Foro Alto al secuestro!

Foro “Alto al Secuestro” convocado por la Comisión de Justicia del Senado de la República presidida por el senador Alejandro González Alcocer; edificio de Xicoténcatl 9, patio central, 2 y 3 de marzo

Participan investigadores, especialistas, estudiantes de universidades públicas y privadas; ciudadanos de los estado de Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Estado de México, y representantes de la sociedad civil (Nelson Vargas, Isabel Miranda de Wallace, la Sra. Elena Morera); además de senadores diputados federales, regidores, servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  y expertos a nivel internacional sobre el delito del secuestro;

En la primera sesión -de este martes- plantearon una serie de propuestas sobre si la Ley Antisecuestro debe ser de carácter general o federal.

En la inauguración hubo los siguientes posicionamientos:

-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER, dijo:

“Si ustedes recuerdan, modificamos la Constitución en el artículo 73, fracción 21, para darle facultades al Congreso para legislar en materia de secuestro. Bueno, hoy nos toca hacer la legislación secundaria en esta materia tan preocupante para todos, y comunicarles que hay 14 iniciativas, 15 con la de hoy que se subimos a propuesta de la señora Miranda de Wallace, para atención a víctimas del delito de secuestro.

Estas 15 iniciativas, en los días siguientes serán examinadas por los senadores para concluir con un proyecto de dictamen que tome lo mejor de cada una de ellas.

-EL C. SENADOR ARTURO ESCOBAR (PVEM), señaló:

"Hoy en el Senado Mexicano y ante este foro ratificamos la propuesta de mi partido de legislar en materia de pena de muerte en contra de cualquier mexicano o mexicana que secuestre y mutile o mate a su víctima; y qué bueno que esté Miguel Carbonell aquí para que se contraponga mi propuesta; qué bueno que existan mexicanos que puedan estar desacuerdo con lo que decimos pero que también estén dispuestos a escucharnos.

Nosotros sostenemos que aquel mexicano o mexicana que secuestra una persona por dinero, y aparte la mutile y la asesine, es un mexicano que levantó la mano y dijo: yo renuncio a mis derechos, yo ya no quiero vivir en comunidad, yo ya no quiero que las leyes mexicanas me apliquen de forma ordinaria; yo requiero que el Congreso Mexicano abra un proceso especial, penal, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ocho votos a favor de sus once ministros me pueda condenar a pagar con mi vida, la vida que yo no perdoné.

Y no es un asunto punitivo, no es un asunto de querer matar a nadie, es un asunto de levantar la mano y decir, como Estado que hasta aquí tuvimos, que ya basta, que vamos a legislar para que el Poder Judicial Mexicano tenga dentro de su cartera de sanciones, una sanción que esté dispuesta a enfrentar al peor de los delitos; si tú ejecutas el peor de los delitos y la Corte te encuentra responsable, repito, vas a pagar con tu vida, la vida que no perdonaste.

Entiendo que los teóricos del Derecho van a levantar la mano y rasgarse las vestiduras a decirme: Senador Escobar, cómo puedes proponer algo que iría en contra de todos los tratados internacionales o de algunos tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Yo les diría a todos estos tratadistas internacionales: Que muchos de ellos no viven la realidad mexicana; que aquellos países en el mundo que pudieran juzgarnos por legislar en esta materia, no viven en México.

Hoy, México vive un estado de guerra (Sic), y cuando un país vive un estado de guerra, requiere de reglas especiales, estamos convencidos que en la legislación en materia de pena de muerte, no sería permanente, sería transitoria, porque cuando México recupere sus estadios de libertad, sus espacios de tranquilidad, la posibilidad de salir a la calle, de salir a las colonias, de transitar con absoluta libertad como lo hacíamos hace quince, veinte años, la pena de muerte ya no va a ser materia de nuestra legislación presente; pero en el inter que llegamos a eso, que depuramos a los cuerpos policíacos, que volvemos a confiar en las autoridades, empezando por el Ministerio Público, es fundamental que el Estado Mexicano tenga en sus leyes aquella que es la de mayor rigor, que es la pena de muerte.

