Revista Proceso. ·1949, 8 de marzo de 2014
Más de 100 millones de dólares destinados al combate al narcotráfico en México fueron a dar a la basura. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos es el encargado de licitar las adquisiciones de tecnología para la Iniciativa Mérida y no ha hecho más que favorecer a tres pequeñas empresas, con resultados desafortunados. Esas tres compañías no tienen capacidad para cumplir las funciones que se les encomiendan, pero siguen siendo las consentidas y recibiendo contratos para surtir de equipo a la PGR, el Cisen, el INM…
WASHINGTON.- Por el sistema preferencial que aplica la embajada de Estados Unidos en México para asignar contratos a empresas estadunidenses, se malgastaron más de 100 millones de dólares que debían ser utilizados para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro de la Iniciativa Mérida.
Las empresas beneficiadas por Schellenberg, como se observa en los documentos y de acuerdo con las fuentes consultadas, proveen sistemas y soluciones de tecnoogía profesional para respaldar las actividades y mecanismos de seguridad nacional.
“El problema”, dice una de las fuentes consultadas que por razones de seguridad pide no se revele su identidad, “es que esas tres empresas han entregado sistemas que no funcionan para los propósitos definidos y solicitados por el gobierno mexicano, pero nadie dice nada, nadie supervisa ni nadie en la embajada de Estados Unidos ni el gobierno mexicano audita que los sistemas y las soluciones funcionen.”
Para obtener sistemas y equipo bajo el esquema de la Iniciativa Mérida el gobierno de México hace una solicitud a la embajada de Estados Unidos, la cual recibe directamente Schellenberg; él analiza el pedido y si procede –según su criterio– contrata a una empresa 8(a) para que haga un análisis a fondo de los requerimientos.
Una empresa 8(a) es la que presenta la viabilidad de la solicitud y se propone para su implementación. La embajada autoriza a la empresa elegida a encargarse del proyecto. Con ello la compañía procede a contratar a quien desee para ejecutarlo. Y México tiene que “firmar de recibido” el proyecto para su cierre.
Según los estatutos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) del gobierno estadunidense, Alutiiq, ANS y Sarakki están clasificadas como empresas 8(a), categoría de pequeñas compañías que están en desventaja frente a los grandes consorcios.
Pero en Estados Unidos las tres empresas favorecidas por Schellenberg no pertenecen a la categoría 8(a); están catalogadas como empresas grandes y competitivas. No obstante para obtener contratos en México –y porque sus dueños o las sociedades que las integran pertenecen a grupos étnicos minoritarios–, las tres concursan bajo el esquema mencionado y así se les elimina la competencia.
ANS y Alutiiq pertenecen a indígenas, mientras Sarakki es una sociedad del estadunidense Greg Mosley y dos indoestadunidenses: Venu Sarakki y Pranesh Tarikere.
Quioscos inútiles
Como se observa en los documentos oficiales del Departamento de Estado, en los años fiscales 2011, 2012 y 2013 la embajada de Estados Unidos en México, basándose sólo en el criterio de Schellenberg, asignó a Alutiiq, ANS y Sarakki contratos por más de 113 millones de dólares.
Uno de los ejemplos que ilustra el desperdicio del dinero para financiar la Iniciativa Mérida –según las fuentes consultadas– es el del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM).
Para los años fiscales 2011, 2012 y 2013 México le solicitó a la embajada estadunidense sistemas para poner en marcha el Proyecto de Capacidades Biométricas dentro del SIOM.
Como proveedores, Schellenberg escogió a Alutiiq y Sarakki. El programa establecía la entrega de aproximadamente 100 quioscos biométricos que se suponía se instalarían en estaciones migratorias y en otros puntos estratégicos.
La intención era que con esos quioscos, además de almacenar datos biométricos especialmente de los migrantes centro y sudamericanos, se facilitara la identificación de delincuentes o personas sospechosas de estar implicadas en actos ilícitos.
