Municipio chico, muerte grandeMarcela Turati
Revista Proceso # 1792, 6 de marzo de 2011

Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana o Acapulco suelen acaparar los titulares por el elevado número de ejecuciones del narco que ahí tienen lugar, pero proporcionalmente no son las localidades más afectadas por la violencia criminal. Algunos municipios pequeños, como el de Guadalupe en Chihuahua, tienen tasas alarmantemente altas de asesinatos... a tal grado que ya se están despoblando y convirtiendo en pueblos fantasma.

Habitantes de algunos municipios pequeños de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León han estado más expuestos a la muerte por asesinato que los pobladores de Ciudad Juárez, pero su sufrimiento no aparece en las estadísticas oficiales ni reciben asistencia del gobierno.
La tasa más alta de asesinatos en México está en el municipio de Guadalupe, Chihuahua, que aunque sólo tiene 6 mil 458 habitantes registró 139 asesinatos en cuatro años; esto equivale a 2 mil 152 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el análisis de los demógrafos estadunidenses Richard Rhoda y Tony Burton, autores del libro Geo-México y creadores del sitio en internet del mismo nombre.

El promedio nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 31.
Algunas de las víctimas más conocidas del municipio de Guadalupe son la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar y su hijo, tres de sus hermanos y una cuñada, asesinados entre enero de 2010 y febrero de 2011, así como Érika Gándara, la única policía municipal (después de que todos los hombres desertaron), quien fue desaparecida en diciembre pasado.
En la clasificación de los 20 municipios con las tasas más altas de asesinatos relacionados con la narcoviolencia entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2010, elaborada por Rhoda y Burton, Ciudad Juárez –con 485 homicidios por cada 100 mil habitantes– queda en el décimo lugar y es la única localidad de gran tamaño en esa lista. Aunque por el número de homicidios, Juárez es considerada la ciudad más peligrosa del planeta y recibe recursos del plan de reconstrucción Todos Somos Juárez, varios municipios la pasan igual o peor.
Por su baja población, esos municipios pocas veces son mencionados en los medios o en los reportes oficiales, aunque la violencia que sufren es “brutal” y tendrá repercusiones individuales y sociales que perdurarán décadas, según el español Carlos Beristáin, médico, doctor en psicología y especialista en impactos por violaciones graves a los derechos humanos.
Después de Guadalupe, en la lista de Geo-México aparecen Mier, Tamaulipas (2 mil 13 asesinatos por cada 100 mil habitantes); General Treviño, Nuevo León (con mil 958); Práxedis G. Guerrero, Chihuahua (con mil 479) y Sáric, Sonora (con mil 221).
Les siguen los municipios tamaulipecos Guerrero y Miguel Alemán; los chihuahuenses Matamoros, Ciudad Juárez, Ascención, Gran Morelos, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Ahumada y Satevó; los sonorenses Arizpe, Tubutama y Yécora, y los nuevoleoneses Doctor Coss y General Bravo.
“La mayoría de los municipios de esta lista tienen poca población; 15 de ellos tenían menos de 6 mil 500 habitantes en 2010. Aunque Ciudad Juárez tiene, por mucho, la tasa más alta de asesinatos de la guerra contra el narco (…) aparece en el décimo lugar al lado de los municipios pequeños incluidos en el análisis.”
Para sacar las tasas, Rhoda y Burton contrastaron los archivos de asesinatos relacionados con el narcotráfico proporcionados por el gobierno federal con el censo de 2010. Para su medición no se basaron en la cifra más alta, sino en la proporción según el número de habitantes.
“Los 20 municipios enlistados están en uno de cuatro estados: Chihuahua, Sonora, Nuevo León o Tamaulipas. De hecho, la mitad está en Chihuahua. Cinco forman un racimo alrededor de Ciudad Juárez, sobre la frontera, y cuatro están al sur de la ciudad de Chihuahua. Los tres de Tamaulipas y los tres de Nuevo León están entre Nuevo Laredo y Reynosa en un radio de 60 kilómetros de la frontera. Tres de los cuatro de Sonora no están lejos de la carretera que une a Hermosillo, la capital del estado, con Nogales, fronteriza con Estados Unidos”, sintetizaron.