Adicionalmente, mi partido entendía que no era suficiente únicamente legislar de manera ordinaria, federalizando el delito del secuestro, a efecto de que de manera muy clara pudiéramos explicarles a través de la ley a las autoridades, especialmente a los jueces cuál era la concurrencia que tenía la policía federal o autoridades federales o autoridades locales. ...

Finalmente dijo:

"Nelson, tú eres amigo del Congreso Mexicano, y de una vez por todas les vamos a dar resultados....

- EL C. SENADOR RICARDO FIDEL PACHECO (PRI), subrayó:

“Y, sólo decirles que en el Grupo Parlamentario del PRI, como estoy seguro que lo hay en el resto de los grupos parlamentarios, existe la coincidencia de que hay que acelerar el paso para poder tener lo antes posible una ley antisecuestro como nos lo mandata la Constitución, y puedan las autoridades ejecutivas enfrentar de mucha mejor manera que lo hacen ahora, este delito, que tan profundo cala en nuestra sociedad.

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ZAPATA (PAN), señaló:

“Sin duda alguna, yo les podría decir: que con lo que tenemos es suficiente también para estar combatiendo adecuadamente el secuestro. Ha faltado voluntad, ha habido complicidad y corrupción, y obviamente una gran impunidad.

Por otro lado, también es cierto que nosotros no nos recorremos, primero, porque nuestra Constitución no lo permite, a la pena de muerte, se me hace una falta de seriedad, una falta de respeto.

Y la segunda, porque la experiencia que se ha tenido a nivel mundial, es que la pena de muerte no aminora la delincuencia criminal, es un acto de rencor y de venganza, y aquí lo tenemos que ver desde otra perspectiva. Ya tendremos su debate y su deliberación en su momento.

Obviamente todas las propuestas son bienvenidas y respetadas, pero no por ello ya coincidimos.

Y habré de decir, por otro lado, qué bueno que aquí están personas expertas. No somos todólogos los Senadores. Necesitamos escuchar los puntos de vista de los ciudadanos, tanto quienes han padecido esta parte difícil, como aquellos que en teoría se han dedicado a su estudio y a su análisis.

-EL C. SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ, Presidente del Senado de la República,

“Hace unas semanas, quizás ya meses, acudí a un encuentro con los representantes de los poderes de la unión donde estuvo el Presidente Felipe Calderón, el Procurador, el Ministro-Presidente de la Suprema Corte, el Secretario de Seguridad Pública, el Presidente de la Cámara de Diputados y muchos funcionarios más, a una reunión con familiares y víctimas del delito de secuestro. Es una de las reuniones más emotivas a las que yo he acudido. Se sentía en el ambiente, se palpaba en el ambiente la desesperación, el coraje, la incertidumbre, el reclamo de decenas y decenas de familiares de víctimas del secuestro, y algunos de ellos, incluso, que habían sufrido este grave delito, y el Presidente Calderón tuvo que hacer un extraordinario esfuerzo para poder comunicarse con el auditorio, para poder tratar de comprender lo que ahí se estaba diciendo, las conclusiones que estaban presentando después de varias horas de trabajo, y asumir compromisos a nombre del Gobierno de la República para enfrentar este tema.

Y ¿Por qué ocurrió eso? Porque de los delitos que el crimen organizado comete, y comete muchos, y con violencia, el secuestro es un delito que agrede a las personas, que angustia a las familias, y que lastima a la sociedad, sin duda alguna.

