La torcida justicia de la PGR/Patricia Dávila

• La torcida justicia de la PGR/PATRICIA DÁVILA

Revista Proceso...9 de junio de 2013;

Durante el sexenio de Calderón las herramientas judiciales se usaron con fines políticos. Las pruebas hablan: a la PGR y a la SSP se les derrumbaron casos que habían presumido como triunfos de sus administraciones. Apenas parece importar: pese a las decenas de vidas arruinadas, a las flagrantes violaciones al debido proceso y a la incompetencia decenas de veces corroborada, no hay sentenciados por el montaje de Florence Cassez, el michoacanazo o las detenciones de Noé Ramírez y Tomás Ángeles, entre otros. En el mejor de los mundos, afirman académicos, quizás en 10 años sea juzgado algún funcionario de alto nivel por violar el debido proceso.

El sistema de justicia penal mostró su peor rostro en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Aún no concluía su administración cuando los casos que tanto había presumido el panista comenzaron a desplomarse por falta de solidez jurídica y por violaciones al debido proceso.

En cinco años de calderonismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que desistirse en más de medio centenar de denuncias por expedientes mal integrados y otras anomalías, así como por el abuso de testigos protegidos, fabricación de culpables, manipulación de casos por funcionarios de primer nivel y abuso de la prisión preventiva.

La autoridad también trompicó por violaciones al principio de tipicidad por parte del Ministerio Público (acusaciones que no correspondían con el delito realmente indagado), falta del conocimiento directo de los casos por parte de los jueces, manipulación de los casos por parte de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y de Marisela Morales Ibáñez, la última procuradora de Calderón.

Acciones emblemáticas del mandatario panista se derrumbaron una tras otra, bien durante su sexenio, bien durante el actual. Como ejemplos están la Operación Limpieza; el encarcelamiento de Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); la Operación Cancún; el michoacanazo; la desarticulación de la banda de secuestradores Los Zodiacos (a la que supuestamente pertenecía la francesa Florence Cassez), y los procesos contra militares de alto rango como el general Tomás Ángeles Dauahare –detenido por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

 Casos como el de Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal; el de Griselda López Pérez, expareja de Joaquín Guzmán Loera –líder del Cártel de Sinaloa–, y el del exalcalde tijuanense Jorge Hank Rhon evidenciaron también las fallas sistémicas en la impartición de justicia durante el gobierno calderonista.

 El 18 de abril último, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció una investigación contra el testigo protegido Jennifer y los funcionarios que incurrieron en la “fabricación” de pruebas y “manipulación” de testimonios utilizados en la Operación Limpieza y en el caso del general Ángeles Dauahare.

 Por esas razones llamó la atención el nombramiento de la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez como cónsul de México en Milán, Italia, en mayo pasado.

 Para Javier Ulises Oliva Posada, especialista en seguridad nacional y narcotráfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el sexenio calderonista estuvo marcado por un “uso de recursos judiciales con fines políticos”. Éste, dice, “es un punto crítico que caracterizó a esta administración. Por eso les fue imposible sostener muchos casos legalmente”.

 Oliva también critica el “uso desproporcionado” de los testigos protegidos: “En México basta con la palabra incriminatoria de un narcotraficante para enjuiciar a una persona –dice–. Hoy, en la PGR, una llamada o un escrito anónimo tiene mayor credibilidad. Es tal la incapacidad de investigación de las policías que las denuncias anónimas se convirtieron en un pilar fundamental para rescatar secuestrados, detectar casas con acopio de armas, dinero y drogas”.

 Las fallas en la PGR se manifestaron desde 2008, precisamente cuando el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, detectó que la dependencia estaba infiltrada por las bandas criminales. Eran los tiempos de la Operación Limpieza, programa encaminado a combatir a los grupos del crimen organizado que habían logrado meterse a las instituciones gubernamentales.

 A raíz de ello fueron detenidos 25 altos funcionarios, de los cuales 13 fueron acusados de manera formal. En 2012, ocho –los de mayor rango– ya habían recuperado su libertad.

 Uno de los acusados era Noé Ramírez Mandujano, el titular de la SIEDO. Él fue acusado de presuntos nexos con los Beltrán Leyva, entonces aliados del Cártel de Sinaloa. Ramírez Mandujano también quedó absuelto de los cargos el año pasado.

 Ya en 2013, el juez primero de Distrito Penal, Mauricio Fernández de la Mora, pidió incluso al procurador Murillo Karam iniciar una investigación por probables delitos cometidos por el Ministerio Público en el proceso de recopilación de pruebas durante la Operación Limpieza.

Cadena de fracasos

Tras la detención de Ramírez Mandujano en agosto de 2008, su cargo fue ocupado por Morales Ibáñez. Dos años y ocho meses después, en abril de 2011, ella fue nombrada titular de la PGR. Fue durante su gestión cuando comenzaron a acumularse los fracasos:

–En 2008, según la declaración del testigo protegido El Pitufo, la PGR acusó al excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles, de presunta colusión con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, según el acusado, todo derivó de un enfrentamiento con Genaro García Luna, titular de la corporación.