Se pensaba también que con los quioscos se agilizaría el registro de entrada y salida al país de ciudadanos mexicanos y extranjeros; como hace por ejemplo Estados Unidos con los programas US Visit y Global Entry.
“Este programa no funciona”, sentencia una de las fuentes consultadas, quien también pidió el anonimato.
“A tres años del arranque de este proyecto, 40 de los quioscos están arrumbados en una bodega y la gran mayoría de los instalados no funciona”, explica.
“Se colocaron quioscos en las estaciones migratorias de Iztapalapa y en Tapachula. No están funcionando como se suponía porque Alutiiq y Sarakki no son las empresas adecuadas para proveer estos sistemas ni por la tecnología que requieren ni para darles mantenimiento”, agrega.
El objetivo de la instalación de esta tecnología biométrica era intercambiar al instante la información de cualquier persona entre todas las agencias de seguridad de México y de Estados Unidos para detectar sospechosos, ubicarlos y capturarlos.
Las fuentes consultadas acotan que lo más grave es que las autoridades del INM conocen a detalle el caso de los quioscos, pero ni los funcionarios del sexenio calderonista ni los actuales han emitido un solo reclamo a la embajada de Estados Unidos.
“El colmo”, como lo describen las fuentes, es que el pasado 13 de febrero la embajada abrió la licitación SWHARC14Q0022 para la adquisición de otros 40 quioscos biométricos. Esa licitación se puede ver en la página en internet del estadunidense Departamento de Estado.
Aun cuando la licitación emitida a través del Departamento de Estado se abrió a todas las empresas estadunidenses, con énfasis en las de categoría 8(a), se modificó el pasado 18 de febrero para establecer las especificaciones técnicas requeridas y dos días después se cerró.
“Lo hacen para no aplicar las aprobaciones legales internas del Departamento de Estado, necesarias al dar una licitación directa a una compañía. Como dan un plazo de seis días para una respuesta, nadie responde, a excepción de la empresa de confianza (ya favorecida en el pasado), dejando fuera a todas las demás que pudieran competir por la adquisición del contrato. Tienen ventaja porque además cuentan, desde antes, con el conocimiento de todas las especificaciones y las técnicas de lo que se necesita”, explica una de las fuentes consultadas.
Camiones detectores
Otro ejemplo del desperdicio del dinero para financiar la Iniciativa Mérida es el Programa Oasis, coordinado por la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El programa Oasis –cuyo proveedor de tecnología es Alutiiq– prevé la instalación en carreteras y autopistas en varios puntos del país de camiones especiales con emisores de rayos gamma.
“Se suponía que esto serviría para hacer una especie de radiografía a los camiones de carga y autos sospechosos. Con esta tecnología se podrían identificar cargamentos de droga, armas o personas. ¿Dónde están esos camiones?, ¿cuáles han sido sus resultados? Tampoco están funcionando y lo saben en Gobernación, en el Cisen y en la embajada, pero no pasa nada”, indica la fuente y añade que funcionarios del gobierno mexicano le han confiado que Oasis está “funcionando parcialmente”.
En cuanto a sistemas y tecnología, apartado con el que la embajada de Estados Unidos favorece a las tres empresas, este rubro se integra también a los requerimientos de la Plataforma México y a los del Centro de Control y Comando Nacional, creado el sexenio pasado y bautizado como “el búnker” por el entonces presidente Felipe Calderón.
Sarakki es uno de los principales proveedores de la Plataforma México y no tiene empacho en publicitarlo y en dar detalles en la página en internet del Defense Technical Information Center, dependiente del Pentágono: www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA547202.
El resumen de la lista de los contratos asignados por Schellenberg a las tres empresas en los años fiscales 2011, 2012 y 2013 por conceptos que no se pueden identificar –razón por la cual la suma de los montos asignados a las empresas no coinciden con las aportaciones monetarias (en sistema y equipo) que recibieron las dependencias mexicanas– es así:
Año fiscal 2011: Alutiiq, 37 millones 685 mil 442 dólares; ANS, 23 millones 967 mil 913 dólares; Sarakki, 3 millones 408 mil 251 dólares; PGR, 9.5 millones de dólares; INM, 14.5 millones de dólares; Secretaría de Salud, 17.2 millones de dólares; Plataforma México, 2.5 millones de dólares, y Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), 18.7 millones de dólares.