Este delito constituye la falta más evidente de los gobiernos para garantizar la seguridad y el patrimonio de ciudadanos, y por lo tanto, estoy totalmente convencido que debe ser enfrentando enérgicamente. …

“El Senado de la República no puede eludir su responsabilidad de legislar en esta materia. Y hacerlo con responsabilidad y con profundidad, darle al Estado mexicano los instrumentos que requiere, y no caer en salidas fáciles, por cierto, porque al crimen organizado y a la delincuencia se le debe combatir con instrumentos de la ley, desde la ley y con la ley, no al margen de ella.

Me niego a aceptar que para combatir al narcotráfico, tengamos que darle manga ancha a los cuerpos policíacos, para que por encima de la ley actúen, y después tengamos que estarnos defendiendo de los cuerpos policíacos y de sus excesos.

Cuidado con eso. Hay que darle instrumentos al Estado y a los órganos encargados de combatir esto, sí, con energía; y hay que evaluar cuáles son las experiencias internacionales, que nos ayuden a tener la legislación que México requiere.

Y por eso, no puedo si no agradecerles a los 20 ponentes, que hayan aceptado la invitación de acudir al Senado. Tengan la seguridad, que lo que la comisión de Justicia, los senadores que van a escuchar las ponencias, que van a recabar sus propuestas por escrito y que van a trasladar a las comisiones del Senado, va ser importante lo que escuchen, lo que reciban, y va ser importante el debate que tengamos en el Senado.

Posicionamientos de la Primera mesa:

El doctor Carlos Vilalta Perdomo, investigador del CIDE, citó que según una encuesta realizada a 231 reclusos, el 81 por ciento señaló que durante su proceso penal alguna autoridad les pidió dinero, lo cual demuestra la debilidad institucional del sistema. Subrayó que el dinero y las influencias son una constante en el 59 por ciento de la población en reclusión para no estar en la cárcel. En la encuesta se reporta que las distintas agrupaciones policíacas demandan alguna cantidad de dinero a los delincuentes: un 40 por ciento la Policía Judicial, el 16 por ciento la Preventiva, el 14 por ciento el Ministerio Público y 13 por ciento custodios.

El doctor Miguel Carbonell, del IIJ- UNAM, subrayó que para hacer frente al secuestro debe haber una Ley General de Combate al Secuestro, expedida por el Congreso de la Unión, 32 leyes locales y complementos legislativos generales y federales.

Resaltó que la opacidad complica el combate al secuestro, por lo que los juicios orales contra plagiarios serían una alternativa. "Hay que legislar bien para evitar arbitrariedades que permitan salir a los delincuentes", planteó.

Rechazó –por alusiones personales la pena de muerte planteada por el Partido Verde porque las estadísticas demuestran que el 98.3 de los delitos no son castigados y “no importa si hay pena de muerte, o si son 80 años de prisión o un simple arresto, el problema es que no se detiene casi a nadie”. Calificó a la pena de muerte como una propuesta heterodoxa e inconstitucional. ¡Realmente fue muy duro Carbonell con el PVEM!

A su vez, el maestro Jorge Nader Kuri -presentado como director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle-, consideró que la Ley Antisecuestro debe ser general, porque el secuestro es un problema que tiene que ser enfrentado por todos. Dijo que el Congreso debe emitir una Ley General de Secuestros donde se establezcan los tipos penales y sanciones, la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, y las fórmulas de coordinación, agregó.

Nader señaló que la Ley General debe dar las pautas para la investigación de la prevención del delito a nivel federal, estatal y municipal, así como incluir la prevención social y multidisciplinaria del delito.

En su oportunidad, Marco Antonio Vázquez Rosales, titular de la Unidad Administrativa Central de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, coincidió en que la Ley Antisecuestro debe ser de carácter general. Indicó que para combatir el secuestro, la Policía Federal ha desarrollado sistemas de capacitación para agentes de investigación en inteligencia.

Por lo tanto, ya no se contrata a personal con estudios básicos ni con preparatoria, sino con carrera profesional, además de que se establecen sanciones a los elementos que incurran en la comisión de delitos.

