La vida de Beatriz/MARTA LAMAS

La vida de Beatriz/MARTA LAMAS

Revista Proceso #1910, 9 de junio de 2013;

Una joven salvadoreña ha acaparado la atención internacional en estas últimas semanas. Beatriz, de 22 años, con lupus y una grave patología de afección renal, estaba embarazada y su vida corría peligro a medida que la gestación avanzaba. Pero, además, la criatura que traía en el vientre era anencefálica, o sea, no tenía cerebro, y viviría a lo sumo unos días. La opción de interrumpir el embarazo y salvar a Beatriz parecía la racional y humanitaria. Sin embargo, en El Salvador está prohibido totalmente el aborto, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo.

Los médicos no podían interrumpir legalmente el embarazo, ya que desde abril de 1997, por la presión del Vaticano y con la participación activa de grupos católicos de derecha, diputados del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) votaron un proyecto de ley que derogaba las causales que permitían el aborto cuando el embarazo era producto de una violación, cuando la vida de la mujer estaba en riesgo y cuando se detectaba una malformación grave en el feto. No sólo eso: En febrero de 1999, como producto de una campaña masiva liderada por la Iglesia católica salvadoreña, se aprobó una reforma constitucional en la que se reconoce como persona al óvulo fecundado desde el momento de la concepción. En el caso de que Beatriz saliera a abortar al extranjero y regresara al país, ¡recibiría 30 años de cárcel por asesinato de un salvadoreño! Pero si Beatriz fallecía, nadie iba a ser encarcelado.

El hecho de que cualquier criatura anencefálica muere indefectiblemente introdujo una posibilidad. La anencefalia consiste en una alteración del tubo neuronal del feto, que deja el cerebro expuesto en tanto el líquido amniótico disuelve gradualmente la masa encefálica. La anencefalia no admite tratamiento ni curación posible, y en una gran mayoría de los casos los fetos no resisten la gestación. Los pocos que llegan al parto mueren pocas horas después o duran escasos días.

En Perú, en 2001, Karen Llantoy, embarazada de 17 años, solicitó el aborto por tener un feto anencefálico, pero le fue negado: la obligaron a llevar a término su embarazo y a amamantar a la criatura, que murió a los cuatro días. El escándalo social en torno a su caso, que se calificó de tortura, derivó en la presentación de una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2005 resolvió, en su periodo 85 de sesiones, que el sufrimiento de Karen fue por omisión del Estado. En consecuencia, Perú cometió una violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (cuyo protocolo facultativo había firmado en 1980) relativa al trato cruel e inhumano con el que manejó la cuestión. Si bien la ONU planteó la necesidad de una indemnización, lo sustantivo fue que también exigió la adopción de medidas para evitar casos similares.

Beatriz presentó el 11 de abril pasado un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional para que le interrumpieran un embarazo que, en conjunción con su lupus y su enfermedad renal, ponía en riesgo su vida. Además, si se privilegiaba la vida de una criatura que indefectiblemente iba a morir, el hijito de un año y meses que ya tenía Beatriz podía quedar huérfano. Un mes y medio después, el 28 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador denegó la interrupción del embarazo. Durante este tiempo de deliberación, la ministra de Salud, quien consideraba que había que salvar a Beatriz, planteó el caso ante diversas autoridades nacionales e instancias internacionales. Así, al día siguiente de la resolución de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de Beatriz y requirió al gobierno de El Salvador “adoptar y garantizar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B (Beatriz) pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud”.

Así, y luego de casi dos meses de hospitalización, presiones sociales, litigios y peticiones internacionales, la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, ordenó el pasado lunes 3 de junio que se le practicara una cesárea. La joven estaba a punto de entrar en la semana 27 de gestación, y su salud había empeorado. La criatura sin cerebro murió a las cinco horas y, al cierre de este artículo, Beatriz permanece en cuidados intensivos.

Todo el tiempo la ministra defendió públicamente su convicción de que debían ser los médicos quienes decidieran qué hacer para mantener a la joven con vida. La determinación con la que la ministra ha actuado ha sido crucial. Esta excepcional mujer de 90 años fue la primera en Centroamérica en ocupar el cargo de Decana de la Facultad de Medicina, la primera mujer representante de la Organización Panamericana de la Salud y la primera mujer en ser elegida rectora en los 160 años de historia universitaria salvadoreña. A ella y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos integrantes votaron unánimemente, les debemos la esperanza de que Beatriz finalmente se salve y logre vivir para criar a su hijito.