García Luna se molestó, dijo Herrera Valles, por una denuncia que hizo sobre los presuntos nexos del funcionario con el narco, así como por la compra de helicópteros sin licitación, el ascenso de policías sin carrera y la protección a uniformados corruptos. El 7 de septiembre de 2012 un tribunal federal absolvió a Herrera Valles por falta de pruebas.

–En marzo de 2009, después de la ejecución del general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, el teniente de infantería Geotulio César Román Zúñiga y Juan Ramírez Sánchez –sobrino del entonces alcalde Gregorio Sánchez, Greg–, la PGR puso en marcha la Operación Cancún.

Elementos de la SIEDO (rebautizada como SEIDO en septiembre de 2012) detuvieron a Boris del Valle Alonso El Boris, asesor en materia de seguridad de Greg. Según la procuraduría, El Pitufo lo acusó de tráfico de indocumentados y de estar vinculado a Los Zetas en Yucatán. Posteriormente Greg fue arrestado, con una acusación de delincuencia organizada.

El Boris estuvo preso hasta el 11 de enero de 2011, cuando el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tepic, Nayarit, lo absolvió de los cargos. Meses después, en julio, Greg recuperó su libertad; la PGR tampoco sostuvo la acusación en su contra.

–Morales Ibáñez también tuvo un tropiezo en el caso de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, detenidos por su presunta implicación en el estallido de granadas durante los festejos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán (averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110 /2008). Los detenidos fueron torturados y acusados de terrorismo. El caso también se cayó, pues dos de ellos fueron liberados en septiembre de 2011.

–En mayo de 2009, en un operativo sin precedente, elementos del Ejército y la SIEDO detuvieron en Michoacán a 27 servidores públicos de Michoacán, entre ellos 10 alcaldes, por presuntos vínculos con Los Zetas y La Familia Michoacana. Tuvieron que ser liberados por falta de pruebas.

–En mayo de 2010, en Culiacán, Griselda López Pérez, exesposa de El Chapo, fue detenida por agentes de la SIEDO, la PF y soldados, acusada de lavado de dinero. No llevaba ni 24 horas en la Subprocuraduría cuando fue liberada.

–El caso que más repercusión mediática tuvo fue el de Florence Cassez, quien fue detenida el 7 de diciembre de 2005 por su presunta asociación con la banda de secuestradores Los Zodiacos. Por órdenes de García Luna, la Agencia Federal de Investigación (AFI) realizó un montaje para simular que el arresto ocurría horas después de que fuera efectivamente concretado, para que las cámaras de TV Azteca y Televisa lo trasmitieran “en vivo”.

Desmontado el montaje de García Luna, Cassez tuvo que ser liberada el 23 de enero pasado; la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó el amparo por fallas en su proceso, sin pronunciarse sobre su inocencia o culpabilidad.

El 24 de enero, un día después de la liberación de la ciudadana francesa, Murillo Karam dijo en una reunión con senadores del PRI y del PVEM que los errores cometidos en el caso Cassez podrían constituir un delito y que el resolutivo emitido por la Corte lastimó a la sociedad.

“Lástima –dijo–, porque no podemos llegar a una verdad legal sobre la inocencia o culpabilidad (de Cassez) derivado de un mal manejo de una parte de la investigación… Me toca ver si ese mal manejo es producto de una actitud que pudiera constituir un delito.”

Han pasado más de cuatro meses y la PGR aún no abre ninguna investigación. El 13 de marzo pasado, el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, expuso en un informe que, en el caso Cassez, 21 funcionarios afrentaron el debido proceso: 15 eran de la AFI, dos del MP y cuatro más eran altos mandos de la PGR.

Todos, según Plascencia, violaron la Constitución mexicana y convenios internacionales sobre derechos humanos.

Igual de contraproducente le resultó a la PGR la detención del general Tomás Ángeles Dauahare. Tras la liberación del militar, el juez que llevó su caso pidió a la dependencia investigar a los servidores públicos responsables.

Proceso solicitó una entrevista a la procuraduría para conocer qué averiguaciones previas se le abrieron al inculpado. Hasta el viernes 7 no hubo respuesta.

Las fallas procesales

Para el penalista Héctor Carreón Herrera –antiguo delegado de la PGR en Puebla y Coahuila y subprocurador de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal–, el sistema de justicia penal colapsó, entre otros factores, por el abuso de la prisión preventiva, la violación del principio de tipicidad por parte del MP, el hecho de que se traslade la facultad para integrar las averiguaciones previas a los secretarios y la falta de conocimiento directo de los casos por parte de los jueces.

“Se imponían sanciones con base en la peligrosidad o temibilidad de una persona, en lugar de que se hiciera efectivo el principio de culpabilidad. Esas situaciones de desconocer los principios que sustentan un derecho procesal penal de corte liberal llevó a esta crisis en el sexenio pasado”, comenta.

–Si el MP llevara a cabo la investigación y sancionara a los servidores públicos implicados, ¿qué delitos se les imputarían?

–No conozco la investigación, si es que existe, pero si alguien abusa de sus facultades, hay todo un catálogo de tipo penal al que pueden ajustarse las conductas. Las leyes contemplan delitos contra la administración de justicia y contra la procuración de justicia.