Por su parte, María Elena Morera de Galindo, activista social, y ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, externó que lo que urgen las víctimas es justicia y no venganza. Agregó que elevar las penas – cadena perpetua o pena de muerte – no soluciona el problema; es “populismo”, ya que aún con ello, está demostrado que los delitos van en aumento y son cada vez más violentos. “No necesitamos más penas, sino que se detengan a todos, que sepan que se les va a castigar”, enfatizó.

Morera de Galindo aseguró que la prevención del delito es clave en el combate al secuestro. Propuso crear un Observatorio sobre el Secuestro donde participen especialistas y sociedad civil en el seguimiento del delito para que se detecte dónde está el problema, pues “los jueces son lo más oscuro que tenemos”.

Morera recordó que en México existe una impunidad de tal grado que entre el 95 y 98 por ciento de los delitos no se castiga. "No queremos mayores penas para los delincuentes, sólo que sean castigados", subrayó.

La activista avaló la autorización de escuchas contra los delincuentes y la reparación de los daños a víctimas mediante recursos que provengan de recortes al presupuesto de las partidos políticos.

También propuso que se homologue el delito del secuestro en todo el País y que en otras faltas se busque en el corto plazo a un código penal único. "Hay que alejar a este País de la simulación, no sólo de autoridades sino de ciudadanos, subir penas no va a solucionar el problema, eso es populismo legislativo.

"Está comprobado que entre más elevadas las penas, se registran más delitos y cada vez más violentos, tampoco funciona la pena de muerte o la cadena perpetua porque un delincuente no ve más allá de dos años de vida. Queremos resultados, no más paliativos", expresó.

Nelson Vargas Basáñez, empresario y padre de una víctima de secuestro, pidió cadena perpetua para secuestradores y exigió a los senadores trabajar en una legislación que no proteja a los criminales, sino a la víctima y sus familiares. En su opinión urgen medidas concretas para proteger a la víctima y a sus familias, y considerar en la Ley de Víctimas del Secuestro, que los montos pagados como rescate sean deducibles de impuestos.

Nelson Vargas calificó como “terrible” que se apruebe una ley que prohíba el pago de rescates y la congelación de cuentas de las víctimas, ya que estimó que México no tiene condiciones para ello. Además “no tenemos la educación para aguantar esa presión”.

Nelson Vargas acusó a los legisladores federales de trabajar de manera lenta en una ley contra el secuestro que cumpla con las expectativas de justicia que exigen las víctimas.

"Senadores y diputados, es su responsabilidad sacar adelante esta ley porque no han hecho su trabajo. El combate al secuestro es un pendiente que tienen con México y que los hace partícipes de la situación que vive el País.

"Tienen la oportunidad de cambiar el destino de México, ya no nos platiquen, actúen, basta de simulaciones", expresó.

Asimismo, avaló diversos puntos de la propuesta de ley que envió el Ejecutivo federal al Senado, por ejemplo, la infiltración de agentes policiacos en las bandas de secuestradores para conocer cómo actúan, la implantación de dispositivos electrónicos para localizar y vigilar a plagiarios tras purgar una condena, e informar a las víctimas cuando estas personas se reintegran a la sociedad.

Vargas se pronunció, además, por avalar la grabación de conversaciones de la delincuencia y que los concesionarios de telecomunicaciones proporcionen información inmediata e incluso suspendan las líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.

"También que se tenga negociadores certificados por el Gobierno federal para evitar que los vividores se aprovechen de las víctimas y de sus familias; la ley no debe proteger a los criminales, los secuestradores no deben tener derecho a fianza y se debe impulsar la propuesta de una privación vitalicia de su libertad, es decir, condenarlos a cadena perpetua", demandó Vargas.

Finalmente, el senador Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que será el 15 de marzo cuando se tenga el dictamen, al menos de ese órgano legislativo, para ser discutido y en su caso aprobado por el Pleno.

Mañana continua foro