Proceos # 1792, 6 de marzo de 2011;
TUCSON, ARIZONA.- El corredor que va de Phoenix a Tucson y de ahí a Nogales y Douglas, en Arizona, es uno de los más grandes mercados de armas para los cárteles mexicanos de las drogas. Ahí las leyes y la narcoviolencia no les interesan a los dueños de las armerías, quienes siguen llenándose los bolsillos.
“No tenemos la culpa de que las armas que vendemos terminen en México; yo cumplo con las leyes federales (de Estados Unidos) y las de Arizona. Si lo que vendo cruza la línea fronteriza, no es mi culpa, es de las autoridades mexicanas, que no saben cuidar sus fronteras”, comenta Joe, armero de Tucson, a este semanario.
El establecimiento de Joe –quien se negó a dar su apellido– está junto a una guardería y a menos de 100 metros de una secundaria. “En Arizona es más difícil conseguir crédito para un auto que comprar 10 rifles. Mi negocio es la venta de armas y mientras las venda conforme a la ley, honestamente, no me importa dónde vayan a parar”, añade.
Como Joe, la mayoría de los dueños de las armerías en este corredor de Arizona no tienen empacho en ofrecer arsenales a quien cumpla los requisitos para comprarlos.
Proceso recorrió 36 armerías en Tucson, Nogales y Douglas, Arizona. Los vendedores repiten de memoria los requisitos para adquirir cualquier arma, desde pistolas hasta fusiles de asalto: comprobante de residencia en el estado (licencia de manejar o identificación emitida por la policía), copia de la tarjeta verde (si no es ciudadano de Estados Unidos) y someterse a la revisión de antecedentes penales, que demora unos 15 minutos.
“Si cumples los requisitos y traes el dinero, te vendo ahora mismo diez AK-47”, afirma Joe al corresponsal mientras señala los cientos de rifles que cuelgan de las paredes de su armería (cuyo nombre también se reserva, a petición del dueño).
Arizona –sobre todo Tucson y Phoenix– es el lugar preferido por los compradores de armas que trabajan para los cárteles de México. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) considera que los narcotraficantes mexicanos adquieren más de 60% de sus arsenales en esas dos ciudades.
“A quienes compran armas para los cárteles mexicanos les dicen hormigas”, explica a Proceso un agente de la ATF adscrito a Tucson, quien pidió el anonimato. Agrega: “En su mayoría son ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos que por ley tienen derecho a comprar las armas que quieran si dicen que son para su uso personal”.
El jueves 3, Barack Obama le aseguró a Felipe Calderón que su gobierno revisa todo lo que cruza la frontera sur de su país para contener el flujo ilegal de armas y dinero. El mismo día Proceso cuestiona al agente de la ATF sobre lo que dijo el presidente de Estados Unidos. “La frontera con México es muy grande y mientras no tengamos más personal, es muy difícil contener el tráfico de armas y dinero”, confiesa.
La afirmación de Obama parece una ironía ante la realidad de la frontera. En Arizona, según Joe, se venden de 100 a 120 armas cada semana. “Es un negocio muy bueno. Tú también deberías poner una armería”, dice Joe al reportero, y suelta una carcajada.
El negocio de las balas
Vender armas en Tucson es un negocio rentable. Exactamente frente al negocio de Joe está su competencia: Tucson Guns and Western Artifacts. A menos de 50 metros hay otra armería, la Second Amendment Sports. Tres tiendas de armas en la misma cuadra, junto a una guardería y una secundaria en uno de los barrios exclusivos de esta ciudad.
En la sociedad estadunidense la cultura de las armas es un derecho constitucional y un modo de vida. Dos kilómetros al oeste de estas tres armerías está la hamburguesería Monkey Burgers, que tiene un letrero junto al menú: “Se le regalará la bebida a la persona que enseñe su arma colocada dentro de su funda”.
En Arizona y Texas –por mencionar sólo dos estados que colindan con México– se permite la portación de armas dentro de sus fundas. Es parte de los derechos de protección personal establecidos en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El agente de la ATF en Tucson explica que los casos recientes de arrestos de personas que trafican armas a México demuestran la facilidad con que los cárteles pueden comprar cientos de armas por medio de una sola hormiga. Uriel Patiño, residente legal de origen mexicano arrestado en noviembre de 2009 en Phoenix, en menos de un mes compró en la misma armería 190 fusiles semiautomáticos (en su mayoría AK-47) y 42 pistolas.
Proceso pudo revisar los documentos de la investigación del caso Patiño, donde se sostiene que el hombre afirmó que los fusiles y las pistolas eran para su uso personal, pese a lo cual se le acusó de tráfico de armas, delito por el que podría pasar 30 años en la cárcel. Los dueños de la armería no fueron acusados porque actuaron conforme a la ley.
En California, Arizona, Nuevo México y Texas –estados colindantes con México– las leyes federales obligan a las armerías a reportar a la ATF si una persona compra más de dos pistolas en menos de cinco días. Pero si adquiere sólo dos y espera más de cinco días para volver a comprar, lo puede hacer indefinidamente dentro de la legalidad.
Pero esas mismas leyes en los estados colindantes con México no obligan a reportar las compras múltiples de armas largas.
En estos casos las armerías sólo tienen que llenar una forma –que ni siquiera deben entregar a la ATF– en la que anotan el nombre del comprador, quien declara y firma que quiere las armas para uso personal. Después de 20 años el documento con el nombre del comprador se destruye.
