Legislar sobre secuestro

Urge Vargas a legislar contra secuestro

Demandan en foro en el Senado acciones concretas para proteger a las víctimas y sus familiares; avalan puntos de la propuesta presidencial

Benito Jiménez

Reforma on line, 2 marzo 2010.- El empresario Nelson Vargas acusó a los legisladores federales de trabajar de manera lenta en una ley contra el secuestro que cumpla con las expectativas de justicia que exigen las víctimas.

"Senadores y diputados, es su responsabilidad sacar adelante esta ley porque no han hecho su trabajo. El combate al secuestro es un pendiente que tienen con México y que los hace partícipes de la situación que vive el País.

"Tienen la oportunidad de cambiar el destino de México, ya no nos platiquen, actúen, basta de simulaciones", expresó al participar en el foro "Alto al secuestro", organizado por el Senado de la República.

Vargas, cuya hija Silvia fue secuestrada y asesinada en 2007, consideró que urge una ley antisecuestros con medidas concretas para proteger a la víctima y sus familiares.

Asimismo, avaló diversos puntos de la propuesta de ley que envió el Ejecutivo federal al Senado, por ejemplo, la infiltración de agentes policiacos en las bandas de secuestradores para conocer cómo actúan, la implantación de dispositivos electrónicos para localizar y vigilar a plagiarios tras purgar una condena, e informar a las víctimas cuando estas personas se reintegran a la sociedad.

Vargas se pronunció, además, por avalar la grabación de conversaciones de la delincuencia y que los concesionarios de telecomunicaciones proporcionen información inmediata e incluso suspendan las líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.

"También que se tenga negociadores certificados por el Gobierno federal para evitar que los vividores se aprovechen de las víctimas y de sus familias; la ley no debe proteger a los criminales, los secuestradores no deben tener derecho a fianza y se debe impulsar la propuesta de una privación vitalicia de su libertad, es decir, condenarlos a cadena perpetua", demandó Vargas.

Sobre el tema, María Elena Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, externó que lo que urgen las víctimas es justicia y no venganza.

"El delito de secuestro hoy en día es cada vez más violento y los narcos se involucran más en este delito, requerimos que se comprometa el Senado a realizar cambios en la materia y aprobar una ley sin importar temas coyunturales, que más bien son políticos. El secuestro se puede prevenir", expuso.

Morera recordó que en México existe una impunidad de tal grado que entre el 95 y 98 por ciento de los delitos no se castiga.

"No queremos mayores penas para los delincuentes, sólo que sean castigados", subrayó.

La activista avaló la autorización de escuchas contra los delincuentes y la reparación de los daños a víctimas mediante recursos que provengan de recortes al presupuesto de las partidos políticos.

También propuso que se homologue el delito del secuestro en todo el País y que en otras faltas se busque en el corto plazo a un código penal único.

"Hay que alejar a este País de la simulación, no sólo de autoridades sino de ciudadanos, subir penas no va a solucionar el problema, eso es populismo legislativo.

"Está comprobado que entre más elevadas las penas, se registran más delitos y cada vez más violentos, tampoco funciona la pena de muerte o la cadena perpetua porque un delincuente no ve más allá de dos años de vida. Queremos resultados, no más paliativos", expresó.

Presentan resultados de encuesta

Durante el foro, Carlos Vilalta, investigador del CIDE, presentó una encuesta sobre los perfiles criminales de 232 reclusos presos en el Distrito Federal por el delito de secuestro.

El académico advirtió una creciente impunidad durante el proceso de detención y sentencia de los delincuentes.

Indicó que el 14 por ciento de los criminales ya habían sido sentenciados anteriormente y el 3 por ciento también por el delito del secuestro.

De acuerdo con la encuesta, los presos piensan que podrían haber evitado la cárcel de haber tenido influencias para pagara una mordida, el 40 por ciento de ellos cree que con recursos, la autoridad que los detuvo los habrían dejado ir.

El 40 por ciento de los presos señaló que tras su detención la Policía judicial les solicitó dinero, el 16 por ciento, la Policía Preventiva; el 14 por ciento, el agente del Ministerio Público; el 13 por ciento, un custodio; el 7 por ciento, el secretario de Acuerdos, y el 6 por ciento, el juez.

"Se requiere una ley que tenga celeridad, firmeza y certeza, no hay certeza institucional pues el 59 por ciento piensa que pudo haber evitado la cárcel.

"Sobre la prisión vitalicia, el 38 por ciento reporta que con corrupción podría seguir operando al interior de la cárcel; sin certeza en el castigo, una ley sólo tendría efectos teóricos", sostuvo Vilalta.

En su participación, Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, resaltó que la opacidad complica el combate al secuestro, por lo que los juicios orales contra plagiarios serían una alternativa.

"Hay que legislar bien para evitar arbitrariedades que permitan salir a los delincuentes", planteó.

A su vez, Jorge Nader, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, alertó que lo que alienta un delito es que no sea descubierto y si lo es, que no sea sancionado por la ley.

En este sentido, advirtió que México requiere una ley general contra el secuestro para que se combata de la misma forma en todo el País.

Marco Antonio Vázquez, titular de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, insistió en que dentro de los cuerpos policiacos existe la coordinación para atacar los delitos como el secuestro; no obstante, existe una lentitud en los procesos de integración de las averiguaciones por parte del Ministerio Público.

"Se habla de la corrupción de los cuerpos policiacos y se insiste que las instituciones son un fracaso, pero desde la Policía Federal atacamos la improvisación de los cuerpos policiacos con capacitación en materia de secuestro.

"Ya no contratamos a personal con preparatoria; se integraron 4 mil efectivos con carrera profesional, todos son universitarios y cuentan con procesos sistemáticos. ¿Cómo atacamos la corrupción? Con desarrollo policial y régimen disciplinario", afirmó.