Año fiscal 2012, con más claridad en la asignación de conceptos: Alutiiq, 8 millones 12 mil 645 dólares; ANS, 23 millones 403 mil 246 dólares; Sarakki, 2 millones 578 mil 204 dólares; PGR, 6 millones de dólares; INM, 10.2 millones de dólares; SCT, 800 mil dólares y Cisen, 16.2 millones de dólares.
Año fiscal 2013, primero del sexenio de Enrique Peña Nieto: Alutiiq, 13 millones 561 mil 173 dólares; ANS, 434 mil 861 dólares; INM, 700 mil dólares, y Cisen, 3.5 millones de dólares.
En este trienio fiscal las empresas más beneficiadas por la asignación de contratos fueron Alutiiq, con 59.1 millones de dólares; ANS, con 47.7 millones de dólares, y Sarakki, con 6 millones.
En cuanto a la recepción de fondos de las dependencias mexicanas, el INM ocupa el primer lugar con 25.4 millones de dólares, sigue el Cisen con 19.7 millones, luego la SCT con 19.5 millones y al final la PGR, con 15.5 millones de dólares.
Empresas consentidas
Según las leyes estadunidenses, las empresas 8(a) están protegidas y los contratos que obtienen son a “precio fijo y sin competir”.
Además pueden realizar “talleres” con el gobierno de México para modificar el alcance de sus proyectos sin tener que disminuir el costo de los mismos. Como muchos de los funcionarios del gobierno de México no están familiarizados con su tecnología, se quedan con la percepción de que están modificando tipos de funcionalidad cuando en realidad le están quitando funcionalidad a los proyectos.
Una de las fuentes consultadas asegura que fue testigo de un incidente: “En una ocasión, cuando se anunció la asignación de un contrato, un alto funcionario del gobierno de México se puso muy contento. Se compró un departamento en Acapulco y un BMW del año. Pero como hubo una denuncia por el mecanismo de la asignación del contrato, éste se vino abajo y el funcionario se vio obligado a devolver el departamento y el automóvil. Este caso lo conocen muchos funcionarios en la embajada de Estados Unidos en México”.
–¿Quién fue ese funcionario? –se le pregunta a la fuente.
(Mmm. hay que investigar)
–No se lo puedo decir porque descubrirían mi identidad.
La misma fuente sostiene que por la generosidad con la que asigna contratos a Alutiiq, ANS y Sarakki, Schellenberg se ha hecho merecedor de varios “regalos” de parte de los dueños de esas compañías. La fuente añade que el funcionario de la embajada estadunidense ha viajado a todo lujo por Alaska, estado en el cual viven indios con intereses en ANS.
Otro detalle que revelan las fuentes es que gracias a los buenos oficios de Schellenberg, en 2007 el Departamento de Estado le otorgó a ANS el premio Contratista Destacado del Año.
En respuesta a ciertas denuncias hechas al Departamento de Estado sobre el favoritismo aplicado por Schellenberg para asignar contratos asociados con la Iniciativa Mérida, el año pasado el inspector general de esa dependencia llevó a cabo una investigación que no arrojó ningún resultado.
Si la conclusión del inspector general del Departamento de Estado avala el trabajo de Schellenberg, entonces las fallas recaen en los funcionarios y dependencias de México, receptores de los programas financiados por la Iniciativa Mérida.
Hasta el 30 de noviembre de 2012, último día de la Presidencia de Calderón, el gobierno de Estados Unidos había aportado unos mil 100 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida. El pasado 4 de febrero el presidente Barack Obama solicito al Congreso 80 millones de dólares para seguir aplicando ese mecanismo de cooperación bilateral para combatir al trasiego de drogas.
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