Tierra arrasada

En la lista de Rhoda y Burton de los 20 municipios con más muertos por violencia aparecen muchos que no se mencionan en la prensa. Algunos son eminentemente indígenas; otros están aislados, como Cusihuiriachi, en la Sierra Tarahumara, o Yécora, al otro lado de las barrancas de esa serranía, en el lado sonorense.
La situación de terror que han vivido los habitantes de Mier, Guerrero y Miguel Alemán salió del anonimato en noviembre pasado, cuando los habitantes de los dos primeros municipios fueron a refugiarse al tercero, donde se abrió temporalmente el primer campamento para refugiados por la narcoviolencia.
Según testimonios que este semanario recabó en entrevistas con los refugiados (Proceso 1776), por las constantes balaceras dormían de día y pasaban la noche tumbados en el piso, apretujados dentro de un baño, detrás del refrigerador o encerrados en el clóset. Se trasladaban a gatas dentro de sus casas. Se imponían toque de queda desde las cinco de la tarde y nadie tenía permitido acercarse a las ventanas.
Una mujer entrevistada en el campamento explicó: “Antes las balaceras ocurrían nada más cada tercer o cuarto día, pero a últimas fechas eran insoportables. Había demasiada balacera, demasiado bombardeo, andaban adentro del solar, barrían todas las casas, ya no sólo algunas, y durante todo el día”.
–¿Qué ocurre en poblaciones lastimadas por tanta violencia? ¿Qué efectos hay en la población? –se le pregunta al doctor Beristáin, quien ha trabajado con poblaciones sobrevivientes a la violencia exponencial (asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos y masacres) en Colombia, El Salvador y Guatemala.
–En esos lugares donde la violencia se ha concentrado habrá impactos brutales. Tendremos muchos niños que han sido testigos o perdido familiares y tendrán impactos psicológicos que impactarán su vida para siempre. En esos lugares donde la impunidad es la regla, la gente se va a tomar más la justicia por mano propia y eso es un factor de perpetuación del conflicto, porque no existe justicia que llegue a restablecer ciertas relaciones de convivencia y tendremos una escalada de violencia.
“El impacto del terror durará mucho tiempo y les va a lastrar su desarrollo humano y social. Habrá grandes colectivos de personas marginadas, en la cuneta del país y de la historia, cuyas necesidades no van a ser tenidas en cuenta y habrá focos de profundo malestar.
“Vamos a tener consecuencias a medio y largo plazos, esto no se va a terminar con el sexenio”, afirma el experto, quien estuvo en México preparando a organizaciones defensoras de los derechos humanos para atender a las víctimas de las desapariciones forzadas.
El experto que trabaja para la Corte Penal Internacional en países africanos donde hubo violaciones masivas a los derechos humanos, señala que la violencia que se vive en los pueblos y las ciudades mexicanas provocará enfermedades y parálisis en la vida de muchas personas.
“Con esos 35 mil muertos, la violencia se convierte en un problema de salud pública, significa años de vida perdidos e impactos económicos y sociales de una buena parte de la población.
“En los municipios donde se concentra la violencia, los impactos de desestructuración van a ser brutales, vamos a ver conflictividad social, formas de respuesta como el surgimiento de ‘las maras’ o del ‘sálvese quien pueda’, de la violencia que genera la exclusión, la marginación y el impacto que genera la violencia a su vez. Vamos a tener un impacto crónico en la sociedad que durará años”, diagnostica el experto.

