a castigar”, enfatizó.
Morera de Galindo aseguró que la prevención del delito es clave en el combate al secuestro.
Propuso crear un Observatorio sobre el Secuestro donde participen especialistas y sociedad civil en el seguimiento del delito para que se detecte dónde está el problema, pues “los jueces son lo más oscuro que tenemos”.
Nelson Vargas Basáñez, empresario y padre de una víctima de secuestro, pidió cadena perpetua para secuestradores y exigió a los senadores trabajar en una legislación que no proteja a los criminales.
En su opinión urgen medidas concretas para proteger a la víctima y a sus familias, y considerar en la Ley de Víctimas del Secuestro, que los montos pagados como rescate sean deducibles de impuestos.
Nelson Vargas calificó como “terrible” que se apruebe una ley que prohíba el pago de rescates y la congelación de cuentas de las víctimas, ya que estimó que México no tiene condiciones para ello. Además “no tenemos la educación para aguantar esa presión”.
Finalmente, el senador Alejandro González Alcocer, del PAN, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que será el 15 de marzo cuando se tenga el dictamen, al menos de ese órgano legislativo, para ser discutido y en su caso aprobado por el Pleno.
En el evento estuvieron presentes los senadores María Serrano Serrano, Gabriela Ruiz del Rincón y Francisco García Cervantes, del PAN.
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El Senado no puede evadir legislar sobre secuestro: Carlos Navarrete Ruiz.
El Senado de la República no puede eludir su responsabilidad de legislar en materia de secuestro y lo hará para darle al Estado mexicano los instrumentos que requiere para enfrentar de manera más efectiva y con energía este delito, aseguró el senador Carlos Navarrete Ruiz.
Al inaugurar el Foro Alto al Secuestro, el presidente del Senado se pronunció por “no caer en salidas fáciles”, porque al crimen organizado y a la delincuencia se le debe combatir con los instrumentos de la ley, desde la ley y con la ley, no al margen de ella.
“Me niego a aceptar que para combatir al narcotráfico, tengamos que darle manga ancha a los cuerpos policíacos, para que por encima de la ley actúen, y después tengamos que estarnos defendiendo de ellos y de sus excesos”, manifestó el legislador del PRD.
En su discurso, Navarrete Ruiz se refirió a “algunas visiones ligeras” en el sentido de que el Senado se especializa en hacer foros y no hace nada; que sólo arma parafernalias para invitar a algunos personajes de la vida política y social de México, y luego no los toma en cuenta.
“No es verdad. Rechazo categóricamente esta descalificación fácil y superficial”, expresó.
Como presidente del Senado --dijo-- aspiro a que pronto tengamos un dictamen de consenso para entregar nuevos instrumentos a los ya existentes, a fin de que el gobierno enfrente de manera más efectiva el secuestro.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, recordó que se modificó la Constitución para que el Congreso pudiera legislar en materia de secuestro, por lo que es un compromiso de los legisladores analizar las 15 iniciativas que se encuentran en el Senado.
Señaló que estas propuestas, en las que está incluida la iniciativa del Presidente de la República, “en los días siguientes serán examinadas por los senadores para concluir con un proyecto de dictamen que tome los mejor de cada una de ellas”.
Los presidentes de 16 comisiones del Senado están abocados a resolver un paquete importante de seguridad pública y de seguridad nacional, y existe el compromiso de sacarlo antes de que termine este periodo el 30 de abril, subrayó.
El senador Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVEM, ratificó la propuesta de su grupo parlamentario para imponer la pena de muerte “en contra de cualquier mexicana o mexicano que secuestre y mutile o mate a su víctima.
“Sostenemos que aquel mexicano que secuestra a una persona por dinero y aparte la mutile y asesine” es una persona que “levantó la mano” para renunciar a sus derechos.
México vive en un estado de guerra y cuando es así se requiere de leyes especiales, advirtió.
En su turno, el senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del PRI, manifestó que en su fracción parlamentaria existe la coincidencia de que hay que acelerar el paso para expedir una ley antisecuestro.
Consideró que primero se tienen que analizar y escuchar las diferentes propuestas que se registren en el foro.
A su vez, el senador Alejandro Zapata Perogordo, del PAN, se pronunció por revisar al secuestro de manera integral y cerrar filas para garantizar que la sociedad viva en armonía.
Dijo que ha faltado voluntad, ha habido complicidad, corrupción e impunidad en la persecución de este delito.
La pena de muerte –advirtió-- “no aminora la delincuencia, ya que es un acto de rencor y de venganza”.
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