“Si un juez sabe que no se acredita perfectamente el cuerpo del delito ni la responsabilidad plena y dicta una sentencia contraria a lo que puede probar está cometiendo un delito contra la administración de justicia.

“Si hace un uso indebido de recursos como servidor público es peculado; si utiliza instrumentos legales del Estado y no les da el fin que establecen los reglamentos y la Ley Orgánica, extralimitándose en las funciones que señala la norma, podría haber un abuso de autoridad.”

–Si no se investiga a los servidores públicos responsables, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas, políticas y sociales?

–El Estado debe proveer la seguridad jurídica y pública. Si no se investiga, continuamos con la falta de credibilidad por parte de la sociedad. Si la autoridad tiene conocimiento y no actúa, violenta el principio de legalidad. El artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al MP; si hay elementos y el juez no consigna, incurre en una ilegalidad.

–¿Por qué en lugar de investigar y sancionar a estos funcionarios el gobierno los premia con un consulado en Milán, como en el caso de Marisela Morales?

–No puedo afirmar que no están sujetos a investigación. Fuera de los casos de flagrancia, el MP puede llevar a cabo la investigación sin detenido.

El penalista Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, explica la causa de que exista más de una centena de casos en los que la PGR se vio obligada a desistirse: “Nos encontramos entre dos situaciones un tanto desiguales: el Estado, con todo el poder, va contra una persona que se encuentra sin recursos e indefensa. La ley reconoce la presunción de inocencia, pero para demostrarla debe haber un control de la autoridad para evitar que atropelle esos derechos. En ese sentido, la PGR no ha actuado conforme a ese marco legal. Por eso se han caído sus casos.

“Si hablamos de Cassez, de Hank Rhon o de los otros casos, la autoridad que participó en la detención violó los procedimientos que la ley establece, por eso el juez debió invalidar esas actuaciones y lo recabado en torno a ellas.”

Carrasco Solís considera que todos los servidores públicos implicados en el caso Cassez deben responder a la autoridad en un debido proceso porque, puntualiza, actuaron fuera de la ley.

 E insiste: si la Corte resolvió que hubo actos ilegales, quienes participaron en la aprehensión –el que dio la orden y sus superiores jerárquicos– son responsables. Y si los jefes no dieron la orden literalmente también son responsables por omisión, porque no estuvieron al pendiente de lo que sus subordinados hacían.

 “Aunque en México aún no se habla de la figura de ‘error judicial’, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos dice que la persona puede ser indemnizada por este concepto. Entonces, una víctima detenida y sentenciada en forma indebida, con pruebas valoradas erróneamente, puede reclamar un error judicial.

 “En este caso, el Estado mexicano enfrentará grandes problemas, porque los imputados están inconformes. Si esto sucede, ¿de dónde les van a pagar?, porque son muchos…”

 –De no sancionar a los servidores públicos que fabricaron estos casos, ¿la PGR estaría incurriendo en la misma irregularidad del pasado?

 –Sí. Si las víctimas demandan que se investigue y la PGR no lo hace.

 –¿Y si no han denunciado?

 –Si no existe la denuncia, la PGR tiene la obligación de abrir un proceso interno. En la administración pública cada entidad tiene sus propios mecanismos para investigar a sus funcionarios a través de las visitadurías o la contraloría, que son órganos de autocontrol. Si existiera voluntad en la Procuraduría, ese órgano de autocontrol ya estaría investigando, partiendo de que existen como 60 casos con irregularidades similares.

Lo que viene

Javier Carrasco Solís explica que el funcionario sujeto a investigación puede resultar responsable administrativa o penalmente de algún acto, por lo que debería abrírsele un proceso. En el primero de los casos sería inhabilitado para ejercer la función pública por cierto tiempo.

“En los casos de García Luna y Morales Ibáñez, por ejemplo, una instancia jurisdiccional afirmó ya que hubo acciones fuera de la ley. Por lo tanto deben ser sancionados. De lo contrario, jamás vamos a funcionar de acuerdo al marco legal.”

 –Aun con todo lo que dejó atrás, Marisela Morales fue nombrada cónsul en Milán –se le insiste.

 –Será una repercusión muy fuerte. En casos en los cuales hubo irregularidades y a la autoridad responsable de las violaciones se le asigna un nuevo cargo, la ciudadanía se pregunta: ¿Qué pasó aquí? Eso sí que impacta socialmente.

 Acerca de qué debe hacerse para terminar con la manipulación por parte de funcionarios en muchas de las averiguaciones, el entrevistado afirma: “El MP debe ser independiente. No permitir que le den una línea política para dejar de hacer o hacer cierta cosa. Debe ceñirse a investigar de acuerdo con la ley”.

 –¿Actualmente es independiente?

 –No en todos los casos. Por mil razones no hay una investigación adecuada. Falta de pericia, de tiempo; a ello se suma la presión política, económica, la de grupos que manejan intereses muy fuertes y la de la prensa.

 “Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, quizás en 10 años podamos ver que un funcionario de alto nivel acusado de violar el debido proceso sea sancionado.”