Editorial EL UNIVERSAL, 23 de agosto

Editorial EL UNIVERSAL

Viernes 23 de agosto de 2013
Ha sido unánime, entre expertos y sociedad civil, el rechazo a los cambios que el PRI en la Cámara de Diputados buscó hacer a la reforma de gran calado que el Senado de la República había aprobado para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Gracias a ese reclamo el grupo de legisladores aferrados a la opacidad ha dado pasos atrás. No los suficientes.
La reforma del Senado era de avanzada. Incluía como sujetos obligados ya no sólo al gobierno federal, sino a las entidades federativas, a los sindicatos y a los partidos políticos, es decir, a los principales bastiones de obstrucción a la transparencia en los años recientes.
Ninguna justificación tienen ahora esas instituciones y sus integrantes para oponerse a entregar los documentos que interesan a los ciudadanos. Finalmente, son entidades financiadas por los contribuyentes; deben responder a éstos.
A pesar de lo incontrovertible de esta lógica, los diputados del PRI propusieron que los partidos políticos fueran excluidos de la esfera de autoridad directa del IFAI. No sólo eso: retrocedieron aún más respecto de lo que ya existe actualmente, es decir, quitando la inatacabilidad de las resoluciones del instituto. Serían la CNDH, la PGR, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Banco de México quienes podrían impugnar ante la Suprema Corte las solicitudes de apertura de información con las que no estuvieran de acuerdo.
La indignación causada entre especialistas, sociedad civil y legisladores forzó a los diputados temerosos de un IFAI fuerte a realizar modificaciones. Una de ellas fue que los partidos siempre sí serían sujetos obligados de transparencia, al igual que los sindicatos. Un logro sin duda. También se eliminó la posibilidad de que la CNDH, PGR y Banxico pudieran impugnar las aperturas de información. Sin embargo, se quedó la Consejería Jurídica de la Presidencia como entidad facultada para recurrir a la Corte.
Por lo tanto, en el balance las modificaciones siguen dejando una reforma regresiva. De aprobarse, todas las instancias ligadas al gobierno federal —PGR, secretarías de Estado, empresas paraestatales, etc.— podrán, en los hechos, impugnar órdenes de apertura de información vía la Consejería Jurídica de la Presidencia.
En 10 años de existencia del IFAI nunca una resolución ha puesto en riesgo la seguridad o estabilidad del país. Queda claro pues que el intento de acotar al instituto busca en realidad privar a los ciudadanos de la información que les pertenece a ellos, no a los funcionarios.