Los pueblos fantasma

De entre los 20 municipios con mayor tasa de asesinatos, cinco redujeron su población: Guadalupe pasó de 9 mil 149 a 6 mil 458 habitantes; Mier, de 6 mil 539 a 4 mil 768; General Treviño, de mil 476 a mil 277; Práxedis G. Guerrero, de 8 mil 514 a 4 mil 799 y Ahumada, de 11 mil 727 a 11 mil 447.
Llama la atención que aunque los funcionarios municipales, los académicos y los empresarios de Ciudad Juárez han señalado que al menos 100 mil personas huyeron de esta urbe por la violencia y el desempleo (algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez indican que son 250 mil), los datos del Inegi apuntan a que se mantuvo estática la población.
Para Beristáin el desplazamiento de la población plantea varios problemas similares a los vividos por las comunidades guatemaltecas en las que se aplicó la estrategia de “tierra arrasada”: ¿a dónde van los desplazados, cuál es el impacto de los sobrevivientes, dónde viven, quién se queda con sus tierras, qué significa para un pueblo que la mitad de su gente se ha ido y que hayan matado a muchos hombres, qué nuevas formas de relación social surgirán?
“El impacto es tan masivo en términos de números de víctimas y de otros impactos colectivos (la pérdida de espacios comunes, la desestructuración de la vida cotidiana, la pérdida de confianza en las autoridades, la pérdida de formas productivas) que se deben buscar procesos colectivos de reparación para estas víctimas”, dice.
La última semana del mes pasado el Congreso de Chihuahua lanzó un exhorto para que el programa Todos Somos Juárez se extienda a los municipios de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, por considerar que esa zona “se ha convertido en el lugar donde más personas mueren violentamente en el mundo, debido a que los cárteles de Juárez y Sinaloa se enfrentan por el control de la franja fronteriza”.
En su diagnóstico, los legisladores mencionaron que de Guadalupe ha huido la tercera parte de la población y que 70% de los negocios, empresas y maquiladoras que daban trabajo en la zona, se han ido. A su vez, en Práxedis G. Guerrero cerraron dos de las tres maquiladoras.
Ese municipio saltó a la fama el año pasado cuando fue designada jefa de la policía la veinteañera Marisol Valles, la única que aceptó hacerse cargo de la seguridad pública del lugar. Actualmente, tras recibir amenazas de muerte, Valles está escondida en algún lugar de Texas.
Sobre este tema el obispo de Saltillo, Raúl Vera, reconocido por su solidaridad con las víctimas de la violencia, señaló que es preocupante la invisibilización que se hace de la violencia en los municipios rurales.
“Juárez ha tenido una visibilidad desde un principio, es fronteriza, es una ciudad muy visitada. Pero desgraciadamente los municipios pequeños están mucho más desprotegidos, están más expuestos, no tienen una estructura policiaca fuerte, tienen más riesgo de que la violencia se desate, y en esas zonas desprotegidas la violencia es terrible y eso desencadena más venganzas”, dice en entrevista con Proceso.
El prelado, quien ha ayudado a fundar redes de solidaridad y búsqueda entre familiares de personas desaparecidas, señaló que el Estado mexicano tiene que responder por todos sus ciudadanos, “no importa qué tan pequeño sea el municipio, debe tener el mismo cuidado que con los pobladores de los municipios grandes. Para los grandes empresarios se dirige todo el cuidado, y al pueblo, ¿quién lo cuida?”

Muerte en la ciudad

En cuanto a la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes en los municipios urbanos cuya población en 2010 excedía los 700 mil habitantes, otro análisis arrojado por Geo-México muestra que las ciudades más violentas están en las zonas norteñas u occidentales.
“No causa sorpresa que la tasa de Ciudad Juárez sea la más alta, hasta 16 veces más que el porcentaje nacional, que es de 31. La ciudad registra cerca de 30% de los asesinatos relacionados con el narcotráfico ocurridos en el país en los primeros cuatro años del sexenio”, indican los especialistas en su página en internet.
Sólo seis de los 22 municipios con más de 700 mil habitantes tienen tasas de asesinato mayores al promedio nacional: Ciudad Juárez, Chihuahua (con 484.71 homicidios por cada 100 mil habitantes); Culiacán, Sinaloa (220.12); Chihuahua, Chihuahua (172.56); Tijuana, Baja California (106.88); Acapulco, Guerrero (86.67) y Morelia, Michoacán (35.63).
Monterrey está justo abajo del promedio nacional (con 26.26); Guadalajara tiene menos de un tercio del promedio y la Ciudad de México, menos de la cuarta parte.
“Dos suburbios del Valle de México, Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, presentan tasas que casi duplican a las de la capital, pero aun así registran menos de la mitad de la media nacional. Zapopan, un suburbio de Guadalajara, tiene una tasa 36% superior a la de Guadalajara”, indican los analistas en su reporte.
Las ciudades con menores asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas son Mérida (con 2.66), Querétaro (1.50) y Puebla (0.84).
Cuestionada sobre la atención a las víctimas, la psicóloga mexicana experta en violencia Luciana Ramos señala que hay distintos impactos y niveles de trauma entre la gente que experimenta situaciones tan extremas y señaló que “para atender a las personas afectadas hay que crear dispositivos de intervención diferenciados, porque cada región es distinta: Es diferente la atención a los migrantes que a la gente de Juárez o Culiacán o en el campo”. l