El agente de la ATF asegura que se han encontrado registros de compras de más de 500 armas hechas por una misma persona en menos de un año.
Cabildeo en contra
La ATF calcula que a lo largo de la frontera con México hay unas 8 mil 600 armerías establecidas. Para vigilar que cumplan la ley, la ATF sólo tiene 220 agentes y 165 inspectores. En los últimos 10 años sólo dos expendios de armas han perdido sus licencias por violar las reglamentaciones.
Ante la imposibilidad de controlar las miles de armerías en la frontera, el pasado 17 de diciembre la ATF envió a la Casa Blanca una “norma de emergencia” exigiéndole a Obama que por “decreto ejecutivo” ordenara a las tiendas de armas de los estados fronterizos reportar las ventas múltiples a una sola persona.
La ATF argumenta que en lo que va del sexenio de Calderón, en México la narcoviolencia ha dejado más de 34 mil asesinatos y que en el mismo periodo se han confiscado más de 65 mil armas adquiridas por los cárteles mexicanos en Estados Unidos.
Antes del encuentro de Calderón con Obama el jueves 3 en Washington, funcionarios del gobierno estadunidense esparcieron entre los medios el rumor de que Obama anunciaría ese mismo día que aceptaba el pedido de la ATF.
Pero a menos de 24 horas de la reunión presidencial, un funcionario de la Casa Blanca dio una teleconferencia de prensa y dijo que la respuesta definitiva a la solicitud de la ATF no se anunciaría durante la visita de Calderón.
El 18 de febrero, la Cámara de Representantes del Congreso federal aprobó, por 277 votos contra 149, un exhorto a Obama para que rechace el pedido de la ATF.
La Casa Blanca tiene hasta el próximo lunes 28 para dar una respuesta definitiva. Según los analistas, Obama, quien piensa en la reelección, no se atreverá a ir contra las leyes vigentes en los estados fronterizos por temor a perder el voto de quienes defienden el derecho a comprar y portar armas.
La facilidad con la que se venden armas en Arizona y Texas no es vista por los estadunidenses como un problema de inseguridad y violencia en México. Si los narcotraficantes mexicanos se aprovechan de ello, como lo percibe Joe, nada tiene que ver con lo que dicta la Segunda Enmienda.
No sólo las armerías venden armas. En Arizona también las tiendas de empeño las ofrecen a quienes cumplan los requisitos. Los precios dependen de la marca y el año en que fueron fabricadas.
El corresponsal de Proceso visitó 36 armerías en Arizona y siete en El Paso, Texas, y constató que el precio de un fusil AK-47 oscila entre 499 y 650 dólares. Una pistola puede costar entre 250 y mil 300 dólares.
En El Paso las reglas para la venta de armas son parecidas a las de Arizona: no se pide constancia de residencia en el estado, sólo la copia de la tarjeta verde para quienes no son ciudadanos de Estados Unidos.
Entre las siete armerías que Proceso visitó en El Paso, una está a tres kilómetros de los puentes que comunican con Ciudad Juárez, Chihuahua; las otras seis están a menos de dos kilómetros.
La oficina de la ATF en El Paso rechazó el pedido de entrevista que hizo este semanario, aunque un agente federal asignado a esta región –quien pidió el anonimato– reveló que cada mes aquí se venden por lo menos 850 armas. “Pero nadie tiene cifras exactas”, acota.
No obstante los cálculos que se hacen sobre la cantidad de armas que se venden en puntos como El Paso, las cifras oficiales sobre la confiscación de armamento del lado estadunidense hacen dudar de la eficacia de la cooperación que ofrece Obama a Calderón.
Según documentos oficiales –copia de los cuales obtuvo Proceso– que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entregó al gobierno de México, en el año fiscal 2010 sólo fueron confiscadas 19 armas de fuego.
El documento de la CBP añade que en lo que va del año fiscal 2011 (que empezó el 1 de octubre de 2010) en el cruce fronterizo El Paso-Ciudad Juárez sólo se han confiscado cuatro armas largas del lado estadunidense.
Armas para todos
El pasado 27 de febrero Joe Muench, columnista de El Paso Times, escribió que la solución al problema de la inseguridad en México es permitir que los mexicanos compren y porten armas de todo tipo para su defensa personal, como en Estados Unidos.
“¿Por qué México no se defiende de los cárteles de las drogas, los extorsionadores, secuestradores? ¿Cómo la gente buena permite que los delincuentes se apoderen de su país virtualmente en cada faceta de la vida cotidiana?
“Es porque no poseen armas para defenderse”, sostiene Muench en su columna. Y para sustentar su tesis describe dos escenarios:
“Primer acto: tres autos tipo Van se ubican sobre una calle, dos cierran el flujo del tráfico y el tercero se para frente a la puerta de una casa. Salen hombres de la camioneta y disparan contra todas las personas que están en la casa. Luego salen huyendo. Llega la policía y encuentra muertos a todos los habitantes de la casa. No se hace ni un arresto.
“Segundo acto: tres autos tipo Van se ubican sobre una calle, dos cierran el flujo del tráfico y el tercero se para frente a la puerta de una casa. Salen hombres de la camioneta y en cuanto patean la puerta de la casa son recibidos con disparos de rifles y escopetas. Resultado, la familia que vive en la casa no está muerta.”
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